El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 11 de febrero del 2025
Hora de Inicio: 9:59 a.m.
Hora de finalización: 2:24 p.m.
Antes de iniciar la sesión plenaria del Concejo de Cartagena, se modificó el orden del día por proposición del concejal Emmanuel Vergara (Conservador) para incluir en plenaria la audiencia pública del proyecto de Acuerdo N° 056 relacionado a delegación al Alcalde para legalización de predios. Iniciada la sesión se dio lectura a una excusa del Secretario de Infraestructura, Wilmer Iriarte para no asistir a la audiencia, debido a que tiene agenda con el Banco Interamericano de Desarrollo y Water As Leverage.
Seguido, se dio inicio a la audiencia pública del proyecto de Acuerdo N° 056 “Por el cual se delega en el alcalde mayor la potestad para legalizar urbanísticamente los asentamiento humano de origen informal en el Distrito de Cartagena y se dictan otras disposiciones”. Por parte de la ciudadanía hubo 34 intervenciones:
Antonio Aponte, de Corpocomunal, se refirió a la informalidad territorial que ha generado asentamientos irregulares, construcciones no autorizadas y falta de regulaciones. Esto ha ocasionado desorden y desconocimiento sobre la situación del territorio, incluyendo deficiencias en el acceso a servicios públicos para una vivienda digna, ausencia de un inventario de asentamientos de origen ilegal y terrenos baldíos. Hizo énfasis en la necesidad de contar con un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) actualizado.
Pedro José Baldovino, de la JAC Arroz Barato, indicó que este es un proyecto beneficioso para su comunidad, pues no contaban con servicios públicos como el alcantarillado, el cual podría instalarse gracias a la legalización, por lo que solicitó a los concejales su aprobación. Herminia Salgado, lideresa de Arroz Barato, pidió a los concejales la aprobación del proyecto, argumentando que, a pesar de estar ubicados en la zona industrial, la administración no ha podido realizar inversiones por la falta de legalización.
Víctor Manuel Chica Díaz solicitó que San Pedro Libertad y cinco barrios más de la falda de La Popa sean incluidos en el proceso de legalización. Agregó que estas comunidades ya cuentan con estudios técnicos que permitirían avanzar con el trámite. Alexis Montt Marimón, presidente de la JAC Villa Corelca, manifestó que su comunidad tiene muchas necesidades, pero no está incluida en el proyecto, por lo que pidió su incorporación. Indicó que este barrio, desde 2023, cuenta con referencia catastral y ya paga impuestos gracias a un trabajo con GoCatastral; sin embargo, al no estar legalizados, no pueden ver sus impuestos reflejados en obras. Elizabeth Cañate Araujo, representante de la Institución Educativa San Francisco de Asís en Arroz Barato, pidió la legalización de los predios donde se encuentra esta institución, que goza de gran acogida.
Gustavo Escobar, de la ANDI Seccional Bolívar, expresó el respaldo de la organización al proyecto. Indira Valiente, presidenta de la JAC Puerta de Hierro, también solicitó la aprobación del proyecto. Mario Cioni, presidente de la JAC Villa Rosa, hizo un recuento del origen de su comunidad y solicitó a los concejales dar viabilidad al proyecto. Marco Lambis, presidente de la JAC Bernardo Jaramillo, pidió a los concejales aprobar el proyecto. Sabina Bonilla, presidenta de la JAC Nelson Mandela, sector La Primavera, resaltó la viabilidad del sector para su legalización.
Víctor González Olmos, dignatario de la JAC Villa Corelca, pidió la inclusión de este barrio, señalando la falta de servicios públicos como agua y electricidad. Indicó que el agua llega cada 15 días, lo que obliga a la comunidad a almacenarla, generando problemas sanitarios como casos de dengue. Arlet Paternina Alvis, de Villa Corelca, señaló que la comunidad carece de escuelas, espacios de esparcimiento y puestos de salud debido a la falta de legalización. Explicó que, gracias a aliados estratégicos como Bancolombia, han recibido apoyo, pero no han podido realizar construcciones por la falta de legalidad. Miguel Caballero, del colectivo Traso, expresó el apoyo del colectivo a la iniciativa, con el objetivo de que estos barrios tengan éxito y sus habitantes sean dueños de sus terrenos.
Caridad Mórelo, del barrio Bernardo Jaramillo Ossa, afirmó que los residentes pagan impuestos a pesar de no estar legalizados, por lo que solicitó la aprobación del proyecto. Edith Alexander Milano, de la comunidad de Bernardo Jaramillo, recordó la lucha por la legalización de sus predios y explicó que, aunque actualmente cuentan con servicios y vías, aún falta la legalidad urbanística. Yaneris Gómez, del mismo sector, solicitó que los 24 sectores de Nelson Mandela sean incluidos en el proyecto. Rubén San Martín, presidente de la JAC Nelson Mandela, sector Las Vegas, expuso que desean construir un centro para el adulto mayor, pero la falta de legalización del lote impide la obra. Manuel Palmieri se refirió a la necesidad de legalización en Nelson Mandela y expresó su inconformidad con la falta de desarrollo en la zona, cuestionando la escasa inversión de recursos a pesar de la presencia de la zona industrial y la bahía.
Luz Dary Rodríguez, presidenta de la JAC del 2 de Noviembre, solicitó la legalización de su territorio y manifestó su inconformidad por la ausencia de alcantarillado en su comunidad. Teófilo Lambis Hernández, presidente de la JAC San Pedro Mártir, sector 3, destacó que la legalización permitiría mejorar la calidad de vida con obras viales y casas de justicia, entre otros beneficios. Neyis Guerra, de San Pedro Mártir, sector Mirador de la Bahía, explicó que su comunidad no está titulada y que el suelo que habitan podría presentar problemas por estar en una zona protegida.
Ever Romero, de Nelson Mandela, sector Andrés Pastrana, solicitó la inclusión de todo el barrio en el proyecto. Javier Torres González, presidente de La Sevillana, señaló la falta de inversión en alcantarillado, lo que ha llevado a la construcción de pozas sépticas que suelen rebosar.
Ángel Goes, del barrio Navas Meisel, afirmó que los tratan como invasores, a pesar de haber ocupado terrenos del departamento donde el Distrito no ha intervenido. Explicó que, para acceder al servicio de gas, tuvieron que gestionar una referencia catastral con el Instituto Agustín Codazzi, lo que les ha llevado a pagar impuestos sin recibir inversiones. Julio Antonio Correa Meza, del barrio Jorge Eliécer Gaitán, pidió la legalización del sector y denunció que, cuando se realizó el catastro, las viviendas quedaron registradas a nombre de Corvivienda en las facturas de servicios públicos.
Ariel Beltrán Arroyo solicitó ampliar el número de barrios beneficiados. Luz Marina Castro, del barrio Nazareno, pidió la legalización de la cancha polideportiva, la casa comunal y los parques. Guido Herrera, de San Pedro Mártir, solicitó una mesa técnica entre la comunidad y la administración para avanzar en la titulación. José Elías Altamar felicitó a la Secretaría de Planeación por el expediente urbano, el cual considera necesario para el debate y para comprender la evolución de la legalización de tierras en los últimos 20 años. Propuso que este expediente sea publicado y socializado.
María del Carmen Hoyos, de Cerros de Albornoz, expresó su inconformidad con la falta de intervención del Distrito en esta zona. Germán Pinilla, presidente de la Junta de Vivienda Comunal de Cerros de Albornoz, indicó que, aunque viven en condiciones de subnormalidad y con deficiencias en el suministro de agua potable, el Distrito ha realizado algunas inversiones. Manifestó que esta comunidad debe tener prioridad en el proceso. Martha Reales, de La Sevillana, denunció deficiencias en el servicio de agua potable y pidió la aprobación del proyecto para normalizar el suministro. Gladys Montes, de Mandela, sector 18 de Enero, solicitó la legalización de su comunidad.
El concejal Javier Julio (Pacto Histórico) hizo énfasis en que el Concejo de Cartagena seguirá apoyando proyectos de orden social como este, así como desde su posición lo ha hecho con proyectos como el de Membrillal y alcantarillado de Bayunca y Pontezuela. El concejal Johan Correa (Nuevo Liberalismo) Solicitó claridad sobre la prestación de servicios y la delimitación de áreas protegidas. El concejal David Caballero (Conservador) aseguró a la ciudadanía que el proyecto sería aprobado y enfatizó que se trataba de un trámite formal por la importancia del mismo.
El concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) expresó su apoyo al proyecto y relató su experiencia en la lucha por la legalización de terrenos en su barrio, Olaya. Pidió precisión en la identificación de asentamientos priorizados y cuestionó la falta de viabilidad financiera y cronograma de ejecución. También advirtió sobre el riesgo de expansión de la informalidad y solicitó una mesa técnica para el seguimiento del proceso. La concejal Gloria Estrada (Liberal) agradeció la participación ciudadana y pidió que se aclare la diferencia entre legalización y titulación. Además, solicitó que el articulado del proyecto especifique con precisión qué sectores están en proceso de legalización y a qué barrios pertenecen.
El delegado de la Personería hizo alusión al estudio del proyecto, señalando que, como ente de control, su deber es vigilar la materialización de este proceso para garantizar su cumplimiento y evitar que quede solo en una idea. Asimismo, afirmó que velará porque el proyecto cuente con la protección ambiental necesaria.
Por parte de la Administración, el secretario de Planeación, Camilo Rey, indicó que el proyecto surge por impulso de la ciudadanía y busca delegar al alcalde para que pueda llevar a cabo los procesos de legalización. Aclaró que no se trata de una legalización directa, sino de otorgar delegación al alcalde para que pueda legalizar. Explicó que la legalización es un proceso extenso y mencionó que el barrio Arroz Barato es el que más ha avanzado, pues solo falta la firma del alcalde para completar el trámite. Sin embargo, en otros casos, como el de Policarpa, aún se requieren estudios detallados de riesgo para el que se pidieron y aprobaron vigencias futuras en el Concejo.
La directora de Corvivienda, Gisella Román, explicó que la legalización consiste en el reconocimiento formal de un barrio dentro del perímetro urbano, lo que permite su ordenamiento territorial, incluyendo vías principales y secundarias, parques y otros espacios públicos. En contraste, la titulación implica entregar la escritura pública de una vivienda a una familia que ha habitado el predio por más de diez años.
El secretario Rey agregó que, una vez reglamentado el proceso, se establecen normas y prohibiciones. La legalización facilita la ampliación de servicios públicos domiciliarios y permite inversiones del Distrito en equipamientos, espacios recreativos y otras mejoras. También delimita zonas verdes y de servicios, garantizando que estas no sean ocupadas para vivienda. Aclaró que no hay exclusión en los procesos de legalización, sino que aquellos que ya han avanzado se han incluido dentro de este proyecto de aprobación.
Rey señaló que el estudio urbanístico incluye la revisión de riesgos, la protección ambiental y la alineación con el Plan de Ordenamiento Territorial. Precisó que en Arroz Barato hay una zona de suelo de protección que no está incluida dentro del plano del barrio. Añadió que la meta de legalizaciones forma parte del Plan de Desarrollo y destacó que este barrio es el primero en legalizarse dentro del proceso, el cual ha tomado varios años. Román indicó que los barrios Policarpa y Puerta de Hierro han alcanzado un 48% de avance en su proceso de legalización y se encuentran en la etapa de recolección de expedientes jurídicos y catastrales, previo a la elaboración de documentos técnicos de soporte que serán remitidos a Planeación. Explicó que las vigencias futuras fueron solicitadas para realizar estudios de riesgo en Policarpa y La Sevillana.
El concejal Johan Correa (Nuevo Liberalismo) manifestó la necesidad de contar con certificaciones de servicios públicos y pidió mayor claridad en la diferenciación entre zonas de riesgo y zonas protegidas, así como en los criterios aplicados a cada una. Advirtió que, tal como está redactado el proyecto, podría dar la impresión de que las zonas protegidas están incluidas en el proceso de legalización, por lo que solicitó una precisión en este aspecto.
Por su parte, el jefe de la Oficina Jurídica, Milton Pereira, aclaró que el proyecto no busca directamente la legalización, sino que delega al alcalde la facultad de hacerlo mediante decreto. Sobre la razón por la cual la facultad para esto se extiende hasta 2027, explicó que el proceso es sucesivo y complejo, con múltiples etapas, por lo que se consideró conveniente otorgarle ese plazo. Sin embargo, señaló que el Concejo tiene la potestad de modificarlo.
El concejal Emmanuel Vergara (Conservador) declaró que en mesa de trabajo se propuso incluir un artículo que obligue a la Administración a presentar un informe semestral sobre el avance del proceso. Asimismo, que la delegación se extienda solo hasta mediados de 2027, en lugar de hasta el 31 de diciembre de ese año. También planteó la posibilidad de agregar un parágrafo que establezca la necesidad de revisar los polígonos de los sectores en riesgo o en áreas de protección, asegurando que, tras esta evaluación, se determine cuáles podrán ser legalizados.
El jefe de la Oficina Jurídica, Milton Pereira, señaló que es viable incluir un parágrafo o artículo sobre la presentación del informe semestral y consideró conveniente acoger la propuesta de modificar el período de delegación. Por su parte, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) indicó que la fecha de la delegación debe quedar claramente establecida en el articulado. Finalmente, la concejal Laura Díaz (Alianza Verde) resaltó la importancia del proyecto para la comunidad.
Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el miércoles 12 de febrero a las 8:30 a.m. Para la sesión de mañana estaba programada la audiencia pública del proyecto de Acuerdo N° 057 sobre prorroga del contrato de concesión del relleno sanitario, pero la misma fue cancelada sin nueva fecha.
Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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