Hora de inicio: 9:37 a.m.
Hora de finalización: 12:55 p.m.
Dando cumplimiento a la proposición presentada por el concejal Carlos Barrios(Cambio Radical) y su bancada, hoy se llevó a cabo un debate de control político orientado a revisar aspectos ambientales y jurídicos del proyecto Viaducto de la Ciénaga de la Virgen.
Al debate asistió el representante legal de la Concesión Costera Cartagena- Barranquilla S.A.S, la jefe de la oficina jurídica del distrito, el Secretario de Infraestructura, un delegado de la Secretaría de Planeación, un representante de la firma interventora y un delegado del EPA.
El debate abrió con una introducción del concejal citante, en la que resaltó la importancia de esta obra y los beneficios que le traería a la ciudad, pero llamó la atención sobre la necesidad de aclarar varios aspectos sobre la misma, como lo es la situación de las familias que actualmente ocupan de manera ilegal la zona de intervención, y el impacto medioambiental a los mangles que se encuentran en el área de influencia.
Barrios afirmó que este debate tenía como propósito evitar lo que sucedió con la construcción del túnel de Crespo, en el que se vendió la idea de una mega obra que terminó construyéndose con importantes debilidades de infraestructura.
Adicionalmente, proyectó un video en el que un nativo de la zona manifiesta el inconformismo de algunos habitantes de las comunidades que se verían afectadas por la obra, porque se quiere cambiar la vocación de la ciénaga, para que deje de ser productora de alimentos y se convierta en un espejo de agua que se pueda incorporar a los proyectos urbanísticos de algunos inversionistas.
Al respecto, el cabildante indicó que de cara estos proyectos es necesario que se cumpla de manera estricta lo estipulado en la norma sobre las consultas previas.
Por otro lado, se refirió a la sentencia proferida por la Corte Constitucional, en la que deja claro que los manglares son ecosistemas de especial protección y que los terrenos donde estos se encuentran no tienen derecho a prescripción por ser bienes de uso de la nación.
Posteriormente tomó el uso de la palabra el ingeniero Ángel Acosta, representante legal de la Concesión costera, explicando que esta concesión está conformada por las empresas Mario Huertas Cotes-MHC, MECO, Constructora Colpatria y Casto Tcherassi, y que la firma supervisora es MAB.
Más adelante ilustró sobre los alcances y etapas del proyecto, e indicó que uno de sus elementos más importantes es el método constructivo que se está utilizando, y que fue el que permitió que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgara la licencia, puesto que este método minimiza el impacto sobre la ciénaga, al realizar todas las construcciones en tierra, con tecnología de punta.
Respecto a las medidas sobre el área ocupada ilegalmente en la zona de intervención, dijo que el proyecto no alcanza a impactar la margen derecha de la zona norte, por lo que no tienen un plan de acción en ese sentido. Contrario a lo que ocurre con las comunidades asentadas en la margen izquierda, como son la Boquilla, Tierra Baja, Villa Gloria y Puerto Rey, donde ya se realizaron las respectivas socializaciones y consultas previas, cerrando con acuerdos de compensaciones en todas, a excepción de La Boquilla. Indicó que hasta el momento se han invertido 1.200 millones de pesos por concepto de compensaciones.
Luego de una pregunta realizada por el concejal Ronald Fortich (Cartagena Confirma) sobre la vinculación de la mano de obra local a este mega proyecto, el ingeniero informó que actualmente se encuentran contratados 337 cartageneros, de los cuales 129 son habitantes de las comunidades anteriormente mencionadas.
La jefe de la oficina asesora jurídica del distrito en su intervención hizo referencia a la pregunta que se le había dirigido en el cuestionario respecto a la sentencia de protección ambiental de los manglares.
A lo anterior, respondió que es responsabilidad de la alcaldía de la localidad 2 efectuar la respectiva restitución de los predios ocupados ilegalmente, toda vez que esta área no puede ser objeto de prescripción.
La funcionaria admitió que ha faltado efectividad para resolver la problemática de las invasiones, ya que las autoridades ambientales también están facultadas para iniciar cualquier proceso judicial que busque darle cumplimiento a la normatividad de protección a los mangles.
Más adelante, el concejal citante solicitó se declarar sesión informal para escuchar a algunos miembros de las comunidades afectadas.
Una de las intervinientes fue la señora Heidy Velásquez, habitante de La Boquilla, quien expresó que el proceso de consulta previa en esta comunidad se había cerrado sin acuerdos, vulnerándose el derecho que les otorga la ley. Agregó que no conocen las compensaciones a las que hizo referencia el ingeniero, y que tampoco se han realizado las aclaraciones jurídicas sobre el tratamiento que se le dará a unos predios que hacen parte del título colectivo de esta comunidad, y que se vería afectado con la obra.
El debate culminó con algunas conclusiones por parte de los concejales, dentro de las que se destaca la del concejal Carlos Barrios, en la que aseguró que la sentencia referida no solo protege a los manglares de la zona norte, sino también a los de Marbella, El Cabrero y todos los demás existentes en la ciudad.
Por otra parte, se refirió al impacto económico que este megaproyecto le generará a los habitantes de La Boquilla que se dedican a atraer a los turistas y visitantes sobre la vía y que ahora ya no transitarán por ahí por el desvío propio del viaducto.
Al respecto el cabildante considera que la Concesión debe asumir un mayor compromiso de responsabilidad social, porque si bien esta obra es importante y necesaria, no se puede desproteger a estas comunidades.
Otro de los aspectos destacados por el cabildante tuvo que ver con algunas áreas que el gobierno nacional le cedió a la obra, y sobre el tema manifestó su preocupación por lo que podría considerarse una usurpación de competencias, toda vez que el Concejo debe estudiar todas las declaratorias de zonas de utilidad pública.
Sobre el particular, el concejal David Dáger (Liberal) aseguró que cuando las obras son de interés nacional el gobierno por decreto declara las zonas de utilidad pública.Dáger también cuestionó las decisiones que históricamente ha tomado Edurbe, al vender zonas con mangles y de importancia estratégica, desconociéndose la destinación de los recursos recibidos.
Para el concejal William Pérez (La U) es pertinente que se reconozcan los derechos de participación ciudadana y consulta previa que se les otorgó a las comunidades afrodescendientes que se verían afectadas con el proyecto. Por otro lado, sugirió que se retome el Plan parcial de la zona, que contempla las variaciones del uso y densidades del suelo, por lo que considera pertinente que se presente como proyecto de acuerdo para que sea estudiado en la Corporación, en compañía de las comunidades.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el viernes 15 de julio, a partir de las 8:30 a.m., en las instalaciones de la Corporación.
Escrito por Alejandra López, coordinadora del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
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