Concejo realiza audiencia pública sobre situación del parque del barrio La Troncal

Bitácora del Concejo de Cartagena de Indias, octubre 21 de 2017.

Hora de inicio: 9:35 a.m.

Hora de finalización: 12:51 p.m.

Hoy el Concejo Distrital realizó una audiencia pública en el colegio INEM, para abordar la situación del parque del barrio La Troncal. A la sesión acudieron el comandante de la Policía Metropolitana, el Secretario del Interior, la Oficina de Apoyo Logístico, representantes de la Personería, la alcaldesa (e) de la Localidad 1, el director del IDER, la Oficina Asesora Jurídica, el director de Control Urbano, representantes de la JAC del barrio La Troncal y del barrio Buenos Aires, así como la comunidad de los barrios afectados.

La introducción del debate estuvo a cargo de los concejales citantes. Inicialmente, el concejal Américo Mendoza (ASI) expresó que el objetivo de este debate es aclarar lo sucedido y conocer qué acciones tomará la Administración, teniendo en cuenta que la problemática inició tras una serie de omisiones por parte de las autoridades. Además el cabildante expresó que no comprende por qué el Estado, en cabeza de la fuerza pública, apoyó el cerramiento de un espacio público y además realizó el derrumbe de unas estructuras que fueron objeto de inversión del Distrito.

Para el concejal César Pión (La U) es crucial que las autoridades locales expliquen su proceder, toda vez que sobre el derecho de un particular debió respetarse el derecho colectivo de la comunidad. Pión señaló que en reiteradas ocasiones ha solicitado a la oficina de apoyo logístico un inventario de todos los terrenos que le pertenecen al Distrito, para evitar más situaciones como la que sufre el barrio La Troncal.

Por su lado, el concejal Rodrigo Reyes (Conservador) cuestionó el accionar de la fuerza pública y solicitó al Comandante de la Policía abrir una investigación para aclarar los hechos. Por su parte, la concejal Judith Díaz (Opción Ciudadana) dio a conocer a los presentes que en meses anteriores el Concejo radicó un documento ante el Consejo Superior de la Judicatura solicitando una vigilancia administrativa en el caso, pero esta fue negada.

Posteriormente, tomaron la palabra los ciudadanos Efraín Ortiz y Elkin Peña quienes explicaron que fue el señor Héctor García quien construyó y cedió el predio en cuestión a la ciudad por medio de la escritura 2789 de 1982, la cual fue presentada ante la oficina de registro, sin embargo, por un error en dicha dependencia no se formalizó la titularidad del Distrito sobre el predio, motivo por el cual fue posible que se presentara un embargo y un posterior remate del terreno, sin tener en cuenta que este era de uso público.

Peña también destacó que en la escritura 105 de enero de 1982 hay una anotación que especifica que dicha Escritura es la que cuenta con los linderos y medidas correctas del terreno, es decir 16 metros cuadrados. Mientras que en la escritura 2789 de diciembre de 1982 se detalla que el espacio cedido corresponde únicamente al globo A de la totalidad del predio.

Los ciudadanos expresaron que el IGAC determinó que las medidas del terreno son 3800 metros cuadrados, e igualmente está apuntado en la diligencia de secuestro del bien; sin embargo, en el auto que comisiona a la alcaldesa de la Localidad 1 las medidas corresponden a 16 mil metros cuadrados. Los ciudadanos consideran que estas inconsistencias deben acarrear en la nulidad del proceso y solicitan al Distrito preparar la defensa jurídica del terreno.

En la audiencia también intervinieron Edilberto Nicona, Yamile Bustamante, Mario Puello, Silvia Meza, y Aldo Lora quienes expresaron su preocupación por los espacios verdes de la ciudad, especialmente en barrios como Villa del Sol, El Country, Escallón Villa y Los Calamares, pues están siendo sistemáticamente ocupados por particulares. Los ciudadanos Álvaro Armansa, Luis Carlos Arrieta y Jaime Ruiz denunciaron la presunta existencia de un cartel de la construcción en el que se falsifican actos administrativos que involucran tanto a funcionarios como constructores.

Por último, Regina Hoyos y Leidys Madrid, abogaron por la protección de la niñez, pues el parque disputado es el único espacio verde de los barrios La Troncal y Buenos Aires. Además expresaron haber visto sus derechos violentados por parte de los más de 50 agentes de la policía que desde las 3:00 a.m. derrumbaron e hicieron el cerramiento del espacio público.

Seguidamente, se le dio el uso de la palabra a los funcionarios del Distrito, iniciando con la alcaldesa (e) de la Localidad 1, la señora Yolanda Wong, quien relató sus acciones hasta el momento y resaltó que no se encuentra facultada para tomar medidas, ni recoger pruebas por lo que se remite a cumplir con hacer entrega material del inmueble tal y como le fue comisionado por un juez y por el Decreto 0570.

Más adelante, el jefe jurídico de la Alcaldía, Milton Pereira, explicó que el 13 de octubre pasado, la Administración presentó una denuncia ante la fiscalía para de esta manera defender los derechos de la comunidad, los presuntos delitos demandados son concierto para delinquir y fraude procesal, además dio a conocer que la denuncia fue realizada contra personas indeterminadas.

Pereira expresó que el Alcalde puso en conocimiento de la situación al Fiscal General de la Nación y al Superintendente de Notariado y Registro, dejando claro que desde 2014 el Distrito ha solicitado revisión de los folios cuestionados. El funcionario manifestó que ha existido una falta de voluntad de parte de la oficina de Instrumentos Públicos, y por ultimo aseguró que el superintendente indicó que el día lunes se daría una respuesta a las solicitudes realizadas.

A su turno, el secretario del interior, Fernando Niño, manifestó que su dependencia se encargó de acompañar al abogado encargado por la Administración hasta la oficina de Instrumentos Públicos, ahí el registrador se comprometió a realizar la anotación en el folio de matrícula correspondiente en menos de 15 días. Además ordenó la suspensión del cerramiento que había al parque.

Luego, Judith Pérez de la oficina de Apoyo Logístico, aclaró que su dependencia es la encargada de establecer y llevar los inventarios de bienes muebles e inmuebles del distrito y que desde 2014 la JAC del barrio manifestó sus inquietudes a la oficina, motivo por el cual se realizó un estudio de títulos sobre el predio del cual se obtuvo que existen dos globos o lotes en el terreno: el globo A con un área de 16272 metros cuadrados, y un globo B que correspondía al proyecto urbanístico.

Pérez explicó que el error en cuestión fue que las anotaciones sobre el globo A se realizaron erróneamente en el folio de matrícula del lote B, pero desde 2015 están a la espera de una respuesta por parte de la Oficina de Instrumentos Públicos.

A continuación, intervino Héctor Anaya, director de Control Urbano, quien comentó que su dependencia ha venido realizando un análisis de la situación e informó a la comunidad que algunas casas del barrio Buenos Aires se encuentran dentro del terreno que fue cedido al Distrito en el lote A.

Por último, Amín Díaz, director del IDER, puntualizó que en el 2008 se invirtieron cerca de 12 millones de pesos para realizar el cerramiento parcial de la cancha de microfútbol del parque, puesto que las estructuras fueron colocadas por otra entidad. Por último, el funcionario explicó que en el certificado de libertad y tradición utilizado para realizar el cerramiento en 2008, el Distrito era titular del predio.

En respuesta a lo planteado por el jefe jurídico, el concejal Edgar Mendoza (Conservador) solicitó al funcionario ampliar la denuncia realizada, puesto que no son personas indeterminadas las relacionadas ya que se tiene conocimiento de quiénes son los involucrados en la situación y el Distrito debe evitar caer en omisión.

Posteriormente, el concejal César Pión (La U) expresó su inconformidad por los informes presentados por los funcionarios citados, toda vez que simplemente buscan cumplir estrictamente su responsabilidad y señalan como culpables a otras dependencias. El cabildante considera pertinente iniciar una campaña de recuperación de todos los espacios verdes y predios distritales que están siendo ocupados por particulares.

Por su parte, Rodrigo Reyes (Conservador) solicitó un acompañamiento especial por parte de la policía para la comunidad de los barrios afectados, en especial a sus líderes, tal y como se le ofreció al ciudadano Alfonso Alberto Martínez Ferrer, apoderado judicial de Juan José Santaolalla, el comprador del lote. Reyes, considera que la Administración debe articularse y presentar una única respuesta donde se sinteticen los procesos realizados por cada dependencia.

Más adelante, Américo Mendoza (ASI) hizo referencia a la relevancia de realizar un inventario con los terrenos del Distrito, y así mismo, solicitó a la Personería hacer acompañamiento al caso, toda vez que debe velarse por el bien de los ciudadanos.  El concejal considera que debe conformarse un equipo con representantes de la comunidad, personería, la alcaldía local y el equipo jurídico distrital, para que en el lapso de tiempo de un mes presenten reportes sobre el caso.

Por último, el concejal Javier Curi (Liberal) resaltó la valentía y el valor cívico de los moradores de los barrios La Troncal y Buenos Aires que han defendido el parque como espacio público, y considera que en el presupuesto de 2018 debe dedicársele un rubro para ampliar, renovar y recuperar las zonas verdes del barrio y también de la ciudad.

Seguidamente, se le dio el uso de la palabra al general Luis Poveda, comandante de la Policía Metropolitana, quien inició solicitando a la Procuraduría realizar las investigaciones pertinentes y además, pidió disculpas a la comunidad por el accionar de la fuerza pública. Sin embargo, manifestó que la policía actuó en respuesta a disposiciones judiciales y el requerimiento de un particular.

El general detalló que el procedimiento tuvo planificación, y que tanto la Alcaldía como la Personería estaban al tanto; en cuanto a la custodia que realizaron por 2 días al lote, Poveda expresó que fue a petición del particular y respaldó sus acciones manifestando que una vez se retiraron los oficiales del sitio, la ciudadanía procedió a retirar las vallas y cercas que protegían el lote privado. Finalmente el funcionario solicitó a los ciudadanos realizar las denuncias respectivas si saben de oficiales que hicieron uso excesivo de la fuerza, para así iniciar un proceso disciplinario.

A continuación, el concejal Américo Mendoza (ASI) presentó una proposición en donde el Concejo aprueba la conformación de una comisión integrada por representantes de la comunidad, personería y el Concejo, para adelantar gestiones de la recuperación de la zona verde del barrio La Troncal; solicitar a la oficina jurídica del Distrito la ampliación de la denuncias ante Fiscalía para que las investigaciones tengan mejores resultados; y requerir a la Superintendencia de Notariado y Registro un acompañamiento especial que garantice la transparencia del caso.

El Presidente de la Corporación expresó que de acuerdo a las denuncias planteadas el día de hoy considera que es necesario “acabar con el cartel que está robando parques y espacios públicos” y anunció que realizará las denuncias correspondientes ante los entes de control.

Por último, el Presidente conformó la comisión que hará seguimiento al caso y estará integrada por los concejales Rodrigo Reyes, Luis Cassiani, Américo Mendoza, Javier Curi y César Pión, y solicitó a la comunidad elegir a sus representantes, mientras que los funcionarios serán designados el día martes. 

Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el domingo 22 de octubre, a partir de las 9:00 a.m., en las instalaciones de la Corporación.

 

Ver sesión aquí: https://www.youtube.com/watch?v=jQyXG20KTek

Escrito por Diana Infante Del Río, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.

 

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