El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio a la Asamblea de Bolívar, 12 de junio de 2024
Hora de Inicio: 9:27 a.m.
Hora de finalización: 11:01 a.m.
Para esta sesión estaba programada la socialización, por parte del contralor departamental, del informe de gestión y resultado de los entes vigilados. Iniciado el orden del día se dio lectura de dos documentos:
- Invitación de Lina Rodríguez, directora de ICULTUR, al lanzamiento ruta Cartagena-Mompox el 12 de junio a las 4:00 p.m. en el Palacio de la Proclamación.
- Convocatoria de la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible a la primera sesión ordinaria 2024 del Comité Departamental de Gestión para el Cambio Climático el 19 de junio en el Salón de la Paz de la Gobernación de Bolívar.
Seguido, el contralor departamental, Edilberto Mendoza, procedió a socializar el informe de gestión indicando que actualmente la Contraloría cuenta con 100 sujetos de control y 119 puntos de control. Además, durante 2023 se adelantaron 153 procesos de auditorías programadas alcanzando un 100% de ejecución de la meta.
El resultado de estos procesos auditores y la atención de denuncias fueron 1.042 hallazgos administrativos, 149 con presunta incidencia disciplinaria, 6 con presunta incidencia penal, 142 procesos administrativos sancionatorios, 14 indagaciones preliminares y 43 hallazgos con presunta incidencia fiscal de los que ascienden a una cifra de $9.781 millones. Agregó que, de los 100 sujetos de control, 7 no presentaron rendición de cuentas oportunamente por lo que se le inició un proceso de capacitación. Además, se obtuvieron beneficios del Control Fiscal por $10.092 millones.
El funcionario informó que en el proceso de responsabilidad fiscal se abrieron 52 procesos ordinarios y se tramitaron 181; se abrieron 53 indagaciones preliminares y 77 fueron tramitadas; se lograron recuperar $54 millones en procesos con auto de cesación de la acción fiscal por resarcimiento; se tuvieron 16 autos de imputación proferidos y 44 procesos archivados por no mérito.
Detalló que hubo 14 fallos de responsabilidad fiscal proferidos por una cuantía de $5.358 millones, distribuidos en $3.748 millones en alcaldías y $1.609 millones en otras entidades. Además, 12 fallos con responsabilidad fiscal enviados al área de jurisdicción coactiva con cuantía de $4.999 millones.
Se abrieron 237 procesos administrativos sancionatorios y se tramitaron 331, se generaron 66 multas de las cuales, 33 se trasladaron a Jurisdicción Coactiva con una cuantía de $292 millones. Sobre el proceso de atención de denuncia indicó que se recibieron 92 denuncias, 45 concluidas con respuestas de fondo, 20 trasladadas a otras entidades por competencia y concluidas, y 13 se encuentran en trámite. A raíz de estas, hubo 25 hallazgos disciplinarios, 12 hallazgos sancionatorios, 2 hallazgos penales y 8 hallazgos trasladados al área de responsabilidad fiscal con una cuantía de $5.004 millones.
El recaudo del área de jurisdicción coactiva fue de $141 millones. En el proceso de gestión jurídica se atendieron 3 solicitudes de urgencia manifiesta y 15 de calamidad pública con 6 conceptos de legalidad desfavorables. Además, se realizaron 69 procesos de responsabilidad fiscal y 11 revocatorias de autos de archivo.
Detalló que para 2023 el presupuesto de gastos definitivo fue de $9.249 millones, mientras que el ejecutado fue de $9.053 millones (97,8%). Mendoza indicó que valor total de la deuda de vigencias anteriores al 2024 es de $1.093 millones distribuidos entre las ESES municipales ($904 millones), la Maternidad Rafael Calvo ($182 millones) y la Universidad de Cartagena ($7 millones). Por último, señaló que el índice de desempeño integral de la Contraloría durante 2023 fue de 80.6%.
Finalizada la intervención, el diputado José García (Liberal) preguntó qué significa la deuda de la Universidad de Cartagena y otras entidades. Además, solicitó el porcentaje de recuperación de los tres años anteriores e información sobre las entidades y personas investigadas, así como el tipo de sanciones impuestas.
El diputado Zaith Adechine (Movimiento de Salvación Nacional) solicitó más detalles sobre el uso del presupuesto en las auditorías. Pidió identificar cuáles son las entidades que han sido reiterativas en cometer faltas ante la Contraloría. El diputado Víctor Mendoza (Cambio Radical) requirió saber si los fallos de responsabilidad fiscal provienen de vigencias anteriores y cuestionó el recaudo realizado por la Contraloría. Además, preguntó qué municipios han sido auditados y cuántos de los fallos de responsabilidad fiscal han tenido revocatoria directa.
Para dar respuesta, el contralor informó que se había autorizado una actuación especial de fiscalización a la Universidad de Cartagena. Indicó que en el informe remitido en abril se detallan todas las auditorías realizadas por la Contraloría. Manifestó que la entidad carece del poder o de las herramientas necesarias para intervenir y recaudar mayores recursos. Informó que no ha habido fallos de revocatoria directa y que algunos procesos de responsabilidad fiscal siguen en trámite. Además, mencionó que no todas las auditorías son presenciales.
La jefa del grupo auditor, Tatiana Romero, explicó que el presupuesto de la Contraloría proviene de una transferencia de la Gobernación de Bolívar y de algunos entes descentralizados, los cuales deben pagar una cuota anual de fiscalización. Cuando se menciona que los entes tienen deudas, se refiere a que no están cumpliendo con esta cuota de fiscalización. Además, informó que para mejorar la cobertura se ha diseñado una plataforma llamada CIA Contraloría y que se cambiaría la modalidad de puntos de control a sujetos de control.
El diputado José García (Liberal) cuestionó la falta de herramientas de la Contraloría para realizar control político. Afirmó que una reestructuración es necesaria pues presenta distintas fallas en cuanto a obras inconclusas, la empresa Servimaría, y las pólizas de los contratos. En respuesta, Mendoza afirmó que en su tiempo como contralor no ha habido una denuncia que no haya sido atendida y que sí se están viendo resultados como lo fue la suspensión de tres alcaldes a raíz de denuncias.
Por último, el diputado Javid Benavides (Liberal) sugirió retomar la discusión de buscar una nueva sede para la Asamblea.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el martes 18 de junio de 2024; a las 9:00 a.m.
Escrito por Gabriela Carolina Bustillo Lora, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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