Damnificados por edificaciones de familia Quiroz aseguran que el Distrito ha incumplido la orden judicial

Bitácora del Concejo Distrital, 17 de abril de 2018.

Hora de inicio: 9:02 a.m.

Hora de finalización: 12:35 p.m.

Receso: 9:09 a.m. – 9:50 a.m.

En la sesión del día de hoy en el Concejo Distrital se llevó a cabo un debate de control político sobre los damnificados de los edificios en riesgo de colapsar, construidos por la familia Quiroz. El debate contó con la presencia del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, la Jefe de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Secretario de Planeación en representación de la Oficina de Control Urbano, dos asesores de despacho, el defensor del pueblo y una delegada de la Personería.

Iniciado el orden del día, la mesa directiva declaró un receso que duró 41 minutos para reunirse con el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y abordar el estado de algunos proyectos de acuerdo de iniciativa de la Corporación que están cursando su respectivo trámite. Al retomar la sesión, el concejal citante Rafael Meza (Conservador) indicó que el objetivo de este debate es dar soluciones a los damnificados, pues al parecer hay retrasos en los pagos de subsidios, lo cual afecta el bienestar de estas personas.

En primer lugar, el Secretario de Planeación, Irving Pérez, expresó que desde la Alcaldía se ha intentado llevar a cabo las actuaciones administrativas necesarias generando el menor trauma posible, pues esta es una situación lamentable y es esencial preservar la vida de las personas. En ese sentido, el funcionario presentó un contexto de la situación, recordando que el génesis de la misma fue el desplome del edificio Portales de Blas de Lezo 1, motivo por el cual en junio se iniciaron estudios para conocer la situación de las edificaciones en riesgo y se puso en marcha un Plan de Normalización Urbanística.

Pérez explicó que el 29 de diciembre la Universidad de Cartagena hizo entrega de los resultados de dichos estudios y se notificó a los residentes sobre el riesgo de los inmuebles. Posterior a esto, se inició la socialización en cada uno de los edificios y ahí se les dio a los moradores la información correspondiente; otro punto a destacar de la cronología presentada por el funcionario, fue la declaración de calamidad pública emitida el 18 de enero de 2018.

Más adelante, Laura Mendoza, Jefe de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres, dio a conocer que los resultados del estudio realizado por la UDC establecieron que las edificaciones no cumplen con la norma sismo-resistente y presentan problemas estructurales.

Por otra parte, la funcionaria indicó que el 30 de enero la Juez Tercera Municipal con funciones de control de garantías emitió una medida dirigida al Distrito, en la que se establece el cumplimiento de varias estipulaciones específicas para atender la situación de afectación de los damnificados, entre las que se destaca el pago de subsidios de arriendo de acuerdo al nivel de estratificación y las condiciones socio-económicas de cada familia.

Fue por lo anterior que el 01 de febrero el Distrito ofició a la Lonja de Propiedad Raíz de Cartagena y Bolívar para que determinara el valor de los subsidios, ya que la Administración no contaba con esas facultades; fue hasta el 23 de febrero que la Lonja manifestó que el valor a pagar variaba entre $900.000 y $1.500.000.

Según Mendoza, con la expedición de la Resolución 1472 del 05 de marzo se reconoció el pago a aproximadamente 17 personas, sin embargo, este documento debió ser modificado pues hubo un error al categorizar algunas edificaciones como estrato 3 cuando en realidad pertenecen al estrato 4. Lo anterior, se enmendó en la Resolución 2383 del 06 de abril, en la cual se reconoce el pago del subsidio a cerca de 25 personas. La funcionaria aseguró que las resoluciones fueron notificadas a todos los residentes mediante correo electrónico, y además se realizaron socializaciones sobre el contenido de las mismas; sin embargo, no todos los afectados asistieron a estas reuniones.

Ante una solicitud del concejal César Pión (La U), la Jefe de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres, dio el detalle del valor del subsidio determinado para cada edificio y el número de contratos recibidos en cada inmueble, así:

Al respecto, la funcionaria destacó que de 216 apartamentos de los edificios en riesgo, van 71 contratos, lo cual significa que hacen falta muchas familias por entregar la documentación necesaria. Mendoza también indicó que varias familias expresaron que no abandonarán sus inmuebles hasta que no se termine el estudio que elaborará la Universidad Nacional. Por lo anterior, la funcionaria instó a los propietarios a entregar los documentos, recibir el subsidio y evacuar los inmuebles.

Por otro lado, la jefe de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres expresó que es posible tramitar una amnistía que congele los créditos que los damnificados tengan en los bancos, a través del Registro Único de Damnificados; además, explicó que la vigilancia de estas edificaciones en riesgo estará a cargo de la Alcaldía y que el servicio empezaría a prestarse a partir del próximo viernes.

Posteriormente, Roberto Vélez, Defensor del Pueblo, manifestó que como ente de control han hecho acompañamiento al proceso, reuniéndose y escuchando a los damnificados. Vélez también señaló que han instado a la Administración a la formulación de un Plan de Acción, además se ha insistido en la necesidad de realizar un nuevo estudio que determine la situación real de las edificaciones. Por último, dio a conocer que el Defensor del Pueblo Nacional estuvo en la Ciudad haciendo seguimiento al caso, a las quejas presentadas y a las visitas efectuadas a los edificios.  

Más adelante, tomaron la palabra los señores Javier Doria y José Ramírez, abogados representantes de las víctimas. En primer lugar, Doria se mostró en desacuerdo con algunas afirmaciones de la Jefe de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo pues considera que se da a entender que el proceso de subsidios no ha avanzado debido a retrasos en la entrega de documentación pues los damnificados se encuentran reacios al mismo. Para el abogado esto no es cierto, pues ha sido la Administración la que ha incumplido los términos establecidos en la orden judicial emitida por la Juez Tercera Municipal.

Entre los incumplimientos señalados por Doria está la realización de un Plan de Acción, el cual ha sido solicitado formalmente y aún no ha sido enviado. También destacó que en respuesta a derecho de petición, recibida el día de ayer, la Alcaldía afirma que no se han realizado contratos de vigilancia, ni de estudios con la Universidad Nacional.

Por su parte, José Ramírez señaló que hay varios puntos que han sido obviados por la Administración y deben ser tomados a consideración en el debate: Los estudios con la UDC se contrataron únicamente en razón de una tutela, no por iniciativa administrativa; la ley 820 estipula cómo determinar el valor de los arriendos, por lo que considera no era necesario acudir a la Lonja; en la última resolución se deja de lado a los vecinos colindantes de los edificios en riesgo, pues no se establecen estudios para su situación.

Frente a la intervención de los abogados, el asesor de despacho Miguel Tajan aclaró que la respuesta al derecho de petición mencionada por el señor Doria se realizó el 5 de abril, fecha en la cual aún no se habían suscrito los contratos. En el mismo sentido, la Jefe de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo también precisó que si bien hay 71 contratos, solo se ha hecho el pago de 19 de ellos, y resaltó que el contrato de vigilancia es el No. 126/2018, que se encuentra debidamente celebrado.

Seguidamente, intervinieron los damnificados Yoneida de la Hoz, Marilis Espinosa, Humberto Jiménez y Robinson Villadiego, quienes solicitaron al Distrito dar un mejor manejo a la situación, pues no se ha brindado retroalimentación oportuna sobre el proceso, motivo por el cual desconocen los avances de las gestiones. Los ciudadanos también afirmaron que no han tenido ningún apoyo psicosocial de parte de las autoridades, rechazaron los desalojos efectuados por la Secretaria del Interior en diciembre del 2017 y solicitaron celeridad en el pago de subsidios.

Marilis Espinosa, dio a conocer que las resoluciones emitidas no fueron notificadas, ni socializadas con los afectados, y manifestó que asistió a una socialización tras enterarse de manera informal; dicha reunión fue presidida por el asesor de despacho Miguel Tajan, quien únicamente se remitió a dar lectura de algunos apartes de la resolución pero en ningún momento se les hizo entrega de una copia. Además, expresó que hay algunas familias que han recibido el subsidio y aún no han evacuado los edificios en riesgo.

A su turno, el concejal Rafael Meza (Conservador) señaló que esta es una situación preocupante y que la Secretaría de Hacienda debe garantizar la existencia de los recursos necesarios para realizar el pago total de estos subsidios. El cabildante afirmó que este debate deberá continuar en el próximo periodo de sesiones ordinarias, pues es necesario dar soluciones concretas a los damnificados.

En el mismo sentido, el concejal César Pión (La U) presentó una proposición para solicitar a la Oficina de Control Interno y a la Personería evaluar y hacer el seguimiento a la gestión del Plan de Acción estipulado por la Juez Tercera Municipal, y comprobar los estudios realizados por la Universidad Nacional para evitar detrimento público por no conocer el resultado definitivo del mismo; además, requirió enviar el acta y audio de la sesión a los entes de control. Esta proposición fue aprobada por la plenaria.

Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el miércoles 18 de abril, a partir de las 8:30 a.m., en las instalaciones del Concejo Distrital.

Ver sesión aquí: 

Escrito por Diana Infante Del Río, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y la Asamblea de Bolívar.