Hora de inicio: 9:06 a.m.
Hora de finalización: 11:15 a.m.
Hoy en el Concejo Distrital se llevó a cabo la segunda parte del debate de control político al Sistema de Transporte masivo Transcaribe, mediante el cual se buscaba analizar la situación financiera del sistema.
Al debate asistió el secretario de Hacienda, Napoleón de la Rosa, mientras que el gerente de Transcaribe delegó a dos funcionarios de la dirección financiera de la entidad, luego de excusarse por encontrarse incapacitado por problemas de salud.
Dos de los concejales citantes Cesar Pión (La U) y Américo Mendoza (ASI) reprocharon la inasistencia del titular de esta cartera. Mendoza indicó que el Ripoll podría entrar en la lista de funcionarios a los que se les pensaría implementar la moción de censura, dado que no envía las respuestas completas ni asiste a los debates importantes a los que es citado. Además cuestionó que el funcionario asistiera en evidente buen estado de salud al debate de ayer, sin embargo hoy manifiesta mediante un oficio que se encuentra enfermo.
Posteriormente se le dio el uso de la palabra a los funcionarios delegados, quienes iniciaron la intervención explicando que Transcaribe como ente gestor maneja unos recursos y como operador maneja otros, estos últimos provienen de la operación y no del Distrito.
Agregaron que a noviembre de 2016 el sistema logró recaudar más de $48 mil millones de pesos; dinero que es enviado a una fiducia con patrimonio autónomo, desde donde se realizan las transferencias y pagos correspondientes.
Por otra parte, con relación a la distribución de la tarifa señalaron que el 4% de cada pasaje es destinado al ente gestor, $235 pesos se envían al Fondo de Desintegración (FUDO), $180 pesos corresponden al consorcio de recaudo, y el resto del dinero se distribuye entre los operadores.
Luego intervino el secretario de hacienda, indicando que desde hace tres años las cifras para cerrar financieramente tanto las obras de infraestructura como la operación tuvieron algunos problemas, por lo que fue necesario realizar créditos para intervenir las rutas de precarga y para la operación. No obstante, al momento de hacer el cierre financiero, la Administración no pudo acceder al préstamo que le permitiría entrar a ser operador, razón por la cual tuvo que adoptar en el presupuesto de 2016 cerca de $27 mil millones de pesos, e incluir en el Plan de Desarrollo unas apropiaciones de cerca de $120 mil millones de pesos en los tres años siguientes, para destinarlos al FUDO.
Según el funcionario, el Distrito no ha tenido que trasladarle recursos al Sistema porque se ha logrado garantizar la demanda y el balance es positivo; asegura que mantenerla depende de que no se aumente la tarifa, y para este fin presentarán un proyecto de acuerdo para establecer un mecanismo a través del cual puedan apropiar de los mismos recursos de sobretasa a la gasolina, un porcentaje para el Fondo de contingencia con que cuenta Transcaribe para evitar perdidas en la operación. De esta forma, explica De la Rosa, se estaría subsidiando al pasajero y no a los operadores privados.
El jefe de la hacienda distrital concluyó señalando que no se debe descuidar la cadena de negocio para que el sistema sea rentable financiera y socialmente.
Iniciadas las intervenciones de los concejales, tomó el uso de la palabra el concejal Antonio Salim Guerra (Cambio Radical) para manifestar su insatisfacción con la intervención de los funcionarios de Transcaribe. Para Guerra quedaron faltando las cifras, el modelo financiero, y las proyecciones mes a mes de la operación.
Indicó que la intervención del secretario de hacienda “más o menos salvó la patria” y que entiende que este deba trasmitirle tranquilidad a la ciudad y al Concejo en torno a la sostenibilidad del sistema, pero que no queda satisfecho toda vez que la experiencia en las otras ciudades con los sistemas de transporte masivo da cuenta del fracaso por la inviabilidad financiera de estos, y la carga sobre los municipios y distritos que terminan quitándole recursos a la salud y educación para mantener las operaciones.
Para el cabildante, el Distrito como ente gestor no está recibiendo un porcentaje representativo de la tarifa, pero es al que le ha tocado asumir toda la inversión en infraestructura y chatarrización.
Por su lado, el concejal Cesar Pión manifestó que la presentación había sido “pobre”, porque lo que esperaban era saber cuántos recursos se han invertido, nivel de implementación del proceso de chatarrización, número de vehículos comprados, estado de las vías, participación del Distrito y de cada uno de los operadores, etc.
Pión asegura que la Corporación para poder realizar las incorporaciones que se solicitan deben conocer los estados financieros de las entidades. Cerró su intervención diciendo que hoy no hubo suficientes elementos para realizar un análisis de fondo, por lo que le pide al presidente del Concejo reprogramar el debate para la primera semana de mayo.
El concejal David Caballero (Conservador), por su parte, aseguró que esperaba las cifras y explicaciones correspondientes a los estados financieros pero que no quedó contento con la intervención de los funcionarios, porque no supieron explicar ni siquiera la distribución de la tarifa.
Agregó que ya hizo los cálculos y que los operadores logran su punto de equilibrio en el kilometro recorrido, por lo que nunca van a tener perdidas, mientras que el Distrito solo recibe $80 pesos por pasaje, luego de haber realizado una gran inversión en infraestructura. Para Caballero “el debate no lo quieren hacer y se están escondiendo”.
Su colega de bancada, el concejal Jorge Useche (Conservador) se refirió al poco avance que ha tenido el proceso de chatarrización y a la incertidumbre frente a la fecha en la que este debe culminar. Asimismo, Useche indicó que no se han cumplido con las rutas que se anunciaron y que en lugar de destinar una ruta que llegara a la Gobernación, se debió asignar la del barrio Daniel Lemaitre y sectores vecinos, que no cuentan con un servicio de transporte de calidad.
Para el citante Américo Mendoza (ASI) se debe dar el debate como no visto, toda vez que los funcionarios no estaban preparados y la intervención “deja una imagen deplorable de Transcaribe”. Solicita a la mesa directiva que establezca una nueva fecha.
Por último, el concejal Edgar Mendoza (Conservador) preguntó qué herramienta tecnológica viene implementando Transcaribe para verificar la temática de pasajeros validados, teniendo en cuenta que ante las múltiples irregularidades denunciadas por los miembros del Consorcio Coldcard frente a falsedades en documentos, balances amañados y hechos lesivos en la ejecución contractual, no sería raro encontrar cifras falsas en el recuento de pasajeros.
Para Mendoza, la Corporación está en la obligación de tomar medidas frente a estas denuncias y ponerle la lupa, por lo que su bancada presentará una constancia instando al gerente de Transcaribe a revisar la viabilidad jurídica de decretar la caducidad de ese contrato y declarar la muerte jurídica del consorcio.
Más adelante, por solicitud del concejal Cesar Pión (La U) se declaró sesión informal para escuchar al ex concejal David Múnera, quien manifestó que la situación de Transcaribe es demasiado grave y que el Distrito ya ha debido declarar la caducidad de los contratos con los operadores Sotramac y Transambiental, dado que estos han violado todo lo pactado dentro de la concesión.
Cuestionó que el secretario de hacienda haya “admitido” que cuando a los operadores se les entregó la concesión no contaban con los recursos para realizar el cierre financiero y que el Distrito tuvo que dar 30 mil millones de pesos para que se pudiera efectuar dicho cierre, siendo que estos operadores debían demostrar que contaban con el musculo financiero para sostener la operación del servicio.
Según Múnera, estos no han cumplido con los aportes pactados en el contrato, toda vez que al 27 de marzo de 2017 tenían que estar chatarrizados 640 buses y no han chatarrizado ni 250; y en septiembre de 2016 debían estar en circulación 350 buses y a la fecha solo están funcionando 130 buses.
Insistió en que no hay recursos para chatarrización y esto los ha conducido a “invertarse” rutas que no estaban previstas.
Por otro lado, indicó que esta Administración en un año ha aumentado la tarifa en 300 pesos, pasándola de $1800 a $2100 para poder garantizarle la tasa de utilidades a los operadores privados, y reclamó que el alcalde haya incluido en el Plan de Desarrollo unas inversiones por 100 mil millones de pesos para el sistema, restándole recursos a la salud y educación de los cartageneros.
Finalmente refutó que el sistema esté en un 52% de operación, porque no se ha llegado ni a un 30% de vehículos en circulación.
Al retomarse la sesión formal, el secretario general dio lectura a dos documentos:
– Una constancia radicada por los concejales Edgar Mendoza (Conservador), Erich Piña(Liberal), Cesar Pión (La U) y Luis Cassiani (Cambio Radical), en torno a un llamado de atención emitido por el Procurador delegado para Asuntos Ambientales, en cuanto a protección de zonas de ronda y de humedales, deforestación, y planeación, ordenamiento territorial y la prevención de amenazas y riesgos naturales.
– Proposición presentada por la mesa directiva para prorrogar el primer periodo de sesiones ordinarias hasta el 10 de mayo de 2017.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el viernes 21 de abril, a partir de las 8:30 a.m., en las instalaciones de la Corporación.
Ver sesión aquí: https://www.youtube.com/watch?v=NTntTQDP9ZA
Escrito por Alejandra López, coordinadora del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
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