Bitácora del Concejo Distrital, 22 de marzo de 2018.
Hora de inicio: 9:11 a.m.
Hora de finalización: 11:54 a.m.
Hoy en el Concejo Distrital se llevó a cabo un debate de control político sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), y la situación del Edificio Aquarella. La sesión contó con la presencia del Secretario de Planeación, el gerente de Espacio Público, la directora del IPCC, representantes de Control Urbano y de la Personería.
Iniciado el orden del día, el Secretario General del Concejo Distrital dio lectura a una excusa enviada por el gerente de Edurbe, Bernardo Pardo, quien no pudo asistir al debate, ya que el día y hora de la citación coinciden con una reunión de junta directiva de Edurbe.
Posteriormente, el concejal citante César Pión (La U) realizó la introducción al debate resaltando la importancia de dar claridad a la ciudad sobre los procesos del POT y el PEMP. Además, recalcó que la Corporación a través de citaciones, debates y solicitudes de información, ha hecho seguimiento detallado a dichos procesos; sin embargo, es necesario que la Administración dé a conocer las acciones concretas que se han tomado en los últimos meses.
El Secretario de Planeación, Irving Pérez, inició su presentación explicando la importancia de contar con la información técnica necesaria para tomar decisiones acertadas en cuanto al desarrollo del ordenamiento territorial, esto teniendo en cuenta que debido a las características geográficas de la ciudad, precisar el tema de riesgos es fundamental pues deben considerarse factores como las problemáticas de inundaciones, ascenso del nivel del mar, erosión costera, entre otros, para así lograr la formulación de un Plan de Ordenamiento que efectivamente cubra las necesidades de Cartagena.
Así mismo, Pérez recordó que en 2016 la Alcaldía firmó un convenio con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE) para la realización del programa de POT Moderno en Cartagena, por lo tanto, el Distrito pagó para que el DNP y FONADE entregaran un Plan de Ordenamiento Territorial a la Ciudad. Sin embargo, el contrato no incluye la precisión completa de los estudios técnicos de riesgo que se requieren para tomar decisiones con respecto al ordenamiento.
Es por lo anterior que la Administración tomó la decisión de solicitar formalmente al DNP la terminación del convenio, pues el mismo no generará las garantías que se requieren. El funcionario señaló que el convenio firmado no da respuesta a las necesidades de la ciudad ya que no contiene la información completa en temas de riesgo; según Pérez esto no significa que los estudios realizados hasta el momento deban ser desechados, pues se pretende que la próxima Administración pueda realizar las inversiones necesarias para completar el proceso.
En cuanto al Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), el Secretario inició aclarando que actualmente el Distrito está trabajando en dos Planes: Un PEMP para murallas y el Castillo de San Felipe, y un PEMP para el Centro Histórico; sobre este último, el funcionario indicó que entre 2011 y 2012 la ministra de cultura tuvo en su despacho la resolución de aprobación del PEMP-Centro Histórico, sin embargo, en los últimos años la discusión se ha centrado en si debe incluirse o no el predio correspondiente a la Base Naval.
Sobre el proceso de inclusión de comunidades en el PEMP del Centro Histórico, el funcionario expresó que en 2017 se realizó un diagnóstico social que involucró un proceso participativo cuya información obtenida fue compilada y recopilada; sin embargo, este diagnóstico requiere datos cartográficos y estudios adicionales con los que aún no se cuenta.
Pérez también resaltó que se logró acordar con el Ministerio de Cultura que las áreas de afectación e influencia de ambos PEMP sea la misma, de manera que no se den conflictos entre ambos planes. En cuanto al PEMP de murallas y Castillo de San Felipe, el funcionario manifestó que se solicitó al Ministerio de Cultura que un área específica de la zona determinada sea regulada por el Distrito de forma transitoria mientras que el PEMP del Centro Histórico es aprobado.
Por último, el Secretario indicó que estos Planes deberán enviarse al Concejo para su estudio, y recordó que los PEMP son de superior jerarquías a los POT, motivo por el cual lo que se establezca en dichos Planes no podrá ser modificado.
Ante algunas inquietudes planteadas por los concejales Rodrigo Reyes (Conservador) y David Caballero (Conservador), el Secretario de Planeación reitero que la posición de la Administración es no continuar con el proceso de POT Moderno, dando terminación por incumplimiento del Contrato Interadministrativo No. 216229, suscrito entre FONADE y el Distrito para la implementación del programa POT Moderno. Durante su intervención, Pérez también señaló los siguientes puntos:
- Según las entregas que se hicieron en el mes de diciembre, el avance del POT es de aproximadamente un 20%.
- El interventor fue contratado por el FONADE, por lo que el Distrito no está a cargo de esta actividad.
- El oficio en el que se solicita la terminación del contrato será radicado en los próximos días al ente nacional, y se requerirá la entrega de los componentes o productos que estén terminados.
- El Distrito pagó el 100% de este convenio por anticipo.
- FONADE deberá rendir cuentas al Distrito sobre los dineros invertidos hasta la fecha, dando claridad de la forma en que se han utilizado pues, aunque el costo total del proyecto era $5 mil millones de pesos, la Administración giró más de $3 mil millones.
Sobre lo anterior, el concejal César Pión (La U) expresó que el ente nacional debe responderle a la Ciudad por este proceso del POT Moderno, teniendo en cuenta que no hay un cronograma estipulado en el contrato, y el que fue concertado con el interventor no lo conoce la Ciudad, además no se contemplaron algunos estudios de riesgo necesarios. Por otro lado, el citante considera que de aplicarse la terminación del contrato, le corresponde a la actual Administración plantear un plan de contingencia para esta situación.
Por su parte, el concejal Javier Curi (Liberal) señaló que una de las conclusiones de este debate es que el POT se estaba elaborando desde la ciudad de Bogotá, motivo por el cual es necesario exigir respuestas y explicaciones al orden nacional sobre las decisiones tomadas; en ese sentido, Curi también recordó que en el contrato se contemplaba que algunos asesores vendrían a Cartagena a prestar apoyo técnico, y esto no se cumplió.
A continuación, tomó la palabra Antonio Aponte, en representación del Consejo Territorial de Planeación (CTP), quien manifestó sus inquietudes por los retrasos que se han presentado en la formulación de un nuevo POT, pues considera que el que se encuentra vigente ha sido violado en varios casos, especialmente en los casos del edificio Blas de Lezo, el edificio Aquarella, la construcción que se realiza en el antiguo Circo Teatro, entre otros. Además, expresó su preocupación pues como CTP no ha sido fácil obtener información veraz y de calidad que dé cuenta de los procesos de ordenamiento territorial de la ciudad.
Así mismo, Angélica Salas, en representación de Camacol, señaló que respaldan la decisión del Distrito de dar terminación al contrato, y enfatizó en la importancia de que los diferentes sectores de la ciudad lleguen a un consenso con el fin de lograr un POT lo más pronto posible. Igualmente dio a conocer que en otras ciudades del país que también suscribieron contratos con el DNP y FONADE para el mismo objeto, tampoco se han evidenciado resultados concretos.
Seguidamente, el concejal David Dáger (Liberal) expresó que cuando se presentó la idea de POT Moderno, la Corporación le solicitó a la entonces Secretaria de Planeación, Luz Elena Paternina, no firmar este contrato ya que no lo consideraban conveniente para la Ciudad, sin embargo, la funcionaria continuó con el proceso y hoy se ven los resultados. Para el cabildante esta es una situación preocupante pues Cartagena no contará con POT en varios años, teniendo en cuenta que es probable que los estudios ya realizados deban actualizarse y además, no será posible iniciar un nuevo proceso hasta que no se haya finalizado por completo el suscrito con FONADE.
Por otro lado, Dáger también se refirió al caso del edificio Aquarella y señaló sus inquietudes sobre cómo el Distrito asumirá esta problemática, pues los dueños del proyecto cuentan con una licencia entregada por un curador urbano, quien a su vez se basó en un concepto emitido el 13 de diciembre de 2013 por la Secretaria de Planeación, Dollys Gonzales Espinosa. El concejal recordó que la Corporación realizó un debate de control político al respecto antes de iniciarse la obra y a pesar de esto el proyecto continuó y hoy deberá ser demolido, lo cual llevará a una demanda de cuantiosas sumas contra el Distrito por indemnización de daños y prejuicios.
Al respecto, el Secretario de Planeación manifestó que no existe documento en el cual el Distrito haya dado autorización para la construcción del edificio, y desmintió que haya ausencia de norma, pues en la Resolución 043 de 1994, ratificada en la Resolución 1709 de 2017 del Ministerio de Cultura se hace referencia al barrio Torices como periferia histórica, figura en la que se establece que dicha periferia debe ser protegida.
En este punto, el funcionario aclaró que aunque el proyecto no se encuentra en el área de influencia del Castillo de San Felipe, esa zona si hace parte de la periferia histórica que determina la protección de bienes culturales a través de la protección de conos visuales y áreas de influencia. Así mismo, Pérez manifestó que el proyecto debió ser presentado al IPCC o al Ministerio de Cultura.
En cuanto a competencias, se señaló que la misma reposa sobre el Ministerio de Cultura, teniendo en cuenta que no debe pretenderse que el Ministerio tenga la potestad y administración de los bienes culturales, pero al momento de referirse a responsabilidades sea el Distrito quien tenga la competencia, puesto que si es el orden nacional quien responde por lo monumentos, también debe velar por su protección; a pesar de esto, está en manos de un juez tomar una decisión con respecto a quien corresponde la competencia.
Continuando con el orden del día, el Secretario General del Concejo dio lectura a un proyecto de acuerdo presentado por la Administración “Por el cual se adopta la política pública de educación – Plan Maestro de Educación 2018-2033”. Los ponentes designados para esta iniciativa fueron los concejales Rodrigo Reyes y David Caballero, y como coordinador el concejal César Pión.
Por último, el presidente de la Corporación realizó un cambio de ponentes a una iniciativa que no termino su trámite en la vigencia 2017, puesto que los anteriores ponentes no están habilitados para acudir a la Corporación.
El proyecto en cuestión es el Proyecto de Acuerdo No. 092 “Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 018 del 2003 actualizado y concordado con los Acuerdos No. 031 de diciembre de 2005 y No. 042 de diciembre de 2006, conforme al Acto Legislativo 2 del 1 de julio del 2015, y se dictan otras disposiciones”, siendo los nuevos ponentes el concejal Rafael Meza (coordinador), Vicente Blel y César Pión.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el viernes 23 de diciembre, a partir de las 8:30 a.m., en las instalaciones del Concejo Distrital.
Ver sesión aquí:
Escrito por Diana Infante Del Río, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y la Asamblea de Bolívar.
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