Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena de Indias, 25 de julio de 2022
Hora de inicio: 9:31 a.m.
Hora de finalización: 1:56 p.m.
En esta sesión del Concejo se llevó a cabo un debate de control político a la Dirección de Talento Humano, sobre del manejo del bienestar social a empleados de la Alcaldía y la modernización administrativa de la Alcaldía.
Antes de iniciar el orden del día, este fue modificado por solicitud de los concejales César Pión (La U) y Carlos Barrios (Cambio Radical) para que la lectura de documentos y proposiciones se diera antes del debate. Iniciado el orden del día, el concejal Barrios dio lectura a un oficio enviado a la fiscal local 28, Zamira Manzur donde el concejal se retracta de sus palabras en sesión del 24 de febrero de 2020 cuando señaló que el señor José Tamara León pertenecía a “las bodegas” que atacaban al Concejo.
Seguido, el concejal César Pión (La U) dio a conocer que ha realizado seguimiento a la sedimentación de La Bocana, y a través de una solicitud de información conoció que la Contraloría no encontró ningún problema en la contratación de la relimpia de la Bocana. Para Pión al ente de control le faltó asesoría en el tema, pues este contrato ya ha tenido 5 suspensiones, cuestionando los días que realmente se ha trabajado, el volumen de arena dragado que justifiquen los $306 millones que se deben.
Por otro lado, se refirió al tema de las intervenciones en los centros de salud inconclusos, los cuales aún no han avanzado y existen problemas en algunos por la representación legal de uno de los consorcios.
La concejal Gloria Estrada (Liberal) indicó que, según la noticia de un periódico local, 40 mil estudiantes en la ciudad siguen esperando el Plan de Alimentación Escolar. Al respecto, Estrada hizo un llamado a la Secretaría de Educación, pues no ha hecho correctamente sus funciones y pidió a los organismos de control pronunciarse sobre el caso.
La delegada de la Personería, Rita López, hizo saber que están abordando el tema del PAE mediante visitas técnicas a colegios y bodegas, por lo que en las próximas semanas informará de lo encontrado.
Por otro lado, el concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) explicó que los 15 mil usuarios que entran sin pagar a Transcaribe representan pérdidas mensuales de $1.000 millones. Toncel argumentó que la seguridad para las estaciones cuesta $100 millones, y que si esta se contrata se podrían evitar las perdidas por $1.000 millones, por lo que hizo un llamado a prestarle atención a este sistema de transporte.
Continuando con el orden del día, se procedió con el debate de control político sobre del manejo del bienestar social a empleados de la Alcaldía y modernización administrativa. Por lo anterior, el concejal citante Rafael Meza (Conservador) solicitó que inicialmente se diera la palabra a los sindicatos de la Alcaldía.
Por parte del Sindicato de los Trabajadores de la Educación (SINTRAEDUCAR), Edwin Marcilia Jaraba, Faiber Carrillo y Efraín Villalobos, resaltaron problemas con la asignación de subsidios educativos, toda vez que se han entregado de forma tardía y ha obligado a algunos estudiantes a retirarse temporalmente de sus estudios. También destacaron problemas con la no entrega de las cesantías parciales retroactivas y el caso de prepensionados que han sacado de sus trabajos.
Villalobos cuestionó la falta de información en las respuestas al formulario entregado por la Directora de Talento Humano, pues algunas respuestas son evasivas o fuera de contexto. Destacó que en una pregunta sobre recursos del 2020 y 2021 para mejoramiento de infraestructura educativa en riesgo de colapso la funcionaria indicó no tener soporte escrito de dichas fallas estructurales.
El representante de los sindicatos de entes descentralizados señaló que el Proyecto de Acuerdo sobre reestructuración de la Administración reconcentra el poder en el nivel central de la Alcaldía, debilitando el nivel descentralizado de prestación de servicios en entidades como el IPCC, IDER, o Corvivienda, esto argumentando su poca capacidad para generar recursos, a su vez, el proyecto propone el desarrollo de la descentralización a través de las Alcaldías Locales.
Erick Urueta, explicó que los auxilios sindicales que fueron aprobados en 2019 y 2020 no han sido pagados, y que la Administración no acordó el pago de los del 2022. También se refirió a la falta de información en la respuesta dada por la Directora, pues no incluyeron varias tutelas que han sido presentadas por trabajadores.
Por otra parte, Tamariz Villareal, Jorge Galofre y Antonio Cantillo, expresaron que la política de talento humano no corresponde a los lineamientos del ordenamiento legal, llevando a problemas con la prestación de servicios de la ARL, salud mental de funcionarios que ha llevado a suicidios, atrasos en los pagos y exceso en la toma de decisiones.
Javier Padilla, se refirió a las respuestas dadas sobre el cuerpo de bomberos, pues considera fueron incompletas respecto a la planta de personal. Padilla detalló que hay irregularidades en algunos cargos y destacó las deficiencias que tienen los bomberos en cuanto a equipamiento y vehículos, por lo que hizo un llamado al Concejo para apropiarse de este tema.
El concejal Lewis Montero (La U) recordó la importancia del proyecto de reestructuración administrativa, el cual puede traer beneficios y perjuicios, por lo que se necesita ser estudiado al menos en dos audiencias públicas. Sobre el debate a Talento Humano, sugirió que se divida en dos: una parte con las respuestas al cuestionario y otra oportunidad para atender las inquietudes de los sindicatos.
El concejal César Pión (La U) hizo mención de la cohesión social territorial para el cual es necesario un Plan de Ordenamiento Territorial que dé a conocer en qué zonas de la ciudad debe estar concentrada la Administración pública y el papel de las Alcaldías Locales, pues a través de la historia no han sido beneficiosas, sino que presentan dualidad de decisiones y funciones.
La Directora de Talento Humano, María Eugenia García, dio respuesta al cuestionario por el que fue citada. Algunas de los aspectos mencionados fueron los siguientes:
- La mesa consultiva de bienestar social de la Alcaldía de Cartagena tiene funciones como la de formulación del Plan de Bienestar Social e Incentivos para su posterior aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad, del cual la estimación de su presupuesto se hace desde el área de bienestar social y que con estos recursos sí se pueden pagar contratos de OPS.
- Para las olimpiadas deportivas internas del 2021 se realizaron 4 contratos de mínima cuantía para dotación deportiva, operador logístico del evento, entre otros. En 2022 el presupuesto total es de $590 millones para las olimpiadas internas y nacionales.
- Para auxilios educativos del 2022 se han desembolsado un total de 129, en matricula ordinaria por un total de $461 millones.
- No se han cancelado los auxilios sindicales a los sindicatos de la Alcaldía correspondientes a 2019 y 2020 debido a falta del presupuesto y que estos deben ser pagados bajo el concepto de «pago de pasivos exigibles – vigencias futuras expiradas»; por lo tanto, el total de lo adeudado alcanza los $209 millones y se hará el pago cuando se cuente con los recursos.
El concejal Rafael Meza (Conservador) sugirió suspender el debate, pues las respuestas al cuestionario ya la conocen los concejales y de igual manera se le requiere más tiempo a la funcionaria para que conteste a las intervenciones de los sindicalistas.
La concejal Gloria Estrada (Liberal) expresó que hace días el Concejo aprobó $5 mil millones para el cuerpo de bomberos y sugirió que estos hagan mesas de trabajo con la Secretaría de Interior para conocer la destinación de los recursos.
Para dar respuesta, la Directora aclaró que algunas solicitudes de información, como la de instituciones educativas, no pudo responderlas por falta de claridad en la pregunta y porque tampoco es su área de competencia. Agregó que hay situaciones en las que por Ley no puede tomar acciones distintas, como es el caso de cesantías retroactivas o liquidación de primas; además, indicó que el tema de bomberos es competencia de la Secretaría del Interior, no de talento humano, sin embargo, ha tenido reuniones con ellos para buscar respuesta.
La representante de la Personería, Rita López, sugirió que se cite a la Secretaría de Educación para que responda sobre el estado de las instituciones educativas. También llamó la atención por las estaciones de bomberos pues tienen deficiencias en los vehículos para emergencias y el equipo especial para la atención.
La concejal Liliana Suárez (ASI) sugirió que se hagan mesas de trabajo con los sindicatos y expresó su preocupación por el estado de la infraestructura educativa de los colegios. El concejal Rafael Meza (Conservador) reiteró el apoyo del Concejo con los sindicatos y sus necesidades, junto al cuerpo de bomberos.
Finalmente, el concejal Luder Ariza (Alianza Verde) señaló que el debate deja muchas preocupaciones, como el estado precario en el que se encuentra el cuerpo de bomberos de Cartagena a pesar de tener recursos de la sobretasa bomberil.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el martes 26 de julio de 2022; a las 9:00 a.m.
Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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