Firma encargada del POT afirma que por cláusula de confidencialidad no sería posible brindar información sobre el estado del Plan

Bitácora del Concejo Distrital, 9 de junio de 2018.

Hora de inicio: 9:04 a.m.

Hora de finalización: 10:25 a.m.

Iniciado el orden del día, se dio lectura a una excusa del concejal Wilson Toncel (Cambio Radical), quien por motivos de fuerza mayor no asistió a la sesión. Así mismo, fue leído un oficio enviado por SINTRAOFIPUCAR en el que solicitan al Concejo realizar debates o audiencia pública en el corregimiento de Arroyo Grande para discutir la situación de esta comunidad, puesto que hay inconformidades con la prestación de servicios públicos, ya que no cuentan con buen servicio de energía, carecen de agua potable, gas natural, y alcantarillado; además, presentan quejas por el servicio de salud, de transporte público y el peaje de Marahuaco, e igualmente por la ausencia de escenarios deportivos.

Frente a esto, el concejal Vicente Blel (Cambio Radical) señaló que este documento no debe pasar desapercibido y es pertinente realizar una audiencia pública en la que se aborden situaciones puntuales para lograr resultados concretos, especialmente en lo relacionado con la prestación de servicios públicos y del servicio de salud.

En el mismo sentido, el concejal Rafael Meza (Conservador) destacó que para esta audiencia es necesario lograr que se den compromisos y resultados, para evitar que esta sea otra audiencia que no logre los efectos esperados; para este fin, el cabildante sugiere se invite a las empresas prestadoras de servicios públicos, a la Secretaría de Infraestructura y a la Policía. Así mismo, el concejal David Caballero (Conservador) solicitó que la invitación se extienda a las empresas aledañas, como Serena del Mar pues este corregimiento está dentro de su área de influencia y podrían ser de apoyo mediante su responsabilidad social.

A su turno, el concejal Oscar Marín (Conservador) expresó que el corregimiento de Arroyo de las Canoas presenta condiciones similares a las de Arroyo Grande, por lo que considera que estas comunidades, al igual que gran parte de los corregimientos del Distrito, ameritan la creación de una política pública que proporcione mejores condiciones a sus habitantes; además, propuso que a la audiencia se invite a los entes de control y a las oficinas de control interno y disciplinario.

Seguidamente, el concejal César Pión (La U) manifestó que antes de realizar audiencias públicas es preciso contar con información previa, como datos sobre la pirámide poblacional, el estado de la atención en salud y de instituciones educativas, o el presupuesto de inversión de la localidad, esto con el fin de obtener mejores resultados y debatir la situación con mayor coherencia, de forma que se materialicen los compromisos que se establezcan.

La concejal Judith Díaz (Cartagena Confirma) reiteró la importancia de lo manifestado por el concejal Pión y propuso que se cuente con la información antes de la audiencia; además resaltó que para abordar la situación del centro de salud es necesario contar con datos actualizados, teniendo en cuenta que en la incorporación aprobada en semanas anteriores no se contaba con recursos para la UPA del corregimiento de Arroyo Grande.

Continuando con el orden del día, la plenaria aprobó una proposición presentada por la concejal Judith Díaz (Cartagena Confirma) en la que se solicita información sobre el compromiso de la empresa ISA de enterrar el cableado de alta tensión que se encuentra en la Vía Perimetral, para que se aclare qué ha ocurrido con la licencia que la ANLA debía otorgar para continuar con la próxima fase del proyecto.

Por otra parte, el concejal César Pión (La U) presentó sus inquietudes sobre una respuesta enviada por INYPSA, el Acuerdo 002 de 2016 y el estado de la salud en el Distrito. En primer lugar, el cabildante explicó que debido a una proposición aprobada en días anteriores, INYPSA, firma encargada de la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena, envió a la Corporación una respuesta en la que afirman que no es posible entregar la información específica requerida en virtud de una cláusula de confidencialidad, además, manifiestan que para asistir al debate programado deben solicitar una autorización a FONADE para definir si es posible o no contar con su presencia en plenaria.

Ante esto, Pión recordó que INYPSA actualmente maneja los recursos que el Distrito destinó al POT, motivo por el cual es objeto de control político y debería rendir cuentas ante la ciudad; en este sentido, el concejal solicitó que se envié a la Procuraduría General un oficio explicando la situación, ya que este ente de control pidió a la Corporación dar cumplimiento y anexar el control de riesgos al POT.

Pión también se refirió al Acuerdo 002 de 2016, mediante el cual se crea el Consejo Distrital de Protección al Consumidor y pidió que se oficie a los miembros de dicho Consejo para conocer los avances que ha tenido este Acuerdo. Por último, el cabildante anunció que presentará una proposición para conocer el estado financiero del sector salud en Cartagena, teniendo en cuenta la existencia de indicadores que muestran falencias en este servicio.

Sobre la respuesta enviada por INYPSA, los concejales David Caballero y Oscar Marín (Conservadores) manifestaron su preocupación y respaldaron la iniciativa de informar la situación a la Procuraduría, pues consideran que ante un tema de tanta importancia como el ordenamiento territorial, es necesario que la ciudadanía pueda tener acceso a la información y se demuestre transparencia en el proceso.

A continuación, fue aprobada una proposición presentada por el concejal Javier Curi (Liberal) sobre el contrato de vigilancia que suscribió el Distrito en meses pasados; para este fin se cita a la Secretaría General, Secretaría de Educación, empresa AMCOVIT, interventores del contrato, entre otros, para que informen sobre el valor del contrato en años anteriores, las sedes administrativas y educativas cobijadas por el contrato de la vigencia 2018, el valor actual del contrato, especificaciones técnicas sobre la prestación del servicio, información sobre el interventor, etc.

Sobre esta proposición, el concejal César Pión (La U) pidió que se anexen citaciones a la Oficina Jurídica y a la Unidad de Contratación del Distrito; y también que en plenaria se de respuesta a las inquietudes planteadas por SINTRAOFIPUCAR el día de ayer.

Por otro lado, Pión dio a conocer un audio en el que se hace referencia a la emisión de un decreto en el que el Gobierno Nacional desiste de la intención de trasladar la Base Naval a la isla de Tierra Bomba, debido a razones técnicas como la necesidad de un acceso vehicular y de estudios jurídicos, logísticos y de movilidad. Para el concejal esta es una nueva lucha que debe presidir la Corporación, pues es posible que se dé un traslado fraccionado y considera que la Base debe permanecer en la ciudad por tanto hace parte de su historia e identidad.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el martes 12 de junio de 2018; a las 8:30 a.m., en las instalaciones del Concejo Distrital de Cartagena de Indias.

Ver sesión aquí:

Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo de Cartagena y la Asamblea de Bolívar.

Descarga:

Oficio Arroyo Grande

Proposición sobre contrato de vigilancia

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