Bitácora de la Asamblea Departamental de Bolívar, 12 de noviembre de 2020
SESIÓN VIRTUAL
Hora de inicio: 9:12 a.m.
Hora de finalización: 3:29 p.m.
En esta sesión de la Asamblea Departamental se dio segundo debate al Proyecto de Ordenanza de presupuesto 2021, se socializó el Proyecto de Ordenanza sobre medidas rentísticas y se realizaron debates de control político sobre la política pública comunal y obras inconclusas en Bolívar.
Iniciado el orden del día, se aprobó el Acta 013 del 03 de octubre. Seguido, el diputado Hernando Padauí (Cambio Radical) solicitó a Secretaría de Hacienda y Secretaría Jurídica responder las inquietudes que presentó en sesión de comisión del 11 de noviembre, respecto al pago de prestaciones sociales de los diputados.
Padauí dio a entender que los descuentos al salario de los diputados exceden la normativa, también propuso incluir un rubro para pago de seguridad social que cubra los meses en los que los diputados no devengan un sueldo.
Al respecto, el Secretario de Hacienda, Carlos Polanco, anunció que radicó ante Ministerio de Hacienda una solicitud para darle claridad ante la Ley 617 del 2000, pues tiene un vacío normativo con respecto al tema. Así mismo, el Secretario Jurídico, Juan Mauricio González expresó que se viene trabajando en una solución, pero los cambios requeridos son potestad del Gobierno Nacional, por lo que sugiere que por el momento no se incluyan más recursos, hasta tener respuesta del Ministerio.
Continuando con el orden del día, se dio el segundo debate del Proyecto de Ordenanza “Por medio de la cual se fija el presupuesto de rentas e ingresos y apropiaciones para gastos del departamento de Bolívar, para la vigencia fiscal comprendida del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones”
El informe de comisión indicó que no se realizaron cambios en título y preámbulo. Sobre el articulado, se hicieron ajustes en los Art. 1 y 3, de manera que el presupuesto para 2021 pasó de $1.606.835.813.441 a $1.982.317.831.077; en los Art. 2 y 4 se estableció que el presupuesto para entes descentralizados pasó de $309.337.894.660 a $690.539.276.724.
Además, el informe indicó que se agregaron $12.294.000.000 que se destinarán a financiar el Régimen Subsidiado del sector salud, con lo cual los recursos para la administración central aumentan a $1.365.600.866.374. Ver Articulado aprobado en 2° debate.
Posteriormente, el Gobierno Departamental solicitó incluir el siguiente artículo en las disposiciones generales del proyecto: “Autorícese al gobierno departamental para que hasta el 31 de diciembre de 2021 incorpore al presupuesto de ingresos los recursos por concepto de estampilla “Universidad de Cartagena Siempre a la altura de los tiempos” sin situación de fondo que se recauden a través del encargo fiduciario constituido por mandato del artículo noveno de la Ordenanza 26 de 2012 reglamentaria de la Estampilla Universidad de Cartagena”.
Al ser sometidos a votación, el informe de comisión fue aprobado con 14 votos a favor, mientras que el título, preámbulo y articulado se aprobaron con 12 votos a favor y 2 ausentes (Mejía, Padauí). De esta manera, el proyecto pasó a tercer debate.
Luego, se presentó el Proyecto de Ordenanza “Por medio del cual se efectúan unas incorporaciones de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 por valor de $38.720.000”. Los ponentes asignados fueron los diputados Víctor Mendoza (Cambio Radical), y Juan Mejía (Conservador); además, se informó que la socialización está programada para el martes 17 de noviembre.
Posteriormente, el Secretario de Hacienda inició la socialización del Proyecto de Ordenanza “Por medio del cual se adoptan medidas rentísticas y tributarias como: monopolio rentístico sobre alcoholes, licores destilados, estampilla Pro Electrificación rural, y se dictan otras disposiciones en materia tributaria.”
El Secretario de Hacienda, Carlos Polanco, indicó que este proyecto busca reglamentar diferentes medidas rentísticas como el monopolio de licores, degüello de ganado, impuesto al registro, estampilla Pro Electrificación Rural, entre otras.
Seguido tomó la palabra Ever Caicedo, funcionario de Secretaría de Hacienda, quien explicó que este proyecto busca reglamentar el monopolio de licores destilados donde se cobraría $270 por cada 750 cm³ y se aplicaría una tarifa del 25% sobre el precio de la venta al público, con lo que se proyecta un recaudo de $31.782.365.820. También se reglamenta la participación del departamento en $400 por cada litro de alcohol destinado para licores.
Sobre la estampilla Pro Electrificación Rural, Caicedo señaló que está estampilla se recaudaba anteriormente, pero dejó de cobrarse por el vencimiento de la Ley que la regulaba, sin embargo, la Ley está nuevamente en funcionamiento, por lo que se pretende reactivar la estampilla. Agregó que esta pretende recaudar $1.511 millones los cuales deben ser invertidos en infraestructura eléctrica en la zona rural del departamento.
Caicedo agregó que otro apartado del Proyecto busca adoptar los Art. 187 y 188 de la Ley 1607 de 2012, la cual menciona una tarifa del 0,3% sobre la base gravable y tarifas del impuesto de registro en actos, contratos o negocios jurídicos, así como de una tarifa de 4 salarios mínimos para actos, contratos o negocios jurídicos sujetos a registros. De esta norma quedarían exentos proyectos VIS, programas de restitución de tierras y de titulación de bienes baldíos, entre otros.
En cuanto al impuesto al degüello se explicó que pasaría de $27.604 por res sacrificada a $19.019, con lo cual Bolívar será un departamento más rentable para el sacrificio del ganado. El Proyecto también modifica la distribución de recursos del impuesto al consumo de cerveza destinados a Iderbol, toda vez que la destinación cambiará de 40% a 80% para gastos de funcionamiento, y el 20% restante pasaría a inversión.
Al respecto, los diputados Mario Del Castillo (Centro Democrático, MIRA) y José García (Liberal) se mostraron satisfechos con la modificación al impuesto de degüello, sin embargo, hicieron énfasis en que se debe viabilizar la creación de nuevos mataderos de ganado, además, el diputado Miguel Cueter (Conservador) insistió en que aún es posible reducir más el impuesto al degüello.
Por otro lado, el diputado Elkin Benavides (Liberal) preguntó cuál es el tope en la estampilla Pro Electrificación Rural.
Para dar respuesta, el director de rentas departamentales de Secretaría de Hacienda, Ricardo Pión, indicó que la tarifa por degüello en $19.019 es competitiva en la región, superando a departamentos como Sucre y Magdalena, por lo que esta reducción hará que los ganaderos de Bolívar no deban trasladarse a otros departamentos, pero los ganaderos de departamentos con tarifas más altas vendrán a Bolívar.
Ever Caicedo también aclaró que el departamento ya tiene adoptado el monopolio sobre alcoholes, pero lo que busca este Proyecto es modificar la tarifa que se cobra. De igual forma, mencionó que la estampilla Pro Electrificación Rural será de un 2%.
Posteriormente, se dio paso al debate de control político sobre la política pública comunal, para ello se contó con la participación de una representante de Secretaría del Interior, y dos miembros de la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal (JAC) de Cartagena y Bolívar, Ariel Beltrán Arroyo y Blanca Rosa Henríquez.
En su intervención, Ariel Beltrán indicó que el avance de la política pública comunal ha sido lento, pues solo cuentan con los lineamientos de la Ordenanza 248, en la cual se estableció un tiempo de 15 meses para crear la política pública, y aunque el plazo se venció, no se ha concretado.
Por su lado, Henríquez recalcó la importancia de las JAC para nutrir al gobierno departamental y manifestó su preocupación por el poco avance que tiene la política pública. A su vez, solicitó información sobre las mesas de trabajo y cronograma de actividades para diseñar la política.
La delegada de Secretaría de Interior, Benilda Cantillo, indicó que la Política Pública Comunal avanza en 40%, lo que corresponde a la creación de los lineamientos, identificación del marco normativo del sector comunal, entre otras actividades. Cantillo informó que en 2019 a este sector se le invirtieron $374.550 millones destinados a asistencia técnica.
Continuando con el orden del día, se dio un debate de control político a la Secretaria de Infraestructura, Diana Manrique, sobre el atraso en la entrega de la calle 48 o “La Paz” del barrio Torices en Cartagena.
La funcionaria indicó que el contrato se firmó el 13 de diciembre de 2019 por $810.237.903 y debió concluir el 31 de diciembre de 2019, sin embargo, la obra se detuvo en dos ocasiones: primero por filtraciones en las tuberías de aguas residuales de las casas vecinas, y luego por la temporada de lluvias e inseguridad del sector.
Manrique agregó que se han firmado dos otrosíes, uno que iba hasta el 14 de marzo de 2020 y otro con plazo hasta el 11 de diciembre de 2020. También precisó que otra obra inconclusa es la construcción del centro de convivencia ciudadana de El Carmen de Bolívar, lo cual se debe a fallas técnicas y a la vandalización del edificio. De acuerdo con la funcionaria, aunque el contratista realizó las reparaciones requeridas, el edificio no tiene cableado eléctrico ni conexiones sanitarias producto del vandalismo.
El diputado citante Miguel Cueter (Conservador) mostró su descontento por las presuntas irregularidades del contrato inicial en la calle 48, pues debían cumplir con las obras en un término de 13 días, pero ante las demoras en la entrega de la calle, debe analizarse la posibilidad de iniciar acciones legales contra el contratista.
La Secretaria de Infraestructura indicó que las acciones legales se han previsto en caso de que no se cumplan las fechas pactadas, sin embargo, expresó que la obra tiene un avance de un 80% y avanzan a buen ritmo; también explicó que las demoras este año se debieron a problemas relacionados a protocolos de bioseguridad contra el COVID, pues el personal se había contagiado.
Continuando con el orden del día, se presentaron y aprobaron las siguientes proposiciones:
- Posposición de la diputada Viviana Villalobos (Conservador) y del diputado Víctor Mendoza (Cambio Radical) para invitar a los gerentes de las siguientes ESE: Hospital Universitario del Caribe, Maternidad Rafael Calvo, Divina Misericordia de Magangué y Mompox, Hospital San Antonio de Padua de Simití, para que presenten su situación frente al pago a trabajadores. La citación se programó para el 24 de noviembre. Esta proposición fue aprobada con 11 votos a favor y 3 ausentes (Padauí, Rico y Puente).
- Posposición del diputado Víctor Mendoza (Cambio Radical) en la que convoca a una audiencia pública el 26 de noviembre y se cita al Secretario de Minas, Secretario de Interior, Oficina de Gestión del Riesgo, Agencia Nacional de Minería y Dirección Nacional del Riesgo para informar sobre lo sucedido en el municipio de Barranco de Loba donde 14 mineros quedaron atrapados en una mina, y que se expliquen las acciones para prevenir otros accidentes. Esta proposición fue aprobada con 11 votos a favor y 3 ausentes (Padauí, Rico y Puente).
Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el viernes 13 de noviembre de 2020; a las 9:00 a.m. a través de videoconferencia.
Escrito por Jesús Correa Turizo, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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