- A cinco días de las elecciones presidenciales, las ocho campañas registran ingresos por un total de $40.469.520.599, y gastos por un total de $25.149.017.870. Este monto de gastos es bastante bajo, si se tiene en cuenta que cada candidato tiene como tope máximo para su campaña en primera vuelta 27 mil millones de pesos.
- Los créditos con entidades financieros son la mayor fuente de recursos para las campañas. Ninguna campaña reporta anticipos estatales. Se reitera que el mandato legal de “financiación preponderantemente estatal” de las campañas no se cumple en la práctica.
- De los gastos reportados por todas las campañas un 72% se concentra en propaganda electoral. Se identifica un posible bajo reporte de gastos de actos públicos, en contraste con lo evidenciado diariamente en todo el país.
La Alianza para el Control Ciudadano al Financiamiento de Campañas presenta el cuarto informe de seguimiento a la financiación de las contiendas electorales realizadas durante 2022, en esta ocasión enfocado en el análisis de la financiación de las campañas presidenciales en su recta final, con corte al 24 de mayo del 2022. Este análisis incluye los datos de financiación y gastos de todas las campañas presidenciales y el reporte final de las consultas interpartidistas las cuales se llevaron a cabo el pasado 13 de marzo en el marco de las elecciones legislativas, y se realiza a partir de un análisis muy riguroso de la información reportada por las campañas en el aplicativo Cuentas Claras del CNE*.
¿Qué muestran los datos analizados?
Aunque se observa un incremento en el registro de ingresos y gastos de campañas en comparación con el anterior informe, a cinco días de las elecciones las ocho campañas presidenciales registran en conjunto ingresos por un total de $40.469.520.599 y gastos que ascienden a $25.149.017.870. Las cifras reportadas siguen siendo bajas si se considera que el tope máximo permitido para los gastos de cada campaña para la primera vuelta es de $27.453.094.557.
En materia de ingresos, los créditos del sector financiero representan el 74% de los ingresos reportados a la fecha y son la principal fuente de financiación, especialmente de los cuatro candidatos que están liderando las encuestas. Ninguna campaña ha registrado ingresos relacionados con anticipos estatales. Esta situación evidencia nuevamente que la financiación estatal no está funcionando en la práctica, a pesar de su importancia para mejorar la equidad en las contiendas electorales.
Respecto a los gastos de campaña, la propaganda electoral concentra el 72% del total de cifras reportadas. La mayoría de estos recursos se están destinando a publicidad a través de revistas, televisión, redes sociales, cuñas radiales o perifoneo. En cuanto a gastos registrados por actos públicos, si bien aumentaron respecto al anterior informe pasando de $144 millones a $504 millones, su reporte todavía no parecen comparables con la cantidad de eventos adelantados por las distintas campañas presidenciales, por ejemplo, las jornadas de cierre de campañas que se llevaron a cabo el pasado 22 de mayo.
Preocupa que la suma de gastos de los candidatos que más reportan no llega al 30% del tope establecido de campaña. Es posible que las campañas no estén registrando sus gastos en tiempo real, tal como lo establece la norma.
“Hacemos un llamado general a garantizar el acceso a la información y la transparencia sobre el financiamiento de las campañas y de esta forma, permitir ejercer el derecho a un voto informado.” indica Sandra Martínez, directora programática de Iniciativas con Sistema Político y Estado de Transparencia por Colombia.
La Alianza para el Control Ciudadano al Financiamiento de Campañas está conformada por Transparencia por Colombia, Corporación Región, Cordupaz, Corporación Cívica de Caldas, Corporación Vigía Cívica, Foro Costa Atlántica, Funcicar, Transparencia por Santander y la Unidad de Acción Vallecaucana.
* La Corporación Transparencia por Colombia utiliza como insumo principal los datos del aplicativo Cuentas Claras, a estos les incorpora procesos de identificación e individualización de registros, verificación de cada uno de los campos registrados, sanitización de los datos, verificación de identificaciones, valores individuales registrados de ingresos y gastos, verificación y contraste de la información con los formularios 6, 1B, 5B, 6B, 13 y 3A y sus anexos, dispuestos públicamente.
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