Bitácora del Concejo de Cartagena de Indias, octubre 13 de 2017.
Hora de inicio: 9:02 a.m.
Hora de finalización: 12:28 p.m.
Receso: 11:52 a.m. – 12:26 p.m.
Hoy en el Concejo Distrital se realizó un debate de control político sobre el cierre de 90 instituciones educativas privadas. El debate contó con la presencia del Secretario de Educación, Jaime Hernández Amín.
La introducción estuvo a cargo del concejal citante Antonio Salim Guerra (Cambio Radical) quien explicó que este debate obedece a la alarma que encendió un titular del 10 de octubre sobre el cierre inminente de 90 colegios privados que estaban funcionando ilegalmente. El concejal considera que estas acusaciones atentan contra el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia de las instituciones que aparecieron en la lista publicada; además espera que la Secretaría tenga suficiente material probatorio para afirmar que son colegios ilegales, pues de no ser así se presentaran demandas al Distrito por afectación al buen nombre de dichas instituciones.
Finalmente, expresó que esta es una situación lamentable y manifestó su preocupación frente al titular del día de hoy donde el secretario de educación afirma no haber autorizado la difusión de la lista de colegios.
Posteriormente, tomó la palabra el Secretario de Educación, Jaime Hernández Amín, quien inició explicando que los niños y niñas que se vean afectados por esta situación realizarán un examen de validación y de acuerdo con el resultado se hará entrega de una certificación de los grados cursados y se les asignará un cupo en la institución educativa oficial (IEO) que deseen, o si prefieren una institución privada se brindaría acompañamiento en el proceso de matrícula.
Hernández agregó que se realizará la depuración y verificación de las instituciones que no cumplen con todos los requisitos y desarrollará una campaña para ofrecer acompañamiento institucional a los establecimientos educativos, que será liderada por el Grupo de Inspección y Vigilancia, a través de las Unidades Administradoras Locales de Educación (UNALDES), con el fin de concretar su legalidad antes de la fecha establecida, y así evitar el cierre definitivo.
Aclaró que solo en caso de que de la legalización no se produzca, se procedería con el cierre de las instituciones, y precisó que el propósito de esta campaña es acompañar a las instituciones en el proceso de legalización y afirmó que esta información fue puesta a conocimiento de los medios de comunicación, los cuales le dieron diferentes interpretaciones.
Finalmente, el Secretario presentó excusas a las instituciones educativas privadas que se vieron afectados en su buen nombre debido a la publicación de la lista.
Seguidamente, el Concejo se declaró en sesión informal para escuchar al señor Neil Fortich, director jurídico de la Secretaría de Educación. El funcionario manifestó que las declaraciones que brindó a los medios fueron autorizadas por el Secretario y en ellas nunca mencionó cierres inminentes y arbitrarios, por lo que considera hubo imprecisiones en la información.
Más adelante, Fortich dio a conocer que actualmente se está realizando una investigación ya que presuntamente cuando un padre de familia o estudiante detecta la ilegalidad de la institución educativa, esta le paga a otro colegio para que gradúe al estudiante, a pesar de que no realizó sus estudios en ese plantel.
A continuación, intervino un representante de los colegios privados afectados, a nombre del colegio Del Caribe y como directivo de la Asociación de colegios privados de Bolívar, quien solicitó mayor respeto por la educación privada de la ciudad, pues este servicio cubre una amplia población de niños en edad de escolaridad que no pueden ser atendidos por el Estado.
El ciudadano afirmó que gran parte de las instituciones cuestionadas están en la lista por no poseer ciertos documentos como la licencia de construcción, certificado que empezó a ser solicitado desde 2013 y que los colegios que funcionaban desde antes de esa fecha no han logrado obtener por los altos costos del mismo.
Una vez terminadas las intervenciones de las personas citadas, se abrió paso a los concejales. El concejal César Pión (La U) realizó un recuento de la situación y expresó que la Secretaría de Educación debió solicitar a los medios hacer claridad sobre la noticia.
Pión manifestó que en la respuesta enviada por la Secretaría es posible identificar las principales falencias de las instituciones cuestionadas, pues la gran mayoría están funcionando con resoluciones vencidas, carecen de permisos de Curaduría Urbana, no cuentan con estudios de suelo, ni planes de riesgo.
Frente a lo anterior, el cabildante considera que hay omisión por parte del Distrito, y solicitó que también se analice la situación de las instituciones educativas oficiales de la ciudad pues las condiciones de riesgo son similares a la de privados.
Por último, el concejal Pión, a nombre de su bancada, le solicitó al gobierno frenar este proceso e iniciar un proceso de restablecimiento de las legalizaciones; y organizar una reunión entre el alcalde, el Concejo y representantes de educación para así trazar un plan de acción.
Por otro lado, el concejal Américo Mendoza (ASI) manifestó que la Secretaría de Educación tiene una gran responsabilidad, pues debe realizar un Plan de Mejoramiento que cuente con la capacidad de promover acciones para superar este problema.
Posteriormente, la concejal Judith Díaz (Cartagena Con Firmas) recomendó al secretario que si serán las UNALDES quienes cumplirán la importante labor de realizar el acompañamiento a las instituciones cuestionadas, la Secretaría en primer lugar debería fortalecer a estas 5 unidades, puesto que tras una visita a estas oficinas la concejal pudo verificar que necesitan mayor apoyo de parte de la administración pues no cuentan con las condiciones locativas adecuadas, no han tenido mantenimiento de su planta física, no tienen vehículos y no cuentan con insumos de papelería.
Por su parte, el concejal Luis Cassiani (Cambio Radical) solicitó a la Oficina de Inspección y Vigilancia rendir un informe sobre las gestiones que han realizado en años anteriores para evitar que la situación se agravara. Además comentó que la Procuraduría debe hacer un acompañamiento constante a esta problemática.
El concejal Rodrigo Reyes (Conservador) hizo referencia a una declaración del secretario de educación donde afirmo que algunos funcionarios de su dependencia habían recibido amenazas por parte de directivos de las instituciones cuestionadas, que aseguraron tener jefes políticos que impedirán la clausura; ante esto, Reyes solicita al secretario realizar las denuncias respectivas.
A manera de conclusión, la concejal Duvinia Torres (La U) aclaró a las instituciones señaladas que ningún plantel educativo se cerrará de manera arbitraria, pues el propósito de la Secretaría es realizar un acompañamiento para que todas las instituciones logren cumplir los requisitos legales.
Torres también solicitó que se realice una mesa de trabajo con las curadurías, la administración distrital y las instituciones educativas, para facilitar la interlocución entre las partes y dar soluciones más efectivas.
Por su parte, el concejal Rafael Meza (Conservador) manifestó su preocupación al Secretario por un documento enviado por el rector del colegio La Salle donde anuncia que para el próximo año no abrirá matrícula para los jóvenes que estudian en ese colegio; y solicita al funcionario analizar el tema.
De esta manera se dio por terminado el debate de control político programado; posteriormente el Presidente decretó un receso que duró 36 minutos.
Al retomar la sesión, no se contaba con quórum motivo por el cual se levantó la sesión y se convocó para el sábado, 14 de octubre, a partir de las 8:30 a.m., en las instalaciones de la Corporación.
Ver sesión aquí: https://www.youtube.com/watch?v=FRZKTTPR0Sg
Escrito por Diana Infante Del Rio, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
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