Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena, 6 de junio de 2017.
Hora de inicio: 9:03 a.m.
Hora de finalización: 10:06 a.m.
Iniciado el orden del día, el secretario general dio lectura a la Resolución No.064 del 5 de junio de 2017, por medio de la cual se suple una vacancia absoluta para el periodo constitucional 2016 -2019 en el Concejo Distrital de Cartagena de Indias y se dictan otras disposiciones.
Quien entraría a ocupar la curul del ex concejal Ronald Fortich, sería Judith Díaz Agámez, segunda candidata con mayor número de votos en la lista del Movimiento Cartagena Con Firmas.
Habiéndose leído la resolución se le dio paso a la posesión de Díaz, como nueva concejal del Distrito.
Posteriormente se le dio lectura a dos documentos:
1. El título de un proyecto de acuerdo por medio del cual se dictan las normas necesarias para reglamentar la estancia de caninos o felinos domésticos o mascotas en zonas de recreo en el Distrito de Cartagena de Indias.
2. Copia de un oficio remitido por parte de los inspectores de policía de la ciudad a la Presidencia de la República, Ministerio del Interior y órganos de control, mediante el cual manifiestan que luego de que a través del Código de Policía se les otorgaron unas nuevas funciones de control urbano, la carga laboral ha incrementado toda vez que desde la Secretaría de Planeación, Alcaldías Locales, IPCC, Oficina de Control Urbano, y otras dependencias del gobierno local se les remiten quejas e informes relacionadas con las construcciones, y estas instancias no cuentan con las herramientas materiales ni presupuestarias para ejercer estas funciones adecuadamente.
En el escrito los inspectores aseguran que entienden “el desespero por hacer quedar bien a la Administración tapando la omisión que en muchos casos se ha incurrido y por ello, dejando en la figura del Inspector de Policía, toda la responsabilidad de las fallas de la Administración”, tal como ocurrió con el inspector Alfonso Ramos De León.
Otra de las quejas realizadas tuvo que ver con que “el alcalde Manuel Vicente Duque Vásquez, omitió dejar una partida en el presupuesto para dotar a todas las inspecciones de los elementos más simples y necesarios como computadores, internet, y mobiliario decente en el cual puedan ejercer sus funciones”.
Los funcionarios aseguran que han requerido recurso humano especializado, como arquitectos e ingenieros, un vehículo para hacer las distintas visitas a las construcciones, equipos de grabación para implementar el sistema oral, pero que ninguna de sus solicitudes ha sido atendida. Por lo anterior piden el apoyo de los estamentos oficiados ya que dicen encontrarse “indefensos y huérfanos ante las políticas de la Administración”.
Al respecto, el concejal Rafael Meza (Conservador) presentó una proposición para citar al Secretario del Interior, Secretario de Hacienda, Apoyo Logístico, oficina de Talento Humano, para que expliquen cuándo prevén dotar a las inspecciones de las herramientas que requieren para cumplir con las nuevas funciones que les otorga el Nuevo Código del Policía o Ley 1801 de 2016.
No obstante, para los concejales Américo Mendoza (ASI) y Cesar Pión (La U) los inspectores quieren evadir su responsabilidad y culpar al alcalde por lo ocurrido en Blas de Lezo.
Según Mendoza, el reclamo respecto a la partida que no se les asignó en el presupuesto no es justificable ahora puesto que ellos pudieron haber participado en las audiencias y hacer el requerimiento. Agregó que respalda el debate que propone su colega, pero que en el mismo se debe evaluar la idoneidad y transparencia de los inspectores.
Pión, por su parte, rechazó los señalamientos que realizaron los inspectores insinuando la responsabilidad del alcalde en lo ocurrido en Blas de Lezo. El cabildante asegura que existen funciones que no requieren herramientas para cumplirse, y que para nadie es un secreto que algunos de estos funcionarios tienen prácticas corruptas.
El vocero de La U concluyó indicando que no se pueden permitir los ataques que desde el orden nacional se han emprendido en contra de la clase política local, con el propósito de centralizar los proyectos que vienen para la ciudad; y solicitándole a los inspectores que remitan las copias de los requerimientos que hayan realizado, a fin de corroborar que estos han adelantando la gestión para la obtención de los recursos.
El concejal Javier Curi (Liberal) también se pronunció sobre el particular, recordando que la ley 489 de 1998, en su artículo 20, se refiere a la facultad de los concejos municipales y distritales, para la conformación de los comités administrativos, y les da potestad para hacerle seguimiento periódico a las medidas de desarrollo administrativo. Lo anterior, para señalar que la Administración está ávida de una reestructuración, que reduzca las complejidades de la arquitectura institucional, evitando que sobre pequeñas instancias como las inspecciones de policía recaiga toda la responsabilidad de un importante renglón de la función pública, como lo es el control urbano.
En ese sentido anunció que su bancada presentará mañana una proposición para solicitarle apoyo al Departamento Administrativo de la Función Pública, en el proceso que debe iniciar el Distrito.
Cuando el concejal se disponía a dar lectura a una proposición, fue interrumpido por una protesta de trabajadores que ingresó a la Corporación, y que pese a que la mesa directiva les anunció que se les otorgaría el uso de la palabra al finalizar el orden del día, continuaron con las arengas, por lo que se levantó la sesión, y se convocó para el miércoles 7 de junio, a partir de las 8:30 a.m., en las instalaciones de la Corporación.
Ver sesión aquí: https://www.youtube.com/
Escrito por Alejandra López, coordinadora del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
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