Transcaribe advierte que desconoce en qué se invirtieron recursos para chatarrización en 2018

Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena de Indias, 12 de julio de 2022

Hora de inicio: 9:02 a.m.
Hora de finalización: 1:38 p.m. 

Para esta sesión del Concejo de Cartagena, estaba programado el debate de control político por la sustitución de la ruta 36 de buses públicos (Simón Bolívar – San Fernando – Av. Pedro de Heredia – Centro y viceversa), también conocido como Microbús, por una ruta de Transcaribe. Fueron citados el DATT, Espacio Público y Transcaribe. 

Iniciado el orden del día, el concejal citante César Pión (La U) mencionó que la entrada en funcionamiento de Transcaribe se diseñó sin tener en cuanta factores como las rutas de buses ya existentes, estado de las vías y puentes en la ciudad, por lo que este debate es importante para conocer las afectaciones provocadas.

Inicialmente, Camilo Blanco, Gerente de Espacio Público, detalló que esta dependencia es la autoridad única de transporte masivo, ejerciendo funciones de vigilancia, control, planificación, entre otras correspondientes al SITM. Destacó que se cuenta con proyectos como el Plan Maestro de Movilidad y la ciclovía de la transversal 54, los cuales no pudieron comenzar por reducción en el presupuesto, sin embargo, se buscan alternativas que permitan desarrollarlos.

Sobre el tema del debate, aclaró que la Gerencia no participa en el procedimiento para establecer requisitos para solicitar la salida de circulación de una ruta del Transporte Público Colectivo (TPC) con ocasión de la entrada en operación del SITM, tampoco participa en el procedimiento para revocar la habilitación de las rutas e hizo saber que Transcaribe no solicita la salida de una ruta del TPC sino un comité del Fondo Unificado de Desintegración y Operadores (FUDO).

También expresó que no participa en el procedimiento para la salida de circulación de una ruta del TPC con ocasión en la entrada en circulación del SITM y que el FUDO no posee recursos suficientes para proceder con la desintegración de nuevas rutas. Agregó que en el 2018 Transcaribe pidió la salida de la ruta 36 y no han recibido quejas por la prestación del servicio de la ruta de Transcaribe que sustituyó la del TPC.

Por su parte, el Gerente (e) de Transcaribe, Mauricio Hernández Delgado, explicó que para cancelar las rutas del TPC, debe revocarse el Decreto que el Distrito expidió dando permiso para su circulación y que Transcaribe no puede solicitar la salida de circulación de las rutas del TPC. Indicó que en noviembre de 2017 se solicitó al Alcalde impartir al DATT la cancelación de la ruta 36, por lo que éste procedió a censar los buses de la ruta, identificando a 34.

Seguido, en el comité FUDO quedó registrado el censo de los 34 vehículos valorizándolos por un total de $3.140 millones. De estos, 4 vehículos ya habían sido vinculados al proceso de compensación con Sotramac, por lo que se sacó del censo quedando 30 vehículos valorizados en $2.944 millones, en esta nueva lista, 16 vehículos fueron encontrados no aptos, quedando 11 vehículos. 

Hernández detalló que la chatarrización en el 2018 no se pudo realizar debido a unas medidas cautelares interpuestas por los representantes de la ruta 36 y que no se conoce en qué se gastó el dinero para dicha chatarrización, ya que los recursos por $1.831 millones para la actividad, fueron solicitados por la fiducia en el 2019 sin detallar en que serían gastados. El total del fondo de desintegración era por $24.241 millones

Agregó que el FUDO no tiene recursos y que se solicitará nuevamente al Concejo los recursos para continuar con la chatarrización.

El Director del DATT, Janer Galván, explicó que esta dependencia no tiene competencias para habilitar o revocar rutas de transporte y que esta facultad está en cabeza del Alcalde Mayor. Aclaró que el Decreto 855 de 2015 revocó los Decretos que permitían la circulación de las rutas de transporte a Coointracar, especialmente la ruta 36 debido a la condición suspensiva de la entrada en operación de Transcaribe. 

A pesar de que la empresa Coointracar presentara recursos de reposición, el decreto del 2015 fue confirmado por el decreto 0100 de 2016 por lo que, por instrucción de la Alcaldía, el DATT en enero de 2018 comunicó a la empresa transportadora que la ruta 36 no podía circular, dejando claro que el DATT nunca surtió algún trámite para la cancelación de dicha ruta. A pesar de esto, la ruta 36 siguió en circulación por disposición de la Alcaldía hasta enero de 2022 mientras Transcaribe garantizara la prestación del servicio.

Seguido, el concejal César Pión (La U) expresó su preocupación porque el DATT toma funciones que no le corresponden en la ordenación de cancelación de rutas y también sobre el desconocimiento de en qué se ejecutaron los recursos que eran para chatarrización. De igual forma cuestionó que Espacio Público no tenga lugar dentro del FUDO para poder ejercer control. 

Por otro lado, mostró una tarjeta de funcionamiento de una buseta de la ruta microbús para junio del año 2022, lo cual demostraría que sí están en funcionamiento a pesar de estar suspendida su circulación desde enero del presente año.

A continuación, se declaró sesión informal para escuchar a los ciudadanos:

  • Marlon Solís, Gerente de Coointracar informó que se tomarán las acciones necesarias para cobrar los perjuicios que ha provocado la Alcaldía y agregó que, a pesar de que el Gobierno Nacional extendiera 4 años más la vida útil de los vehículos de transporte público, el gerente del DATT mediante Resolución dejó fuera de servicio a los buses de la ruta 36. Agregó que en el comité del FUDO, Transcaribe debía expresar si tenía los buses para cubrir la ruta 36 y los recursos para chatarrización, sin embargo, no se hizo.
  • Marlon Solís también expresó que los funcionarios no tienen conocimiento de la normatividad para la salida de circulación de rutas de TPC y la entrada de Transcaribe. Recalcó que solo es el Alcalde mayor quien puede tomar la decisión de sacar las rutas de circulación, no el DATT.
  • Por su parte, los ciudadanos Carlos Acevedo, Amira Rodríguez, Abel Arráez y Yaneth García expresaron su inconformismo con el servicio de Transcaribe, pues no garantiza su uso en horas tempranas del día, cómo sí hacía la microbús. A su vez, el servicio es exclusivo con la población más empobrecida de Cartagena, teniendo en cuenta el alto valor de su pasaje.

El concejal Luis Cassiani (Cambio Radical) resaltó que Transcaribe beneficia económicamente a un sector de la ciudad y perjudica a la clase más baja, y que no tienen en cuenta las necesidades de movilidad en zonas donde Transcaribe no tiene acceso. Destacó falencias en la chatarrización, manejo jurídico y falta de vías, por lo que es necesario convocar una mesa de trabajo. 

Las concejales Claudia Arboleda (MIRA) y Kattya Mendoza (Liberal) hicieron un llamado a encontrar una solución definitiva para las personas que se han visto afectadas por la salida de circulación de la ruta 36. Mendoza enfatizó en la demora de hasta 45 minutos entre buses de la misma ruta en Transcaribe. El concejal Javier Julio (Coalición Alternativa) explicó que la salida de la ruta afecta la economía de la ciudad, pues las demandas económicas por el mal manejo de la chatarrización pueden ser muy elevadas. 

El concejal Óscar Marín (Conservador) hizo alusión al deterioro de las vías por el contante paso de los buses de Transcaribe, los cuales también genera vibraciones en las casas cercanas, lo que podría provocar fallas en la infraestructura. El concejal César Pión(La U) señaló que la mesa de trabajo debe venir de parte de la Administración para demostrar compromiso real con el problema y agregó que debería revertirse la decisión de la ruta 36.

El concejal Sergio Mendoza (Alianza Verde) agregó que la Administración debe revisar las acciones que ha tomado frente a la ruta 36. Destacó que Transcaribe tiene un problema de cobertura el cual afecta la clase trabajadora de Cartagena. Expresó que acompañará la mesa de trabajo para solucionar temas de cobertura, microbuses y motocicletas.

La delegada de la personería, Rita López, explicó que en la Administración de Pedrito Pereira hubo reuniones para buscar la posibilidad de que esta ruta no saliera de circulación y se había llegado a un acuerdo de no sacar a los buses de la ruta 36 durante su administración. Se debe buscar la forma de llegar a una conciliación. 

Sobre la tarjeta de circulación mencionada por el concejal Pión, el Director del DATT Galván, explicó que se debió a un error y no corresponde a la ruta 36 sino 37. También aclaró que en el Decreto 0855 del año 2015 prohíbe la circulación de buses correspondientes a la ruta 36 por parte de la Alcaldía y no es el DATT quien lo expidió. 

El concejal César Pión (La U) explicó que las condiciones no están dadas para que se aplique el Decreto 0855 del año 2015. Seguido, mediante sesión informal, el ciudadano Marlon Solís declaró que Transcaribe no realizó el comité para declarar que el SITM ya estaba listo para transitar reemplazando la ruta 36, además de tener los recursos para chatarrización.

Continuando con el orden del día, por solicitud de la concejal Gloria Estrada (Liberal) se llevó a cabo una sesión informal en la que se escuchó a los ciudadanos Luis Beleño, Milena Atencio, Lilian Carrington y Alexander Julio, quienes manifestaron haber sido contratistas del anterior contrato del Plan de Alimentación Escolar (PAE) y se les adeuda 3 meses de sueldo por parte de distintos operadores, tanto para manejadoras de alimentos como a transportadores.

A lo anterior, los concejales Gloria Estrada (Liberal) y Óscar Marín (Conservador) expresaron su descontento con el no pago a los contratistas, a su vez, explicaron que recién empieza la ejecución del nuevo contrato del PAE y ya se reportan irregularidades. El concejal Luis Cassiani (Cambio Radical) enfatizó en la necesidad de hacer un debate de control político sobre el tema invitando al anterior interventor.

El concejal David Caballero (Conservador) sugirió que en el próximo contrato del PAE se garantice unas pólizas que ampare a los subcontratistas, como los que hoy se presentaron. El concejal César Pión (La U) agregó que se necesita mayores denuncias ciudadanas con respecto a las irregularidades del PAE, por lo que invitó a la ciudadanía a hacerlo. 

El concejal Hernando Piña (Liberal) criticó que ante las irregularidades en la ciudad por el PAE los organismos de control no se pronuncian. El concejal Javier Julio (Coalición Alternativa) apoyó la realización de un nuevo debate de control político y recordó que el Concejo ha recomendado contratar este programa por licitación pública y no por Bolsa Mercantil.

Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el miércoles 13 de julio de 2022; a las 8:30 a.m.

Audiencia pública

Seguido, se llevó a cabo en Comisión Primera la audiencia pública del Proyectos de Acuerdo 133 “Mediante el cual se establece un marco compilatorio distrital en materia de espacio público en la ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C.”

Para esta sesión, se inscribió un ciudadano y por parte de la Administración se invitó a la Oficina Jurídica y Gerencia de espacio público. Sin embargo, no hicieron presencia. Por lo anterior, el concejal César Pión (La U) ponente de la iniciativa, retiró el Proyecto de Acuerdo debido a que no hay interés por parte de la administración y ciudadanía en participar en la audiencia publica y por ende en acompañarlo para su aprobación.

Por parte de la Comisión tercera, se dieron los siguiente Proyectos de Acuerdo:

  • Proyecto de Acuerdo 136 “Por medio del cual se reglamenta en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias la Ley 2214 de junio de 2022 que promueve la vinculación y contratación de jóvenes entre 18 y 28 años. empleo juvenil”

Por parte de la ciudadanía, Haroldo Rodríguez de la fundación “Verde que te quiero verde”, propuso que se apueste a la empresarialidad en Cartagena tomando como ejemplo crear áreas logísticas para el control de los mangles y en esto contratar a jardineros que también puedan apoyar en otras zonas de la ciudad. 

Por parte de la Administración, se invitó a la Oficina Jurídica, Apoyo Logístico, Talento Humano y Secretaría General, sin embargo, no hicieron presencia y solo envío excusa la Oficina Jurídica y Apoyo Logístico. 

El concejal Javier Julio (Coalición Alternativa) explicó que este proyecto adopta a Cartagena la Ley sobre el empleo joven y no puede salirse de esos parámetros.

  • Proyecto de Acuerdo 135 «Por medio del cual, se adoptan las políticas para la promoción, implementación y utilización de fuentes no convencionales de energía renovable en el Distrito de Cartagena”

Este proyecto no tuvo participación de la ciudadanía. Por parte de la Administración, se había invitado a EPA, Secretaría de Hacienda, Secretaría General, Oficina Jurídica y Apoyo Logístico, sin embargo, no hicieron presencia.

Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.

Plenaria:

1050 700 Funcicar
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