Bitácora del Concejo Distrital, 02 de noviembre de 2017.
Hora de inicio: 8:14 a.m.
Hora de finalización: 11:40 a.m.
Una vez iniciado el orden del día, la plenaria se declaró en sesión informal a petición del concejal César Pión (La U) para escuchar a Milena Agudelo, atleta de alto rendimiento y practicante de salto con garrocha, que aceptó ser parte del equipo de Bolívar a pesar de no ser nativa del departamento.
Agudelo explicó que en meses anteriores, el alcalde Manuel Duque y el gobernador, Dumek Turbay realizaron un pacto verbal en el cual se definió que una parte de los deportistas y entrenadores serían apadrinados por el IDER, y otra parte por IDERBOL, creando una alianza para garantizar a los deportistas las condiciones necesarias para su preparación y participación en los Juegos Nacionales; sin embargo, hasta el momento no han recibido la implementación requerida.
La atleta manifestó que a 163 deportistas y 20 entrenadores se les adeuda el sueldo de 5 meses, y que además han tenido inconvenientes con el actual director del IDER puesto que no existe un documento firmado que formalice el compromiso realizado por Duque y Turbay. Ante esta situación, Agudelo solicitó al Concejo realizar una adición presupuestal para que la Administración pueda cubrir todo lo relacionado con la preparación de los deportistas.
Una vez retomada la sesión formal, el concejal César Pión (La U) resaltó que estos son deportistas que vienen de otros lugares del país y actualmente su estadía corre por cuenta de ellos mismos. Además, expresó que aunque no exista un documento formal la Administración debe cumplir su compromiso y brindarles a estos deportistas las herramientas necesarias para que logren darle al departamento los resultados esperados.
Por otra parte, el concejal William Pérez (La U) solicitó a la Mesa Directiva programar lo más pronto posible el debate sobre la situación de las cárceles de la ciudad, puesto que el mismo estaba proyectado para días pasados y fue aplazado. Para el cabildante es importante plantear soluciones para los diversos problemas de los centros penitenciarios de la ciudad.
En el mismo sentido, el concejal Lewis Montero (Opción ciudadana) manifestó que para abordar el tema de cárceles sería pertinente realizar una audiencia pública por fuera de las instalaciones de la Corporación para facilitar la participación de las comunidades de los barrios aledaños a dichas cárceles.
Por otro lado, el concejal Erich Piña (Liberal) anunció que en los próximos días presentará una proposición para que el director de Transcaribe aclare a la Corporación la situación de los buses que se encuentran en la ciudad de Pereira, ya que en las últimas semanas ha habido mucha expectativa al respecto pues la prensa local ha dado fechas tentativas de la llegada de dichos buses.
Sin embargo, el concejal Piña dio a conocer que los articulados que se encuentran en Pereira no serán enviados a la ciudad hasta que los tres operadores de Transcaribe terminen de pagar la flota que ya se encuentra circulando en Cartagena. Ante las diversas versiones, el cabildante considera importante que la Administración explique cuál es la situación real de los buses en cuestión.
El concejal Lewis Montero (Opción Ciudadana) señaló que también debe analizarse la situación jurídica de Patio Portal ya que no hay claridad al respecto, teniendo en cuenta que no es de conocimiento público si las instalaciones del portal son administradas por particulares o por el Distrito.
Al respecto, la concejal Judith Díaz (Cartagena Con Firmas) afirmó que en el debate con Transcaribe que se realizó hace algunas semanas hubo muchas imprecisiones de parte del director de la entidad en cuanto a los buses que se encuentran en Pereira, y sugirió que en un próximo debate se exijan respuestas más concretas en lo relacionado a fechas y compromisos puntuales.
De la misma manera, el concejal Vicente Blel (Cambio Radical) resaltó que actualmente Transcaribe no tiene recursos para continuar la chatarrización, y además recordó que por la operación de vehículos, Cartagena Complementaria S.A.S le cobra a la ciudad más de 500 millones de pesos a pesar de que la flota aún no está completa, por lo que el retraso en la entrega de los articulados que están en Pereira, es perjudicial para las arcas distritales.
Por su lado, Javier Curi (Liberal) dio a conocer que hay un presunto incumplimiento del contrato de vigilancia suscrito por Patio Portal y expresó que la Corporación debe continuar insistiendo a los directivos de Transcaribe que aclaren la situación del sistema.
Por último, Duvinia Torres (La U) propuso formular una agenda de seguimiento frecuente para que Transcaribe presente informes a la Corporación, y que así mismo se haga con las entidades y concesiones que sea necesario.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el día viernes 03 de noviembre a partir de las 7:30 a.m., en las instalaciones de la Corporación.
AUDIENCIA PÚBLICA
Proyecto de acuerdo No. 077 “Por el cual se aprueba el presupuesto de rentas, recursos de capital y recursos de fondos especiales, apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda y plan de inversiones del distrito de Cartagena para la vigencia fiscal 2018”. Con participación de sectores gremiales, económicos, académicos y culturales.
Esta audiencia contó con la participación de ciudadanos del sector cultural y gremial. En representación del sector cultural inicialmente se presentaron Luis Alberto Salazar y Álvaro Bula.
El señor Luis Alberto Salazar, manifestó que la Administración tiene una deuda histórica con el sector cultural y en ese sentido, solicitó al Concejo realizar una nivelación presupuestal para que los recursos sean distribuidos entre todos los sectores de la manera más equitativa posible. Salazar planteó algunas inquietudes sobre el presupuesto destinado al IPCC, especialmente en cuanto a los gastos de funcionamiento, por lo que pidió se revisen los recursos destinados a esta entidad.
Por otro lado, el ciudadano explicó que existen unos recursos de la estampilla pro-cultura que deben ser destinados a la seguridad social de los gestores culturales pero que debido a procedimientos de orden nacional aún no han podido ser utilizados; frente a esto Salazar propone que con estos recursos se concerte un convenio interadministrativo con Corvivienda para que los actores culturales de la ciudad puedan acceder a proyectos de vivienda de interés social.
Más adelante, intervino el señor Álvaro Bula, representante de los indígenas de la ciudad, quien solicitó al Concejo encargarse de que se destinen recursos a la cultura de las comunidades indígenas, pues esta identidad se está perdiendo y debe ser fortalecida.
Posteriormente y en representación de los gremios acudió Patricia Galindo, directora ejecutiva del Consejo Gremial de Bolívar quien inició resaltando la pertinencia de destinar recursos al fortalecimiento de entidades como la Secretaría de Planeación y Control Urbano puesto que son acciones necesarias para combatir el fenómeno de construcciones ilegales en la ciudad.
Galindo también se pronunció en torno a la importancia de llevar a cabo proyectos como el de protección costera, y de igual forma aplaudió la relevancia de las inversiones que se prevén para el sector turístico de la ciudad. Por último llamó la atención sobre los altos rubros que se destinan a la Secretaría General.
Por el sector cultural también se presentaron Nidia Romero, Fanny Zúñiga, Rafael Barco, Luis Galindo, y William Hurtado quienes solicitaron más apoyo a los gestores culturales y fortalecimiento al IPCC al ser la entidad encargada de hacer inversiones en centros culturales, proyectos y espacios culturales; además resaltaron que la Administración no ha acogido las sugerencias realizadas por este sector a través de los años.
En la audiencia también participó Marcela Nossa, quien manifestó sus preocupaciones frente al Fondo Mixto de Cultura que fue creado por ley pero hasta el momento no ha recibido ningún tipo de apoyo financiero. Nossa también cuestionó el uso que se le ha dado a los recursos de la estampilla pro-cultura, pues no se han visto reflejados en la comunidad.
Una vez finalizaron las intervenciones de los ciudadanos, el concejal César Pión (La U) aclaró a los presentes que el presupuesto proyectado para el IPCC es de 7 mil millones de pesos para inversión y 5 mil millones para gastos de funcionamiento. Y resaltó que la competencia del Concejo es sugerir cambios al presupuesto pero no pueden modificarlo.
Sin embargo, Pión expresó que en uso de las facultades de control político de la Corporación si es posible realizar un debate para conocer y vigilar el destino de los recursos obtenidos por la estampilla pro-cultura, y exigir explicaciones acerca de por qué no se han utilizado para la seguridad social de los gestores.
Por su parte, el concejal Rodrigo Reyes (Conservador) planteó sus inquietudes frente a la diferencia entre los presupuestos aprobados por el Concejo para 2017 y el presupuesto que verdaderamente obtuvieron, para ejemplificar indicó que para la vigencia actual la Corporación destinó 3 mil millones de pesos al IPCC, sin embargo el total real según el informe presentado por la Administración fue de 4 mil millones de pesos. Reyes manifestó que cada dependencia debe explicar en qué utilizó esos excedentes, ya que considera que son recursos que pudieron ser invertidos para cubrir algunas de las problemáticas hoy mencionadas.
Más adelante, el concejal Américo Mendoza (ASI) señaló que frente a la situación presentada debe analizarse la opción de redireccionar algunos recursos si es necesario; y sugirió promover la creación de emprendimientos culturales, para que de esta manera los gestores logren auto sostenibilidad económica.
Ver sesión aquí: https://www.youtube.com/watch?v=1ffO8d3kZg8
Escrito por Diana Infante Del Rio, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
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