Bitácora de la Asamblea Departamental de Bolívar, 29 de noviembre de 2017
Hora de inicio: 9:31 a.m.
Hora de finalización: 02:05 p.m.
La Asamblea Departamental llevó a cabo un debate de control político sobre el estado del Hospital Universitario del Caribe (HUC) tras un año de haber sido intervenido por la Superintendencia de Salud. El debate contó con la presencia del gerente interventor del Hospital, el señor Fernando Trillos y su equipo de trabajo; también asistieron delegados de la Procuraduría y la Contraloría.
A continuación, la Secretaría General dio lectura a las siguientes comunicaciones:
- Comunicaciones enviadas por los diputados Jorge Redondo (Cambio Radical) y Manuel Berrio (Cambio Radical) en las cuales presentan excusas por no asistir a la sesión de hoy por motivos de fuerza mayor.
- Carta de la Confederación Nacional de Asambleas solicitando apoyo económico para cubrir el déficit, que impide la gestión adelantada por esta entidad.
La introducción del debate estuvo a cargo del diputado citante Miguel Cueter (Conservador) quien realizó un resumen del proceso de intervención liderado por la Superintendencia al HUC; además aclaró que el objetivo de la citación es conocer la realidad del hospital al cumplirse un año de la intervención, con el fin de informar a la ciudadanía.
Posteriormente, el diputado Elkin Benavides (Liberal) solicitó al gerente interventor información más precisa sobre los servicios que se encuentran tercerizados o subcontratados en el hospital, y también sobre el estado de la cartera en la entidad.
Más adelante, tomó la palabra el gerente interventor del Hospital Universitario, el señor Fernando Trillos; también contó con el apoyo de Hugo Vásquez, Subgerente Administrativo, en su intervención detalló lo siguiente:
- El Agente Interventor es un auxiliar de la justicia con independencia y autonomía administrativa.
- La mayoría de servicios que actualmente presta el Hospital se encuentran tercerizados; la Unidad de Cuidados Intensivos es el único servicio que no se encuentra bajo esta modalidad, por lo cual la rentabilidad de la misma ha ascendido al 40%.
- La demanda de servicios está desbordando la capacidad instalada, pues ha incrementado en un 186%.
- El HUC atiende a pacientes aislados, es decir, a aquellas personas que no están afiliados a EPS o ningún tipo de protección social.
- Al iniciar la intervención se puso en marcha un plan de ahorro en materia de compras de medicamentos e insumos, lo cual ha permitido controlar gastos a pesar del aumento en la atención prestada.
- Actualmente el hospital no tiene saldos pendientes en relación a la nómina de trabajadores.
- Unión Temporal OIC del Caribe, Laboratorio Clínico Santa Lucía, Jomedical SAS y Promedical del Caribe SAS, son los cuatro operadores que prestan servicios en el HUC.
- Actualmente, el personal del Hospital está contratado mediante órdenes de prestación de servicios.
- Se necesita disminuir la tercerización de servicios y mejorar su operación para lograr cubrir los gastos generados.
- En cuanto a gestión judicial, el Hospital ha dado respuesta a todas las demandas entabladas contra la entidad, también ha logrado conciliaciones en procesos laborales, y se pretende recuperar cerca $ 818´626.740 por concepto de embargos.
- En cuanto al tema financiero, destacó que la conciliación de la cartera ha sido difícil, puesto que las EPS que adeudan al Hospital no han saldado la totalidad de la deuda. Sin embargo, se ha logrado recuperar $45.863 millones de pesos.
- A corte de 15 de noviembre de 2017, la cartera del Hospital asciende a $145.713´380.278.
El diputado Víctor Mendoza (Cambio Radical) expresó que el sistema contable del Hospital no permitía ver la totalidad de la realidad financiera de la entidad; por esa razón, solicitó a la Contraloría hacer presencia permanente en el HUC. Además, manifestó que la tercerización hace posible que los operadores privados se ganen la mayoría de las utilidades, conllevando a un detrimento patrimonial en la salud de los bolivarenses.
Por otra parte, el diputado Miguel Cueter (Conservador) afirmó que se evidencia una mejora en los indicadores de atención y administración; mientras que los indicadores financieros y contables presentan deterioros, y considera que de no mejorar los indicadores en seis meses, debería analizarse la opción de liquidar el hospital.
Cueter enfatizó en que de desbordarse los indicadores financieros será el departamento de Bolívar quien deberá asumir los costos. Además, recordó que el déficit de la entidad ronda los $17.000 millones.
Luego, el diputado Frank Ricaurte (La U) manifestó su preocupación ante la posibilidad de que las comunidades del departamento se queden sin los servicios que está prestando el HUC, por lo que sugiere al gerente democratizar las acciones encaminadas a solucionar la situación del Hospital.
El diputado también se refirió al comodato entre la Universidad de Cartagena y el HUC, el cual estuvo en proceso de cancelación, puesto que la Universidad no está dispuesta a perder el inmueble donde opera el Hospital, en el caso de una posible liquidación.
Para el diputado Elkin Benavides (Liberal) los problemas que causaron en un primer momento la intervención por parte de la Superintendencia no han mejorado, teniendo en cuenta que uno de los pilares de la intervención fue la tercerización de los servicios, situación que continúa.
Benavides también hizo mención de un contrato por valor de 80 millones de pesos suscrito con la firma Noriega y asociados, y destacó que no se han entablado acciones legales contra las EPS que aun presentan deudas con el Hospital, con el fin de recuperar parte de la cartera morosa.
Ante las inquietudes planteadas por los diputados, Trillos aseguró que con los 45 mil millones recuperados se mejorará el recaudo y se pagará a los operadores del Hospital. En cuanto al comodato con la Universidad de Cartagena, el gerente aclaró que dicho contrato fue suscrito hasta el 2021. También anunció que próximamente se entablaran acciones legales contra la EPS Salud Vida.
Posteriormente, la señora Diana Rodríguez, abogada del equipo interventor, explicó a la plenaria la condición de los pacientes no vinculados; Rodríguez señaló que estos pacientes no cuentan con EPS, y tampoco tienen la capacidad económica para asumir los costos del servicio de salud; por lo cual se hace un acuerdo de pago conocido como cobro coactivo. Concluyó indicando que la sumatoria total de estas cuentas por cobrar asciende a $350 millones de pesos.
En materia de contratos con operadores privados, Fernando Trillos expresó que el único contrato que venció y fue renovado fue el suscrito con el laboratorio Santa Lucía. El gerente también explicó que actualmente el Hospital no se encuentra en capacidad de suscribir contratos de larga duración puesto que la entidad no ofrece seguridad comercial a largo plazo.
Además, precisó que la Superintendencia de Salud no tiene en sus planes la liquidación del hospital, y destacó que la política de intervención de la Superintendencia normalmente es de un año, y en la ciudad de Cartagena va para dos años, razón por la cual no es posible dar fechas tentativas para definir la finalización de la intervención.
Ante lo anterior, el diputado Elkin Benavides (Liberal) lamentó que después de un año de intervención, la cartera del hospital correspondiente al año 2016, aún no se haya depurado.
En el mismo sentido, el diputado Víctor Mendoza (Cambio Radical) expresó que el departamento no soportaría un año más de intervención, y sostuvo que el hospital está en medio de una crisis.
Seguidamente, se le dio el uso de la palabra al Secretario de Salud, Luis Padilla, quien expresó que las causales de la intervención se han superado en porcentajes mínimos, por lo que propone la conformación de un equipo de trabajo para sostener reuniones periódicas encaminadas a llevar a buen término el estado del Hospital Universitario; además pidió vincular a los congresistas bolivarenses para el logro de esa meta.
Continuando con el orden del día, el diputado Elkin Benavides (Liberal) solicitó a la Oficina de Riesgos, efectuar una inspección en el municipio de Turbana, donde se están presentando deslizamientos que han afectado a varios ciudadanos del barrio La Victoria.
Agotado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca para el jueves 30 de noviembre a las 4:00 p.m., en la sede ubicada en Manga, 3 avenida # 24-79, Edifico Imán.
Escrito por Diana Infante Del Rio, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
Descarga:
Dejar una Respuesta