Bitácora Concejo de Cartagena 20 de noviembre de 2012

Hora de inicio: 9:11 a.m. Hora de finalización: 1:04 p.m.

  • Espacio Público y Transcaribe exponen sus finanzas internas
  • Concejo pide al Gobierno Nacional que asuma la terminación de la fase 1 de Transcaribe

La sesión se inicia con la intervención de la Vicepresidenta del Concejo Saray Aguas (Partido Verde) quien resalta la presencia de los citados, saludando al gerente de Espacio Público, Adelfo Doria y al gerente de Transcaribe, José López Amarís. El Secretario de Infraestructura Gustavo de León por motivos familiares se excusó de no poder asistir a la sesión.

Seguido el gerente de Espacio Público mostró su ejecución presupuestal a 30 de octubre, señalando que el presupuesto inicial fue de $ 2 522 millones, pero el presupuesto definitivo fue de $ 4 065 millones, en vista que en octubre se hizo una adición presupuestal de $ 1 700 millones para formalización económica de vendedores localizados en el Tramo 5 A de Transcaribe. Indicó que el porcentaje de ejecución del presupuesto inicial fue del 64% y de la adición presupuestal  fue del 68%, aclarando que su dependencia no es una unidad ejecutora, sino un programa de inversión adscrito al despacho de la Alcaldía, por ende no poseen gastos de funcionamiento.

Américo Mendoza (ASI) le preguntó al funcionario sí los recursos para la construcción de todos los parques que había presentado en su exposición estaban asegurados presupuestalmente. En este mismo sentido Antonio Quinto Guerra (Conservador) preguntó porque sólo había una ejecución presupuestal de 0 pesos en amoblamiento urbano teniendo 500 millones. Por su parte Lewis Montero (PIN) expresó su disgusto por el hecho que se estuviese hablando de la construcción de parques, y no se hable de los vendedores informales que no se han podido reubicar o los espacios públicos que todavía estén invadidos.

Ante esto el funcionario aclaró que su dependencia no construye parques, pues esta labor es de la Secretaría de Infraestructura, mencionando que lo que su oficina realiza es una articulación interinstitucional para el mantenimiento de los parques. Por su parte Antonio Quinto Guerra (Conservador) le preguntó al funcionario sí los recursos que propone en su presupuesto para el año 2013, relacionados con la culminación del Tramo 5 A  son o no, lo suficientes. Por su lado Wilson Toncel (Cambio Radical) le insistió al gerente en que se tenía que coordinar con la Policía Metropolitana el mantenimiento permanente de su presencia en los espacios públicos recuperados.

César Pión (la U) señaló que el espacio público es un indicador de la calidad de vida de las personas, recordando como el índice de metros de espacio público por habitante en algunas localidades es muy bajo. Sostuvo que en la ciudad se persigue a las personas pobres que invaden el espacio público, mientras que se permite a los que tienen riqueza ocuparlos, reiterando que los Alcaldes menores deben tener un papel más activo en el control del espacio público.

Alfredo Díaz (PIN) reiteró que la dependencia debe dejar en claro si su función es formular, ejecutar o controlar los temas y obras en el espacio público. Indicó que se tienen que diseñar planes de sostenibilidad en las zonas que han sido intervenidas, y que los recursos para estos planes tienen que proyectarse en el presupuesto. Anotó además que se debe hacer un inventario del espacio público de la ciudad para entregárselo formalmente en custodia a la Policía Metropolitana.

Pastor Jaramillo (Cambio Radical) recordó que en promedio a la ciudad llegaban 15 familias desplazadas diariamente, indicando como muchos pobladores subsisten a través del subempleo, por lo que exigió implementar menos medidas policivas y más políticas de Estado Social de Derecho con estas poblaciones. Así mismo David Múnera (POLO) afirmó que si hay una dependencia con falta de credibilidad y desconfianza entre la población de todos los estratos de la ciudad es la de Espacio Público. Expresó que esta entidad tenía una política “elitista y discriminadora” a la hora de sancionar la ocupación del espacio público.

Por su parte Andrés Betancourt (Conservador) señaló que las medidas coercitivas aplicadas de manera correcta son necesarias, pero aclarando que los más grandes invasores del espacio público no eran los vendedores informales sino las empresas privadas y los comerciantes, por lo que insistió en la necesidad que la dependencia se enfoque en vigilar el espacio público a través del Comité de Seguimiento de Espacio Público, y que se prioricen esfuerzos para terminar Transcaribe.

Más adelante toma la palabra el gerente de Transcaribe quien expone que el presupuesto para la vigencia 2012 fue de $ 59 037 millones, habiendo a la fecha recaudado $ 56 917 lo que equivale a un porcentaje de ejecución del 96%.  Anotó que los gastos de funcionamiento fueron de $ 5 185 con un porcentaje de ejecución del 64%, mientras que los gastos de inversión fueron de $ 53 852 millones con un porcentaje de ejecución del 65 %. Finalizó señalando que el presupuesto proyectado para el 2013 en gastos de funcionamiento es de  $ 9 216 millones  y los gastos de inversión $ 17 575 millones.

David Múnera (POLO) preguntó por qué los gastos de personal pasaron en el 2011 de $3 700 millones al 2012 una cifra de $ 6 600 millones, causados por un rubro denominado   “remuneración de servicios técnicos” por concepto de $ 3700 millones. Así mismo Duvinia Torres (la U) preguntó sí este aumento era para adaptar la entidad transitoriamente hasta que se entregará la concesión del servicio, o era un aumento que se iba a reflejar de ahora en adelante todos los años.

Por su parte Jaime de Ávila (Liberal) recordó como los recursos que estaban destinados al sistema de transporte multimodal de Transcaribe, el cual favorecía a los corregimientos de la zona insular, fue re direccionado para ayudar en el 2010 a los habitantes de San Francisco durante su tragedia. El concejal manifestó su respaldo y solidaridad frente a esta iniciativa, pero expresó su disgusto con la Administración porque pasados tres años el rubro no reasignó en los presupuestos al transporte multimodal.

Américo Mendoza (ASI) preguntó sí dentro de los 14 mil millones propuestos para obras estaban contempladas las del puente de Bazurto y las obras complementarias de la Bomba del Amparo. Antonio Salim Guerra (Cambio Radical)sostuvo que no estaba de acuerdo en aprobarle más recursos a Transcaribe si la situación seguía igual, manifestando que preferiría otorgárselos a la Secretaría de Infraestructura, la cual no estaba sujeta a los procesos de contratación del Banco Mundial.

David Múnera (POLO) afirmó que este proyecto fue una imposición tanto del Gobierno Nacional como del Banco Mundial a un grupo de ciudades en Colombia.  Expresó que no entendía como el Concejo Distrital del momento dio su visto bueno para un proyecto que desde el inicio fue mal planificado y “pésimamente” ejecutado. Por su parte César Pión (la U) señaló que si bien el proyecto tiene problemas, confía en las capacidades de su gerente, además recordó que llevar los recursos para otra dependencia sería empezar de cero. Mientras que Germán Zapata (ASI) recordó como los planos originales fueron cambiados a lo largo de la ejecución del proyecto, por lo que solicita la Administración mostrar cuál será el plano definitivo de lo que quedará construido.

Para finalizar Andrés Betancourt (Conservador) lee una proposición firmada por el Concejo en la que le solicitan al Gobierno Nacional asumir la terminación de las obras de la fase 1º de Transcaribe, en vista de la situación financiera del Distrito, además se invita a una sesión especial a la Ministra del Transporte antes que finalice la discusión final del presupuesto 2013. Ante esto Duvinia Torres (la U) adicionó, solicitar un informe comparado del estado financiero de los otros proyectos ejecutados en el país, para comprobar que lo presupuestado en todas las ciudades fue deficiente desde el punto de vista de los recursos.  La proposición fue aprobaba.

Finalizó la sesión y se convoca para el miércoles 21 de noviembre a las 8:30 a.m. en las instalaciones del Concejo Distrital.

Escrito por Armando Mercado. Asistente de investigación del Observatorio a Corporaciones Públicas.

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