Hora de inicio: 8:35 a.m. Hora de finalización: 11:45 a.m.
- Debate de control político a CORVIVIENDA, Director Amaury Julio. Nueva administración encontró presuntas irregularidades en ésta entidad.
La sesión se inicia cuando el Presidente del Concejo Rafael Meza (Conservador) resalta la presencia de los citados al debate, saludando al Director de CORVIVIENDA Amaury Julio y al Jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía Guillermo Sánchez. El Director de la Escuela de Gobierno y Liderazgo Ramiro Cuadro envió una carta en la que se excusa por no poder asistir y el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena llegó a las 9:10 a.m.
Seguidamente tomó la palabra el Director de CORVIVIENDA quien afirmó que pese a las declaraciones de la prensa “no ha encontrado un nido de ratas en su entidad”, señaló que aunque existen deficiencias e inconvenientes encontró un equipo humano capacitado, aunque reconoció que el ambiente en la entidad es “tenso”. Recordó que el proyecto más importante es Ciudad Bicentenario, del cual se tenían presupuestado entregar 15 mil viviendas pero solo se entregaron 1.000. Indicó que en el Plan de Desarrollo anterior se prometieron 16.500 viviendas y solo se lograron construir 2.400.
Señaló que la anterior dirección de esa entidad dejó perder aproximadamente 1000 subsidios de vivienda por el orden de los 3 mil millones de pesos, por no encontrar el soporte de un volante de consignación solicitado por el Ministerio de Vivienda. Otra irregularidad fue el hallazgo de una Resolución en la que el Distrito asignó subsidios por valor de 11 millones de pesos a 42 familias, cuando el promedio nacional es de 5 millones. Finalizó proponiendo que se desarrollen programas como el Plan Integral para el Desarrollo Urbano -PIDU- que son estrategias creadas por el Gobierno que ofrecen un importante apoyo financiero.
El concejal David Dáger (Liberal) recordó que en su momento se opusieron a la construcción de la Ciudad Bicentenario, puesto que los terrenos no eran los más adecuados, pero la anterior administración aprovechó que el Plan de Desarrollo Nacional permitía hacer modificaciones en los POTs y construyeron. Señaló que las 7 mil nuevas viviendas que están pensando construir no resuelven el problema del déficit de viviendas que alcanza las 60 mil. Indica que se deben pensar alternativas como la reubicación interbarrial, la construcción de complejos multifamiliares y la legalización de títulos de más de 30 mil familias.
Así mismo, Américo Mendoza (ASI) manifestó que una solución ante la escases de tierras es la construcción de bloques residenciales, además para incentivar la construcción de más y mejores viviendas, propuso una colaboración efectiva entre CORVIVINEDA y los constructores privados. Por su parte Alfredo Díaz (PIN) recordó que no se pueden repetir experiencias como Ciudad Bicentenario, donde el valor de las viviendas por unidad “fue muy costoso”, porque no se tuvo en cuenta el valor que traería la instalación de las redes de servicios públicos. Mencionó que el 30% de los barrios de la ciudad están sin legalizar y que las autoridades deben tener más control a la hora de entregar licencias de construcción.
David Múnera (Polo) haciendo una proyección con base en datos de Cartagena Cómo Vamos, estimó que a la fecha, el déficit de viviendas podría estar en 90 mil. Señaló que las casas construidas en el Bicentenario y Colombiaton no pueden ser consideradas como “dignas” por las condiciones de hacinamiento que presentan. Dijo que en la ciudad hay una especulación con el precio de la tierra permitida por las autoridades. Antonio Quinto Guerra (Conservador) manifestó que si en Ciudad Bicentenario se había presupuestado para aproximadamente 15 mil viviendas y sólo se lograron 1000, se tardarían más de 20 años en la entrega total. Le preguntó al funcionario por el estado del proyecto Torres de San Carlos, el cual está pensado como solución de vivienda para los empleados del sector público de la ciudad y el Departamento.
Cesar Pión (la U) haciendo referencia a la normatividad relacionada con el uso del suelo y la construcción de vivienda en Colombia, manifestó que se deben buscar alternativas para obtener los recursos y enfrentar el déficit de viviendas. Además le dijo al funcionario que él como servidor público está obligado a llevar a órganos de control las irregularidades mencionadas durante su intervención. Recordó como en reiteradas ocasiones el Concejo realizó debates de control político a CORVIVIENDA durante la administración pasada, manifestando que sería pertinente conocer el estado de tales denuncias.
Jaime de Ávila (Liberal) expresó al funcionario que la situación de vivienda en la zona insular también es complicada, haciendo referencia al problema de delimitación de propiedades que enfrenta a nativos, Distrito, Armada y varios particulares, manifestándole que es necesario iniciar un proceso de legalización de tierras para las comunidades nativas. Por su parte Germán Zapata (ASI) sostuvo que no solo hay que pensar en la construcción de viviendas, sino en llevar al mismo tiempo redes de servicios públicos, vías de acceso, zonas verdes, parques y seguridad ciudadana para su habitantes.
Andrés Betancourt (Conservador) recordó que el problema del uso del suelo no es sencillo, por eso el país se demoró 19 años en aprobar su Ley de Ordenamiento Territorial. Expresó que no existe en la ciudad una política de estímulos para que los constructores privados inviertan en construcción de viviendas de interés social, indicando que esta es una forma de tratar de reducir el déficit de viviendas, puesto que experiencias exitosas en el país como las de Sergio Fajardo en Medellín y el anterior Gobernador del Meta sólo alcanzaron las 6000 y 4000 viviendas respectivamente, cuando aquí se está proyectando inicialmente 7000.
Pastor Jaramillo (Cambio Radical) afirmó que en la legislación colombiana el derecho a la vivienda no tiene “prioridad fiscal”. Sugirió al funcionario revisar temas como el de la contratación en la entidad, restringir la entrega de los anticipos y condicionarlos, establecer pólizas de la calidad en las obras y reducir los costos para los aspirantes a subsidios de viviendas.
A petición del concejal Antonio Quinto Guerra (Conservador) la plenaria se estableció en sesión informal para escuchar a Jairo Oviedo, contratista que gestionó los 1000 subsidios a finales del 2006 y que según el director de CORVIVIENDA se perdieron. Afirmó que cuando entró la Administración de la anterior Alcaldesa ésta decidió cambiar de contratista, por lo que su constructora para evitar que se perdieran los 1000 subsidios decidió ceder el contrato sin ningún problema, pero por negligencia de la nueva Administración los subsidios se perdieron. Señaló que Mariana Mosquera, antigua directora de CORVIVIENDA “se dejó manipular de tres o cuatro personas que aun continúan en esa entidad”.
Restableciéndose en sesión formal Duvinia Torres (la U) lee una proposición en la que invita a los integrantes de las ternas elegidas para aspirar a las Alcaldías menores para que presenten sus programas en la plenaria. La proposición se aprobó como anexa a una citación ya existente para el jueves 2 de febrero a los ediles, Secretaría del Interior y General. Concluyó el Presidente manifestando que las intervenciones de los demás citados quedaban aplazadas.
Finalizó la sesión y se convoca para el miércoles 1 de febrero a las 8:30 a.m. en las instalaciones del Concejo Distrital.
Escrito por Armando Mercado. Asistente de investigaciones del Observatorio al Concejo y la Asamblea.
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