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Hoy en el Concejo Distrital se llevó a cabo un debate de control político mediante el cual se revisó el modelo de ocupación territorial en los Cerros de Albornoz, y la ausencia y deficiencia en el acceso a servicios públicos que se deriva del mismo.
Para tal fin, fue citada la Secretaria de Planeación, la Gerente de Corvivienda, la Secretaria de Participación y Desarrollo Social, el Secretario de Infraestructura, la Directora del DADIS, la Secretaria de Educación, Secretario General, Secretario del Interior, Director del DATT, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Personero Distrital, Defensora del Pueblo, Representante de Energía Social, Director de Cardique, Representante de la Fundación Mamonal y de la ANDI, Gerente de ACUACAR, Gerente de Electricaribe, Comandante de la Policía Metropolitana, y el Director de la Unidad de Atención a Víctimas, de conformidad a una proposición presentada por el concejal Hernando Trucco(Liberal).
El concejal citante, realizó la introducción al debate, asegurando que Cartagena ha estado de espaldas a lo que sucede en una de las zonas más importantes del país, como es la zona industrial de Mamonal, y a las condiciones de precariedad en las que vive un importante número de Cartageneros, que, producto de la falta de vivienda, recurrieron a ocupar por vías de hecho unos territorios que son propiedad del Grupo Argos.
Trucco manifestó que le preocupa que la Fundación Mamonal y la Andi no hayan mostrado interés en trabajar de la mano del sector público para buscar soluciones a la “bomba de tiempo” en la que se convirtieron estos asentamientos.
Por otro lado, recordó que a través de la Resolución N.99 del 2014, el Presidente del Concejo en ese periodo, concejal Vicente Blel, lo comisionó en compañía del ex concejal Antonio Quinto Guerra, para que revisaran la multiplicidad de problemas de índole social que quejan a este sector, y acompañaran los procesos de dichas comunidades.
A consecuencia de ello, señala, se abre este debate para revisar qué han hecho los gobiernos de turno, desde el inicio de las invasiones hasta la fecha; así como la responsabilidad de empresas como Aguas de Cartagena, para suministrar el mínimo vital de agua en esta zona, y de Electricaribe, para prestar el servicio de energía eléctrica. Sobre esta última, aseguró que por la precariedad del servicio de energía social, recientemente en el sector murió electrocutado un niño al abrir una nevera, y en ese sentido indica que no se puede permitir que se sigan dando estos sucesos, y que se pase por encima de los derechos de los cartageneros.
Por parte de la Administración Distrital, el primero en intervenir fue el jefe de la Oficina Jurídica, Jaime Ramírez Piñerez, quien explicó que los 8 predios que conforman los Cerros de Albornoz son propiedad del Grupo Argos, quienes pretendían entregárselos al Distrito en dación de pago por impuestos, pero al estar esta empresa a paz y salvo con su tributo, se recurrió a la modalidad de donación para gestionar la entrega de los predios.
No obstante, Ramírez indica que la situación alrededor de los Cerros de Albornoz tiene dos aristas, una legal y otra social. En lo referente al aspecto legal, el funcionario señala que se está a la espera de un estudio geológico que debe realizar Argos para establecer las zonas de alto riesgo en este sector, pero que el proceso se encuentra detenido por la gran responsabilidad legal que tendría que asumir el distrito si recibe los predios, dadas las situaciones complejas que se han desencadenado a partir de la invasión.
Según Ramírez, si el distrito procede a hacer inversiones en este sector estaría validando las violaciones a la propiedad privada, y esto, implica unas infracciones a lo contemplado por la Constitución por parte de la Administración.
Sin embargo, manifestó que en la parte social el gobierno va a estar dispuesto a legalizar la propiedad de estos predios para eventualmente intervenirlos.
Por su parte, la Secretaria de Planeación, Dolly González, explicó las restricciones que indica la ley ambiental para el uso del suelo en este sector. Ratificó que esta es un área de reserva, incorporada a los suelos de protección del distrito, y que tanto el POT como la normatividad ambiental prohíben de manera taxativa el uso con fines urbanísticos en esta zona.
Tanto la gerente de Corvivienda, María Elena Vélez, como el Secretario de Infraestructura, Mario Ramos, se basaron en las limitaciones de inversión distrital planteadas por el jurídico y la Secretaria de Planeación, para justificar la falta de proyectos dirigidos a este sector de la ciudad.
Mientras tanto, la Secretaria de Participación y Desarrollo Social, Rocío Castillo, mencionó las actividades que desde los programas que adelanta su cartera, han vinculado a la población asentada en los Cerros de Albornoz. Castillo afirmó que sí hay un compromiso de la Administración por acompañar a esta población.
De la misma forma, la directora del Plan de Emergencia Social, Celia Castillo, se refirió a las acciones de intervención social que han realizado en esta zona, para contribuir a disminuir los problemas de acceso a los servicios públicos, desnutrición, desescolarización, falta de identificación, y brote de vectores que generan problemas de salud pública.
Martha Rodríguez, directora del DADIS, también habló sobre las acciones que han orientado hacia estas comunidades, y destacó que estas no tienen altos brotes de problemas de salud pública.
La Secretaria de Educación, Clara Inés Sagre, por su lado, aseguró que se encuentran estructurando un Plan Maestro de Educación distrital desde donde se proyecta cómo atender en materia de educación a las personas que se están desplazando hacia esta zona de la ciudad.
Posteriormente, La directora del EPA, Diana Rodríguez, ratificó lo afirmado por la Secretaria de Planeación, frente a las características como área de reserva de este sector.
En representación de Andi y Fundación Mamonal participó en la sesión la subgerente regional de la Andi, Erika Martínez, manifestando que para ellos siempre han sido muy importantes las condiciones en las que se encuentran las comunidades aledañas a las empresas que están en la zona industrial de Mamonal, y que en aras de contribuir a la búsqueda de la sostenibilidad ambiental alrededor del crecimiento industrial de la ciudad, la Andi con una firma consultora desarrolló una propuesta que incluye la problemática de los Cerros de Albornoz y Cospique.
Para Martínez, lo primero que se debe garantizar en estas comunidades, además del componente social, es la delimitación territorial; y en ese sentido, explica que la propuesta de la Andi señala lo que debe contener la modificación excepcional del POT, y una revisión ordinaria del mismo.
Según la misma, se debe precisar la delimitación georeferenciada del área de protección, a partir de la cota 25 en el área que conforman las lomas de Albornoz y Cospique, y elaborar una reglamentación para su preservación y protección que incluya la asignación de usos y normativas a los predios que serán desafectados por la cota 25 del cerro, de acuerdo a la actitud de este suelo.
La ejecutiva enfatizó en que se deben definir las áreas habitables para tomar las decisiones con una normativa nueva que permita hacer intervenciones serias.
El representante de ACUACAR, Freddy Angulo, manifestó que la empresa está a la espera de que se resuelva la situación legal de estos predios para presentar una propuesta de suministro de agua.
La Defensora del Pueblo, Irina Junieles, también participó en la sesión, afirmando que las responsabilidades de la Administración deben ir más allá del debate de si el predio es privado o público, y que el Distrito debe asumir decisiones de fondo que le garanticen los derechos a estas personas. Según Junieles, los habitantes de esta zona tienen sus casas construidas sobre un territorio por donde pasan tuberías del agua a presión, lo cual mantiene en un riesgo constante de desastre a esta población.
El gerente de la Unidad de Atención a Víctimas, Arturo Zea, en su intervención ratificó que en esta zona habitan más de 320 familias desplazadas.
El concejal Hernando Trucco (Liberal) volvió a tomar el uso de la palabra para señalar que, si bien la Ley 812 en su Art.99 prohibía la inversión de recursos públicos en invasiones ilegales, a partir de la Sentencia C-1189 del 2008 se declaró la inconstitucionalidad de dicho artículo, con base en diferentes preceptos constitucionales, dentro de los que primó la protección de los derechos de los niños y niñas en Colombia.
En ese sentido el concejal indica que no se puede pasar por encima de los derechos de los niños de los más de 1300 niños y niñas que habitan este sector, por una “terquedad jurídica” que se fundamenta en un Plan de Ordenamiento Territorial obsoleto.
Por otro lado, agregó que en esta zona residen personas con alto grado de vulnerabilidad, como desplazados y personas con discapacidad; e invitó a la Administración Distrital a que desde este escenario se asuman compromisos y responsabilidades para dignificar la calidad de vida de quienes estos cartageneros.
Tres habitantes del sector se expresaron ante la plenaria, luego de declararse sesión informal a solicitud del concejal proponente.
Una de las intervenciones estuvo a cargo del señor Javier Rodríguez Franco, quien inicialmente agradeció al concejal citante la gestión que desde el año 2014 viene adelantando a favor de los habitantes de Cerros de Albornoz, en representación de la Corporación. Rodríguez presentó una serie de propuestas al gobiernos distrital, dentro de las que se destacan la reinstalación de las mesas de trabajo entre la Administración y la comunidad afectada, la modificación del uso del suelo en este sector dentro del POT, la voluntad política para concluir la negociación con Argos y la intervención con políticas públicas sociales al interior de la comunidad.
Finalmente los concejales Luis Gutiérrez (Conservador), William López (Conservador), Germán Zapata(ASI), Cesar Pión (La U) y Duvinia Torres( La U) solicitaron al gobierno distrital un compromiso real con los procesos de estas comunidades.
El debate concluyó con una serie de compromisos asumidos por los funcionarios distritales, en el siguiente sentido:
– Jefe de la Oficina Jurídica del Distrito: Aseguró que antes de culminar la actual Administración se concluirá la negociación de legalización de predios con el Grupo Argos. Por otro lado, convocar una mesa de trabajo con Cardique, Epa y Secretaría de Planeación, para estudiar las limitaciones ambientales de la zona y delimitar áreas habitables.
– Secretaria de Planeación: Se comprometió a realizar las jornadas que hacen falta para sisbenizar a toda la población de los cerros.
– DADIS: respecto al compromiso asumido por la Secretaría de Planeación, aclara que quienes sean víctimas no deben entrar al sisben porque de esta forma perderían los beneficios del no pago en la prestación de servicios de salud.
– Gerente de Corvivienda: Manifestó que a partir del próximo semestre los habitantes de esta zona entraran a participar en el concurso de vivienda gratis del distrito, para tener posibilidades de acceder a algunos de los 66 cupos ofertados para población desplazada, o los 160 disponibles para población no desplazada.
– Secretaria de Participación: Prestaran asistencia para que se conformen las Juntas de acción comunal que aún no se han integrado en estos sectores.
– Director de la Unidad de atención a víctimas: Se compromete a priorizar los recursos de indemnización para población victima de los Cerros de Albornoz.
– Representante de ACUACAR: Aseguró que revisarán con los habitantes del sector, los puntos en los que se puede reforzar las piletas para mejorar el escaso suministro de agua que se está brindando, mientras se define la legalidad de los predios.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el viernes 17 de julio, a partir de de las 9:30 a.m., en las instalaciones de la Corporación.
Escrito por Alejandra López, Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
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