Concejo solicita que se declare “emergencia carcelaria” en el distrito, 14 de abril de 2015

Hora de inicio: 9:43 a.m.                                 Hora de finalización: 1:09 p.m.

Hoy el Concejo Distrital realizó un debate de control político propuesto por la bancada de Cambio Radical y ASI, para revisar la situación actual de los establecimientos carcelarios de la ciudad. Para tal fin, citaron e invitaron al Secretario del Interior del Distrito, Roberto Barrios; Secretario del Interior del Departamento, Federico García; a la Defensora del Pueblo, Irina Junieles; a la Directora de la Cárcel San Sebastián de Ternera, Claudia Suárez; al Director de la Cárcel de San Diego, Luis Zurita; a la Directora del Centro de Atención Especializada de Menores(ASOMENORES), Lucy Lascarro;  representantes de las veedurías de la rama judicial de Cartagena; Personero Distrital, William Matson; Procuradora Regional de Bolívar, Aura Torres; y al Gerente de Caprecom.

Los concejales citantes, Vicente Blel (Cambio Radical) y Germán Zapata (ASI) realizaron la introducción al debate.

Así mismo, el Concejal Cesar Pión (La U) pese a que no asistió a la sesión por motivos de salud, envió un audio con su intervención, mediante el cual aseguraba que la problemática de los establecimientos penitenciarios es generalizada en todo el país, donde solo hay capacidad para mantener 76 mil personas recluidas y se cuenta con una suma de 120 mil personas privadas de la libertad. En ese sentido, considera que la situación la deben atender las autoridades locales de la mano con la Comisión Séptima del Senado y los ministerios de Defensa, Interior y Justicia.

Según Pión, las cárceles en lugar de ser centros de resocialización, se han convertido en escuelas para el fortalecimiento de la delincuencia. Considera que Cartagena debe exigir un Centro urbano de Paz.

Para el Concejal Rafael Meza (Conservador) el sistema penitenciario en el país está totalmente colapsado. Mezacuestiona además, la falta de control sobre los sindicados y condenados con detención domiciliaria que continúan delinquiendo.

En el mismo sentido, su colega de bancada, Luis Gutiérrez, considera que el Ministerio de Justicia debe declarar la emergencia carcelaria en Cartagena, dada las condiciones de hacinamiento e infraestructura precaria.

Luis Zurita, Director de la Cárcel Femenina Distrital de San Diego, explicó que el presupuesto asignado para alimentación y atención psicosocial en esta cárcel es de $1,217.739.600.00 hasta el 5 de octubre del 2015, el cual, según el dirigente, es insuficiente toda vez que se requieren alrededor de 300 millones de pesos para el cubrir el resto del año.

Zurita agregó que existen motivos jurídicos y de infraestructura que obligan a realizar el traslado de manera urgente. En el plano jurídico indica, el inmueble que ocupan no es propio, y existe una sentencia de juez de tutela que ordena al Distrito expresar a la Gobernación la fecha de entrega del mismo. Por otro lado asegura que adicional a las evidentes condiciones de deterioro de sus instalaciones, existen tres informes realizados por entidades del orden nacional y local que advierten el riesgo de un inminente desplome.

Para el director, la solución a la problemática que hoy padecen, podría solventarse con la creación de un fondo que permita garantizar el traslado provisional a las mujeres reclusas. De igual forma, considera pertinente se revalúe lo establecido por el POT en materia de prohibiciones de establecimientos penitenciarios dentro del perímetro urbano, considerando que el traslado se debe hacer de manera urgente, y los predios que han gestionado en la parte rural del distrito no cuentan con las condiciones locativas requeridas.

Sobre la Cárcel San Sebastián de Ternera, su representante Julio Riondo informó, que los 6 patios de ésta tienen la capacidad para albergar a 1.300 internos y actualmente cuentan con 2.475. Así mismo afirmó que la ubicación y débil infraestructura de los muros de la cárcel permiten que con frecuencia se lancen paquetes a los reclusos desde la parte externa y se esté ante el riesgo de fugas.

Otra de las preocupaciones del dirigente es la insuficiencia del recurso humano administrativo y de seguridad, que por limitaciones en el presupuesto solo puede contar con 127 uniformados para vigilar a los más de 2000 recluidos y 2 dragoneantes para hacer las visitas a los 1400 reclusos con detención domiciliaria.

Riondo mencionó algunas actividades deportivas, de alfabetización y recreación que se realizan en el centro penitenciario. Además aseguró que se están ejecutando obras por monto de 1.500 millones de pesos con recursos de la nación.

El Secretario del Interior del Distrito, Roberto Barrios, indicó que una de las medidas que podrían ayudar a disminuir los niveles de hacinamiento es la vinculación de mayor número de abogados y psicólogos, y que pese a que lo pertinente sería contar con 10 abogados, el distrito solo tiene recursos para 2 abogados y 1 psicólogo.

El funcionario aseguró que para la construcción de un nuevo establecimiento carcelario se requiere la suma de 180 mil millones de pesos, y para financiarlo la fuente más viable es una Asociación Público Privada (APP), puesto que el distrito no cuenta con estos recursos.

Al nuevo centro penitenciario serían enviados los condenados que están en la Cárcel de Ternera y se dejaría cupo para 1000 más, dejando en la Cárcel de Ternera solo a los sindicados y a las mujeres de la Cárcel de San Diego. No obstante, Barrios aclara que este proyecto no iniciará en menos tres años.

Sobre la Cárcel de San Diego dijo que efectivamente se debe hacer un traslado temporal de las reclusas, porque los recursos que han venido recibiendo de un convenio con FONADE, y que contemplaban usar para la construcción de un centro, este año no pudieron ser provisionados.

Concluyó afirmando que vienen avanzando con la asesoría de la Procuraduría Provincial, en recibir las facultades para reubicar dentro del área urbana a las internas.

Tres miembros de la asociación de veedurías a la rama judicial en Cartagena intervinieron, cuestionando la mala administración de los recursos por parte de los directores de las cárceles. Señalaron además que en el distrito no existe una política de reintegración social de los internos.

El Personero del Distrito, William Matson, enfocó su intervención hacia el tema de infraestructura carcelaria, y en ese sentido, afirma que respalda el trasladado de las internas de la Cárcel de San Diego a nuevo centro penitenciario, considerando que existe una sentencia que obliga a realizarlo.

Según Matson, el distrito debe avanzar hacia una política de seguridad ciudadana orientada hacia la reconstrucción del tejido social y no solo hacia la seguridad policial.

Finalmente cuestionó que por falta de trámites, el distrito haya dejado que se perdieran los 17 mil millones que se requerían para la construcción de un nuevo centro carcelario para mujeres.

El Concejal Germán Zapata (ASI) manifestó que le preocupa que el porcentaje de hacinamiento en Cartagena esté por encima de la media nacional, y que no hayan programas sólidos de resocialización y reintegración.

Zapata sugiere la creación de una comisión accidental que le haga seguimiento a la consecución de los recursos que se requieren para la construcción del nuevo centro penitenciario, y avala la creación de un fondo para la financiación del traslado de las mujeres de la Cárcel de San Diego.

Vicente Blel, por su parte, considera necesaria la vinculación de mayor número de dragoneantes que vigilen a los reclusos con detención domiciliaria, respaldó la creación del fondo y presentó una proposición mediante la cual solicitan al Presidente de la República y a su Ministro de Justicia, que declaren la emergencia carcelaria o el “estado de cosa inconstitucional” en Cartagena. Así mismo, la proposición conmina al Personero Distrital a instaurar una acción popular para que la Nación, Departamento y Distrito, se comprometan financieramente a dar solución a la problemática expuesta.

La proposición fue aprobada por la plenaria.

Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el miércoles 15 de abril, a partir de las 9:00 a.m., en las instalaciones del Concejo.

Escrito por Alejandra López, Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.

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