Hora de inicio: 9:41 a.m.
Hora de finalización: 12:25 p.m.
Iniciado el orden del día se dio lectura al título de un proyecto de acuerdo presentado por el concejal Cesar Pión (La U) y su bancada, por medio del cual proponen instalar chips de seguridad, GPS y botones de pánico en motocicletas y en vehículos de servicio público.
Según el cabildante, la alta tasa de hurtos ejecutados en motocicletas, el crecimiento desmedido del parque automotor de estos vehículos y la alta percepción de inseguridad que según Cartagena Cómo Vamos existe en la ciudad, son algunos de los argumentos por los cuales esta iniciativa debe ser respaldada por el alcalde mayor, para iniciar la gestión de los recursos de financiación que permitan ponerla en marcha.
Posteriormente, el concejal William Pèrez (La U) tomó el uso de la palabra para referirse a dos temas:
Primero, haciendo alusión a un editorial de El Universal, en el que se invita a proteger y administrar de manera especial dos de los baluartes más representativos y emblemáticos de la ciudad, que son el centro histórico y el cerro de la popa, el cabildante manifestó que de la misma manera como el mercado de Bazurto cuenta con un órgano administrador, el centro histórico debería tener un ente encargado de velar por su protección.
Este ente, según Pérez, debe estar a cargo de una persona que dependa directamente del despacho del alcalde, experto en la materia, y con las capacidades para resolver los problemas que aquejan al centro histórico, entre esos, la movilidad, espacio público, establecimientos comerciales que no cumplen el lleno de requisitos de ley, control de los horarios de cargue y descargue de las provisiones que le hacen a los almacenes, hoteles y restaurantes, protección de los bienes culturales y arquitectónicos, entre otros.
Por otro lado, un órgano que administre el Cerro de la Popa, que ayude a controlar el problema de deforestación que avanza a gran escala en las faldas del cerro, y que proteja la fauna y la flora que ahí habita.
Según el concejal de La U, el Fondo de adaptación es una de las fuentes de recursos desde donde se podría jalonar la financiación de proyectos de recuperación de esta reserva natural.
El segundo tema abordado por el Concejal tuvo que ver con los presuntos abusos de autoridad por parte del Esmad en las celebraciones del 20 de julio, en los barrios y sectores de la ciudad que conmemoran esta fecha.
Pérez hizo un llamado a la policía metropolitana para que no infunda el temor en los habitantes de la ciudad injustificamente, y al gobierno distrital para que garantice que las celebraciones tradicionales, como la del 7 de agosto, pueda contar con los recursos que les fueron prometidos a los moradores de este barrio.
Sobre otra línea de intervenciones, el concejal Zaith Adechine (Conservador), se pronunció frente al control político que debe hacer el Concejo distrital a la ejecución de las obras con el crédito de 250 mil millones de pesos que suscribió el ex alcalde Dionisio Vélez.
Adechine mostró una serie de titulares de noticias que a nivel nacional se han publicado sobre el tema y conminó a la mesa directiva a darle prioridad a la proposición que fue presentada por él y su bancada para revisar las presuntas irregularidades contractuales que se vienen presentando con los recursos del empréstito.
Finalmente, el concejal Cesar Piòn (La U) sometió a consideración de la plenaria, una proposición coadyuvada por su colega Carlos Barrios (Cambio Radical), mediante la cual citan a un debate de control político al Alcalde de la localidad 2, a fin de que explique ante la Corporación cuáles han sido las acciones adelantadas por su administración para la recuperación del espacio público que se estaría ocupando de manera ilegal en la zona norte( sector Blas el Teso) por establecimientos comerciales.
Esta proposición, explicó Pión, surge a partir del conflicto que se viene presentando entre la Concesión Costera Cartagena- Barranquilla y dichos establecimientos comerciales, que se niegan a ceder 5 metros de terreno necesarios para la ampliación de la Ruta 90A.
Al debate también estarían invitados los representantes de los establecimientos comerciales en conflicto y miembros del consorcio en mención.
El debate fue programado para el día 9 de agosto de la presente anualidad.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el jueves 4 de agosto, a partir de las 9:00 a.m., en las instalaciones de la Corporación.
AUDIENCIA PÚBLICA
Proyecto de acuerdo 025, por medio del cual se establece como obligatorio la revisión general de los sistemas de transporte vertical en edificaciones y puertas eléctricas en el distrito de Cartagena y se dictan otras disposiciones»
Esta audiencia contó con la participación del capitán del cuerpo de Bomberos, José Magallanes, quien socializó las acciones que desde su entidad se vienen realizando para verificar que los ascensores cuenten con las condiciones técnicas de seguridad que dicta la ley.
No obstante, Magallanes aseguró que actualmente no existe una norma que obligue a los administradores de los edificios a reportar periódicamente los mantenimientos que se le deben hacer a los sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas; en ese sentido, celebró que se esté presentando esta iniciativa y sugirió que se involucre a las curadurías urbanas para que sean estas las que verifiquen en los planos de construcción, que las nuevas edificaciones cuenten con los requerimientos de ubicación que dictan las normas técnicas.
La coordinadora de la Oficina de Gestión del Riesgo, Laura Mendoza, por su parte, manifestó que las funciones de vigilancia y control sobre ascensores son concretamente del resorte del cuerpo de bomberos y no de oficinas asesoras, por lo que recomienda hacer esa precisión en el proyecto de acuerdo.
Proyecto de acuerdo 026, por medio del cual se crea en el Concejo Distrital de Cartagena de Indias, el programa Observatorio de Políticas y se dictan otras disposiciones.
Este proyecto de acuerdo contó con la participación de Paula Gil, estudiante de derecho y miembro del semillero de políticas públicas, participación y desarrollo de la Universidad de Cartagena, y Alonso Cortina, director del consultorio jurídico de la Universidad del Sinù.
Ambos participantes destacaron la pertinencia de esta iniciativa que fungiría como un centro de investigación desde donde se le apostaría a la formulación y evaluación de las políticas públicas distritales.
Para la representante de la Universidad de Cartagena, este proyecto debe enmarcarse en lazo previos de colaboración académica con instituciones de educación superior que cuenten con la experiencia de investigación.
Adicionalmente, considera que al Observatorio se le debe agregar un espacio en donde los ciudadanos conozcan las herramientas para participar en la evaluación de las políticas públicas y en procesos de veedurías.
Igualmente, Alonso Cortina, expresó que si bien el Observatorio debe tener una importante dimensión académica, es necesario que confluyan elementos prácticos que le permitan a los líderes comunitarios apropiar herramientas de construcción colectiva de ciudad.
El concejal Javier Curi (Liberal), ponente de este proyecto de acuerdo, conceptualizó algunos aspectos asociados al mismo y explicó su conveniencia y legalidad.
Por su lado, la concejal Duvinia Torres (La U), sugirió que en el artículo 6º, se incluyan a los observatorios que ya existen en la ciudad, a fin de articular el trabajo que desde hace algunos años estos vienen adelantando.
Concluyó asegurando que este Observatorio le dará a la Corporación insumos para lograr una mayor efectividad en el control político y la actividad normativa.
Escrito por Alejandra López, coordinadora del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
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