Hora de inicio: 9:10 a.m.
Hora de finalización: 12:40 p.m.
En esta sesión correspondía el debate de control político al cumplimiento del fallo favorable a la acción popular instaurada por la Personería Distrital en representación de los derechos colectivos de las comunidades del San Francisco, Siete de Agosto y Loma de Vidrio, por causa de los daños a la salud que les ha provocado la contaminación ambiental y sonora, provocada por el vertimiento de aguas residuales y la operación del aeropuerto Rafael Núñez, respectivamente; de conformidad con la proposición 041.
Introduce este debate el concejal William Pérez (La U), quien explica que el pleito jurídico, en referencia a la responsabilidad sobre la vulneración de derechos colectivos de las comunidades de San Francisco, Siete de Agosto y Loma de Vidrio, está constituido por la acción popular que adelantó la Personería Distrital en contra de las empresas Aeronáutica Civil y Aguas de Cartagena. La acción popular demandó la vulneración de los derechos consignados en los artículos 79 y 80 de la Constitución Política. Resuelto favorable el fallo a las comunidades, los demandados hicieron uso del recurso de impugnación, pero en el año 2001 se confirmó la sentencia. Ante los graves casos de contaminación ambiental y sonora producida por el vertimiento de aguas residuales y la operación del aeropuerto Rafael Núñez, la sentencia ordenó a las empresas responsables (Aeronáutica Civil y Aguas de Cartagena) la adquisición y demolición de las viviendas afectadas en un área de 1000 metros de largo x 50 metros de ancho.
A la entidad ambiental de aquel entonces, DAMARENA, le correspondía el censo de las viviendas que estarían envueltas en este caso. En primera instancia no se definió la cantidad de responsabilidad para cada empresa, pero más adelante se estableció que Aeronáutica Civil debería hacer la adquisición del 75% de los inmuebles, mientras que Aguas de Cartagena debería hacer lo mismo con el 25 % restante. DAMARENA y EDURBE eran la parte del Distrito vinculado al caso con la responsabilidad de facilitar el trámite legal para el cumplimiento de las acciones resolutorias, esto es llevar a cabo el censo de las viviendas en las que estaban las familias afectadas y efectuar la valoración comercial de las mismas. Años después el juez del caso declara en desacato a las empresas Aeronáutica Civil y Aguas de Cartagena en tanto los procedimientos que ejecutaron para dar cumplimiento al fallo no fueron los apropiados en relación a las disposiciones establecidas en el nivel jurídico y sancionatorio.
El concejal Pérez, además, cuestiona la entregan de información por parte de los funcionarios citados, con menos de 12 horas de anterioridad al debate, lo cual no permite el estudio a profundidad del caso por parte de los concejales. Sin embargo ante la importancia y urgencia social que requiere la atención de este caso, insta al resto de cabildantes a que se prosiga con la realización del debate que cuenta con la presencia de la mayoría de funcionarios citados.
Por su parte el concejal Édgar Mendoza (Conservador), también alza su voz de protesta frente a las reiteradas inasistencias del Personero Distrital, William Matson, especialmente porque es él quien debe velar por la garantía de los derechos de los cartageneros.
Comienzan las intervenciones de los funcionarios con la exposición del Gerente de Aguas de Cartagena, John Montoya, quien valida lo referido por el concejal Pérez, pero además adiciona que las disposiciones del fallo obligaban a su empresa no sólo a comprar el 25% de los predios afectados, sino también el dragado del caño Juan Angola y en general la realización de un proceso bastante completo de saneamiento ambiental. En aquel entonces DAMARENA estableció que 307 viviendas debían ser adquiridas, y de estas aguas de Cartagena efectuó la compra de las 78 que les correspondía de acuerdo al porcentaje asignado.
Así mismo se eliminaron todas las fuentes de vertimiento de aguas residuales y se cambiaron los sentidos de flujo de la red de algunos desagües, todo esto favorecido por la puesta en funcionamiento del Emisario Submarino. El problema de desacato tiene que ver con que los procedimientos de censo de las viviendas fueron cuestionados, y el juez del caso exhortó a realizar las intervenciones de adquisición de predios con base al área derivado de la franja definida como afectada en el fallo de primera instancia.
Con base a lo anterior quedan a las empresas la responsabilidad de adquirir 15.742 metros cuadrados, de los cuales a Aguas de Cartagena le corresponden 6.488 metros cuadrados, que equivalen al 41% de los inmuebles restantes. La resolución del juez del caso ha reconocido que Aguas de Cartagena ha dado cumplimiento al ordenamiento en materia de saneamiento ambiental de la zona. Respecto del fallo de desacato para Aguas de Cartagena, Montoya asegura que no harán ninguna impugnación, y que una vez el Instituto Geográfico Agustín Codazzi haga la valoración de los predios a adquirir, se procederá a su compra.
Continúa la intervención de los funcionarios citados, la representante de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa (SACSA), Consuelo Acevedo, limitándose a informar que SACSA, en tanto simplemente la asiste el rol de ser el operador del servicio de transporte aéreo, no ha sido vinculado al proceso en ninguna instancia jurídica, y por lo tanto no le asiste ningún deber para con las problemáticas referidas en la acción popular.eq
María Eugenia García, Asesora jurídica del Distrito, manifiesta que el Distrito es parte del Comité de Verificación. Sin embargo se impugnó está vinculación al Comité de Seguimiento, en tanto jurídicamente este órgano de monitoreo debe estar constituido exclusivamente por las partes involucradas en el pleito, esto es la Personería, Aguas de Cartagena, Aeronáutica Civil y la comunidad.
Concluidas las intervenciones de los funcionarios, proceden a intervenir los ciudadanos:
- Pablo Marimón, manifiesta que le preocupa la ausencia del Personero. Dice además que aún hay vertimiento del canal paralelo al sector de la pista de aterrizaje. Y desde su punto de vista lo más preocupante es que todavía no se ha hecho la firma del convenio interadministrativo entre el Instituto Agustín Codazzi y las empresas en desacato, para el censo y avalúo comercial de los predios que se adquirirían.
- Osvaldo Pérez, manifiesta que el Personero no se presentó porque sabe que la comunidad le iba a cuestionar su negligencia. Además critica el hecho de que el fallo no dispuso el pago de indemnizaciones a las personas afectadas por el deterioro de su salud.
- Ulises Cáceres, considera que debieron estar presentes EDURBE y el EPA. Dice además que no comparte la posición de la asesora jurídica del Distrito, y que sí debe hacer parte del Comité de Seguimiento. Manifiesta que otro problema tiene que ver con que los avalúos tienen en cuenta el valor de lo construido pero no las tierras.
- Lucía Hoyos, expresa su alegría porque Aguas de Cartagena ha aceptado el desacato y no pretende impugnarlo, sino más bien hacer lo que le corresponde.
- Milton Villadiego, dice que se debe construir la barrera de sonido, por ordenamiento del juez del caso, pero aún no se ha emprendido las acciones requeridas para ello. Los incumplimientos sucesivos solo incitan las vías de hecho para poder conseguir la garantía de los derechos.
Retoman los concejales la palabra y así William Pérez (La U), da lectura a un segmento del texto de los informes remitidos por Aguas de Cartagena, mediante el cual demuestra que esta empresa no hizo intervenciones en obre tuberías de alcantarilla rotas porque el fallo no lo ordenaba. De ahí que aún se presenten los problemas de vertimiento de los que habla la comunidad. En ese sentido el trabajo de saneamiento ambiental debió hacerse de manera más integral y no debió ceñirse tan estrictamente a lo que estipulada el fallo, sino más bien a la verdadera solución a los derechos demandados por las comunidades. Considera que puede haber detrimento patrimonial y fraude procesal en el caso. Esto lo demuestra dando lectura a los registros de compra de las viviendas que ya han sido adquiridas por Aguas de Cartagena.
En dichos registros a varias personas que son de la misma familia, con el mismo apellido, y que él tiene conocimiento de ubicarse en el mismo predio, se les pagaron de manera individual como si fueran viviendas diferentes. Con ello argumenta además que es comprensible que el juez, posterior a la compra de las 307 viviendas, dispusiera el desacato, en tanto con el anterior procedimiento por parte de las empresas, no se habría de satisfacer el área derivada de la franja que se determinó debía ser adquirida por las empresas involucradas en el caso. Si bien es cierto que se hicieron algunos trabajos sobre los vertimientos, la realidad es que estos no han cesado.
El concejal Pérez declara que el mismo constató que siguen los vertimientos mediante visita al lugar de los hechos. Por otra parte considera que a SACSA le asiste responsabilidad jurídica en todo este caso puesto que ellos son los que se lucran de la actividad comercial del aeropuerto. La barrera de sonido que se debe construir según acción popular ya había sido ordenada anteriormente mediante otro decreto, por lo que SACSA debe aprovechar la coyuntura del fallo para dar cumplimiento a esta disposición.
El concejal César Pión (La U), manifiesta que no es muy grave la longevidad de este caso que a cumple 15 años, y con ello tanto las empresas Aguas de Cartagena y Aeronáutica Civil como el Distrito han permitido el crecimiento de toda una generación en estas condiciones infrahumanas, que terminarían por desarrollar características permanentes en su deterioro de la salud y que podrían ser transmitidas o heredadas a sus hijos, aumentando la susceptibilidad mutaciones graves para el desarrollo. El concejal Pión considera que al DADIS le asiste responsabilidad en este caso puesto que como entidad de la salud de los cartageneros, ha debido hacer las mediciones de audiometría en las comunidades de tal manera que tuviera un panorama más claro del nivel de afectación por causa de la contaminación sonora.
El concejal David Dáger (Liberal), se refiere a las implicaciones de la ubicación del Aeropuerto, y a que la propuesta de trasladarlo de manera conjunta con el de Barranquilla a un punto intermedio hubiera dado soluciones definitivas. De otro lado la alternativa para que las comunidades afectadas de manera permanente en su salud puedan ser indemnizadas es a través de una acción de grupo.
Se le otorga la palabra al gerente de Aguas de Cartagena, quien reitera que va a dar cumplimiento al fallo. Manifiesta que hace una semana se reunió con el Instituto Agustin Codazzi y de esta forma ya se hicieron las discusiones para definir la estrategia de adquisición y avalúo de los predios restantes. Dice que las comunidades han constituido al caño Juan Angola como un vertedero de basura y de allí los malos olores y el deterioro ambiental que se arrastra hasta la zona de la pista del aeropuerto.
La asesora Jurídica del Distrito, insiste en que legalmente solo las partes involucradas en el pleito jurídico deben integrar el Comité de Seguimiento. Pero esto no entra en contradicción con la acción social del Distrito, ni con las iniciativas que debe emprender como gobierno para garantizar la calidad de vida y el desarrollo de estas comunidades.
En este punto hace presencia en el recinto del Concejo el Personero Distrital, William Matson, quien manifiesta que las dificultades para la obtención de resultados ha sido la forma como se establecieron los contenidos de la sentencia que fueron poco claros, puesto que no daban una solución real a la problemática de las comunidades. El Personero dice que sí ha hecho acompañamiento a las comunidades en este caso y que es una falta de respeto que se le tilde de omisiva a la Personería o a su persona. De igual manera señala que la aeronáutica y SACSA son los más comprometidos en el incumplimiento de la sentencia.
Para cerrar el debate algunos concejales hacen otros aportes:
- Lewis Montero (Opción Ciudadana) propone la conformación de un comité de concejales para hacer el seguimiento a este caso.
- Ronald Fortich (Cartagena Confirma) dice que no se puede excusar el personero en que ha trabajado porque los resultados no se han dado y eso es lo que importa. En consecuencia debe tener un compromiso social mayor.
- William Pérez (La U) manifiesta que solicitará informes mensuales de avance al comité de seguimiento respecto de este caso, para poder hacer el control político requerido en caso de que se presenten anomalías o retardos en el cumplimiento del desacato.
Finaliza la sesión y se convoca para el viernes 19 de febrero de 2016, a las 8:30 a.m. en las instalaciones del Concejo Distrital de Cartagena de Indias.
Escrito por Walter Arturo Mejía Rivera, Coordinador (e) del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena.
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