Hora de inicio: 8:38 a.m. Hora de finalización: 12:28 p.m.
Hoy el Concejo Distrital llevó a cabo el debate de control político propuesto para revisar lo concerniente a la prórroga que el Alcalde Dionisio Vélez le concedió a la empresa Aguas de Cartagena, por término de 13 años.
A la citación acudió el Secretario General del Distrito, Carlos Coronado; el Secretario de Hacienda, Carlos Granadillo; el Gerente General de Aguas de Cartagena, Francisco Pérez Tena; su Gerente Técnico, Freddy Angulo; el Personero Distrital, William Matson Ospino, y el Contralor Distrital, Mario Andrés Feliz Monsalve.
El Secretario General del Distrito fue el primero en intervenir, puntualizando que la decisión de prorrogar el contrato con Aguas de Cartagena (Otrosí No.3) obedeció a la demanda de crecimiento que tiene la ciudad en materia urbanística y comercial, y las limitaciones del actual sistema de acueducto y alcantarillado. Según Coronado, el sistema está al límite, contando actualmente con una capacidad de 265.000 m3, que permitiría el abastecimiento solo hasta el año 2019,dejando a la ciudad sin garantías de suministro durante las siguientes dos décadas. Por tales consideraciones, el gobierno distrital amplió el término del contrato, para que ACUACAR continúe con la operación de la infraestructura construida por el distrito hasta el año 2013, y refuerce el sistema, de tal forma que se pueda cubrir la demanda proyectada para el 2034 que es de 350.000 m3.
El funcionario afirmó que la ampliación de la cobertura y cualificación del servicio, se contempló desde el Plan de Desarrollo Ahora Sí Cartagena, estudiado y aprobado por el Concejo Distrital, que en su objetivo estratégico No.3 “Desarrollo Territorial”, Programa 9.1.2 “Acueducto y Alcantarillado”, señala que la política de la administración en la materia, será la de diseñar estrategias para la ampliación de la cobertura y mejora en la calidad del servicio.
Según Coronado, las inversiones que se realizarán para la ampliación del sistema, serán financiadas por ACUACAR, y no tendrá sobrecargos en la tarifa, ni afecta presupuestalmente el erario público. Además enfatizó que la ampliación del plazo faltando 6 años del plazo original se realizó porque en 4 años a partir de la fecha, la ciudad de Cartagena podría entrar en colapso frenando el desarrollo por desabastecimiento y sostenibilidad del servicio.
Respecto a la falta de socialización de la alternativa por parte del gobierno, asegura no ser verdad, toda vez que desde marzo de 2014 dieron conocer a través de la prensa y radio que se estaban explorando alternativas de inversión por parte de ACUACAR, que justificarían una prórroga del plazo contractual. Asimismo indica que la problemática de un potencial colapso de la capacidad del sistema, fue expuesta ante el Ministerio Público, Viceministerio del Agua y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
En ese sentido también se refirió a la no participación del Concejo Distrital en la toma de la decisión, y afirmó que a través del Acuerdo 05 de 1994, se ordenó la escogencia de un socio para constituir una Empresa de Servicios Públicos Mixta, con amplia participación del Distrito, que prestara los servicios de acueducto y alcantarillado, y se facultó a éste (distrito) para desarrollar el proceso, por tanto, concluye, no era necesaria la autorización de la Corporación.
Para Carlos Coronado, la empresa Aguas de Cartagena reúne toda la experiencia y capacidad para seguir prestando de manera eficiente, continua y oportuna los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en la ciudad. Destacó que es uno de los operadores de mejor prestigio en Latinoamérica, única entidad certificada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para dar viabilidad a proyectos de saneamiento básico en el país.
Finalmente indicó que el total anual de la inversión para las obras del Plan Maestro de Acueducto en su etapa prioritaria será de 250 mil millones de pesos, recursos que ACUACAR obtendrá a través de créditos con el sector financiero.
Los representantes de Aguas de Cartagena respaldaron la exposición del Secretario General, y argumentaron que la necesidad de ampliar el sistema surge del importante incremento de la demanda por el auge urbanístico e industrial del distrito y por el cambio climático que genera olas de calor.
Según el Gerente Técnico de la empresa, Freddy Angulo, Cartagena se ha privado en múltiples ocasiones de acceder a planes de vivienda de interés social por carecer en muchas zonas del sistema de acueducto y alcantarillado; por esto, considera que las obras de ampliación le generarán a la ciudad un mayor desarrollo social.
Angulo también explicó algunos datos técnicos de las plantas de tratamiento y proceso de calidad del agua, asegurando que se están modernizando permanentemente y que cuentan con la más alta tecnología, lo cual les ha permitido sobrepasar los estándares establecidos por la ley.
Para el Concejal Cesar Pión (La U) el foco del debate no es la calidad o cobertura del servicio prestado por Aguas de Cartagena, sino si la decisión debió pasar o no por la Corporación edilicia, y en ese sentido afirma que dado que ya se firmó la prórroga, son los órganos de control quienes tienen actualmente la competencia para hacerle seguimiento al proceso.
Pión realizó una serie de consideraciones sobre el tema, indicando que dado que el distrito tiene el 50% de participación en Aguas de Cartagena (49,1% Aguas de Barcelona y 4,9% otros privados), es objeto de control político y fiscal.
Solicita entonces que la Contraloría Distrital, envíe a la Corporación los conceptos emitidos por revisoría fiscal sobre la prórroga aprobada.
Además plantea que el DADIS, como entidad encargada de tomar las muestras del agua, debería pronunciarse sobre la calidad del líquido, considerando los altos riesgos de enfermedades por contaminación en nuestras fuentes hídricas.
Por su parte, el Concejal David Múnera (Polo), afirmó que las apreciaciones del Secretario General del distrito no parten de la realidad jurídica del Acuerdo 05 de 1994, porque el gobierno ha asumido que Aguas de Cartagena es una empresa privada, cuando realmente la empresa tiene un carácter mixto con participación del 50% del distrito, lo cual implica que sus decisiones se deben tomar con la autorización del Concejo. Enfatizó que pese a que por ley esta empresa se rige por el derecho privado, no deja de ser un contrato estatal.
Múnera asegura que una de las ilegalidades del proceso en discusión fue la modificación que le hizo el Alcalde al objeto social de la compañía, el cual ya estaba determinado en el Acuerdo 05 del 94, y si se quería cambiar debía llevarse al Concejo Distrital, ya que las facultades son pro tempores (por un tiempo), y ya esas estaban vencidas. Según el concejal, el Alcalde incurrió en una falta disciplinaria.
Agregó que en ninguna parte del contrato de la sociedad mixta, se contempló la posibilidad de prórroga.
Para el cabildante, el contrato de prórroga le otorga todos los beneficios a Aguas de Barcelona, a costa del detrimento del erario público.
Criticó que el gerente deba ser extranjero, y que se le pague una tasa del 5% por administrar la empresa que es de Cartagena.
El concejal del Polo dijo que de acuerdo a un estudio matemático financiero que solicitó a un docente de la Universidad de Cartagena, la tasa de retorno que está obteniendo la empresa Aguas de Barcelona, es de 53%, cuando el Departamento de Planeación indica que lo máximo debe ser el 10%.
Cerró su intervención con una carta mediante la cual solicita al Presidente de la Corporación que remita copia del acta de la sesión del día de hoy a los órganos de control, para que, si así lo consideran, abran las investigaciones que correspondan.
Contrario a la posición del Concejal Múnera, el vocero de la bancada Conservadora, William López, manifestó que dada la ineficiencia administrativa del Estado, se hace necesaria la operación por parte de la empresa privada, y el modelo económico establece éstas actúan por obtener rentabilidad. Avaló la aprobación del Otrosí No.3.
El Concejal Pastor Jaramillo (Cambio Radical), intervino para desvirtuar las apreciaciones jurídicas que indican que el Alcalde incurrió en un prevaricato. Según Jaramillo, el tipo de contrato firmado para la prórroga no está dentro de los que deben pasar por estudio en el Concejo Distrital.
Al Concejal Hernando Trucco (Liberal) le preocupa que no se haya dado respuesta por parte de los citados sobre el carácter técnico, financiero y jurídico que llevaron a la toma de la decisión de prorrogar, considerando los conceptos emitidos por el Concejal Múnera y el profesor de la Universidad de Cartagena al cual consultó, frente a la presunta extralimitación de la Tasa Interna de Retorno (TIR). Trucco cuestiona si la TIR indicada por el docente de la UDC (53%), perdurará con la prórroga del contrato.
El cabildante afirma que la bancada Liberal estaba a la expectativa del análisis financiero que ilustrara si la TIR está acorde al Índice de Precios al Consumidor, pero el informe financiero enviado por el gobierno, llegó 5 minutos antes de iniciar la sesión.
De igual forma, el vocero de la bancada Liberal indicó que otra de las inquietudes que tienen, es la ausencia del suministro de agua potable en algunos corregimientos de la ciudad, y si dentro de las obras que se contempla realizar en el contrato de prórroga, están priorizados estos sectores.
Según el concejal, para poder tener derecho a contratos de prórroga como éste, se debe tener responsabilidad social empresarial, y no debe ser necesario que a través de sentencias de las Cortes, como las emitidas a favor de Tierra Baja y Puerto Rey, se obligue a que le presten el saneamiento básico a estos cartageneros, que fueron afectados negativamente por la instalación del emisario submarino.
El Concejal Alfredo Díaz (Opción Ciudadana) manifestó que dado que ya la prórroga fue aprobada, las instancias competentes para anular el acto administrativo son los órganos de control. Además hizo un llamado al Gobierno y a Aguas de Cartagena a que busquen mayor armonía con el sindicato de trabajadores; así mismo a todos los actores a concertar, para lograr generar mayores oportunidades a los cartageneros.
Agotado el orden del día se levantó la sesión, y se convocó para el viernes 17 de abril de 2015,a partir de las 8:00 a.m., en el Centro Recreacional Napoleón Perea.
Escrito por Alejandra López, Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
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