Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 28 de agosto de 2020
Sesión virtual
Hora de inicio: 8:59 a.m.
Hora de finalización: 12:03 p.m.
Esta sesión correspondió a una convocatoria de las Comisiones Primera y Segunda del Concejo Distrital para abordar lo referente a concesiones, damnificados por construcciones ilegales de la familia Quiroz, etc. Por lo tanto, se contó con la presencia de representantes de Secretaría General, Oficina jurídica, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Infraestructura, IDER, Oficina de Gestión del Riesgo, EPA, Apoyo Logístico, DATT y Espacio Público.
La introducción estuvo a cargo del presidente de la Comisión Primera, César Pión, quien aclaró que esta citación no es un debate sino un ejercicio de revisión y análisis de las condiciones de la ciudad.
La Secretaria General, Diana Martínez, hizo referencia a la concesión de alumbrado público y explicó que la Administración no tiene reclamaciones por resolver por parte del concesionario; indicó que en 2018 hubo una reclamación por desequilibrio económico que el concesionario considera que no se ha atendido, sin embargo, la Administración señaló que la controversia fue superada al momento de suscribir el otrosí del 31 de diciembre de 2019.
De acuerdo con la interventoría, el concesionario tiene en su poder un excedente de $12.033 millones que son propiedad del Distrito. En cuanto a semaforización, la funcionaria expresó que el concesionario debía modificar el contrato de fiducia para implementar lo acordado en el otrosí de 2019, pero esto no se dio hasta julio del 2020 y la Administración presentó observaciones por considerar que no se cumplen las condiciones.
Al respecto, el concejal Fernando Niño (Conservador) instó al Distrito a tomar las decisiones jurídicas necesarias para evitar futuras reclamaciones sobre el servicio de semaforización, pues si son necesarias adiciones presupuestales para resolver la situación, el Concejo estará dispuesto a tramitar lo correspondiente.
En ese sentido, la Secretaria manifestó que la proyección del interventor por semaforización fue de $300 millones mensuales, sin embargo, se están facturando 4 meses por $2.282 millones, lo que representa un conflicto que deben resolver el interventor y concesionario.
Martínez también se refirió a la continuidad del servicio de alumbrado público en 2021 y señaló que, de acuerdo a un estudio de Findeter, las principales opciones son una nueva concesión y un contrato interadministrativo, y esta última opción se ha contemplado como la más viable.
Por otro lado, el Secretario de Hacienda, Dewin Pérez, dio a conocer que en el Acuerdo de Plan de Saneamiento aprobado el 6 de agosto por el Concejo se incluyó un rubro de $94 millones para pago de los subsidios de arriendo de 2019 que aún se adeudan a los damnificados por edificaciones Quiroz, por lo tanto, se prevé que los pagos serán en la segunda semana de septiembre.
Como representante de las víctimas de las edificaciones Quiroz, Édgar Figueredo expresó que con $94 millones no se saldarán las deudas del Distrito a estas familias, pues también se deben 2 trimestres del 2020. Figueredo se mostró inconforme con la situación, pues consideran que no han sido escuchados por el alcalde Dau, ha sido imposible lograr una reunión y no han contado con ningún tipo de apoyo por parte de la Alcaldía.
Más adelante, el tesorero distrital, Luis Cano, dio a conocer que anualmente las sentencias y conciliaciones alcanzan los $12 mil y $15 mil millones, pero son compromisos que no cuentan con recursos disponibles. Así mismo, informó que entre 2015 y 2020 los pagos realizados por el concesionario de Sociedad Portuaria son de $315 millones aproximadamente.
Para el concejal César Pión (La U) es pertinente revaluar estas concesiones, pues al Distrito le corresponde solo el 20%, mientras que el 80% es de la Nación.
Luego, el Secretario de Infraestructura, Gonzalo Jácome, expresó que en 2018 se contrató a la Universidad Nacional por $2.995 millones para realizar estudios a 16 edificios relacionados con el caso Quiroz, por lo que se realizaron actividades de control y seguimiento que arrojaron resultados para 7 edificaciones, sin embargo, el proceso de socialización de los estudios fue suspendido por la pandemia.
Además, informó que hubo inconvenientes con la entrega de las edificaciones para adelantar las actividades de control y seguimiento, pues los propietarios se opusieron a los desalojos.
Sobre las deudas por subsidio de arriendo, la jefe de la Oficina Jurídica, Myrna Martínez, resaltó que se está realizando el proceso correspondiente para ponerse al día con los pagos pendientes, pues no era posible adelantar los trámites mientras se daba el proceso de saneamiento fiscal.
Por su lado, el representante de IDER, Hernando Múnera, indicó que la cancha sintética “El Campito” y la cancha múltiple cercana la iglesia de Bocagrande cuentan con un convenio de asociación vigente hasta 2021, suscrito con la Fundación Social Atarraya. Además, indicó que se estudia la posibilidad de usar la figura de comodatos para entregar las canchas de la ciudad a las asociaciones comunales.
En ese sentido, el concejal César Pión (La U) manifestó que, aunque avala la entrega de espacios deportivos a organizaciones de buena fe, lo que se espera es que no se realicen actividades comerciales y que el Distrito sea privado de estos ingresos. También sugirió a la Administración revisar la pertinencia de modificar lo relacionado con parqueaderos a través de un decreto y no como un proceso de modificación del POT.
El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, Fernando Abello, aclaró que su función en el caso de edificaciones Quiroz es realizar monitoreo permanente a las construcciones y como resultado de esta actividad se encontró una nueva edificación que no había sido registrada y debió evacuarse, así mismo, fueron formulados los protocolos para casos de emergencia.
En cuanto a los damnificados del barrio San Francisco, el funcionario dio a conocer que hasta 2018 se entregaron beneficios económicos en 7.817 casos por $5.133 millones, y en 2020 se han otorgado $678 millones a 1.129 casos. Se ha evidenciado una disminución en el número de personas que entregan documentación para acceder a beneficios, pues en promedio eran 612 y actualmente son 540 casos.
El representante de las víctimas de las edificaciones Quiroz manifestó que la situación de construcciones ilegales ha sido manejada “livianamente” y aunque las pérdidas podrían alcanzar los $300 o $500 mil millones para el Distrito, no se incluyó este tema en el Plan de Desarrollo.
Figueredo indicó que se habla de 16 edificios, pero el fiscal se refirió a más de 20 y la cifra podría llegar a los 50, pero pese a la gravedad de la situación, no se evidencian trabajos articulados, por lo que es necesario un plan estratégico de control urbano y de crecimiento armónico con el POT, así como un cronograma para demolición de los edificios afectados.
El ciudadano resaltó que con el cambio de Administración han perdido contacto con las autoridades y algunas familias se han visto obligadas a regresar a los edificios evacuados por el no pago de los subsidios de arriendo, también denunció que no hubo visitas o seguimiento durante la pandemia.
Otras intervenciones fueron las siguientes:
- El director del EPA, Javier Mouthon, manifestó que el sistema de intercambio de aguas de la Bocana ha estado operando correctamente y la calidad del agua en la Ciénaga de La Virgen es buena; de igual forma, se refirió al proyecto de relimpia de la Ciénaga, para el cual se adelantan los estudios para retomar el proceso que fue suspendido en 2019.
- El director de Apoyo Logístico, Didier Torres, expresó que el valor mensual del arriendo de la sede de la Contraloría es de $45 millones, aunque eran $65 millones, pero se logró una renegociación. Igualmente se refirió al parque Flanagan de Bocagrande y señaló que se encuentra bajo convenio de asociación por término indefinido y no hay un valor fiscal por su arrendamiento.
- La directora del DATT, Sindry Camargo, manifestó que por concepto de la concesión Circulemos, que fue liquidada en 2017, no hay deudas pendientes con el contratista, toda vez que hubo reconocimiento de $1271 millones a su favor por recaudo en servicios de parqueadero, grúa, comparendos, etc. Estos conceptos fueron pagados en 2018 ya que la cartera fue causada durante la ejecución del contrato, pero el recaudo fue posterior a la terminación de la concesión.
- El gerente de Espacio Público, Ausberto Coneo, aclaró que el parque Flanagan cuenta con convenio de asociación desde 2002 y Asobocala debía asumir el mantenimiento y administración gratuitamente, pero en 2014 se liquidó unilateralmente el convenio por incumplimiento, ya que no se permitía la existencia de establecimientos comerciales. En 2015, Asobocala presentó un recurso de reposición y actualmente el parque sigue siendo administrado por la asociación sin ninguna contraprestación para el Distrito. Al respecto, Espacio Público ha realizado varias solicitudes para lograr el aprovechamiento económico del espacio.
De esta manera, se dio por finalizada la sesión de comisiones conjuntas convocada por la Comisión Primera y Segunda del Concejo Distrital de Cartagena.
Escrito por Diana Infante Del Río, investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar.
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