Hora de inicio: 9:05 a.m.
Hora de finalización: 12:00 m.
Hoy en el Concejo Distrital se llevó a cabo un debate de control político propuesto por la bancada Liberal, para hacerle seguimiento al estado de los cementerios de la ciudad.
El concejal citante Erich Piña, en su introducción al debate recordó que la Resolución 5194 de 2010 insta a los municipios y Distritos a tomar medidas en la prestación de los servicios de cementerios, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres, y manifestó que el propósito de esta citación es hacerle seguimiento a las acciones que se emprendieron desde la Administración a partir del debate que analizó el mismo tema, en el pasado mes de agosto de 2016.
El primero en intervenir fue el secretario de planeación, Leopoldo Villadiego, quien dio respuesta a los interrogantes que le plantearon en el cuestionario en relación a las consideraciones que se han tenido en cuenta en la formulación del POT y PEMP, con respecto a la reubicación de los cementerios distritales.
Sobre el particular, Villadiego indicó que el PEMP se encuentra en la etapa de actualización del análisis y diagnóstico, desde donde se ha propuesto desincentivar el uso con fines exequiales del cementerio Santa Cruz de Manga y se plantea la formulación de un proyecto que lo convierta en Parque Cultural, toda vez que este ha colmado su capacidad, generando problemas de tipo funcional, formal, tipológico, constructivo, ambiental y paisajístico.
Asimismo, se propone elaborar un proyecto de restauración monumental que ponga en valor todos los atributos del cementerio, siendo fundamental la elaboración especifica de un Plan Especial de Manejo y Protección como Bien de Interés Cultural Nacional que permita el uso, disfrute, contemplación, conmemoración, no solo del cementerio sino también de los mausoleos y serie estatutaria que este contiene. Finalmente se considera que este pueda hacer parte de una ruta patrimonial que incorpore las 10 casas del barrio de Manga consideradas como BIC Nacional.
Con respecto a las consideraciones contempladas para el POT, indicó que dado que este se encuentra en la etapa de diagnóstico, aún no es posible determinar la localización de cementerios.
Finalmente aseguró que en el Banco de proyectos de la secretaría se encuentra radicado un proyecto del año 2014, bajo el nombre “Administración, mantenimiento, y operación de los cementerios del Distrito de Cartagena 2017”, por un valor de $500 millones de pesos.
Posteriormente, intervino la directora del EPA, María Angélica García, quien aclaró que el EPA no tiene competencias de control sobre los cementerios distritales, considerando que tal como establece la ley 768 de 2002, solo puede ejercer control ambiental sobre el cementerio privado Jardines de Cartagena, mediante visitas de seguimiento y control. Sobre este, indicó que de acuerdo a los últimos informes, están cumpliendo con los parámetros que dicta la norma.
Le siguió en el uso de la palabra Adriana Meza, directora del DADIS, enunciando las acciones que vienen desarrollando como autoridad sanitaria competente para la inspección, vigilancia y control sobre los cementerios. Señaló que en 2016 desarrollaron visita de inspección higiénica sanitaria y locativa, lo que originó actividades de destrucción de criaderos de mosquitos, fumigaciones, y recolección de inservibles. Agregó que los técnicos de saneamiento visitan semanalmente los cementerios distritales, para identificar y destruir criaderos de mosquitos.
Meza indicó que si bien la solución definitiva sería la construcción de un nuevo cementerio distrital, de manera contingencial se sugiere: fortalecer la capacidad de todos los cementerios, mejorando la infraestructura en relación a construcción y/o reparación de bóvedas; realizar exhumaciones masivas; realizar un llamado a los propietarios de tumbas y/o mausoleos que están totalmente abandonados para que realicen las respectivas reparaciones, de lo contrario serán expropiados y los cadáveres será exhumados y guardados en nichos u osarios; y realizar un estudio de viabilidad financiera de la cremación subsidiada de cadáveres y restos, teniendo presente la estratificación socioeconómica, lo que implica menos uso de espacio en relación a sepulturas o uso de bóvedas.
Más adelante, intervino la asesora de servicios públicos, Clara Calderón, manifestando que de los cuatro cementerios distritales solo el del barrio Manga cuenta con parqueadero, y tratamiento, circulación y disposición de aguas residuales. Por su lado, el cementerio de Albornoz no cuenta con servicio de energía, y ninguno de los cementerios cuenta con servicios sanitarios ni señalización.
Calderón explicó que el cementerio de Manga no tiene área para ampliación, pero sí tiene bóvedas disponibles; el cementerio de Olaya no tiene bóvedas disponibles ni área para construirlas; los cementerios de Ternera y Albornoz no tienen bóvedas disponibles, pero si tienen áreas para construirlas; e indicó que los cementerios de Albornoz, Ternera y Olaya ya alcanzaron el 100% de ocupación.
Por otra parte, la funcionaria dijo que el presupuesto del 2017 destinado a operación y mantenimiento de los cementerios distritales es tan solo de 70 millones de pesos, de los cuales ya se han gastado 50 millones; y señaló que de acuerdo a proyecciones realizadas, la inversión requerida para la reconstrucción y ampliación de los cuatro cementerios distritales es de 3 mil millones de pesos, y para los cementerios de la zona rural de 4 mil millones de pesos.
Calderón concluyó recomendando la construcción de un Parque Cementerio Distrital y la destinación en el POT del área para el mismo.
Al momento de tomar la palabra los concejales, el cabildante Erich Piña inició su presentación sobre el debate, señalando que no se ha avanzado en la materia, y que el Distrito debe evitar sanciones por cuenta de acciones populares, tales como la que se adelanta en Tierra Bomba por el estado del camposanto.
Según el concejal, no hay un plan ni a corto, ni a mediano plazo de intervención sobre los cementerios, y persisten las condiciones de insalubridad, riesgo para las comunidades aledañas y contaminación ambiental. Atribuyó en parte esta situación, a la desarticulación de acciones distritales y desaprovechamiento de los recursos e inversiones, y aseguró que existe un claro incumplimiento de la Resolución 5194 de 2010 y de las normas de mantenimiento y exhumaciones.
Se refirió, por otra parte, a un diagnóstico sobre cementerios contratado por el Distrito en el año 2014, por un valor de $400 millones de pesos, y del cual no se conocen resultados.
Para concluir, sugirió a la Administración construir pronto un cementerio distrital en una ubicación pertinente y con todas las especificaciones de salubridad que se requieren.
Por su lado, el concejal Lewis Montero (Opción Ciudadana) considera que la responsabilidad de que los cementerios solo cuenten con $70 millones de pesos como asignación presupuestal es de todos, porque es en la Corporación donde se aprueba el presupuesto del Distrito. Además, aseguró que ya es momento de que el Distrito piense en suscribir una APP para construir un edificio en el que se puedan dejar las exequias en nichos y no pensar en más tierras para construir cementerios considerando la escasez de terrenos que hay en la ciudad.
Para el concejal Antonio Salim Guerra (Cambio Radical), en el Distrito se está perdiendo una buena oportunidad para generar ingresos a través de una forma de turismo muy utilizado en Europa que se denomina “necroturismo”. Guerrarecordó que desde el año 1995, el Cementerio Santa Cruz de Manga fue declarado monumento nacional, y que en este reposan los restos de importantes próceres de la independencia, lo cual podría ser un gran atractivo para turistas. Advirtió que si la Unesco verificara el estado del mismo, se podría correr el riesgo de perder tal declaratoria.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el sábado 22 de julio, a partir de las 9:00 a.m., en el corregimiento de Bayunca.
AUDIENCIA PÚBLICA
Proyecto de acuerdo 070, por medio del cual se autoriza al Alcalde Mayor de Cartagena de Indias para ceder a título gratuito el dominio de predios fiscales ocupados con viviendas de interés social antes del 30 de noviembre de 2011, de conformidad con el artículo segundo de la Ley 1001 de 2005, y se dictan otras disposiciones.
La audiencia solo contó con la participación del ciudadano Iván Caraballo quien destacó las bondades del proyecto pero cuestionó que los predios que se pretenden titular tienen irregularidades en su información catastral, situación que, según Caraballo, el Distrito deberá corregir antes de aprobar la iniciativa, para no incurrir en errores legales.
Ante esto, la concejal Duvinia Torres (La U) como ponente, aclaró que en los anexos del proyecto reposan cada una de las escrituras, linderos, y demás información concerniente a los predios. Además recordó que este proyecto busca ampliar unas facultades otorgadas el año pasado, para seguir favoreciendo a familias que llevan entre 20 y 40 años esperando recibir el titulo de su vivienda.
Para el concejal Javier Curi (Liberal), el Distrito ha perdido la oportunidad de avanzar en la renovación urbana que requiere, a través de la legalización de estos predios, que permitiría negociar con los propietarios la ampliación del espacio público.
La representante jurídica de Corvivienda aclaró las inquietudes expresadas por el ciudadano Caraballo, y reiteró que esta iniciativa pretende ampliar el plazo para la entrega de los títulos.
Ver sesión aquí: https://www.youtube.com/watch?v=AcslU7JqzdI
Escrito por Alejandra López, coordinadora del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
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