Bitácora de la Asamblea Departamental de Bolívar, 25 de febrero de 2020
Hora de inicio: 4:21 p.m.
Hora de finalización: 8:19 p.m.
En esta sesión de la Asamblea de Bolívar se realizaron dos debates de control político sobre el estado de la Contraloría Departamental y otro sobre los informes de empalme de varias dependencias de la Gobernación.
Iniciado el orden del día, fue aprobada el Acta 012 de febrero 18 de 2020. Luego, se dio lectura a las siguientes comunicaciones:
- Excusa presentada por Mery Luz Londoño, Secretaria de Planeación, quien estaba citada a debate sobre informes de empalme, sin embargo, por compromisos previos no se presentó a la plenaria. Esta excusa fue aprobada por los diputados.
- Oficio por el cual se envían los informes de auditoria gubernamental vigencia 2018 realizados a ICULTUR y al Fondo de Tránsito y Transporte de Bolívar por parte del Contralor Departamental.
La introducción al debate sobre la Contraloría estuvo a cargo del diputado Mario Del Castillo (Centro Democrático, MIRA), quien explicó que el objetivo es conocer el estado de este ente, teniendo en cuenta que pese a múltiples citaciones el ex contralor no presentó reportes a la Corporación. Además, destacó la importancia de aplicar metodologías que prioricen la comunicación constante entre este ente de control, las entidades territoriales y la comunidad.
Inicialmente, el Contralor Departamental, Eduardo Sanjur, señaló que la Contraloría de Bolívar tiene 104 sujetos de control, de los cuales 48 corresponden a municipios y los más de 58 restantes corresponden a las ESE y entidades descentralizadas. Además, dio a conocer que solo se les realizó auditoria a 20 de los 104 sujetos y en el 2019 a 43.
Sanjur mencionó que, del presupuesto asignado a la Contraloría, solo el 13%, es decir $992.829.956 son asignados para gastos generales, entre los que se incluye el transporte necesario para que puedan cumplirse las funciones de auditoría en todos los municipios del departamento.
Entre las líneas de gestión que enmarcó Sanjur se encuentra; hacer las gestiones requeridas para mejorar el presupuesto de la entidad. Establecer mecanismos oportunos para que se haga oportunamente la cuota de fiscalización. Profundizar las auditorias en salud porque están sin ningún tipo de fiscalización. Contar con auditores encargados del tema ambiental y fortalecer la participación ciudadana.
Al respecto, el diputado Mario del Castillo (Centro Democrático, MIRA) recordó que la Contraloría debe alcanzar los indicadores de gestión establecidos en el Acto Legislativo 04 de 2019 con el fin de obtener la certificación requerida cada año. Por último, la plenaria aprobó una proposición presentada por Del Castillo para declarar satisfacción sobre el informe presentado por el contralor.
Continuando con el orden del día, se inició el debate de control político sobre los informes de empalme, para lo que hicieron presencia en plenaria Javier Ayola, Secretario de Infraestructura (e); Diana Ariza, Secretaria General; Carlos Polanco, Secretario de Hacienda; Juan Gonzáles, Secretario Jurídico; y María Del Pilar Hernández, Jefe de Control Interno.
A continuación, el Secretario de Infraestructura (e), Javier Ayola, expresó que en 2019 para la ejecución de proyectos de educación, salud, vías, gestión de riesgos, deporte y seguridad se destinaron $1.239.830.707.656; además, en el periodo 2016-2019 hubo 198 contratos de los cuales 58 están en ejecución, 50 requieren ser liquidados y 5 suspendidos.
El funcionario mencionó que entre los proyectos atrasados está la construcción de varios CDI, el mejoramiento de algunas vías y el cumplimiento de compromisos con las víctimas del conflicto armado.
Así mismo, expresó que el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura en el 2020 es de $20 mil millones. El funcionario resaltó que, a pesar de los avances, es necesario reforzar el equipo administrativo, de planeación y operativo de esta dependencia.
Al respecto, se dieron las siguientes intervenciones:
- El diputado Juan Puente (La U) manifestó su preocupación por la poca planeación que se tiene de los proyectos, lo cual genera retrasos en proyectos como el CDI del Carmen de Bolívar. También expresó que con una buena planeación no seria necesario adicionar presupuesto a proyectos que ya tenían recursos asignados.
- Para el diputado José García (Liberal) la Secretaría de Infraestructura fue una de la más dinámicas, pero aun así quedan proyectos por ejecutar, motivo por el que propuso que desde la Comisión de Infraestructura de la Corporación, se haga un acompañamiento a la ejecución de los proyectos.
Luego, la Secretaria General, Diana Ariza, indicó los logros alcanzados desde esta dependencia, resaltando la implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, implementación del digiturno en la sede de la gobernación, fortalecimiento de los canales de atención al usuario, conformación del concejo distrital de archivo, etc.
De acuerdo a la funcionaria, con estos resultados se obtuvo en 2019 un cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo en un 99,44%. Algunos retos señalados por la funcionaria son el mejoramiento de servicios a los ciudadanos, fortalecimiento institucional y capacitación del personal para manejar SIGOB.
Más adelante, el Secretario de Hacienda, Carlos Polanco, señaló que en 2019 los gastos de funcionamiento alcanzaron los $107 mil millones, mientras que los de inversión ascendieron a $1.147 billones, además, el servicio de la deuda es de $36.463 millones y hay un superávit de $88 mil millones.
Polanco indicó que los ingresos que más aportan son los impuestos al consumo de cerveza, Impuesto al consumo de licores, impuesto de registro, estampillas, sobretasa a la gasolina, impuesto al consumo de cigarrillo, vehículos y degüello de ganado.
Por otro lado, expresó que la cartera correspondiente al impuesto a vehículos asciende a $31.004 millones, las deudas por cuotas partes alcanzan los $58.810 millones y hay cuotas partes por cobrar de $3.512 millones de pesos.
El funcionario manifestó que el departamento tiene en procesos litigiosos $7 billones, de los cuales $622.000 millones están en riesgo de pérdida. En cuanto a las estrategias de gestión fiscal se encuentra la aprobación e implementación del nuevo estatuto tributario, racionalización del gasto público, implementar auditorias en salud, fortalecimiento de equipo de cobro, entre otros.
Al respecto, se dieron las siguientes intervenciones:
- El diputado Mario Del Castillo (Centro Democrático, MIRA) señaló que en el informe no se tuvo en cuenta la liquidación del fondo de tránsito departamental y expresó su preocupación por el alto costo del degüello de ganado, lo que incentiva a los ganaderos a acudir a otros departamentos.
- El diputado Elkin Benavides (Liberal) solicitó información sobre el informe financiero de los 4 años que estuvo de gobierno de Dumek Turbay.
- El diputado Víctor Mendoza (Cambio Radical) peguntó por qué hay una diferencia entre el presupuesto planeado y el ejecutado en 2019 ya que representa un monto mayor. Además, Mendoza manifestó su inquietud por las demandas que alcanzan los 7 billones de pesos.
- El diputado Jorge Rodríguez (La U) manifestó su inquietud por los saldos de deuda de $138 mil millones y un superávit de $88.000 millones, ya que no se tiene en cuenta la deuda con la Universidad de Cartagena que asciende a $120.000 millones y la deuda de la liquidación del fondo de tránsito, deudas en el sector salud y con el FONPET, las cuales repercuten en el marco fiscal a mediano plazo.
Continuando con el debate, el Secretario Jurídico, Juan Gonzales, señaló que a la fecha del 31 de diciembre de 2019 había 1032 procesos activos, 470 terminados, 452 terminados favorablemente, ahorrándose $64.823 millones, 18 procesos judiciales perdidos por un valor de $710 millones. De los procesos que están en curso, el secretario afirmó que 15 de los 1032 tienen altas probabilidades de ser perdidos.
El funcionario expresó que se está implementando una política de daño antijurídico para reducir las preocupaciones para el departamento. Además, de los 1032 procesos activos, en 103 la Gobernacion es demandante y en el resto es el demandado.
De estos 1032 procesos la mayoría corresponden a nulidad, restablecimiento de derechos y reparación directa. Por otro lado, explicó que el 64% de los procesos adelantados fueron por licitación pública.
Posteriormente, la Jefe de Control Interno, María Del Pilar Hernández, presentó el estado del sistema de control interno de la gobernación, el programa anual de auditoria y el cierre de gobierno y proceso de empalme.
La funcionaria expresó que actualmente se está dando la implementación y ejecución del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Gobernación de Bolívar y es así como se determinó que el índice de desempeño institucional está en un 64.9%.
Además, señaló que se tenían programadas 28 auditorías de las cuales fueron terminadas 18, suspendidas 3, no ejecutadas 2, unificadas 2 y priorizadas 3.
Hernández indicó que se vio una reducción en el número de auditorías debido a una recomendación que se hizo desde la asamblea departamental el año pasado. Finalmente, entre los retos para esta vigencia resaltó desarrollar estrategias anuales anticorrupción, el diseño de estrategias de fortalecimiento de auditoria interna y brindar permanentes sugerencias frente a los resultados de la Gobernación.
Siguiendo el orden el día, se presentaron y aprobaron las siguientes proposiciones:
- El diputado Miguel Cueter (Conservador) presentó una proposición de satisfacción por los informes presentados.
- El diputado Mario Del Castillo (Centro democrático, MIRA) presentó una proposición para que la citación a Mery Luz Londoño, secretaria de planeación sea el próximo jueves.
- El diputado Elkin Benavides (Liberal) presentó una proposición para que Ariel Zambrano, director de la oficina de gestión de riesgos responda un cuestionario sobre la maquinaria usada en el departamento para desastres ambientales.
Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el jueves 27 de febrero de 2020 a las 4:00 p.m., en la sede ubicada en Manga, 3 avenida # 24-79, Edificio Imán.
Escrito por Jesús Correa Turizo, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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