Hora de inicio: 4:40 p.m.
Hora de finalización: 7:15 p.m.
Temas
- Debate de control político para conocer el estado actual de liquidación del Fondo departamental de transito y transporte.
- Opiniones de los diputados sobre la caída del segundo decreto de emergencia para enfrentar la ola invernal.
Invitados: Wilson Jaimez, Gerente liquidador del Fondo departamental de transito y transporte de Bolívar.
El Secretario General de la Asamblea Juan Carlos Pianeta leyó la solicitud de aplazamiento presentada por el diputado Andrés Ricaurte (Liberal) para mostrar el informe en primer debate el 5 de abril y no ayer 29, como estaba previsto, del proyecto de ordenanza por medio del cual se ajusta la estructura administrativa de la Contraloría departamental. Luego leyó las cartas enviadas por los diputados Orieta Vásquez (PIN), Bertha Pérez (Conservador) y Sigilfredo Tapia (Cambio Radical) en las cuales se excusan de no asistir a la sesión por motivos de fuerza mayor.
Seguidamente Wilson Jaimez, Gerente liquidador del Fondo departamental de transito y transportes de Bolívar, hizo una exposición en la que mostró el estado financiero de la entidad. Indicó que el pasivo actual del Fondo asciende a casi 11 mil millones de pesos. Señaló que 2.173 millones de pesos se obtuvieron de la venta del inmueble donde operaba la entidad y que estos recursos, sumados a 129 millones que pagó la Gobernación al Fondo por concepto de impuestos a vehículos, sirvieron para pagar algunas deudas con los trabajadores activos y no activos. Recordó que el 31 de marzo se cumplen los dos años que el Decreto nº 168 de 2009 había dado de plazo para liquidar este ente, por lo que le pidió a la Gobernación extender el plazo durante seis meses más, puesto que para la fecha mencionada no se lograrían cumplir las obligaciones con todos los trabajadores.
Posteriormente la diputada Colombia Aduen (Partido de la U) manifestó su inconformidad con el proceso liquidatorio. Sostuvo que cuando inicio la liquidación del Fondo hace dos años el déficit ascendía a $2.230 millones de pesos, y que para la fecha esta cifra se ha casi triplicado. Recordó que el inmueble del Fondo tenía un valor en el 2010 de $4.147 millones de pesos, por lo que no entiende como se terminó vendiendo por $2.173 millones, casi por la mitad de su valor. La diputada pidió al funcionario copia del avalúo catastral del inmueble para el 2010 y del avalúo catastral inmediatamente anterior a la fecha de la venta. También pidió copias del valor de la nómina del Fondo antes de iniciarse el proceso liquidatorio en el 2009 y de la última nómina pagada por el Fondo en liquidación durante el 2011 a sus trabajadores activos, además de una copia con el número de trabajadores aforados y no aforados. Todos esto para analizar el por qué hay una nómina “tan amplia” en una entidad que está por liquidarse. Finalizó recordándole al Gerente liquidador que para una próxima ocasión los datos presentados en el informe sean lo más actuales posible, puesto que varias cifras expuestas son de marzo y junio de 2010.
Luz Estela Cáceres (Cambio Radical) destacó como preocupante que las reclamaciones laborales a prueba, es decir que todavía no se han comprobado, asciendan a un estimado de $5.695 millones de pesos, “casi la mitad de los pasivos” afirmó la diputada, y que haya todavía trabajadores que habiéndoles el Fondo liquidado y pagado todas sus prestaciones, sigan laborando en este. Por otra parte Ricardo Posada (Conservador) manifestó su extrañeza con la venta de 9 vehículos del Fondo por $12 millones de pesos, lo cual daría como resultado que cada auto fue vendido por un 1millón 300 mil pesos, cifra que consideró muy baja. Además reconoció que la corporación había sido “un poco permisiva” con el proceso liquidatario. El diputado Miguel Aguilera (Cambio Radical) afirmó que veía muy complicado que el Gerente liquidador pudiese resolver el problema del Fondo, puesto que la Ley 550 “ley de quiebra” en la que está inmerso el departamento se lo dificultaba. Invitó a los diputados a reunirse con el Gobernador para explicarle la situación del departamento en este tema y que éste haga la gestión correspondiente ante el Ministerio de Hacienda.
Andrés Ricaurte (Partido Liberal) sostuvo que la respuesta del Gerente liquidador en el sentido de que no se puede liquidar el Fondo todavía porque no se sabe quién va asumir el costo de la nomina, “no lo satisface”. Indicó que tiene dudas sobre si legalmente el gobernador tenga la facultad para prorrogar la fecha de la liquidación por seis meses más. Además, indicó que se tiene que establecer el valor exacto de las reclamaciones laborales a prueba, porque pueden estar siendo “un foco de corrupción” que no se puede detectar por no tener las cifras claras.
Luis Fuentes (Polo Democrático Alternativo) afirmó que lo ideal es que las entidades en liquidación no tengan funciones activas, pero si las tienen, como en el caso del Fondo, el departamento debe cumplirle a sus trabajadores activos y no activos con todas sus garantías laborales. Exaltó que los sindicatos estén trabajando concertadamente con el gerente liquidador para que esta situación llegue a buen término. Sostuvo que prorrogar el cierre de la liquidación era innecesario, porque “de todas maneras el departamento va tener que correr con los gastos de los trabajadores del Fondo ahora o dentro de seis meses”.
El Secretario General de la Asamblea leyó una proposición en la que la Asamblea se declara satisfecha con el informe, y da un compás de espera hasta el segundo periodo de sesiones ordinarias para evaluar la gestión del Gerente liquidador. La proposición fue aprobada.
Comentarios acerca del fallo de la Corte Constitucional que tumbó el segundo decreto de emergencia para enfrentar la ola invernal.
Luis Fuentes recordó que en una sesión pasada había manifestado que la actual eliminación de las CAR al amparo del nuevo decreto de emergencia tenía visos de inconstitucionalidad, y que con el fallo de la Corte, se comprobaron sus sospechas. Esto demuestra que la inconformidad que manifestó la corporación en su conjunto a través de una proposición, en la que rechazó la desaparición de Cardique estaba justificada, afirmó el diputado. Colombia Aduen leyó una carta enviada por el Director de la CAR Mompoxina, entidad que se creó bajo el amparo del decreto y que ahora queda en un “limbo jurídico”, a la Fiscal General de la Nación, en la que le expone una serie de irregularidades en el manejo de recursos provenientes del Fondo de Compensación Ambiental por parte de la CAR sur de Bolívar.
Finalizó la sesión y se convocó para el 31 de marzo a las 10:00 a.m. en las instalaciones del Colegio Jesús Maestre del barrio Nelson Mandela.
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