Hora de inicio: 9:30 a.m. Hora de finalización: 10:32 a.m.
- Concejo aprueba prorroga de sesiones ordinarias hasta el 10 de marzo
- Consideraciones sobre la construcción de un edificio en la antigua sede del Club Comfenalco
La sesión se inicia con la lectura por parte del Secretario General de la excusas enviadas por la Secretaria de Planeación, directora del EPA y director de CARDIQUE, en las que afirman no poder asistir al debate programado para el lunes 26 de febrero. Asimos mismo lee un comunicado enviado por Darío Montero en el que informa a la Secretaría de Participación que la Secretaria de la Junta de Acción Comunal del barrio Getsemaní, María Julia León en reiteradas ocasiones le ha negado su inscripción en el libro de afiliados de esta JAC. Luego lee una carta en la que el Secretario General afirma no poder asistir a la sesión del 29 de febrero por motivos médicos.
Ante estos comunicados el Presidente del Concejo Rafael Meza (Conservador) sostuvo que seguía el “rosario de excusas” de los funcionarios de la Administración, afirmando que en el día de mañana se definirá la posición que adoptará el Concejo con relación al debate. Por otro lado y en vista de la excusa enviada por el Secretario General, nombró como Secretario Ad hoc al concejal Boris Anaya (Liberal) para la sesión del 29 de febrero. Seguidamente el Secretario lee una proposición en la que el Concejo sugiere una prorroga de sesiones ordinarias hasta el 10 de marzo una vez finalice el primer periodo ordinario de sesiones el 29 de febrero. Proposición que fue aprobada.
Por otro lado el concejal Antonio Salim Guerra (Cambio Radical) hace referencia a una declaración que el Presidente de la CGT-Central Unitaria de Trabajadores- hace con relación al Concejo, donde afirma que la Corporación sólo prestó atención al tema cuando ya estaba considerablemente adelantado el edificio que se esta construyendo donde queda la antigua sede del Club Comfenalco. Expresó el concejal Salim su malestar ante estas declaraciones y señaló que no puede “quedar un manto de duda sobre la actuación del Concejo”, por lo que propuso conformar una Comisión redactora que elabore un comunicado ante la opinión pública planteando la posición del Concejo, con relación a la actuación “indebida” de la Sociedad de Mejoras Públicas y la construcción de un edificio en terrenos que son en un 70% de la Nación.
César Pión (la U) estuvo de acuerdo con lo planteado por el concejal Salim, recordando que hay presiones de los gremios en este tema. Señala que la Sociedad de Mejoras Públicas se constituyó como ente administrador más no como un ente propietario, por lo que no se explica cómo vendió el terreno donde se construye el edificio. Indicó además que cuando el Concejo investiga seriamente a la “clase blanca de la ciudad”, entonces es tratado de corrupto por “las élites amigas de presidentes, procuradores y otras personalidades”, quienes hacen “cortinas de humo para encubrir situaciones”.
Por su parte el concejal David Múnera (POLO) afirmó que el comunicado no está firmado por todas la centrales obreras y es dicho por el Representante de los Trabajadores de Comfenalco. Aseguró que se tiene que dejar claridad en el sentido que el Concejo no está en contra de los derechos de trabajadores afiliados de Comfenalco, señalando que lo que se está debatiendo es que el edificio se construyó en terrenos que son de la Nación. Recordó que sí los constructores se excusan afirmando que tienen un concepto de 1986 de la DIMAR donde sostiene que esos predios no eran de su competencia, entonces los órganos de control deben investigar a la DIMAR. Finaliza diciendo que existe un pleito familiar contra Comfenalco donde hay intereses económicos, pero aseguró que debe quedar claro ante la opinión pública que “no existe ningún interés económico por parte del Concejo, en ningún sentido”.
Posteriormente se aprobó la proposición del concejal Salim y se designan como integrantes de la Comisión al mismo concejal Salim, César Pión, David Múnera y Andrés Betancourt (Conservador). Por su parte Américo Mendoza (ASI) sugirió a la Comisión investigar qué hizo la Sociedad de Mejoras Públicas con los ingresos producto de la venta de los terrenos. Así mismo Duvinia Torres (la U) manifestó que es conveniente conocer públicamente el contenido del convenio suscrito con la Sociedad e identificar sí pudieron o no haber vendido otras propiedades que son del Distrito o la Nación, como ocurrió con los terrenos donde se construye el edificio. En este mismo sentido se expresó Germán Zapata (ASI) afirmando que el Concejo no se opone la construcción y el desarrollo urbanístico de la ciudad, pero sí a la construcción en sitios indebidos.
Por su parte Lewis Montero (PIN) sostuvo que según informaciones prácticamente es un hecho que el Ministerio de Cultura renovó el contrato con la Sociedad de Mejoras Públicas, “solo falta ponerse de acuerdo en unos puntos”. Manifestando el concejal que nuevamente no se tuvo en cuanta en este proceso al Concejo ni a la Alcaldía. Señaló que nadie está discutiendo que sea o no centro recreacional para los trabajadores, pero afirma que el edificio “es un negocio entre CAFAM y personas en Bogotá” Indicó que es pertinente volver a realizar el debate con todos los implicados.
Ante esto el concejal Antonio Salim Guerra (Cambio Radical) dijo que si ya existe un borrador del convenio el Ministerio puede estar incurriendo en “extralimitación de funciones”. Indicó que la Comisión creada debería reunirse con el Alcalde y pedirle que se pronuncie ante el Ministerio sobre este hecho que puede estar rayando con “la ilegalidad”.
En otro tema William Pérez (la U) lee una proposición firmada por la bancada de la U y el concejal Germán Zapata (ASI) en la que sugieren conformar una comisión para que entregue en nota de estilo una exaltación a los organizadores del Festival Internacional de Cine de Cartagena en su 52º edición. Proposición que fue aprobada.
Finalizó la sesión y se convoca para el lunes 27 de febrero a las 8:30 a.m. en las instalaciones del Concejo Distrital.
Escrito por Armando Mercado Asistente de Investigación de Observatorio al Concejo y la Asamblea.
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