Bitácora 8 de agosto de 2012
Hora de inicio: 8:44 a.m. Hora de finalización: 12:55 p.m.
- Concejo solicita al Alcalde derogar el Decreto de Reglamentación del suelo en la Zona Norte
La sesión se inicia con la intervención del Presidente del Concejo Rafael Meza (Conservador) quien resalta la presencia de los citados, saludando a la Secretaria de Planeación- María Claudia Páez -Director de Cardique- Olaff Puello, Personero y Contralor. También estaba citado el equipo económico de la Administración para el tema de las exenciones en el cobro del predial a SACSA, pero por cuestiones de tiempo no se realizó el debate.
Además se citó a Electricaribe por el cambio de contadores en algunas comunidades de la ciudad como Nuevo Bosque, pero la Gerente Regional de la empresa Fanny Guerrero no asistió, dejando la concejal Saray Aguas (Partido Verde) constancia que es la segunda vez consecutiva que se excusa la citada, por lo que solicitó a los órganos de control investigar el caso.
Interviene dos representantes del barrio Nuevo Bosque, quienes también en nombre de las comunidades de Nelson Mandela, Antonio José de Sucre, La Campiña, Los Calamares y otras que se han visto afectadas por el cambio de contadores, manifestaron su disgusto con Electricaribe por la manera “descarada y burlesca” con la que han tratado sus reclamos, además de la no asistencia a los dos debates.
Seguido toma la palabra la Secretaria de Planeación quien hace una explicación del Decreto 1144 del 2012 por medio del cual se reglamenta el tratamiento de desarrollo para el suelo rural y suburbano de la Zona Norte, señalando que el acto administrativo está acorde con el Convenio 169 de 1987, la Ley 21 y 70 de 1991, el Decreto 1320 de 1998 y Sentencias como la 129 de 2011. Así mismo indica que desarrolla artículos del POT como el 303, 307, 308 y 309, por tal motivo es “reglamentario” y no “modificatorio”. Seguido Wilson Toncel (Cambio Radical) pregunta por qué en las respuestas no fue enviado el concepto de Cardique sobre el Decreto, a lo que la funcionaría contesta señalando que no era necesario el concepto de esta entidad para la sanción del acto administrativo.
Ante esta respuesta Antonio Quinto Guerra (Conservador) sostuvo que en el Decreto de orden nacional 3600 del 2007, en su artículo 9 se establece que para este tipo de modificaciones se necesita el concepto de la autoridad ambiental. Ante esto la funcionaria responde que el Decreto para la Zona Norte no modifica el POT, sólo reglamenta artículos del POT, por lo que no se está violando las competencias de Cardique. Reitera que este Decreto beneficiará a las áreas sub urbanas y a las poblaciones que allí habitan, en especial las comunidades afro, puesto que las constructoras que quieran construir contribuirán con el reparto equitativo de cargas y beneficios.
David Dáger (Liberal) sostuvo que no se le estaba diciendo “toda la verdad a la comunidad”, puesto que la modificación en la densidad del suelo sólo beneficiará a unos particulares, además con esto “se deja claro que sí se modificó el POT”. César Pión (la U) recuerda a la funcionaria que confía en sus capacidades profesionales, pero le señaló que sus asesores jurídicos no le están diciendo toda la verdad. Afirma el concejal que la Corporación no está en contra del desarrollo de las comunidades afro de la Zona Norte, sino en la manera como se aprobó el Decreto, que beneficia “en especial” un particular llamado “Charles”. Por su parte Duvinia Torres (la U) señala que el Decreto tiene aspectos positivos, pero el debate es sobre si el proceso de aprobación fue o no el adecuado, en el sentido sí era necesario el concepto de Cardique y que pasara por el Concejo vía Proyecto de Acuerdo. Por lo que insistió en que de ser necesario la Administración acoja las recomendaciones y revise el Decreto.
Por su parte el representante de Cardique sostiene que pese a que la Corporación Ambiental tenía competencia y jurisdicción en el suelo que se estaba reglamentando, sumado al hecho que sí se aumento la densidad de edificación, su dependencia no participó ni fue invitada en la elaboración del Decreto. Señala además que al parecer en la Secretaría de Planeación tienen una confusión en lo que es: una compensación, una sesión y el reparto de cargas y beneficios.
Seguido Antonio Quinto Guerra (Conservador) enumeró los factores por los cuales considera que el Decreto es “inconstitucional e ilegal”: 1) Viola el artículo 29 y 313 de la Constitución, 2) el Decreto 3600 del 2007, 3) el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, 4) no tiene en cuenta que el Decreto 0977 del 2001, es decir el anterior POT finalizó su vigencia el 31 de diciembre del 2012, 5) no se tuvo en cuenta el concepto de la autoridad ambiental. Sostiene el concejal que se podía estar incurriendo en un posible “prevaricato por acción”, y señala que el anterior Secretario de Planeación “no quiso autorizar el Decreto”, pero sí aconsejó a la actual Secretaría para que lo impulsara. Anotó el concejal que la Corporación estudiará la posibilidad de realizar una moción de censura contra la Secretaría.
En este mismo sentido David Múnera (POLO) expresó como el Decreto es en realidad “un negocio” para los constructores en la Zona Norte, puesto que se les permite aumentar la edificabilidad de sus construcciones, a cambio que den sesiones de terrenos. Señaló además como la comunidad no tendría ninguna participación, puesto que se establecerá una fiducia para el negocio de las tierras. Manifestó que a las comunidades se las engañó como cuando “los españoles les daban espejos a los nativos”
Alfredo Díaz (PIN) manifestó que este Decreto fue producto de “un lobista”, que venía desde la Administración pasada y que logró sus objetivos en esta, de ahí que hubiese puesto a Javier Mouthon como asesor. Señala que el Acto Administrativo tiene dos propósitos, el primero que las zonas de sesión o de compensación que todo proyecto de construcción urbanístico por ley tiene que dar, las otorguen en las tierras más baratas de los centros poblados de los corregimientos y no en la zona del proyecto; y el segundo es aumentar el índice de construcción de los proyectos. Afirmó que el Concejo en su momento dará los nombres de los lobistas.
David Dáger (Liberal) preguntó a la Secretaria sí Juan Manuel Gonzales participó en la redacción del Decreto y quién financió su intervención. A lo que la funcionaria respondió que fue quien elaboró el primer documento y su sueldo fue financiado por CAMACOL. Ante esta respuesta el concejal Dáger insistió en que este tipo de hechos demuestra que el Decreto tiene intereses particulares detrás, “es como poner a Drácula a cuidar el banco de sangre”. Por su parte el Personero dice que se opuso, desde que fue invitado a las primeras reuniones en las que se discutía el Decreto.
En vista de lo acontecido Antonio Quinto Guerra (Conservador) lee una proposición firmada por todas las bancadas con el respaldo de la Personería, en la que solicitan al Alcalde revocar el Decreto, además piden a la Secretaría de Planeación que se abstenga de darle trámite a las solicitudes de licencias de construcción que al amparo de este Decreto pudieron haber presentado ya algunos constructores. La proposición fue aprobada.
La concejal Duvinia Torres (la U) solicita declarar sesión informal para escuchar a dos representantes afrodescendiente de los Consejos Comunitarios de la Zona Norte. Luego de esto la Mesa Directiva dio la palabra a Gustavo Balanta Castilla en representación de la Asociación de Consejos Comunitarios de Cartagena, quien expresó que el Concejo permitió en su momento que se cambiara el uso del suelo a Chambacú “y no hizo nada”, así como señaló que el Proyecto Karibana “cerceno” una laguna que servía de despensa alimentaría a Punta Canoa y Cardique “tampoco dijo nada”. Así mismo otro representante de las comunidades afro señaló que fue una falta de respeto el hecho que un concejal dijera que los engañaron como “los españoles a los indios con espejos”, así mismo recordó que el concejal Antonio Quinto Guerra (Conservador) vivía en la urbanización Barcelona de Indias, proyecto cuya zona de sesión se encuentra cercada al público. Expresó que las comunidades afros de la Zona Norte “así les toque salir a defender el Decreto lo harán” puesto que no fueron engañadas.
Ante estos planteamientos César Pión (la U) contestó al ciudadano afirmando que era una falta de respeto generalizar y que las acusaciones se deben hacer con nombre propio y sin tocar la vida privada de las personas, señalándole a la Mesa Directiva que no podía permitir que las barras o los invitados le faltaran el respeto a la Corporación. En este mismo sentido Alfredo Díaz (PIN) expresó a Balanta que no permitiría que le faltaran el respeto y mucho menos cuando el luchó junto a los habitantes de Chambacú, San José de lo Campanos, Villa Corelca y demás por el acceso a la tierra y la vivienda digna en la ciudad.
Por considerar que había desorden en las barras el Presidente levantó la sesión y convocó para el jueves 9 de agosto a las 8:30 a.m.
Escrito por Armando Mercado. Asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
Dejar una Respuesta