Hora de inicio: 9:06 a.m.
Hora de finalización: 11:36 a.m.
Hoy en el Concejo Distrital se llevó a cabo el debate de control político propuesto por el concejal Cesar Pión (La U) y su bancada, para despejar las inquietudes frente a las licencias de construcción y uso del espacio público que se han otorgado en el distrito de Cartagena.
Algunos de los participantes de la sesión fueron la contralora distrital, la secretaria de planeación, los curadores urbanos 1 y un delegado de la curaduría urbana No. 2, representante de la Personería distrital, alcaldes menores, directora de control urbano del distrito y delegada de la gerencia de Espacio público.
Luego de una introducción realizada por el concejal citante, en la que rechazó el envío tardío de las respuestas por parte de los funcionarios, se pronunció el Curador urbano 1, Ronald Llamas, dando respuesta a las preguntas del cuestionario.
Llamas explica que el cobro de las licencias está regulado mediante el Decreto 1077 de 2015, que tiene en cuenta las áreas y estrato donde se va a construir y se establece a partir de una ecuación establecida por el Ministerio.
En lo que se refiere al número de licencias otorgadas entre los años 2012 y 2016 informó que la curaduría bajo su cargo ha expedido 1589 licencias. Además aclaró que las curadurías como estamentos privados con una función pública, se limitan a verificar el cumplimiento de requisitos legales, especialmente lo establecido en el POT, para aprobar o desaprobar obras de construcción, pero no cuentan con facultades para hacer visitas a las obras.
Por su parte, el delegado de la curaduría urbana #2, informó respecto al número de licencias, que ese estamento ha expedido alrededor de 1100 licencias de construcción.
En una interpelación el concejal Américo Mendoza (ASI) preguntó a los curadores sobre las bases jurídicas en las que se amparan las licencias expedidas para construir en áreas de influencia de nuestros bienes patrimoniales, como lo fue el centro comercial construido en el Castillo San Felipe, La serrezuela y el proyecto de viviendas de interés social que se construye frente al Estadio Bernardo Caraballo.
Ante esta inquietud, el curador urbano #1 explicó que estos proyectos de construcción cuentan con el visto bueno del IPCC y del Ministerio de Cultura, toda vez que cuando las solicitudes se presentan para proyectos en zonas en donde podrían causar un impacto a los bienes con valor cultural del distrito, se establece como prerrequisito el concepto de estas dos entidades.
Luego, intervino la secretaria de planeación, Luz Elena Paternina, asegurando que se encuentran trabajando en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, y que efectivamente es la secretaría bajo su cargo la responsable de conceptuar respecto al uso del suelo en zonas donde hayan vacíos jurídicos e imprecisiones dentro del POT.
Por otro lado afirmó que son las alcaldías locales quienes ostentan la facultad de control y vigilancia sobre las construcciones en el Distrito, para asegurar que cumplan con las normas urbanísticas vigentes.
La funcionaria presentó la relación de las 12 construcciones detenidas por irregularidades entre los años 2012 y 2016.
Posteriormente, la directora de control urbano, Lady Ann Esteer, dio cuenta de los informes de visitas realizados por su dependencia e informó que con base en el Decreto 0550 que empezó a regir a partir del 1 de abril de 2016, le fueron trasladadas las competencias de vigilancia y control de las obras a las alcaldías menores, por lo cual su despacho procedió a hacer el respectivo traslado de los procesos administrativos iniciados y las quejas recibidas.
Los alcaldes menores también se pronunciaron, señalando que en medio magnético habían allegado a la Corporación la relación de los procesos por obras que desde el 2012 han sido interrumpidas por violar presuntamente las normas urbanísticas de la ciudad.
El alcalde de la localidad 1 solicitó que para el estudio del presupuesto del próximo año, se tenga en cuenta la necesidad de fortalecer los equipos de profesionales de las dependencias de control urbano de las secretarías.
Por su lado, el alcalde de la localidad 2, Gregorio Rico, se refirió a un cartel de la violación a las normas urbanísticas, y advirtió que tomará medidas sancionatorias en contra de quienes haya lugar.
Finalmente, la contralora distrital, Nubia Fontalvo, mencionó las auditorías realizadas a las curadurías urbanas, como parte de un Plan General de Auditoría Fiscal (PGAT), de los cuales se encontraron en 2012, 6 hallazgos administrativos sin alcance a las curadurías urbanas 1 y 2, para la vigencia 2013 se determinaron 2 hallazgos administrativos sin alcance, y en 2014 la Contraloría apertura 2 procesos sancionatorios que fueron archivados por falta de meritos al curador 1 y 2.
A su turno, los concejales Vicente Blel (Cambio Radical), Carlos Barrios(Cambio Radical), Duvinia Torres (La U), Cesar Pión (La U) y Luis Cassiani(Cambio Radical) se pronunciaron sobre el tema de debate.
Blel cuestionó a los alcaldes frente a las medidas que se estarían tomando para mitigar las invasiones que mediante rellenos se vienen realizando en la franja derecha de la vía al mar, a lo que el alcalde de la localidad 2 respondió que ha adelantado dos operativos fallidos porque el ESMAD no acudió a la diligencia, en la que se pretendía frenar la ocupación irregular de un parqueadero en esta zona; no obstante, el funcionario se compromete a mostrar resultados en menos de dos semanas.
Respecto a las familias que ahí habitan, dijo que en periodos anteriores obtuvieron la confianza legítima a partir de los compromisos de reubicación que les hizo el mandatario de turno, y hasta tanto no se cumpla con dicho compromiso no será posible recuperar este espacio.
Por tanto, el alcalde asegura que se adelantará un nuevo censo para incluir a los nuevos ciudadanos que deberán beneficiarse de la reubicación y poder restituir esta área. Rico pidió un mes de plazo para cumplir con esta labor.
Entre tanto, el concejal citante concluyó que las respuestas de los funcionarios evidenciaban una desarticulación institucional que ha permitido abusos por parte de particulares que violan lo estipulado en el POT, y un crecimiento desordenado de la ciudad.
Cerró su intervención con una proposición mediante la cual le solicita al Procurador, Fiscal y Contralor general de la nación, que intervengan de manera directa en las investigaciones de licencias expedidas en Cartagena y que posiblemente afectan el cono visual de importantes monumentos de la ciudad.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el jueves 30 de junio, a partir de las 8:30 a.m., en las instalaciones de la Corporación.
Escrito por Alejandra López, coordinadora del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
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