Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena, 8 de abril de 2019.
Hora de inicio: 9:05 a.m.
Hora de finalización: 10:55 a.m.
Esta sesión del Concejo de Cartagena correspondió al debate de control político sobre la prórroga que se dio a la concesión de alumbrado público y al avance de las gestiones para determinar cómo será la nueva modalidad del servicio. En plenaria se contó con la presencia del interventor del contrato y representantes de la Oficina de Servicios Públicos.
Como concejal citante Javier Curi (Liberal) llamó la atención por la ausencia de la Secretaria General, Martha Seidel, teniendo en cuenta que el objetivo del debate es conocer detalles sobre la concesión, la ejecución del contrato, y el comportamiento del recaudo, toda vez que se realizó una prórroga de 1 año para tomar una decisión sobre el futuro de este servicio público.
Como interventor del contrato, William Murra, manifestó que en diciembre de 2018 se finalizó la concesión de alumbrado público luego de 20 años, sin embargo, se aprobó una prórroga de 1 año mientras se realizan estudios para determinar la continuación del servicio, para lo cual se encuentra delegada la Secretaria General del Distrito.
Para Murra es vital que el Distrito resuelva lo referente a la nueva licitación para prestar el servicio y la reclamación presentada por el concesionario actual. Así mismo, expresó que la concesión sí le sirvió a la ciudad y destacó que se cuentan con aproximadamente 46 mil luminarias; además, se pasó a contar con semaforización electrónica e iluminación LED. Otros puntos mencionados por el interventor fueron:
- Existía el compromiso de alumbrar los barrios suburbanos, pero es poco lo que se ha hecho al respecto, pues entre 2002 y 2016 solo se normalizaron 35 sectores de barrios suburbanos.
- El concesionario asegura que hay un faltante de caja por el orden de $60 mil millones pero la interventoría rechazó el 70% de esta reclamación, pues se calculaba que al finalizar la concesión las ganancias serían de aproximadamente $18 y $22 mil millones y fueron de $17.933 millones.
- Entre 2015 y 2016 hubo una descompensación del 11% y el recaudo bajó a un 85% y 89%; estos factores incidieron para que el saldo de caja esperado en pesos corrientes no se cumpliera.
- A pesar de que el costo de mantenimiento para el concesionario aumentó, los cartageneros tienen un cobro menor al del promedio nacional por este servicio.
- Debe construirse una mejor central semafórica en Cartagena, sin embargo, no se ha encontrado un lote apropiado y se viene adelantando la gestión con Transcaribe.
- La Secretaría General ha mostrado interés por resolver lo concerniente a la reclamación del concesionario y habrá una nueva mesa de trabajo luego de Semana Santa.
Ante una pregunta del concejal Américo Mendoza (ASI), el interventor informó que la cobertura real del servicio de alumbrado público es del 95%, a excepción de las zonas suburbanas.
A continuación, Hellen Tapias, asesora jurídica externa de la Oficina de Servicios Públicos de la Secretaría General, informó que la Secretaria General, Martha Seidel, presentó inconvenientes por retrasos de última hora para asistir a la plenaria.
Sobre lo anterior, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) dejó constancia de su desacuerdo por la ausencia de Seidel, pues considera que los funcionarios no están cumpliendo con las citaciones de la Corporación y no es conveniente que en un tema tan importante se delegue a una OPS.
Más adelante, Tapias explicó que, atendiendo al Acuerdo 021 de 2018, se suscribió una prórroga de 1 año con la actual concesión, la cual se vence el 3 de enero del 2020, por lo tanto, la Administración viene estudiando 4 alternativas para continuar con la prestación del servicio de alumbrado público: ampliación del contrato de concesión actual, contratación de una nueva concesión, constitución de una empresa de economía mixta y prestación directa del servicio por parte del Distrito.
Para elegir la mejor opción la Administración está en etapa de planeación y se contratará, mediante un concurso de méritos, una consultoría que en un tiempo de ejecución de 4 meses, realice los análisis técnicos, legales y financieros para determinar la alternativa más favorable.
Al respecto, el concejal Américo Mendoza (ASI) manifestó su preocupación por los tiempos de los procesos de contratación pues al hablarse de 4 meses se hace referencia a septiembre, teniendo en cuenta que aún no se ha iniciado el proceso y el paso siguiente sería la elección de un nuevo operador, si esa es la alternativa escogida, para lo cual se requerirían unos 6 o 7 meses.
Para el cabildante esto significaría que en total se necesitan entre 10 y 11 meses para tomar una decisión de manera acelerada, y el alcalde Pereira terminará su encargo el 31 de diciembre, por lo que solicitó a la funcionaria aclarar esta situación.
Sobre las inquietudes planteadas, Hellen Tapias indicó lo siguiente:
- Se prevé que el concurso de méritos iniciará en abril y el tiempo de adjudicación es de 1 mes, por lo que a finales de mayo la consultoría ya debería estar contratada.
- El valor de la consultoría es de $600 millones y el plazo de ejecución del contrato es de 4 meses, es decir, hasta septiembre de 2018.
- Si se opta por la alternativa de una nueva concesión, la consultoría apoyaría la elaboración de la parte técnica de los pliegos de condiciones y en octubre se llevaría a cabo el proceso licitatorio para contratación de la concesión.
- De acuerdo a los términos de ley, a finales de noviembre ya se tendría debidamente adjudicada la nueva concesión.
- De optarse por 1 de las otras 3 alternativas (ampliación de la concesión actual, empresa de economía mixta y prestación directa del servicio por parte del Distrito) la metodología a aplicar sería diferente.
- Según la funcionaria, sí se está a tiempo para definir el futuro del servicio de alumbrado público durante esta vigencia.
El concejal Javier Curi (Liberal) llamó la atención sobre el inventario georreferenciado de las luminarias, el cual debe realizarse por requisito de ley, debió llevarse a cabo con anterioridad, y no fue mencionado en la intervención de la funcionaria.
En ese sentido, William Murra indicó que el inventario es la columna vertebral para determinar qué es lo que se va a concesionar, y cualquiera que sea la alternativa debe realizarse este estudio, el cual tomaría de 4 a 6 meses y costaría aproximadamente $1000 millones.
Para el concejal Antonio Salim Guerra (Cambio Radical) no hay tiempo suficiente para llevar a cabo las licitaciones necesarias, y por los periodos mencionados se estaría ad portas del vencimiento de la prórroga y se dificulta la agilidad del proceso, por lo que considera deben instalarse mesas de trabajo entre el Concejo y la Administración.
De la misma manera, los concejales Javier Curi (Liberal), Carlos Barrios (Cambio Radical) y Édgar Mendoza (Conservador) propusieron conformar una comisión de concejales que se encargue de hacer seguimiento a este tema.
Mendoza resaltó que está en riesgo el cumplimiento del principio de planeación consagrado en el Estatuto de Contratación Colombiano, pues las facultades para elección de una nueva alternativa se vencen el 28 de diciembre y no debería esperarse hasta noviembre o diciembre para la adjudicación del contrato, pues está en juego un servicio público esencial.
Así mismo, el cabildante mencionó que no sería conveniente declarar una urgencia manifiesta para salvar el trámite contractual en caso de que se presenten obstáculos o se declare desierto el proceso.
Luego, el concejal Javier Curi (Liberal) dejó constancia de que la Administración debe adelantar el inventario georreferenciado de las luminarias.
Finalmente, el Secretario General informó que los ponentes para el proyecto de acuerdo que busca regular las zonas de estacionamiento serán los concejales Édgar Mendoza, Américo Mendoza y César Pión (Coordinador).
Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el martes 9 de abril de 2019; a las 8:30 a.m., en las instalaciones del Concejo Distrital.
Ver sesión:
Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar de Funcicar.
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