Hora de inicio: 9:12 a.m.
Hora de finalización: 9:57 a.m.
Iniciado el orden del día, el concejal Vicente Blel (Cambio Radical) tomó el uso de la palabra para refererirse a la resolución a través de la cual Parques Nacionales prohibió el ingreso de embarcaciones a Playa Blanca. Al respecto cuestionó que esta medida no fue socializada con la comunidad y actores del sector turístico, por lo que se estarían presentando protestas e inconformismo por parte de algunos operadores.
Según Blel, la sobreocupación de Playa Blanca se origina principalmente por visitantes que llegan por la vía terrestre y no por vía marítima, razón por la cual respalda la oposición que el alcalde Manuel Vicente Duque ha manifestado contra esta medida, y la solicitud de que sea levantada.
En el mismo sentido, su colega de bancada Antonio Salim Guerra expresó algunas observaciones respecto de la forma cómo se desarrolla el turismo en la ciudad. Según Guerra, este sector se ha dinamizado a ritmo acelerado en el mundo, pero en Cartagena va a paso lento y no se ha logrado reglamentar.
Para el cabildante la medida de Parques Nacionales, que se deriva de una misiva realizada por la Procuraduría General, fue inconsulta y afecta negativamente la economía de los nativos que devengan sus ingresos exclusivamente de actividades asociadas a este sector. No obstante reconoce el gran daño ambiental de esta zona, el cual atribuye a la falta de autoridad y permisividad, que ha dejado inclusive que extranjeros construyan hostales a escasos 5 metros de la playa.
En tal sentido solicita al presidente de la Corporación que conforme una comisión de concejales para que estudien y tomen decisiones frente al turismo en la ciudad.
Por su lado, la concejal Duvinia Torres (La U) luego de expresar su rechazo a la medida, agregó que Parques Nacionales en lugar de restringir debería realizar una redistribución de los ingresos que recibe por cuenta de Playa Blanca, en campañas de educación ambiental y ciudadana en esta isla. La cabildante manifestó su preocupación por las pérdidas económicas que le dejaría esta medida a las comunidades que se dedican al turismo en la zona insular e instó al gobierno a iniciar la debida reglamentación.
Posteriormente, el concejal Javier Curi (Liberal), evocó el Plan sectorial de turismo que fue contemplado en el Plan de Desarrollo Distrital, para señalar que en el marco del mismo se debe focalizar la atención en las medidas de regulación que requiere el turismo que se realiza en las zonas rurales de Cartagena. Asegura que una vez nos apropiemos de este paradigma, estas comunidades contarán con mayores oportunidades para desarrollar sus actividades económicas de manera sostenible, y solicitó que en el debate que se planea desarrollar se evalúe de manera exclusiva la situación del turismo rural, incluyendo el de la zona norte.
El presidente de la corporación, concejal Lewis Montero (Opción Ciudadana) anunció que concertaría una reunión entre los concejales y el alcalde, para debatir en tono a dicha situación.
Sobre otra línea de discusión, el concejal Edgar Mendoza (Conservador) tomó el uso de la palabra para introducir una proposición aditiva relacionada con el contrato de concesión al Corredor de Carga. Sobre el particular dijo que tiene conocimiento de que existe la intención por parte de la Administración de liquidar de manera acelerada este contrato, el cual en materia de infraestructura y de cuantías es significativo.
Según Mendoza, la ley 80 establece unos términos y un tiempo de 4 meses para la liquidación de un contrato una vez culmine, y 2 años para los procesos o trámites judiciales, por lo que le solicita a la Administración abstenerse de liquidarlo hasta tanto no se adelante un análisis en el debate que se propone en la Corporación. Lo anterior, considerando que no es pertinente liquidar de manera apresurada, dada la importancia de la liquidación de un contrato, puesto que es el cruce de cuentas entre el contratista y el contratante, y para este caso, la fase en donde la infraestructura pasaría a pertenecer al Distrito.
Una vez fue leída la proposición por el secretario general, la plenaria procedió a aprobarla; y tomó el uso de la palabra el concejal William Pérez (La U) para recordarle a la mesa directiva los compromisos asumidos por la Corporación en la audiencia pública sobre la propiedad de los predios de Ceballos. Pérez insistió en que se deben enviar los oficios a los órganos de control y hacerle un acompañamiento a la comunidad.
Agotado el orden del día se levantó la sesión, y se convocó para el domingo 9 de julio, a partir de las 8:30 a.m., en las instalaciones de la Corporación.
Nota: El día martes 11 de julio, a partir de las 9:30 a.m., se llevará a cabo la audiencia pública al proyecto de acuerdo de incorporación al presupuesto y de categorías de empleo para agentes del DATT.
Escrito por Alejandra López, coordinadora del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
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