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Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 15 de octubre del 2026
Hora de inicio: 9:35 a.m.
Hora de finalización: 11:48 a.m.
En esta sesión plenaria del Concejo Distrital de Cartagena, se realizó la socialización de la ejecución presupuestal del 2026 y proyección de presupuesto para el 2027 por parte de la Secretaría de Hacienda y de Planeación.
Iniciada la sesión, tomó la palabra el Secretario de Hacienda, Haroldo Forich, expuso que el presupuesto general proyectado para 2027 asciende a $4.845.684.038.697, registrando un incremento del 6,14% frente al presupuesto inicial de 2026. Al desagregar el gasto, se detalló que funcionamiento contará con $944.232 millones (un incremento del 14,3%), inversión con $3 billones 588 mil millones (aumento del 0,49%) y el servicio de la deuda con $312.981 millones (variación del 87,78%), incremento explicado por el inicio de amortizaciones de capital e intereses de los créditos autorizados a la administración.
Respecto a las rentas principales, se proyecta un recaudo de $740.924 millones por Impuesto de Industria y Comercio (ICA), $620.622 millones por Impuesto Predial Unificado, $67.969 millones por sobretasa a la gasolina, $42.629 millones por sobretasa bomberil y $29.300 millones por avisos y tableros, entre otros.
Asimismo, se expuso la distribución sectorial de la inversión para 2027, concentrándose el 76% del presupuesto en salud con un 42% ($1.509.696 millones asignados al DADIS) y educación con el 34% ($1.229.109 millones para la Secretaría de Educación), seguidos por vivienda con el 8%, gobierno territorial con el 5%, transporte con el 2% y deporte con el 2%.
En relación con el cupo de crédito por $1.5 billones aprobado en 2024, se certificó que el 100% de los recursos se encuentra comprometido en macroproyectos como el Gran Malecón del Mar ($208.988 millones), control de inundaciones en Bocagrande ($174.953 millones), construcción de nuevos colegios ($167.779 millones), mejoramiento de la malla vial ($164.000 millones), la Circunvalar de la Ciénaga ($150.000 millones), el intercambiador de La Carolina ($108.000 millones), escenarios deportivos ($89.446 millones), el intercambiador de Ternera ($86.816 millones) y la flota de Transcaribe ($70.000 millones).
Al término de la exposición de Hacienda, la concejal Luz Marina Paria (ASI) solicitó revisar la asignación a las tres localidades, las cuales mantienen una proyección de $10.000 millones cada una, advirtiendo que cursa en la corporación un proyecto para reglamentar los Fondos de Desarrollo Local que obligaría a reajustar dichos montos conforme a los porcentajes de ley, ante lo cual los voceros de la entidad aclararon que las cifras se formalizarán una vez el proyecto surta su trámite normativo.
Continuando con el orden del día, el secretario de planeación, Emilio Molina, presentó el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) 2027 y el balance de gestión de su dependencia con corte al 15 de septiembre de 2026. Molina explicó que la inversión total en el POAI 2027 asciende a $3 billones 588 mil millones frente a los $3 billón 570 mil millones de 2026, concentrando el 91,9% de los recursos en las líneas estratégicas de Vida Digna y Seguridad Humana. También mostró la ejecución presupuestal de las unidades ejecutoras n el 2026:
Respecto a la ejecución de Planeación en 2026, reportó un avance presupuestal del 65,8% ($26.267 millones comprometidos de $35.591 millones asignados), destacando ejecuciones en el catastro multipropósito (99,3%), la metodología Sisbén IV (75,2%) y el banco de proyectos (65,6%). En avances estratégicos, el funcionario anunció que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) culminó las fases de diagnóstico y concertación ambiental con Cardique y el EPA tras 212 mesas de participación con 5.300 ciudadanos, encontrándose actualmente en estudio de consulta ante el Consejo Territorial de Planeación (CTP) previo a su radicación en el Concejo.
Frente a esto, el concejal Johan Correa (Nuevo Liberalismo) consultó si la documentación se preparaba en paralelo para agilizar los tiempos, respondiendo Molina que el documento técnico está completamente consolidado y se radicará en el actual periodo tras analizar el concepto no vinculante del CTP. De igual forma, Molina resaltó la aprobación unánime del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico por parte del Consejo Nacional de Patrimonio tras 19 años de espera, la adopción de cuatro políticas públicas distritales (Salud Mental, Espacio Público, Educación Ambiental y población LGBTIQ+), la radicación del proyecto de reorganización político-administrativa que crea dos nuevas localidades y una calificación histórica de 89 puntos otorgada por el DNP en el índice de regalías.
Seguido, el director administrativo de control urbano, Giovanni Marinero, rindió informe sobre su dependencia, indicando una ejecución del 49% con corte a septiembre ($1.609 millones comprometidos sobre $3.271 millones definitivos), con un avance del 64,58% en normalización urbanística y del 24,54% en gobernanza urbanística, explicando que este último porcentaje respondió a demoras administrativas en la expedición de certificados de disponibilidad presupuestal (CDP).
Frente a ello, la concejal Laura Díaz (Alianza Verde) instó a los jefes de despacho a tomar medidas gerenciales para evitar que la ejecución de programas planeados para varios meses se concentre al cierre del año. A su turno, Paria manifestó su preocupación por la reducción presupuestal a Control Urbano para 2027 e instó a no sacrificar las inspecciones especializadas en las localidades, argumentando que la proliferación de obras irregulares, proyectos privados abandonados y viviendas unifamiliares transformadas en edificios multifamiliares sin parqueaderos desborda la capacidad de control del Distrito.
Posteriormente, el concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) intervino proyectando imágenes comparativas entre el render institucional de la I.E. Jorge Artel presentado por Planeación y fotografías reales de los accesos sobre la Vía Perimetral, señalando que el entorno escolar se encuentra convertido en un botadero de basuras y escombros que atenta contra la salud de los estudiantes, instando a las dependencias a asumir su rol de servidores públicos para recuperar el sector. Asimismo, Córdoba cuestionó de forma vehemente la asignación de $700 millones para inversión a la Institución Universitaria Mayor de Cartagena (UMayor) en el presupuesto 2027, calificándola como insuficiente para cerrar brechas de acceso a la educación superior en corregimientos y sectores vulnerables, y solicitó explicaciones técnicas sobre los criterios de priorización utilizados frente a la entidad.
Frente a la discusión de Control Urbano, el concejal Lewis Montero (La U) y el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) aclararon que la sesión correspondía a la presentación del presupuesto y no a un debate de control político, puntualizando que el manejo de residuos sólidos y limpieza en la Vía Perimetral es competencia de las empresas de aseo y de la Secretaría General mediante la oficina de servicios públicos, mas no de Control Urbano. Respecto a UMayor, Barrios precisó que la institución se financia mayoritariamente con recursos del orden nacional a través de la política de gratuidad y que la administración distrital aporta históricamente entre $80.000 y $90.000 millones a la educación superior mediante el 3% del ICA destinado a las becas universitarias, además de que el presupuesto global proyectado para UMayor en 2027 supera los $36.000 millones.
En su réplica, Córdoba reiteró que la inversión en infraestructura de campus universitario no debe sustituirse por fondos de becas y exigió respuestas técnicas a Planeación. Al respecto, el secretario Molina aclaró que el presupuesto general de UMayor se incrementará de $28.000 millones en 2026 a $36.041 millones en 2027; asimismo, reveló que la institución cuenta actualmente con más de $5.000 millones sin ejecutar correspondientes a las asignaciones directas de regalías del 5% fijadas por la Ley 2056 y que la entidad se ha resistido a rendir informes periódicos a la administración central, comprometiéndose a responder el cuestionario por escrito.
Tras esto, Córdoba radicó preguntas formales sobre el monto solicitado inicialmente por la universidad y los proyectos sin financiar en el banco de programas.
Continuando con el orden del día, y al no haber documentos para dar cuenta, se finalizó la sesión, no sin antes el presidente hacer un llamado a los concejales, pues la sesión quedó sin quórum, contando con la presencia de 8 concejales (Barrios, Piña, Díaz, Correa, Montero, Córdoba, Meza, Paria). Finalmente se dio por finalizada la sesión y se convocó para el viernes 16 de octubre a las 8:30 a.m.
Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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