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Bitácora del Observatorio a la Asamblea de Bolívar, 15 de octubre de 2026.
Hora de inicio: 9:55 a.m.
Hora de finalización: 12:22 p.m.
Antes de aprobar el orden del día de esta sesión plenaria, el diputado Alonso del Río (Conservador) presentó una proposición para aplazar la elección de la mesa directiva y las comisiones para el día 30 de noviembre de 2026, la cual fue aprobada por unanimidad, procediendo con la adopción del orden del día modificado, se dio lectura y aprobación a las actas 001 y 002 del 1 y 2 de octubre de 2026.
Siguiendo con el orden del día, se dio paso a la socialización del Proyecto de Ordenanza «Por medio del cual se fija el presupuesto de rentas, recursos de capital y recursos de fondos especiales; apropiaciones de funcionamiento y servicio de la deuda, así como el plan de inversiones y las disposiciones generales para la vigencia fiscal 2027 del Departamento de Bolívar», En primer lugar, la secretaria de Planeación Departamental encargada, Mercedes García, presentó el balance financiero de su cartera con corte a septiembre de 2026, reportando una apropiación disponible de $1.700 millones, un compromiso contractual del 95.79% equivalente a $1.628 millones, y un valor pagado de $838 millones (49.32%). Asimismo, detalló que para la vigencia fiscal 2027 la Secretaría de Planeación proyecta un presupuesto de $1.000 millones enfocado estrictamente en el sostenimiento del capital humano y la capacidad técnica institucional.
A continuación el secretario de salud departamental, Wilys Simancas, presentó el informe de ejecución presupuestal con corte al 30 de septiembre de 2026 y las proyecciones presupuestales para la vigencia fiscal 2027. Simancas se refirió a los indicadores trazadores, con base en cifras oficiales del DANE, Sivigila y RUAS, destacó reducción en la mortalidad materna, registrándose un solo caso hasta la semana epidemiológica 39 de 2026, destacando avance al fortalecimiento de controles prenatales y a la labor de la red hospitalaria, en particular de la Maternidad Rafael Calvo en la atención de morbilidad materna extrema.
En contraste, Simancas expuso que la mortalidad infantil en menores de un año mostró un incremento del 14.4% en Bolívar, señalando que los mayores obstáculos se concentran en municipios del sur del departamento afectados por el conflicto armado y la minería. En menores de cinco años, la tasa de mortalidad se ubicó en 11.76 en 2026; la mortalidad por infección respiratoria aguda subió a 10.06 tras ubicarse en 6.32 en 2025; mientras que la enfermedad diarreica aguda continuó a la baja al pasar de 1.79 en 2024 a 0.91 en 2026, manteniéndose por debajo de la media nacional. Respecto a la desnutrición en menores de cinco años, la tasa bajó a 1.83. En salud mental, la tasa de mortalidad por suicidio reportó un descenso sostenido al ubicarse en 1.77 por cada 100.000 habitantes en 2026 frente a 2.80 en 2025 y 3.62 en 2024. Sobre el dengue, resaltó que el departamento alcanzó la letalidad más baja del país con 0.13%. Asimismo, advirtió que la fecundidad en niñas de 10 a 14 años registró 99 casos en 2026, concentrados en zonas de conflicto armado del sur de Bolívar y Santa Catalina, mientras que en adolescentes de 15 a 19 años se evidenció una tendencia decreciente.
En el aspecto presupuestal del 2026, Simancas informó que la Secretaría de Salud contó con una apropiación definitiva de $262.000 millones tras adiciones a la asignación inicial de $210.000 millones. En ingresos, el recaudo alcanzó $180.000 millones (69% de ejecución, compuesto por un 62% en ingresos corrientes y 108% en recursos de capital). En gastos, la ejecución total ascendió a $186.000 millones (71%), desagregada en 56% para funcionamiento y 73% para inversión. Detalló que los 20 proyectos de inversión presentan avances como el 82% en control de vectores y zoonosis, 98% en salud mental, 95% en desarrollo infantil y nutrición, 100% en prevención de morbilidad materna, 93% en el PAI, 73% en aseguramiento al régimen subsidiado y 5% en la autoridad sanitaria para la gestión de la salud pública. Para la vigencia 2027, proyectó ingresos por $220.888 millones con un crecimiento cercano al 10%, y gastos por el mismo valor distribuidos en $27.393 millones para funcionamiento ($20.122 millones en personal) y $193.496 millones para inversión, priorizando $78.829 millones para garantizar la continuidad en el régimen subsidiado, $41.129 millones para salud pública y $28.361 millones para prestación de servicios individuales.
Frente a la exposición, el diputado Jorge Rodríguez (La U) advirtió una aparente brecha presupuestal deficitaria de más de $6.000 millones al comparar el recaudo de ingresos del 69% con una ejecución de gastos del 71%, aunque reconoció que las rentas departamentales de licores y cigarrillos suelen incrementarse hacia el cierre de año. Por su parte, el diputado Oscar de León (Alianza Verde) celebró los avances en mortalidad materna y dengue, pero expresó su preocupación por el repunte en la mortalidad infantil e infecciones respiratorias, indagando por las medidas para contenerlas. En respuesta, Simancas aclaró a Rodríguez que la diferencia obedeció a un desfase de corte temporal, pues los ingresos estaban registrados al 31 de agosto mientras los gastos al 30 de septiembre, a la espera del reporte de rentas de dicho mes. A De León, explicó que las muertes neonatales obedecen a determinantes estructurales como la pobreza, carencia de agua potable, desplazamiento de médicos rurales por amenazas del conflicto armado y prematurez por embarazo adolescente, destacando la estrategia de trasladar a gestantes en el último trimestre a centros de mayor nivel en Bucaramanga, Barrancabermeja o Aguachica.
Seguidamente, la diputada Karen Cure (Cambio Radical) cuestionó que en Bolívar se sigan registrando muertes de menores por desnutrición infantil, señalando que la problemática refleja fallas en las políticas públicas de seguridad alimentaria y superación de la pobreza que deben comprometer a dependencias como la Secretaría de Agricultura. Cure insistió en que el desarrollo territorial no puede medirse solo en infraestructura física mientras persista el hambre en las comunidades. Al respecto, Simancas puntualizó que en 2026 se han presentado dos casos de mortalidad por desnutrición (en Zambrano y Pinillos), frente a tres en 2024 y uno en 2025, aclarando que no se trata de una desatención institucional sino de situaciones asociadas a recaídas intrafamiliares tras la recuperación hospitalaria y barreras culturales en comunidades étnicas, las cuales se atienden en articulación con el ICBF y las alcaldías.
Continuando con el orden del día, el gerente del Hospital Universitario del Caribe, Rodrigo Arzuza Jiménez, presentó el proyecto de presupuesto de la entidad para la vigencia 2027. Arzuza destacó que el hospital se mantiene categorizado sin riesgo financiero y opera actualmente con 518 camas (361 de hospitalización general, 66 de UCI, 36 de cuidados intermedios y 55 camillas de urgencia), 19 consultorios de consulta externa, dos salas de procedimientos menores, siete quirófanos y sus diez pisos habilitados. Para 2027, expuso una proyección presupuestal equilibrada de $398.556 millones tanto en ingresos como en gastos, lo que representa un incremento del 9% en la sede central ($381.000 millones) e incorpora $17.500 millones para la operación a partir de marzo de las unidades hospitalarias de Villanueva ($7.000 millones), San Cristóbal ($2.500 millones) y Clemencia ($7.000 millones), concentrando la sede Zaragocilla el 95.7% del presupuesto.
Ante la presentación, el diputado Jorge Rodríguez (La U) expuso su inconformidad con la síntesis del informe, señalando que no se detalló la desagregación del gasto en funcionamiento, nómina, prestación de servicios e inversión, ni el costo de asumir las nuevas sedes municipales. En su réplica, Arzuza explicó que el presupuesto detallado se sustentará formalmente ante la junta directiva en noviembre para luego remitirlo a la corporación. Precisó que en 2026 el hospital registra un reconocimiento a agosto superior a $237.000 millones y $227.000 millones en gastos, con una facturación mensual promedio de $25.000 a $30.000 millones ($360.000 millones anuales), un recaudo del 74% de lo reconocido y un indicador de 1.06 de reconocimiento por cada peso de gasto obligado. Asimismo, indicó que entre el 80% y 85% del gasto corresponde a funcionamiento y el restante a inversión, destacando que el 80% del recaudo de la estampilla departamental se destina a mantenimiento, equipos y especialistas, y que de una cartera superior a $200.000 millones proyectan recaudar prudentemente el 55%.
A continuación, el gerente de la ESE Clínica Maternidad Rafael Calvo, Eduardo Franco Osorio, sustentó que la entidad depende exclusivamente de la venta de servicios de salud y se encuentra catalogada en riesgo fiscal y financiero alto desde 2019, rigiéndose por un Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero viabilizado en diciembre de 2023 que fijó un techo de $51.382 millones para la vigencia 2027. Desglosó que los ingresos proyectados contemplan $49.376 millones en venta de servicios ($33.568 millones del régimen subsidiado, $4.500 millones del contributivo y $11.308 millones de particulares y otros), además de aprovechamientos y recursos de capital. En gastos, proyectó $19.143 millones para funcionamiento, $31.538 millones para operación comercial ($14.592 millones en personal y $16.949 millones en comercialización) y $700 millones para inversión y servicio a la deuda, ajustados a aportes departamentales reestructurados en $5.000 millones anuales y $2.469 millones para mantenimiento. No obstante, advirtió graves problemas de liquidez por demoras de tres meses en los pagos de EPS como Coosalud y Mutual Ser.
Frente a esto, el diputado Zaith Adechine (Movimiento de Salvación Nacional) consultó sobre el estado de las negociaciones y la disposición de pago tras el cambio de agente interventor en Coosalud. A su turno, el diputado Rodríguez sugirió efectuar análisis más exhaustivos sobre la capacidad operativa, el número de partos atendidos y las fuentes de ingreso para buscar mecanismos de autosostenibilidad. Al responder, Franco explicó que sostuvieron mesas de trabajo técnicas con el equipo interventor de Coosalud donde se cotejaron $3.200 millones libres de glosas, obteniendo un giro de $600 millones y manteniéndose a la espera de pagos adicionales por tesorería. Agregó que la facturación mensual se incrementó a rangos de $3.000 millones a $3.100 millones debido al alza en la atención de partos y remisiones de morbilidad materna extrema ante el cierre de servicios de urgencia en otras entidades.
Posteriormente, se presentaron las proyecciones de las Empresas Sociales del Estado citadas: el gerente del Hospital Universitario del Caribe (HUC), Rodrigo Arzuza, detalló un presupuesto consolidado para 2027 por 398.556 millones ($381.337 millones para la Sede Principal y 17.218 millones para las Unidades Operativas Locales); y la gerente del ESE Hospital San Antonio de Padua de Simití, Jenny Tatiana Pérez, expuso un presupuesto proyectado para 2027 de 40.722 millones respaldado por ingresos causados de 32.427 millones ajustados por inflación y una recuperación de cartera de 6.057 millones, discriminado en 23.992 millones para gastos de operación comercial, 12.546 millones para funcionamiento y 4.183 millones para inversión. Asimismo, se contempló la situación financiera de la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo y la presidenta Sofía Ricardo aclaró ante la plenaria que las dos últimas funcionarias citadas en el orden del día, Candelaria Valdelamar, gerente del Hospital La Divina Misericordia de Magangué y Pahola Suárez, gerente de la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen no pudieron asistir a la sesión debido a inconvenientes administrativos con los canales de notificación y direcciones de correo electrónico desactualizadas; ante esta situación, la mesa directiva confirmó que ambas gerentes han sido debidamente recitadas y notificadas para comparecer ante la plenaria el día 14 de octubre.
Finalmente, durante el espacio de intervenciones, el diputado Jorge Rodríguez (La U) cuestionó la falta de desglose detallado en la vinculación de las cifras con las metas del plan de desarrollo, solicitando información documental sobre el ordenamiento rural en Magangué. Por su parte, el diputado Zaith Adechine (Salvación Nacional), respaldado por la plenaria, presentó una proposición formal aprobada por unanimidad para exigir que todas las Secretarías y entidades descentralizadas adopten un cuestionario unificado que detalle obligatoriamente los recursos de 2026, los niveles de ejecución y las apropiaciones solicitadas para 2027 antes de cada comparecencia.
Agotado el orden del día y tras notificar formalmente los lineamientos presupuestales a las carteras e institutos, la Presidencia levantó la sesión y citó para la jornada siguiente.
Escrito por Josseph Pineda Cruz, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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