Bitácora del Concejo Distrital, 10 de abril de 2018.
Hora de inicio: 9:02 a.m.
Hora de finalización: 12:10 p.m.
Hoy, en el Concejo Distrital de Cartagena se llevó a cabo un debate de control político sobre el proyecto de protección costera que se realizará en la ciudad. La sesión contó con la participación del Director de Valorización, la Secretaria de Infraestructura, el Secretario General, la Secretaria de Hacienda, el Secretario de Planeación y Director (e) del EPA, el Director del DATT, el Alcalde de la Localidad 1, una representante de la Personería y un delegado de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA.
La introducción del debate estuvo a cargo del concejal Rodrigo Reyes (Conservador) quien indicó que el proyecto de protección costera es uno de los más importantes para la ciudad, y señaló que el objetivo de esta citación es definir quién ejecutará el proyecto, cuándo iniciará, y cuál será el manejo frente al componente social; en ese sentido, solicitó declarar sesión informal para escuchar a algunos trabajadores informales que se consideran afectados frente al proyecto.
Del mismo modo, el concejal citante Javier Curi (Liberal) manifestó que para abordar de forma integral la situación del área costera es necesario tener en cuenta diversos factores como la erosión costera en Tierra Bomba, el estado de la vía Playetas-Barú, Playa Blanca, entre otras. El cabildante expresó que existen dudas sobre el proceso licitatorio y quién ejecutará la obra.
El director del departamento de Valorización, Carlos Carmona, inició su presentación explicando que la entidad a su cargo es la principal responsable del proyecto de protección costera, así mismo, aclaró que el diseño fue realizado por la Universidad de Cartagena, y se cuenta con un presupuesto consolidado que contempla costos asociados al Plan de Manejo Ambiental, Plan de Gestión Social, y Plan de Monitoreo y Seguimiento.
Las obras plantean la construcción de 10 espolones: 6 en Bocagrande y 4 en el sector de playas entre Marbella y El Cabrero, con longitudes entre 200 y 220 metros que se ubicaran sobre los 7 kilómetros de costa que serán intervenidos desde el espolón Iribarren hasta el barrio Crespo. Además, se construirán 3 rompeolas y se llevará a cabo la construcción de una escollera longitudinal que permitirá mitigar las consecuencias del ascenso del nivel del mar.
Carmona dio a conocer que la primera etapa del proyecto se centra en las obras de inversión de la protección costera, y la segunda etapa permitirá realizar la ampliación de la Avenida 1° de Bocagrande y de la Avenida Santander. Por otra parte, informó que se espera que a mediados de mayo se cuente con la autorización de la Capitanía de Puertos para intervenir zonas de baja mar, como lo plantea el proyecto.
Sobre las personas que realizan actividades económicas en las playas, el funcionario manifestó que han sido participantes activos en la construcción del proyecto y se realizaron mesas de trabajo con estas personas; además, se desarrolló una caracterización socio-económica que consistió en la realización de 427 encuestas, cuya línea base fue el censo de gerencia de espacio público y el censo de otras entidades sobre las asociaciones de pescadores, carperos y vendedores, que realizan sus actividades en la zona de influencia directa del proyecto. Con la caracterización se hizo un sondeo del ingreso promedio mensual de los afectados y se determinó un rubro de $8.435.460.698 para compensación.
La compensación será de manera transitoria mientras se realizan las obras en las playas, el mínimo de dicha compensación será un salario mínimo, algunos vendedores recibirán entre 2 y 3 salarios mínimos. Por otro lado, el funcionario dejó claro que, teniendo en cuenta posibles retrasos en el cronograma, se estipuló un tiempo de 4 meses para las obras de cada playa.
Ante una pregunta del concejal Vicente Blel (Cambio Radical), el funcionario explicó que el 9 de marzo el Comité Distrital de Gestión de Riesgos recomendó decretar calamidad pública debido a los últimos fenómenos que habían afectado el borde costero; al respecto, el Comité realizó un informe sustentando la sugerencia realizada. Carmona señaló que no se ha realizado el decreto que otorga la calamidad pública y aseguró que el proyecto será licitado de manera pública y abierta, por lo que no se contratará directamente a un contratista.
Por último, Carmona hizo las siguientes aclaraciones sobre la financiación del proyecto:
- El proyecto esta presupuestado en $160 mil millones de pesos, de los cuales, $60 mil millones los aporta el Distrito y $100 mil millones, la Nación.
- Los recursos que dará el Distrito se obtendrán a través de un crédito público que ya se encuentra incorporado al presupuesto.
- El orden nacional aportará $100 mil millones a lo largo de 3 vigencias, motivo por el cual el DNP y el Ministerio de Hacienda vienen adelantando los trámites correspondientes para asegurar la disponibilidad presupuestal; se espera que este proceso termine en abril.
- Posterior al trámite mencionado, se daría inicio a la etapa de licitación la cual tardaría cerca de 2 meses.
- Se espera que las obras inicien en aproximadamente 5 meses.
Posteriormente, a solicitud del concejal David Caballero (Conservador) la plenaria se declaró en sesión informal para escuchar a vendedores y trabajadores de las playas que se sienten afectados por el proyecto. En ese sentido, los ciudadanos Enrique Cabarcas y Enrique de Horta solicitaron a la Administración ser incluidos en el proyecto, y manifestaron que con el Director de Valorización se acordó revisar el censo de Espacio Público que otorga confianza legítima a algunos vendedores y a otros no.
A continuación, Alejandra López, Directora de Conocimiento e Incidencia de Funcicar, manifestó que desde el programa Vigila Cartagena se han planteado varias inquietudes con respecto a la contratación, ejecución y operación del proyecto de protección costera. La primera inquietud tiene que ver con la declaratoria de calamidad pública, pues se desconocen las motivaciones de la Administración y del Comité de Gestión de Riesgos para declarar la calamidad, esto teniendo en cuenta que en la Ley 1522 de 2012 se establecen criterios claros en los que se determina que para aplicar esta medida debe haber factores como la pérdida de la integridad personal, de la vida, de la vivienda, la existencia de bienes jurídicos en peligro, entre otros, y no es claro si el Distrito cuenta con un informe técnico que de cuenta de tales pérdidas.
López expresó que en caso de que exista tal calamidad, la ley antes mencionada en su Artículo 61 establece que debe crearse un Plan de Acción Específico para la recuperación y señaló que, si el Distrito cuenta con el mismo, debe ser socializado con la ciudadanía. Así mismo, en el Artículo 64 se habla de “retorno a la normalidad” y se establece que una vez se declara la calamidad pública las entidades territoriales y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD) disponen de 6 meses para la declaratoria de retorno a la normalidad, lo cual pone en cuestión que la protección costera sea el Plan de Acción Especifico que exige la ley, toda vez que este está contemplado para ejecutarse en un periodo de 24 meses.
También indicó que es necesario que se explique a la ciudadanía por qué será la UNGRD la encargada de ejecutar este proyecto, y mencionó que la Ciudad acaba de pasar por una mala experiencia con la administración de unos recursos por parte de FONADE para la formulación del POT, y hubo incumplimiento de los compromisos. En este sentido, López manifestó que una vez se entregan recursos a una entidad de orden nacional se dificulta el acceso a la información y el control que pueden ejercer los órganos distritales de control político, fiscal y social.
Seguidamente, los ciudadanos Yamil Casarrubia, Nayibis Negrete y Nelson Rodríguez solicitaron que se les asegure a los vendedores y afectados por las obras que podrán retornar a sus sitios de trabajo una vez se finalice el proyecto, pues lo que les interesa es garantizar su estabilidad laboral. Además, solicitaron apoyo de parte de la Administración para que se formulen políticas públicas que aborden la situación de la economía informal, para evitar este tipo de situaciones cada vez que el Distrito ejecuta algún proyecto.
Más adelante, el concejal César Pión (La U) manifestó que es necesario que se aclare si ya se dio inicio al Plan de Manejo Ambiental y cómo se garantizará el derecho al trabajo de los vendedores informales. El cabildante expresó que las obras que el orden nacional ha ejecutado en la ciudad en los últimos años han dejado mucho que desear, motivo por el cual deben analizarse otras alternativas y asegurarse de que el Distrito tendrá acceso a la información, en caso de que el proyecto quede en manos de la nación.
Continuando con las intervenciones de los funcionarios, la Secretaria de Infraestructura, Clara Calderón, hizo referencia a la estabilización y recuperación de la línea costera de Tierra Bomba, y explicó que las obras son para realizar la construcción de una barrera de protección tendiente a recuperar la línea de costa de Tierra Bomba, para lo cual se instalarán 7 espolones, 3 rompeolas y 1 muro de protección marginal. Por otro lado, Calderón mencionó que el avance físico del proyecto es de 30,93%, mientras que el avance financiero es del 55,49%.
Actualmente el proyecto se encuentra suspendido en razón a la medida preventiva de suspensión inmediata de actividades impuesta por Cardique, y en octubre de 2017 se evidenció que para lograr el levantamiento de la medida se requiere dar cumplimiento a las obligaciones ambientales que interfieren en la ejecución y culminación del proyecto.
La funcionaria dio a conocer que con el fin de contrarrestar el impacto medioambiental y entregar mayor funcionalidad a las estructuras de protección, se hace la inclusión de varias estructuras, lo cual implica un ajuste presupuestal, aumentando en un 23% el valor inicial del proyecto que pasó de $25.281.523.557 a $31.254.667.667. Teniendo en cuenta que el valor total del cambio es de $5.973.418.239, se plantea que el ajuste sea presentado ante OCAD por valor de $5.056.304.711 y los $916.839.398 restantes sean asumidos por el Distrito por recursos propios.
A su turno, Sibila Carreño, Secretaria de Hacienda, manifestó que su rol es gestionar los recursos correspondientes al crédito aprobado en el Acuerdo 003 de 2017 donde se destinaron $60 mil millones a la protección costera. Carreño informó que al escuchar las ofertas de los bancos de la ciudad, se seleccionó a Bancolombia y BBVA por brindar al Distrito las menores tasas de interés; actualmente se está a la espera del desembolso de los recursos, los cuales ya están incorporados al presupuesto.
Por su parte, el Secretario de Planeación, Irving Pérez, expresó que la obra de protección costera no se ejecutará en un solo tramo, sino que se sectorizará, debido a la amplia extensión de costa a intervenir. Ante una inquietud del concejal Rodrigo Reyes (Conservador) el funcionario aclaró que la declaratoria de calamidad pública no existe y no se ha dado; hubo una recomendación de parte del comité teniendo en cuenta las afectaciones que podrían causarse, pero no se ha hecho la declaratoria.
Teniendo en cuenta la presencia del Alcalde de la Localidad 1, Carlos Mieles, el concejal César Pión (La U) le solicitó que debido a sus competencias, se coloque al frente del proyecto para que más adelante dé informes sobre el desarrollo de la obra.
El concejal David Caballero (Conservador) manifestó que debe quedar claro de qué forma se ejecutará la obra en cuestión y aclaró que es preferible que dicha ejecución quede en manos del Distrito. Además, mencionó que deben tomarse en cuenta las inquietudes planteadas por los ciudadanos que participaron en la sesión informal.
Para responder algunas inquietudes, el Director de Valorización explicó que en caso de declararse la calamidad pública, esto no significa que necesariamente el proyecto lo ejecutará la UNGRD, además, aseguró que el Distrito no perderá competencias sin importar quién lo ejecute, pues la obligación de dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental es del Distrito, por tanto, en el evento de que sea la UNGRD quien ejecute, la supervisión debe ser llevada a cabo desde Cartagena.
Por último, el concejal Javier Curi (Liberal) resaltó la importancia de este proyecto y expresó que es necesario aclarar quién ejecutará las obras, pues quedan dudas sobre las competencias de cada entidad, motivo por el cual considera que en aras de fortalecer la institucionalidad es relevante realizar una delimitación de funciones que dé claridad a este tipo de situaciones.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el miércoles 11 de abril, a partir de las 8:30 a.m., en las instalaciones del Concejo Distrital.
Ver sesión aquí:
Escrito por Diana Infante Del Río, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y la Asamblea de Bolívar.
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