El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 23 de abril del 2025
Hora de Inicio: 9:00 a.m.
Hora de finalización: 11:41 a.m.
Para esta sesión plenaria del Concejo de Cartagena estaba programado el debate de control político a la empresa de energía Afinia estando citada la asesora de servicios públicos Gina Pérez e invitados el gerente de Afinia Ricardo Arango y la Personera Distrital Eliana Simancas. Iniciado el orden del día se procedió con el debate tomando la palabra el concejal citante Armando Córdoba (Alianza Verde) explicó la empresa pretende realizar “periodos de continuidad concertada” en los que hará cortes de energía a barrios enteros que tengan bajo pago de las facturas.
Córdoba argumentó que esta medida aplica sanciones colectivas las cuales están prohibidas por sentencias judiciales, vulnerando así este servicio, el cual indicó que es un derecho, a hogares que se encuentran al día con su pago. Agregó que las empresas prestadoras están obligadas a brindar un servicio permanente y que los servicios públicos son inherentes a la actividad del estado. Esta suspensión del servicio, sin proceso individualizado, oportunidad de defensa y revisión de situación particular, viola el derecho al debido proceso. Informó que esta medida es desproporcionada y va en contra de los principios fundamentales de la prestación de este servicio, vulnerando así también familias con personas de especial protección como menores de edad o adultos mayores. Solicitó conocer cuantas veces se ha aplicado esta medida en Cartagena.
La secretaria general, María Patricia Porras, mencionó que con el Decreto 1038 del 7 de abril fue encargada de las funciones para la oficina asesora de servicios públicos debido a vacaciones de la titular. El gerente de Afinia, Ricardo Arango, indicó que está en el cargo desde el 17 de febrero. Comenzó señalando que la energía eléctrica es un derecho fundamental, pero no gratuito, y que el servicio se presta bajo un esquema de derechos y deberes tanto para las empresas como para los usuarios. Aclaró que los Periodos de Continuidad Concertada (PCC) no se aplican en horario nocturno.
Arango explicó que Afinia tiene 1.816.048 clientes en su área de cobertura, de los cuales en Cartagena hay 1.065.570. El 91% de estos clientes corresponde a los estratos 1, 2, 3 y barrios con subnormalidad eléctrica. Indicó que se han realizado inversiones desde 2020 para mejorar la infraestructura eléctrica, con nuevos circuitos, subestaciones y más de 5.185 kilómetros de red. En Cartagena se han invertido cerca de $391 mil millones de pesos. En total, desde el 2020, Afinia ha invertido un total de $3 billones en toda su área de cobertura, especialmente en Bolívar con un 46%, esta es una inversión que nunca se había hecho incluso comparando hasta el año 2010.
Sobre el recaudo, detalló los siguientes porcentajes en Cartagena: Alumbrado público (100%), Comercial (94,07%), Industrial (82,93%), Oficiales (105,99%), Estrato 1 (47,73%), Estrato 2 (80,90%), Estrato 3 (94,30%), Estrato 4 (95,72%), Estrato 5 (99,36%), Estrato 6 (102,47%) y barrios eléctricamente subnormales (5,41%). Respecto a los indicadores de calidad del servicio, mencionó que Afinia ha reducido el SAIDI —la duración promedio de interrupciones al mes por cliente— de 122 horas en 2019 a 71 horas en 2024, y el SAIFI —la frecuencia promedio de interrupciones— de 123 veces a 47 en el mismo periodo.
El concejal Lewis Montero (La U) se refirió a la inversión de 3 billones de los cuales cuestionó cómo piensa recuperarlos. Laura Díaz (Alianza Verde) solicitó conocer qué porcentaje de ingresos de Afinia corresponde el pago de barrios subnormales eléctricamente. El concejal Johan Correa (Nuevo Liberalismo) indicó que los indicadores mostrados de SAIDI y SAIFI que mostraron son a nivel de Cartagena, pero que si se analizan a nivel nacional se evidencia que el servicio está muy por debajo.
En respuesta, el gerente indicó que Afinia no es entidad sin ánimo de lucro y que las inversiones la recuperan a través del cobro de la factura usando una formula. El gerente mencionó que busca darles condiciones para que las personas puedan pagar con normalidad su servicio, y que Afinia es filial de EPM la cual es 100% pública. Sobre indicadores SAIDI y SAIFI reconoció la intervención del concejal, pero detalló que Cartagena está en mucha diferencia de mejora respecto a otros territorios que cubre Afinia. Muestra de ellos es la inversión estimada para 2025 en el Distrito por $872 mil millones.
Siguiendo con la presentación, Arango advirtió que la situación financiera de Afinia es delicada: cada mes debe comprar energía por más de $400 mil millones de pesos, financiada principalmente con lo recaudado, incluyendo subsidios del gobierno nacional, los cuales acumulan deudas por $730 mil millones. Además, señaló que el saldo de la opción tarifaria asciende a $1.39 billones, mientras que las entidades del Estado adeudan $347 mil millones. En total, se adeudan a Afinia más de $2.5 billones, lo que representa más del 35% de sus ingresos anuales, por lo que cuestionó que empresa puede funcionar con estas cifras.
Se refirió a la opción tarifaria, la cual se sigue cobrando, este es un esquema que difería el valor de la factura durante la pandemia, en mayo de 2024 el gobierno nacional manifestó que el gobierno se haría cargo de esta deuda, pero no se ha concretado. Frente a las tarifas, aclaró que la tarifa de Afinia ($1.008/kWh) no es la más alta del país y que por el contrario ha decrecido; la empresa CEO tiene la más alta con $1.030/kWh. Afirmó que el problema no es la tarifa, sino el consumo, ya que en Cartagena el consumo promedio de una vivienda de estrato 1 es de 287 kWh al mes, el más alto del país frente a ciudades con condiciones climáticas similares. Mencionó que este consumo está asociado a que, al existir los subsidios en la tarifa, las viviendas aprovechan para consumir más. Agregó que cada vivienda debe tener instalado medidores para controlar su consumo.
El gerente explicó que las pérdidas de energía en Cartagena alcanzan el 23,9%, equivalentes a 50,32 GWh mensuales y un costo de $46.890 millones. Estas pérdidas son tanto técnicas, por deficiencias en las redes, como no técnicas, por hurto. Señaló que solo con las pérdidas no técnicas se podría suministrar energía durante más de 30 días a municipios como Turbaco, Arjona, Turbaná, María La Baja y El Carmen de Bolívar.
Sobre el Plan de Corte Concertado (PCC), indicó que está contemplado en el Decreto 3735 de 2003 y requiere acuerdos con las comunidades, especialmente con el Suscriptor Comunitario. En Cartagena aún no se ha implementado, ya que se busca mejorar el recaudo para evitarlo. A la fecha, hay 558 acuerdos firmados y 11 en proceso. También afirmó que se han identificado usuarios protegidos constitucionalmente, como hospitales y personas oxígeno-dependientes, quienes reciben respaldo con plantas eléctricas.
Detalló que los PCC se pueden implementar en áreas especiales que incluye áreas rurales de menor desarrollo (rural), zonas de dificil gestión (rural y urbano) y barrios subnormales (urbano). Indicó que en estas áreas se tiene una facturación y medición comunitaria pues no hay medidores individualizados. Un área de estas es certificada por el Distrito, a la entrada de esa zona hay un transformador y un macromedidor, la energía que llega se divide por el número de familias de esa zona. Los acuerdos se hacen con la alcaldía y representantes de la comunidad, hay 558 acuerdos ya firmados y se están formalizando 11 más.
En Cartagena hay 23 zonas de difícil gestión y 30 barrios en condición de subnormalidad eléctrica. En Villa Hermosa se han realizado 2 mesas de concertación y 3 socializaciones. También se mencionó el caso del municipio de Montecristo, donde el PCC fue suspendido por solicitudes de los alcaldes, aunque ya se han desarrollado 19 socializaciones y 18 mesas de concertación.
El concejal Emmanuel Vergara (Conservador) se refirió a los altos costos del servicio de energía en la ciudad, señalando que en los estratos 1, 2 y 3 hay personas que ni siquiera ganan el salario mínimo, pero aun así reciben facturas de hasta 400 mil pesos. Consideró que las inversiones que realiza la empresa deben reflejarse en una reducción de costos para los usuarios. Propuso que casas de estrato 1, de un solo nivel, puedan ser utilizadas por la empresa como granjas de paneles solares, y pidió que más allá de presentar datos, Afinia explique qué medidas tiene contempladas para reducir el valor de las facturas.
Por su parte, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) manifestó que no queda claro si la tarifa es favorable o no. Compartió que, en su caso personal, cambió de Afinia a la empresa ENERVI, lo que representó una reducción del 30% en el valor de su factura. Recordó que cuando Afinia llegó al Caribe, lo hizo con la intención de reemplazar a Electricaribe mediante inversiones que ayudarían a reducir las tarifas, por lo que preguntó si esas inversiones realmente se han ejecutado. Agregó que muchos cartageneros no pagan sus facturas no porque no quieran, sino porque no cuentan con los recursos, y preguntó de qué manera el Concejo puede ayudar a estas familias.
El concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) señaló que no solo los estratos bajos sufren por las tarifas, sino también los estratos 4, 5 y 6, así como los usuarios comerciales, quienes reciben facturas aún más elevadas. Describió una situación personal donde él y sus vecinos de su conjunto residencial solicitaban una revisión a Afinia por incremento en el consumo no justificado el cual finalmente fue solucionado por la superintendencia de servicios públicos. Finalmente, denunció que hay residentes en zonas rurales que, pese a haber solicitado el servicio, aún no cuentan con acceso a energía eléctrica. El concejal David Caballero (Conservador) solicitó conocer cuándo se va a normalizar el valor del kW.
El gerente de Afinia indicó que la tarifa puede disminuir si se reduce el consumo de energía. En cuanto a la energía solar, afirmó que es una buena opción complementaria, aunque aclaró que no reemplazará la generación tradicional, como la hidroeléctrica. Sobre los subsidios, explicó que estos se otorgan a la población, pero la Nación no ha cumplido con los pagos correspondientes, pese a la insistencia de la empresa.
Respecto a los estratos altos, mencionó que se les ofrece financiación de la deuda. En relación con el consumo elevado provocado por electrodomésticos obsoletos, como las neveras, informó que existe un fondo creado específicamente para su reconversión. También destacó la energía prepagada como una solución estructural para reducir y regular el consumo. Actualmente, 3.133 viviendas están vinculadas a este sistema, de las cuales 851 se encuentran en el departamento de Bolívar.
Por su parte, el concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) señaló que hay aspectos del consumo que sí se pueden controlar. Resaltó que la ciudad está buscando adaptarse a las economías limpias mediante la financiación de paneles solares, y que no debe condenarse a depender exclusivamente de la energía hidroeléctrica. Además, manifestó su tranquilidad porque aún no se ha implementado el Plan de Corte Concertado (PCC).
El delegado de la Personería expresó su preocupación por la posible aplicación del PCC sin enfoque diferencial, lo cual —según dijo— vulneraría derechos fundamentales como la igualdad, el mínimo vital, el debido proceso y la dignidad humana. Criticó que se condicione el acceso a la energía eléctrica al pago colectivo, lo que afecta de manera desproporcionada a comunidades vulnerables, incluyendo personas con enfermedades crónicas, adultos mayores y hogares de escasos recursos, sin considerar su situación individual.
Asimismo, rechazó el uso de facturación por estimaciones injustificadas, la suspensión masiva del servicio, y el lenguaje estigmatizante hacia los usuarios que no tienen capacidad de pago. Solicitó a Afinia abstenerse de implementar el PCC sin contar con garantías legales y sociales. Además, pidió la intervención urgente de la Superintendencia de Servicios Públicos y de la CREG, e hizo un llamado a que la Personería sea incluida en las mesas de concertación para velar por la protección de los derechos de los cartageneros, conforme a los principios de un Estado social de derecho.
Tras la intervención, se hizo un llamado a lista para verificar quorum constatando la presencia de 8 concejales (Pérez, Paria, Piña, Diaz, Córdoba, Vergara, Raad, Mendoza), por lo anterior y al no contar con quorum se cerró la sesión y se citó la próxima sesión para el jueves 24 de abril a las 8:30 a.m.
Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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