El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio a la Asamblea de Bolívar, 28 de abril de 2025.
Hora de inicio: 9:48 a.m.
Hora de finalización: 1:01 p.m.
En esta sesión, se realizó según lo programado, la primera audiencia pública del 2025, con el objetivo de debatir la viabilidad, operabilidad, legalidad, control y seguimiento de los diferentes operadores de servicio de acueducto en Bolívar.
Iniciado el orden del día, se leyó la invitación a la segunda reunión para conocer los detalles de la consulta popular para constituir a San Basilio de Palenque como municipio, el miércoles 30 de abril. La empresa de acueducto y alcantarillado Altos del Rosario S.A.S. (Santa Rosa), el gerente de Aguas de la Sabana S.A.S. (Magangué) y la alcaldesa de Margarita se excusaron por su ausencia. Confirmada la presencia del resto de invitados, el presidente, Alonso Del Río, agradeció el espacio y la presencia de la ciudadanía.
El diputado citante, Jorge Rodríguez (La U) agradeció la concurrencia a la citación y mencionó que aunque los servicios son necesarios también es un gran negocio, mencionando que en el país existen más de 3.000 empresas operadoras y solo 55 manejan las grandes prestaciones. Sostuvo que a pesar de ser un campo que genera más de $40 billones anuales, en las zonas rurales no se presta un servicio óptimo, por lo cual, se hace la audiencia pública. Posteriormente, se dio paso a las intervenciones de la ciudadanía y operadores de servicio:
- Kellys Herrera, representante a los acueductos comunitarios de Bolívar, hizo una invitación a operadores, gerentes y la Asamblea para que se incluyan a estas empresas que parte de los operadores. Aseguró que los tienen olvidados y que la articulación funcionaría para llegar a distintos rincones rurales del departamento.
- Alexander Escamilla, gerente de la empresa de servicios públicos de Achí, explicó que en su corregimiento usan aguas profundas sin tratamiento y enfrentan deudas como con Afinia por $1.100 millones y pocos recursos para inversión pues el recaudo no es mayor a $700 mil. En este momento, están realizando un convenio para pagar $100 millones para que Afinia repare la planta generadora, que se encuentra en mal estado.
- Una ciudadana del municipio de San Cristóbal mencionó que sus problemáticas están relacionadas a Afinia, ya que también les están ofreciendo un convenio por $100 millones. Detalló problemas de recaudo, deduciendo los pagos que la empresa debe hacer mensualmente, solo restan $1 millón para cubrir gastos de funcionamiento como pago de nóminas a trabajadores. Por eso, aseguró que tienen un proyecto de paneles solares para reducir costos. Solicitó una visita al municipio y un nuevo sistema de acueducto.
- El señor Alvis, representante de Regional la Línea, explicó que en su caso se dan las mismas dinámicas antes mencionadas: deuda con Afinia, deficiente o ineficiente operación, mala cultura de pago, etc. Explicó que, aunque su empresa es intermunicipal, debe disolverse porque no tiene las garantías, infraestructura ni posibilidad de mejora para prestar el servicio. Aseguró que es necesario que un operador con músculo financiero se encargue de la operación para asegurar la inversión de $68.000 millones para acueducto que se está haciendo en los municipios (Santa Rosa, Villanueva, Arenal y Soplaviento).
- Edwin Herrera, representante legal del acueducto comunitario de Malagana, explicó que en Mahates y Arjona las asociaciones de usuarios operan legalmente constituidas, prestando el servicio de acueducto pese a una infraestructura vieja y deficiente, con pozos de más de 45 años. La comunidad ha logrado sostener el servicio mediante esfuerzos propios, cultura de pago y fortalecimiento institucional, aunque sienten abandono estatal. Herrera pidió inversiones en plantas de tratamiento y pozos nuevos para mejorar la calidad y continuidad del servicio, e instó a los diputados a apoyar la visibilización y fortalecimiento de los operadores comunitarios.
- Raúl De la Hoz, representante legal de la administración pública cooperativa de Simití, señaló que, aunque el sistema convencional de su municipio logra agua potable con un IRCA de 0, enfrenta problemas de continuidad debido a factores climáticos y eléctricos. Denunció la falta de inversión en micromedidores y equipos de bombeo, lo que afecta la facturación, limita el recaudo y dificulta el pago de deudas como la existente con Afinia. Solicitó a los diputados apoyo para lograr inversiones que permitan garantizar la calidad, continuidad y sostenibilidad del servicio.
- Jerson Vanegas, asesor de servicios públicos en varios municipios, alertó sobre errores conceptuales y legales en la prestación del servicio público, como confundir prestadores comunitarios con empresas de servicios públicos. Insistió en que se debe formalizar la prestación legal de los servicios, inventariar la infraestructura entregada y fortalecer la institucionalidad para evitar vacíos que afectan a las comunidades, haciendo un llamado a Aguas de Bolívar y la Superintendencia para actuar en este sentido.
- Ramiro Castillo, representante legal del acueducto regional San Juan–San Jacinto, describió las dificultades operativas del sistema, que capta agua del río Magdalena y depende de estaciones de rebombeo deterioradas, acceso vial complicado y altos costos de operación. Pese a lograr estabilizar el suministro actual de 60 litros por segundo para ambos municipios, enfrentan deudas heredadas con Surtigas y han iniciado mejoras administrativas. Destacó que la calidad del agua es alta y apta para el consumo humano.
- Antonio Menco, representante del acueducto municipal de Montecristo, agradeció la entrega de un sistema de acueducto nuevo por parte del departamento a través de Aguas de Bolívar. Explicó que han avanzado en el empalme con el operador, y que tienen buena calidad de agua y buenas instalaciones. Han tenido dificultades en la captación, debido a deslizamientos, sin embargo, se está trabajando en ello, y aseguró que todos los meses se hace transferencia de subsidios. Es posible que, a partir de mitad de año, se determine una tarifa de cobro.
- Dargy Machacón, representante de Santa Rosa, Villanueva, San Estanislao y Soplaviento (Regional de la Línea), explicó que la empresa fue creada en 1968 por los cuatro municipios. Su principal ingreso proviene del recaudo de 10.700 usuarios, aunque los beneficiarios reales son más. También recibe subsidios del MinVivienda por $295 millones mensuales, pero no está recibiendo aportes de los accionistas ni de los usuarios.
Los gastos superan ampliamente los ingresos. Solo en energía deben pagar entre $275 y $300 millones mensuales, monto similar al subsidio, pero insuficiente para cubrir otros costos como nómina, seguridad social, químicos e infraestructura. Regional de la Línea le debe a Afinia más de $15.000 millones, cifra superior a su presupuesto anual de $11.600 millones, y fue embargada por $2.000 millones. Además, enfrenta sanciones de la Superintendencia por no operar bajo concesión formal, calidad del agua y disposición de lodos. La Procuraduría también los investiga por no pagar a Afinia, aunque han demostrado voluntad de pago. No han podido formalizar un acuerdo porque depende de los alcaldes. Finalmente, recordó que entre 2004 y 2007 la operación fue entregada a GISCOL, pero tras su incumplimiento retornó a la empresa, quedando una deuda laboral de $1.150 millones que deben asumir.
- Un ciudadano de Córdoba, Bolívar, explicó que su municipio es pionero en el Plan Departamental de Aguas, recibiendo muchas optimizaciones. Sin embargo, el acueducto de 40 años “se quedó corto” porque fue construido para un casco urbano de menos viviendas y habitantes que el actual, por lo que hay problemas de cobertura. Mencionó que el municipio tiene recursos para mejorar el servicio, por lo que solicitó el apoyo de Aguas de Bolívar para hacerlo. Añadió que también tuvieron inconvenientes con los equipos eléctricos, sin embargo, el alcalde reinstaló las bombas con recursos propios.
- El representante de Acuecar, en el Carmen de Bolívar, expresó que pese a encontrarse en un estado extraordinario por encontrarse en intervención, se encuentra en subpunto de equilibrio, en una prestación de servicio del 100% en el casco urbano. Explicó que, pese a que existe disciplina de pago en la comunidad, la cartera sigue creciendo: 14.206 usuarios activos hacen sus aportes. Anticipó que el número de usuarios está creciendo y que por eso se proyectan a la creación de un “Pozo C” que ya está en trámite.
- Ronaldo Vásquez, gerente de la empresa de servicios públicos del municipio de Río Viejo, expuso que, pese a que la empresa ha operado desde hace 10 años, se hace necesario el mantenimiento y solicitó apoyo por parte de Aguas de Bolívar.
- El gerente de Acualco, Humprey García, sostuvo que dos de los riesgos están relacionados con factores climáticos y con el prestador de servicios de energía, Afinia. Explicó que la calidad del servicio que prestan es pésima, ya que todos los días la energía oscila y es inestable; y ante la queja, se hicieron mesas de trabajo donde se planteó un nuevo sistema de energía que una vez construido no implicó cambios para Acualco ya que permanecieron en el circuito anterior. Aclaró que, pese a eso, Acualco está al día con Afinia. También se refirió a la prolongada sequía del año anterior, que amenazó la operación.
La directora de Aguas de Bolívar, Eliana Garrido, sostuvo que existe disposición para trabajar en equipo, haciendo un llamado a los prestadores de la zona rural para que se constituyan legalmente para acceder a los subsidios nacionales y departamentales. Resaltó que se debe invitar a la comunidad a pagar los servicios de agua, comprometiéndose a visitar al municipio de Achí para revisar cómo se utilizan los recursos y cómo se hace el recaudo. También, invitó a Malagana a que se haga una mesa de trabajo para estructurar proyectos.
Con relación a San Cristóbal, aclaró que deben utilizar sus recursos de SGP para mejorar el sistema y cuidar las inversiones del Departamento. Refiriéndose a Regional de la Línea, mencionó que es una inversión de casi $70.000 millones y los municipios deben ponerse de acuerdo para decidir si la empresa se liquidará, estudiando la reglamentación que la atraviesa, asegurando que el operador que reciba la operación debe generar inversiones y recaudar. Garrido hizo un llamado a que operadores de distintos municipios inviertan en el acueducto y hagan mantenimiento a los equipos.
El secretario de servicios públicos, Jorge Valle, aclaró un poco sobre lo administrativo, explicando que en la medida en que los reportes sean de calidad y oportunos, llegarán mayores recursos a los operadores. En la medida en que estén legalizados podrán acceder a recursos de subsidios de MinServicios que mejoraran la inversión y la operación. Con relación a Afinia, mencionó que los operadores que tienen problemas con esta empresa podrían utilizar estos recursos de SGP para subsanarlos.
El delegado de la Superintendencia de Servicios, Andrés Vásquez, sostuvo que la Superintendencia ha querido potenciar el IBC (investigación, control y vigilancia de los servicios públicos domiciliarios), y explicó que luego de tomar nota de las intervenciones, le gustaría que posteriormente se tengan mesas de trabajo con la ciudadanía, para llegar a acuerdos, en especial para tratar el tema de Afinia y las deudas de los acueductos comunitarios. Además, puso sus facultades jurídicas y técnicas para los municipios, con la intención de ayudarlos y asesorarlos en el trabajo que se realiza. Explicó que, pese a las deudas, Afinia no puede suspender la prestación de servicios por los derechos fundamentales.
Andrea Bautista, delegada del Ministerio de Vivienda, explicó que se han desarrollado estrategias técnicas para que los recursos lleguen hasta la ruralidad. Por eso, es importante el fortalecimiento de los programas institucionales.
La diputada Viviana Villalobos (Cambio Radical) celebró el espacio como uno de los más importantes en el periodo. Aseguró que más allá de recursos, considera que este es un tema de consciencia: los operadores deben escuchar las falencias que la comunidad ha observado y corregirlas, apegándose lo más que puedan a la Ley 142 de 1994. Mientras que, los municipios deben cumplir con sus responsabilidades y la comunidad debe hacer seguimiento, pero también participar activamente organizándose para prestar el servicio.
Además, Villalobos sostuvo que la Asamblea ha dado todas las garantías a través de facultades para que se hagan las inversiones necesarias en las comunidades para una prestación de servicio óptima, por lo cual, es más un tema de consciencia que de inversión.
Por su parte, el diputado Víctor Mendoza (Cambio Radical), resaltó que las empresas deben invertir y que se debe hacer un seguimiento sobre esto. Sostuvo que quienes deben dar cuentas de las operaciones son las empresas que las dirigen y expresó que no pueden estar de espaldas a lo que sucede al interior de los Concejos y Alcaldías municipales. Se refirió al caso Acuecar, que lleva mucho tiempo intervenido y que debería revisarse a profundidad en la Asamblea. Además, resaltó que a falta de profesionales que validen la información, es difícil hacer revisiones más profundas de informes desde la Procuraduría. Por último, mencionó que en la próxima audiencia pública la primera empresa que debe citarse es Afinia.
El diputado Luis Ballestas (Conservador) le preguntó a Garrido por qué no pensar en la alternativa de presentar granjas solares como viabilidad para las operaciones, aliviando las deudas con Afinia. Que Aguas de Bolívar también invierta para mejorar las condiciones.
El contralor departamental, Edilberto Mendoza, estuvo de acuerdo en que no cuentan con algunos profesionales idóneos para llevar a cabo ciertos procesos auditores en municipios, pero sí pueden acudir al ente nacional para generar acciones articuladas para fiscalización. Informó que Afinia se comunicó con su despacho para generar acciones coercitivas en los municipios que deben, pero que prefiere ser un facilitador y explorar salidas para ellos.
Ana Joaquina Petro, procuradora regional, manifestó que su despacho debe velar por que se cumplan los derechos y servicios públicos, por lo cual, exhortaron a las empresas a que se brinde un servicio eficiente y de calidad. Además, sostuvo que es inaceptable que los alcaldes municipales no hayan asistido al espacio, porque es su responsabilidad como servidores públicos. Afirmó estar disponible para continuar trabajando articuladamente.
El diputado Ever Rico (Liberal) manifestó preocupación por la entrega al operador de la obra de acueducto en San Juan, pero que se debe hacer un ejercicio de vigilancia de la inversión desde la institucionalidad (Procuraduría, Contraloría, Asamblea, etc.) También, hizo un llamado a la ciudadanía para que se protejan las inversiones que hace el Gobierno Departamental.
El diputado citante, Jorge Rodríguez, dijo que hay que diferenciar lo que sucede en lo rural y en las cabeceras municipales, ya que en la primera solo se ha abarcado un 22% mientras que en las cabeceras hasta un 86%. Aseguró que la audiencia busca que se adelante y que se mantengan los servicios. Manifestó que debe desarrollarse un proyecto de mejoramiento de prestación de servicio en las zonas rurales y que debe cuidarse la inversión que se hace e invertir los subsidios que se reciben, prestando un buen servicio a los usuarios. Terminó diciendo que los operadores deben actuar con responsabilidad social y seriedad. El contralor Mendoza, puso a disposición el comité de moralización para este caso.
El diputado Zaith Adechine (Movimiento Salvación Nacional) resumió la audiencia, sosteniendo que hay casos puntuales que deben revisarse a profundidad y que los operadores solicitaron mayor inversión. Dentro de los compromisos se reconoció la importancia de estos espacios y se propuso la creación de un plan integral de mejoramiento que priorice los casos con más necesidades y el apoyo a la formalización de operadores comunitarios, así como implementar energías renovables, impulsar la transferencia oportuna, cultura de pago e inversión.
Además, generar espacios específicos en las comunidades para escucharles con mayor detalle. La diputada Villalobos solicitó que se inserte que el total de las inversiones ha sido por más de $67.300 millones, así como los municipios que han sido beneficiados durante este año. Por su parte, el diputado Rodríguez mencionó que se podría considerar realizar un estudio para que de acuerdo con la configuración del departamento se conozca la viabilidad de que operadores regionales asuman la operación.
Agotado el orden del día, se citó para el martes 29 de abril a las 9:00 a.m.
Escrito por Helem Sofía Bernal Romero, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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