El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio a la Asamblea de Bolívar, 17 de julio de 2025.
Hora de inicio: 9:50 a.m.
Hora de finalización: 12:39 p.m.
Para esta sesión se realizó la presentación de los informes de gestión del Fondo Territorial de Pensiones y de las Secretarías Jurídica, de Igualdad y de Educación.
Antes de iniciar el orden del día y por solicitud del diputado Jorge Rodríguez (La U), se aprobó incluir la intervención del presidente del Fondo Territorial de Pensiones. En comunicaciones, se informó que el rector de la Universidad de Cartagena, William Malkún, no podría asistir a su citación y se coordinará una nueva fecha. Así mismo, la secretaria de hacienda, Lanny Quintero, informó que no podrá rendir informe en la fecha programada por un compromiso en el Ministerio de Hacienda.
Seguido, Víctor García, presidente del Fonpet, explicó el estado del pasivo pensional del departamento. Informó que, según el Ministerio de Hacienda, el cubrimiento del pasivo es del 87,87%, con una deuda de $1,18 billones y recursos acumulados por $1,04 billones. Aseguró que los recursos son suficientes para cubrir las mesadas pensionales y que el nivel de cubrimiento sigue aumentando.
El diputado Jorge Rodríguez (La U) agradeció la claridad, y la diputada Sofía Ricardo (ASI) manifestó que la información brinda un parte de tranquilidad para continuar con un proyecto de ordenanza relacionado.
Siguiendo con el orden del día, iniciaron las presentaciones de las secretarías de la Gobernación:
- El secretario jurídico, Rafael Montes, explicó que el apoyo de su dependencia es transversal a la administración. Informó que en 2025 han adelantado cuatro licitaciones públicas por $102.239 millones y resaltó el acompañamiento en la contratación del PAE para el segundo semestre. Resaltó la adición de una obra de infraestructura para conectar al municipio de Córdoba con Managengué y Arenal, por $114.000 millones
Montes resaltó el acompañamiento a varios proyectos de ordenanza. Detalló que existen 4.825 acciones contenciosas contra el departamento; un análisis de riesgo determinó que un 31% de los casos (1.377) tienen una alta probabilidad de pérdida, lo que representaría un detrimento de $280.303 millones también un 36% (1558 casos) con probabilidad de pérdida media y un 18% (795 casos) una baja probabilidad de pérdida. Expuso que durante esta vigencia se han recuperado $6.942 millones y que $2.282 millones están en proceso de recuperación.
La diputada Viviana Villalobos (Cambio Radical) preguntó por las acciones para enfrentar esta situación. El diputado Víctor Mendoza (Cambio Radical) calculó que la probabilidad de pérdida para el departamento es del 67% (sumando riesgo alto y medio) y solicitó un informe detallado en una próxima citación. En respuesta, Montes explicó que los procesos más antiguos datan de antes de 2007 (conflicto armado) y la ola invernal de 2010, mientras que los nuevos corresponden a restablecimiento de derechos de docentes.
- La secretaria de igualdad, Marcia Escobar, resaltó el trabajo articulado para fortalecer la política pública de discapacidad, los liderazgos juveniles y la inclusión de género en el territorio. Mencionó la gestión de grandes proyectos ante el Ministerio de la Igualdad, como “Corredores Gastronómicos” ($10.000 millones), “Casas para la Dignidad” ($24.000 millones) y “Centros ActívateYa” ($35.000 millones).
El diputado Zaith Adechine (Movimiento de Salvación Nacional) alertó sobre la dependencia de la secretaría de los recursos nacionales, los cuales no se estarían destinando siendo esenciales para el desarrollo de los mismos, planteando contemplar la posibilidad de la eliminación de la Secretaría. La diputada Villalobos felicitó el trabajo de la secretaría a pesar de su reducido presupuesto. En respuesta, Escobar reconoció que la situación depende de voluntades políticas a nivel nacional, pero se mostró esperanzada por el compromiso de un viceministro para apoyar la construcción de un centro ActívateYa.
- La secretaria de educación, Crijulieth Ramos, explicó que la secretaría cuenta con 28 indicadores de producto y 4 de resultado. En las pruebas Saber 11, el promedio para instituciones educativas oficiales urbanas fue de 230, mientras que el de las rurales fue de 211, lo que muestra un avance de 6 y 4 puntos respectivamente. En cobertura neta se reportó un 90.36%, por debajo de la meta del 94%, explicado por disminución de 500 mil estudiantes a nivel nacional. En cobertura de transición se alcanzó el 64.8% frente a un objetivo del 70%. La deserción escolar se situó en 3.4%, cercana a la meta del 3.28%. El avance del cuatrienio en educación integral pasó del 45% al 61%.
En calidad educativa, se dotaron 42 instituciones con materiales pedagógicos, superando la meta inicial de 30. Se desarrolló un foro educativo (25% de cumplimiento), se apoyaron 159 escuelas de padres (159% de cumplimiento), se formaron 503 docentes en estrategias de mejoramiento (49% de cumplimiento), y se evaluaron 10.122 estudiantes mediante simulacros (85% de la meta). No hubo avance en proyectos pedagógicos productivos, formación posgradual de docentes, formación en bilingüismo, modelos etnoeducativos, ni en la actualización curricular de instituciones con media técnica. La implementación de la política pública educativa avanzó al 0% ya que está en fase final de formulación y el objetivo es presentar el proyecto de ordenanza el próximo mes.
En cobertura educativa, se construyeron 274 aulas nuevas (38% de avance), 165 ambientes pedagógicos complementarios (66%), y se dotaron 328 sedes con mobiliario (55%). También se mejoraron 76 aulas (25%) y 13 ambientes complementarios (5%). Se reportó que 222.276 estudiantes acceden actualmente a la educación (95%), mientras que 342.415 estudiantes fueron beneficiados con estrategias de permanencia escolar (72%). El PAE atendió 129.700 estudiantes (102% de la meta). Se logró cobertura del 100% en atención a estudiantes con discapacidad y se fortalecieron cinco residencias escolares (83% de cumplimiento). No se registró avance en la atención a estudiantes con talentos excepcionales.
Indicó que el presupuesto total del sector educación ascendió a $1.4 billones, distribuidos en su mayoría en recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) con un 82.8%, seguido de regalías (9.7%). La ejecución presupuestal fue del 42%. Se comprometieron $584.866 millones, quedando un saldo por ejecutar de $873.397 millones.
La fuente SGP tuvo una ejecución del 42.38%, mientras que los gastos de funcionamiento central se ejecutaron en un 37.07% y los de inversión en un 48.72%. Entre los proyectos con mayores avances se encuentran la administración de la nómina de pensionados nacionalizados (64.69%), la atención a estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales (63.8%), la conectividad (99.96%), residencias escolares (82.11%), aseo y vigilancia (65.31%) y seguimiento a actividades misionales (59.24%). Los proyectos sin ejecución incluyen el fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje, etnoeducación, programa de bienestar y varios componentes de dotación y mejoramiento de sedes.
En la gestión de recursos adicionales, se reportaron $4.332 millones destinados a dotación de cocinas en 45 sedes, $3.435 millones para implementos deportivos y parques en 90 sedes, $80 millones para kits de mobiliario para primera infancia, $750 millones para formación docente en tecnologías con Oracle y $1.400 millones para atención a adultos mayores en municipios PDETs, en convenio con el MEN y otras entidades.
El diputado Zaith Adechine (Movimiento de Salvación Nacional) preguntó por los porcentajes y metas de la preparación de alimentos en sitio del PAE. También consultó sobre el número de vigilantes y aseadoras contratados, cómo se prioriza su servicio y cuál es el estado actual del concurso docente.
El diputado Jorge Rodríguez (La U) planteó la necesidad de mejorar el servicio educativo y expresó su preocupación por la brecha entre la educación rural y la urbana. Relacionó la baja en la natalidad con la disminución de la matrícula, lo que podría generar desfinanciación, y señaló que aún hay muchos jóvenes en la ruralidad que no asisten a la escuela. Sobre la infraestructura, mencionó que por centrarse en la construcción de megacolegios se ha descuidado el mantenimiento de las aulas ya existentes.
El diputado Ever Rico (Liberal) expresó su preocupación por las condiciones de aseo en los colegios del departamento. Además, se refirió puntualmente a la obra del megacolegio de Cicuco, la cual está incompleta y, aseguró, dejó a los estudiantes “peor que antes”.
En respuesta, la secretaria Ramos mencionó que está en curso el proceso para la adjudicación de 4 nuevos comedores en el departamento. Sobre el concurso docente, informó que existen 14 listas de elegibles vigentes y que la elección se realiza acorde a una subdivisión interna. En cuanto a la entrega del megacolegio de Cicuco, aseguró que la fecha está fijada para agosto.
Frente a la brecha en la calidad educativa, explicó que el transporte es un factor influyente, así como el reto que suponen las 800 sedes rurales y unitarias (con aulas multigrado) de las 1.200 que existen en el departamento. Sobre la baja matriculación, aseguró que un equipo trabaja con el ICBF para promover la inscripción de niños que no están en el sistema educativo.
La secretaria Ramos también expuso la crisis de financiación para los servicios de aseo y vigilancia. Detalló que el contrato actual de vigilancia es de $8.400 millones para 57 sedes, y el de aseo es de $1.200 millones para 71 operarios. Sin embargo, estimó que para cubrir la totalidad de colegios del departamento se necesitarían aproximadamente $160.000 millones para vigilancia y $600.000 millones para aseo.
Ante las dudas sobre los costos, el diputado Víctor Mendoza (Cambio Radical) mencionó que es necesario realizar un debate de control político sobre este tema. Por su parte, el diputado Luis Ballestas (Conservador) manifestó que si la obra de Cicuco no es entregada en agosto, también se deberá hacer un debate de control político para exigir que se informen las fechas correctas.
Agotado el orden del día se citó para el viernes 18 de julio a las 9:00 a.m; sin embargo, horas después la secretaria de la Asamblea informó que la nueva fecha de convocatoria será el martes 22 de julio a las 9:00 a.m.
Escrito por Helem Sofía Bernal Romero, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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Foto cortesía: Gobernación de Bolívar
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