Gobernación socializa el proyecto de política pública de salud mental de Bolívar 2025-2034

El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.

Bitácora del Observatorio a la Asamblea de Bolívar, 11 de septiembre de 2025.

Hora de inicio: 9:45 a.m.

Hora de finalización: 12:09 a.m.

En la sesión de hoy se tenía prevista la socialización del proyecto de ordenanza “Por medio de la cual se adopta la política pública de Salud Mental en el departamento de Bolívar, 2025 – 2034”.

En comunicaciones, la secretaría jurídica de la gobernación de Bolívar presentó formalmente el proyecto de ordenanza previamente mencionado. Esta iniciativa tiene como objetivo establecer los lineamientos para la consolidación de una política departamental de salud mental centrada en la promoción, prevención y garantía del acceso a servicios especializados. Adicionalmente, busca desestigmatizar los trastornos mentales y asegurar que las intervenciones lleguen de manera efectiva a todas las comunidades dentro del departamento.

Posteriormente, se leyó un comunicado de la Procuraduría General de la Nación, donde por medio de la Directiva 010 del 3 de julio de 2025, insta a las Asambleas Departamentales y Concejos municipales y distritales a garantizar que la elección de Contralores territoriales se realice mediante una convocatoria pública basada en méritos, con estricto apego a los principios de transparencia, objetividad, participación ciudadana, equidad de género y publicidad, tal como lo establece el artículo 272 de la Constitución Política, asegurando además que el período del contralor no coincida con el del gobernador o alcalde correspondiente. El documento también menciona cual es el marco de cumplimiento de normas necesarias para una correcta realización de esta convocatoria, además de recordar los requisitos que deben cumplir los participantes.

Para finalizar con las comunicaciones, se extendió una invitación a la Asamblea de asistir a la socialización de resultados del proyecto «Mompox Inteligente», que incluirá un recorrido guiado por el centro de monitoreo, la presentación de los servicios implementados para la comunidad, los impactos alcanzados y los retos futuros para consolidar al municipio como un punto estratégico del departamento. Adicionalmente, hubo otra invitación, pero esta vez a la inauguración de la carrera 90ª, evento que tendrá lugar el viernes 12 de septiembre a las 12:00 p.m. en el barrio El Pozón.

La socialización del proyecto inició con la intervención del secretario de Salud Pública, Willis Simancas, quien abordó la problemática del suicidio y resaltó la prevalencia de enfermedades como la depresión y la ansiedad, especialmente en niños, niñas y adolescentes. Destacó la conmemoración del día de la prevención del suicidio como un espacio de reflexión para enfrentar estos retos, vinculando la situación local con problemáticas globales y la necesidad de alinear acciones con la política pública de salud mental.

Además, señaló que el departamento avanza en términos de superar estigmas, fomentando una sociedad más inclusiva y respetuosa. Además, informó que se envió un documento técnico con un plan de acción para implementar la política pública de salud mental durante los próximos diez años, siendo este acompañado de un plan financiero articulado con el plan nacional de salud mental. A su vez, el secretario consideró fundamental la articulación con la academia, para lo cual estableció una alianza estratégica con la Universidad del Sinú, con el fin de enriquecer la implementación de la política.

Simancas alertó sobre el impacto del conflicto armado y el consumo de sustancias psicoactivas. Asimismo, cuestionó el uso de inteligencia artificial como «consejera» en salud mental, esto debido a su posible ineficacia y riesgo para jóvenes. Además, destacó el papel crucial de los medios de comunicación como actores clave en la garantía de la salud mental. Seguido, la jefa del Área de Salud Preventiva y Comunitaria de la Universidad del Sinú, Heidi Banquez, habló de la metodología utilizada para la creación de la política pública. Destacándose lo siguiente:

  • La Política Pública de Salud Mental de Bolívar 2025-2034 se articula con la normativa nacional para enfrentar el aumento de trastornos mentales, consumo de SPA y secuelas del conflicto armado. Su objetivo es garantizar el bienestar integral mediante un sistema accesible y equitativo, basado en enfoques de derechos humanos, curso de vida y territorialidad.
  • Los resultados de tamizajes en 30 municipios revelaron riesgos significativos: 25.1% de niños con alteraciones mentales, 27.5% de adolescentes con riesgo de psicosis, 45.7% con riesgo de consumo de SPA, y adultos con ansiedad (13.7%) y violencia (13.1%).
  • La política se implementará mediante cinco ejes estratégicos: promoción, prevención, atención integral, rehabilitación y gestión intersectorial, con énfasis en la articulación territorial y la desestigmatización.
  • La política cuenta con los siguientes enfoques:

El diputado Adechine (Movimiento de Salvación Nacional) cuestionó los posibles retos financieros que existirían en la implementación de la política pública de salud mental. Señaló que la falta de recursos podría frenar su desarrollo y advirtió que aún se desconoce el monto exacto requerido para sostener las intervenciones a largo plazo. Planteó que se deben aterrizar tanto los aspectos técnicos como políticos del financiamiento y que otro desafío será gestionar recursos del nivel nacional, para lo cual se requiere un equipo especializado. “Porque para gastar plata cualquiera, pero para gestionar recursos, eso sí no es fácil”, concluyó.

El diputado Oscar de León (Alianza Verde) reconoció el trabajo realizado, pero destacó la necesidad de un enfoque integral en el ámbito educativo. Cuestionó cómo se articulará la política con los colegios, señalando que los niños suelen estar poco representados en las atenciones comunitarias. Mencionó que actualmente una de cada siete personas padece un trastorno mental, siendo la población infantil y adolescente la de mayor crecimiento en estas afectaciones.

La diputada Ricardo (ASI) señaló que la salud mental sigue cargando con un estigma y se percibe como un «privilegio» debido a su alto costo. Manifestó su preocupación por la sostenibilidad financiera de la política en sus 10 años de vigencia y cuestionó si la ejecución será viable más allá de su aprobación formal. Criticó que los enfoques numéricos «desnaturalizan» la realidad social y hizo un llamado para que la política se articule directamente con las comunidades.

El diputado Rodríguez (La U) recordó que leyes anteriores de salud mental tuvieron un desarrollo limitado. Destacó que Bolívar es un territorio marcado por la pobreza y la violencia armada, con casos como el de Arenal del Sur, y consideró que esta política es una iniciativa necesaria. Advirtió que, aunque existen algunos recursos, su ejecución necesitará de otras fuentes de financiación.

El secretario de Salud Pública, Willis Simancas, se refirió a las inquietudes, asegurando que los recursos que estén disponibles serán trabajados con eficiencia y de la mano con un trabajo articulado para la ejecución de la política pública.

Por su parte, la diputada Villalobos (Cambio Radical) mencionó que la política no llega ni tarde ni temprano. Subrayó que la iniciativa garantizará el derecho fundamental a la salud mental y reconoció el rigor técnico de los estudios realizados. Consideró que la política marcará el inicio de una nueva etapa y afirmó que será «la política pública más completa de Colombia».

El diputado Rodríguez (La U) añadió que otras secretarías departamentales podrían apoyar en la ejecución. La diputada Ricardo (ASI) destacó la importancia de incluir a la Secretaría de Paz, Víctimas y Reconciliación, ya que las víctimas del conflicto son sujetos directamente afectados en su salud mental.

Finalmente, Simancas agradeció a la corporación por sus contribuciones, en especial a la diputada Villalobos por sus aportes técnicos, e invitó a la Asamblea a participar en el Consejo Departamental de Salud Mental para el monitoreo y seguimiento del ejercicio.

En proposiciones y varios, el diputado Luis Ballestas (Conservador) realizó una intervención en la que puso en conocimiento de la Corporación una posible irregularidad procedimental concerniente a la Resolución 6497 del 12 de agosto de 2025, la cual modificó el cronograma para la elección del Contralor Departamental sin surtir el trámite previo de consulta y presentación ante plenaria establecido en el artículo 2° de la Resolución 6488 del 4 de agosto de 2025, norma que constituye el marco jurídico obligatorio de este proceso.

El diputado argumentó que en este documento se vulnera el procedimiento legalmente previsto, dado que no tuvo su trámite previo de consulta y presentación en sesión plenaria de la Corporación. Por lo tanto, dejó en constancia de que la mesa directiva debe decidir si, tras la exposición de esta aparente anomalía, continúa o no con el proceso.

Adechine (Movimiento de Salvación Nacional) en respuesta a la consulta del diputado Ballestas, el diputado mencionó que la solicitud se hizo a la mesa directiva; sin embargo, se realizó la modificación con base a lo que determinaba el equipo jurídico de la Asamblea, dado que se desconocía el hecho de que se debía socializar en plenaria.

La mesa directiva dejó en constancia que el concepto se someterá a consulta para saber si continúa con el proceso o no, por vicio de forma.

La diputada Viviana Villalobos (Cambio Radical) realizó una proposición para que se convoque a una audiencia pública departamental para que se debata al respecto de la política pública de salud mental. Esta fue aprobada.

Agotado el orden del día, se citó para el martes 16 de septiembre del 2025

Escrito por Yesid David Jiménez Puello, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.



ANEXO:

644 362 Funcicar
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