El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 6 de agosto del 2026
Hora de Inicio: 9:30 a.m.
Hora de finalización: 10:21 a.m.
En esta sesión plenaria del Concejo de Cartagena se realizó el segundo debate del proyecto de acuerdo 110 por medio del cual se crea una entidad para el manejo de las fiestas de independencia del 11 de noviembre y la presentación de informe de gestión del PES.
Iniciada la sesión, los concejales Armando Córdoba (Alianza Verde) y Laura Díaz (Alianza Verde) señalaron que dejarán constancia de su votación al finalizar la misma. Seguido, se dio paso al segundo debate, aprobando una proposición de la concejal Mónica Villalobos (Movimiento Cartagena Mejor) para omitir la lectura de la ponencia. La ponencia fue aprobada por 18 votos a favor y 1 voto negativo (Córdoba). El articulado se aprobó con 18 votos a favor y 1 voto negativo (Córdoba). Igual votación obtuvo el título y el preambulo se aprobó con 17 votos a favor, 1 voto negativo (Córdoba) y 1 concejal ausente (Toncel).
De esta manera, la iniciativa fue aprobada por la corporación y quedó en espera de la sanción del Alcalde Mayor para convertirse en Acuerdo Distrital. Mediante este acto normativo, se otorgan facultades al Alcalde Mayor por un periodo de seis meses para crear la «Corporación Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre – Corfiestas», una entidad descentralizada sin ánimo de lucro, dotada de autonomía administrativa y financiera, cuya finalidad es gestionar, administrar, promover y realizar las festividades, además de apoyar otros eventos culturales. El Distrito mantendrá una participación mayoritaria del 89% en el capital social, permitiendo la asociación con entidades públicas o privadas para el 11% restante, y se autoriza un aporte distrital de hasta $1.000 millones como patrimonio inicial. La entidad tendrá una duración indefinida y estará dirigida por una Asamblea, un Gerente elegido por el Alcalde y una Junta Directiva de máximo siete miembros presidida por el Alcalde o su delegado, e integrada por los secretarios de Hacienda y Turismo, y representantes del sector cultural y turístico.
Al sustentar su voto negativo, el concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) suscribió una constancia argumentando que la creación de esta empresa resulta redundante, pues consideró que el deber de la ciudad es fortalecer su institucionalidad cultural actual, especialmente al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y a su entramado de actores. El cabildante manifestó que lo público es un proceso dialógico que no se agota con la simple votación de un acuerdo, reafirmando su total respaldo a la ciudadanía y a los gestores que se oponen a la iniciativa para defender el legado histórico de las festividades que, según él, son el pilar de la identidad patriótica en Colombia.
Córdoba advirtió sobre el inminente riesgo de seguir el camino del Carnaval de Barranquilla, señalando que las fiestas cívicas no pueden convertirse en un negocio manejado por lógicas poderosas que relegan al pueblo a unas cuantas sillas, sino que deben mantener su esencia barrial. Asimismo, cuestionó la necesidad de estructurar un modelo empresarial para permitir el ingreso de actores privados a financiar eventos, recordando que en las vigencias de 2024 y 2025 las festividades demostraron una organización eficiente financiada en un 100% por el gobierno distrital y con participación colectiva, por lo que prefirió dejar la constancia en lugar de presentar una proposición de archivo sabiendo que las mayorías la vencerían.
Por su parte, la concejal Laura Díaz (Alianza Verde) fundamentó su voto positivo agradeciendo primero a los gestores culturales por su participación activa e histórica en defensa de las festividades, y aclarando que su decisión se basó en el deber de acompañar iniciativas fundamentadas en la verdad de los argumentos técnicos del documento estudiado. La concejal expuso cuatro razones centrales para respaldar el articulado: en primer lugar, evidenció que el estudio demostrativo incluye explícitamente la consideración del Plan Especial de Salvaguardia (PES) de la declaratoria de las fiestas como patrimonio inmaterial aprobada el 5 de enero de 2026, materializando así una lucha ciudadana.
En segundo lugar, Díaz precisó que la corporación mantiene firmemente su naturaleza pública al garantizar un 89% de recursos del Distrito y solo un 11% de socios privados, proyectando un desarrollo inclusivo para todos los sectores; en tercer lugar, destacó que el modelo de entidad sin ánimo de lucro no persigue la mercantilización, sino que otorga facultades necesarias para modernizar la gestión patrimonial; y, por último, valoró la inclusión de los autores y actores culturales mediante una representación formal garantizada dentro de los siete miembros de la junta directiva.
A su turno, la concejal Luz Marina Paria (ASI) justificó su voto favorable argumentando que el texto final atiende y disipa la inquietud ciudadana sobre una presunta privatización de las festividades, pues blinda los controles públicos al preservar una participación distrital del 89% e incorpora una representación del sector cultural que no existía en el diseño original. Paria expresó que la modernización de la gestión no puede, en ningún caso, significar el desplazamiento de los artistas, comparsas, cabildos y actores tradicionales que han construido la celebración desde la memoria de los barrios. Concluyó enfatizando que la verdadera discusión no consiste en contraponer la cultura versus la eficiencia administrativa, sino en asegurar que la nueva capacidad instalada, financiera y operativa de la entidad esté verdaderamente subordinada al servicio de la cultura y no por encima de ella, reiterando que la esencia y el dueño absoluto de las Fiestas de Independencia seguirá siendo el pueblo de Cartagena.
Por parte de la Administración, el asesor de la Oficina Jurídica del Distrito agradeció a la plenaria, al presidente Hernando Piña, y a los concejales Toncel, Paria y Villalobos, al igual que a los ciudadanos que participaron en la audiencia pública. Explicó que la nueva corporación nace como el brazo ejecutivo para gestionar integralmente el patrimonio inmaterial bajo el andamiaje del PES, operando como una entidad descentralizada sin ánimo de lucro que articulará los esfuerzos tanto de actores públicos como privados.
Continuando con el orden del día, el director del Plan de Emergencia Social Pedro Romero, Jorge Redondo, presentó el informe de gestión con corte al 30 de junio de 2026. El funcionario expuso las acciones desarrolladas para mitigar el índice de pobreza multidimensional en el casco urbano y centros poblados rurales, destacando proyectos como el acueducto y alcantarillado de Bayunca y Pontezuela, intervenciones en la zona insular, la reconstrucción de hospitales y dos colegios en Pasacaballos y Bayunca. En el programa de identificación, reportó 334 jóvenes beneficiados en la definición de su situación militar y un 24% de avance en cedulación y tarjetas de identidad, rubro afectado temporalmente por la falta de disponibilidad de la Registraduría debido a los comicios electorales del primer semestre.
En salud, registró un 60% de avance frente a los indicadores de 2026, destacando brigadas médicas especializadas en los barrios y una alianza estratégica con la Universidad del Sinú que ha permitido realizar tamizajes visuales a 80 niños a corte de junio, proyectando resolver la situación de 500 menores en salud visual. En educación, reportó un avance superior al 50%, reincorporando a más de 9.000 jóvenes al sistema escolar junto a la Secretaría de Educación e implementando programas de retención escolar en 12 instituciones para frenar la deserción en la zona rural.
En habitabilidad, Redondo indicó que se adelantó la caracterización e inició el proceso de contratación para mejoramientos de vivienda, luego de superarse la reorientación de recursos que debió realizarse para atender la emergencia climática del Frente Frío. En la línea de ingreso y trabajo, alcanzó un 42% de avance mediante convenios con la Cámara de Comercio y el fortalecimiento del Centro de Oportunidades en articulación con universidades y entidades financieras, vinculando a más de 800 personas en programas de emprenderismo y empleabilidad.
En dinámica familiar, el programa registró un 89% de ejecución en formación, prevención del consumo de sustancias psicoactivas y estrategias contra la violencia intrafamiliar. En seguridad alimentaria, destacó la estrategia de guerra frontal contra el hambre junto a CAOS, Fundación Alimentaria, sector hotelero y grandes superficies, anunciando el inicio de contratación en agosto para comedores y ollas comunitarias. En acceso a la justicia, reportó un 75% de avance con cuatro rutas comunitarias apropiadas por la ciudadanía, y en fortalecimiento territorial resaltó la ejecución de ocho encuentros del programa Gobiernos al Barrio liderados por el alcalde mayor.
Financieramente, Redondo precisó que el presupuesto inicial de $13.000 millones sufrió una reducción administrativa debido a la atención del Frente Frío, ejecutando a la fecha $3.000 millones, lo que obligó a aplazar contrataciones para el segundo semestre. Pese a esto, subrayó avances macroeconómicos en la ciudad como la reducción de la pobreza monetaria del 42% en 2023 al 34% en 2025, la disminución de la pobreza monetaria extrema del 12% en 2023 al 9,6% en 2025, y la baja en el coeficiente de Gini de 0,533 a 0,486. De manera global, el PES alcanzó un 61,6% de cumplimiento en las metas del cuatrienio y un 42% en las actividades programadas para la vigencia 2026.
Por último, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) solicitó confirmación a la secretaría sobre la recepción de un documento de la empresa Veolia divulgado en prensa, argumentando su interés de conocer el texto por haber participado en el proyecto de la empresa de servicios públicos para apoyar una respuesta institucional. Asimismo, anunció la presentación de una proposición para enviar un derecho de petición a la interventoría técnica, financiera y jurídica de Aguas de Cartagena para obtener su respectivo concepto de la situación. Ante el requerimiento, el secretario general de la corporación confirmó que dicho derecho de petición fue recibido e ingresado al concejo el pasado 4 de agosto. Agotado el orden del día, se levantó la sesión.
Agotado el orden del día, se levantó la sesión y convocó para el lunes 10 de agosto de 2026 a las 8:00 a.m.
Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
FOTOGRAFÍA: FUNCICAR
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