Hora de inicio: 9:04 a.m.
Hora de finalización: 1:02 p.m.
Hoy en el Concejo Distrital se llevó a cabo un debate de control político encaminado a revisar lo concerniente a la prórroga que le amplió a Aguas de Cartagena la concesión por 13 años, bajo el gobierno del ex alcalde Dionisio Vélez, además del incremento de tarifas y otras irregularidades identificadas por los concejales citantes Carlos Barrios (Carlos Barrios) y Cesar Pión (La U).
Al debate asistió el gerente de Aguas de Cartagena, la jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, la Contralora Distrital, el presidente de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, representantes de los ex trabajadores de la antiguas Empresas Públicas Municipales, entre otros.
Luego de la introducción realizada por el concejal Cesar Pión, se declaró sesión informal para escuchar la participación de algunos inscritos en la sesión:
Inició el ex concejal David Múnera, señalando que a través del Acuerdo 05 de 1994 se le otorgaron al alcalde del momento unas facultades para que creara una empresa mixta que suministrara el servicio de acueducto y alcantarillado por termino de 26 años, y que en el año 2015, luego de 3 meses de haber firmado la prórroga, el ex alcalde Dionisio Vélez le anunció a la ciudad que había ampliado este contrato por 13 años más, a tan solo 6 años de vencerse el contrato inicial.
Múnera explicó que desde el punto de vista legal y constitucional el alcalde se extralimitó en sus funciones porque el único que tiene competencias para hacer dichas modificaciones es el Concejo Distrital, dado que las facultades otorgadas por el Acuerdo 05 del 94 fueron protempores y no se podían usar para ampliar este contrato 20 años después. Para el líder político es “absurdo” que la misma junta directiva de Aguas de Cartagena se otorgara el derecho a modificar el objeto del contrato para favorecerse ellos mismos, a espaldas de la ciudad y del Concejo, permitiendo que las acciones puedan ser trasladadas posteriormente a cualquiera de las entidades de las empresas filiales de una multinacional como la de los señores del Canal de Suez.
Aseguró que el alcalde incurrió claramente en un prevaricato, y que espera que la Fiscalía se pronuncie respecto a la investigación penal que cursa por dicha prórroga.
Desde el punto de vista de la conveniencia, el ex concejal afirmó que fue un muy mal negocio extenderles el contrato a unos privados a tan solo 6 años de vencerse, considerando que ante las debilidades de las finanzas públicas, el Distrito debió entrar a operar estos servicios que oxigenarían el presupuesto de la ciudad. Agregó que actualmente la tasa interna de retorno de la inversión privada es superior al 50%, lo cual va en contravía de la normatividad colombiana que establece que esta no debe superar el 12%.
Para Múnera es inadmisible que con los índices de pobreza que tiene Cartagena, se esté favoreciendo a unos privados que perciben unas utilidades anuales superiores a los 200 mil millones de pesos.
Posteriormente se le dio el uso de la palabra al ingeniero William Murra, quien expresó que desde el punto de vista técnico, no había manera de cuestionar la eficiencia en la operación del servicio prestado por Aguas de Cartagena. No obstante, afirma que desde lo financiero se atentó contra el patrimonio de los cartageneros, para favorecer a unos particulares, “ante la mirada omisiva de los órganos de control”.
Por otra parte, cuestionó que a Aguas de Barcelona, accionistas de Aguas de Cartagena, en la prórroga se les mantuviera el pago de la comisión técnica por transferencia de tecnología, que representa cerca de 9 mil millones de pesos anuales, cuando esta trasmisión se hizo durante los años que lleva en operación la empresa.
En representación de los ex trabajadores de las antiguas Empresas Públicas Municipales intervino Humberto Gutiérrez, señalando que en la segunda modificación que se le hizo al contrato inicial, el Distrito dejó de suscribir y pagar cerca de 150 mil acciones a los ex trabajadores de las Empresas Públicas, por lo que exigen que se les reconozcan dicha participación accionaria.
Finalmente intervino el periodista Luis Galindo, para referirse al aumento de las tarifas de acueducto y alcantarillado, y cuestionar que la de alcantarillado exceda sustancialmente a la tarifa de acueducto.
Una vez regresaron a sesión formal se le dio el uso de la palabra al gerente de Aguas de Cartagena, Jhon Montoya, quien empezó su intervención destacando que a la fecha se han realizado inversiones de 600 mil millones de pesos al sistema de acueducto y alcantarillado que han permitido pasar de una cobertura del 60% a más del 90% de los hogares cartageneros, y que inclusive se le suministra el liquido a asentamientos irregulares.
Con respecto a los comentarios del periodista Luis Galindo sobre la tarifa, dijo que en Cartagena es alta porque el agua debe traerse desde el Canal del Dique, y esto incrementa los costos de producción, pero que no es la tarifa más alta del país.
Respecto a la prórroga que se les aprobó hasta el año 2034, Montoya señaló que esta se firmó teniendo en cuenta que la ciudad cuenta con una sola planta de tratamiento que produce 270.000 m3 al día, pero que al estar trabajando en su máxima capacidad, requiere que se construya una nueva planta que permita cubrir a cabalidad la demanda actual y la de los próximos años. Explica que este proyecto que cuesta 250 mil millones de pesos será financiado por la empresa y que el Distrito no tendrá que aportar recursos
La primera fase sería construida entre los años 2017 y 2018, y contará con una inversión de 100 mil millones de pesos, que producirá 40 mil m3 para atender la demanda de los próximos 5 o 6 años siguientes; esta sería instalada en un lote en el corregimiento de Pasacaballos. La segunda fase se iniciaría en el año 2019
Por otro lado resaltó que ya tienen diseñada la red matriz para proporcionarle agua potable a los proyectos urbanísticos u hoteleros en Barú, y se encuentran realizando una tomografía para verificar si en el subsuelo de Tierra Bomba hay agua.
Concluyó afirmando que el crecimiento urbanístico de la ciudad se ha dado de la mano de Aguas de Cartagena, porque todos los proyectos han contado con la viabilidad de suministro por parte de la empresa.
A su turno, la Contralora Distrital, Nubia Fontalvo, manifestó que ante las “irregularidades” expuestas en el debate solicitará el acta de la sesión para iniciar una auditoría exprés, que será complementada por la auditoría regular que iniciaría en el segundo semestre de este año.
Una vez iniciadas las intervenciones de los concejales, el concejal Cesar Pión se declaró insatisfecho con las respuestas del gerente de Aguas de Cartagena porque estuvieron más orientadas a destacar las bondades del servicio que a responder de manera concreta los puntos del cuestionario. De tal manera que anunció que realizará las solicitudes formales pertinentes a través de derechos de petición para avanzar en el control político a esta empresa.
En el mismo sentido el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) aseguró que las respuestas fueron evasivas y señaló los siguientes hallazgos de la investigación que realizó frente a este caso:
– En cuanto al incremento de las tarifas dijo que Acuacar le mintió a la ciudad de Cartagena, porque firmó y pasó una propuesta en septiembre de 2014 en donde aseguraba que la prórroga del contrato GISAA (Gestión Integral de los Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado) no aumentaría las tarifas, pero cuando lo hizo ya conocía desde el mes de junio la resolución que establecía el incremento. Lo más grave para el cabildante es que mientras el acueducto incrementó en un 1,27%, el alcantarillado lo hizo en un 22,50%, lo cual considera exagerado.
– Un segundo aspecto abordado por el concejal tuvo que ver con el uso irregular que se hizo de lo establecido en el Acuerdo 05 de 1994, en donde al alcalde de turno se le dieron facultades protempores para conformar dicha empresa de economía mixta hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, por lo tanto, cualquier modificación debía ser estudiada por la Corporación.
– El artículo 7 de este acuerdo señala que la delegación no autoriza al Distrito para prorrogar el contrato.
– La clausula 27 del contrato indica que todas las inversiones para ampliación del sistema deben ser asumidas por la empresa Aguas de Cartagena, por tanto no era necesario prorrogar para que se realizaran tales inversiones; de la misma forma señala que el Distrito podría recibir propuestas de otras empresas para estas obras de expansión.
– Luego de realizar la indexación del valor inicial del contrato que fue por 4 mil millones de pesos se obtiene que a 2021, año en el que se vencía, aumentaría hasta los 26 mil millones de pesos, por lo que el concejal no comprende por qué el contrato pasó a costar 511 mil millones de pesos.
– La póliza contractual que Aguas de Cartagena tiene con el Distrito no está garantizado los perjuicios que podría tener si esta empresa incumple, porque no fue indexada y se mantiene por los mismos 4 mil millones con los que fue pactado inicialmente el contrato.
– Al revisar las inversiones que han realizado los accionistas en las obras de ampliación y expansión se encuentra que las del Distrito son mayores. Mientras que a 2015 la inversión de la empresa ha sido de 272 mil millones de pesos, la inversión del Distrito ha sido de 369 mil millones.
– Desde el año 2010 este contrato cuenta con interventoría a partir de una acción popular. En su momento, el ex asesor de servicios públicos José Vicente Mestre Lombana fue quien estuvo en la adjudicación de dicha interventoría. Posteriormente, en octubre de 2014 este asesor da un concepto donde señala que la prórroga del contrato no requería el concepto previo de la interventoría, y al tiempo figura como coordinador del contenido del estudio de conveniencia de la ampliación del contrato.
– En el Acta #93 de septiembre de 2014, el secretario general de turno, Carlos Coronado, hizo una consulta para saber si era pertinente que del contrato se eliminara la cláusula de arbitramento, y pese a que el concepto del asesor indicó que el arbitramento es una figura útil que permite en casos de controversias un fácil acceso a la justicia, el secretario general decidió eliminar esta cláusula, lo que en consecuencia obligaría a la partes a acudir en caso de un pleito a la justicia de lo contencioso, la cual es mucho más lenta.
– Aguas de Cartagena tendría contratación paralela con la empresa Aqualogy, que pertenece a la misma matriz empresarial de Aguas de Barcelona, socia de Aguas de Cartagena, y cuyas instalaciones estarían en las mismas oficinas. Según Barrios, aquí se pudo haber configurado un conflicto de intereses.
El cabildante concluyó su intervención invitando al Distrito a hacer uso de la cláusula exorbitante para reversar esa prórroga, y abrir una nueva licitación para seleccionar a la empresa encargada de hacer dicha ampliación. Enfatizó que no se está cuestionando la prestación del servicio de esta empresa, pero que si es de tan altas calidades debería poder presentarse en la licitación.
Finalmente el concejal Javier Curi (Liberal) exigió responsabilidad política de parte del gobierno que actuó sobre estas modificaciones y se refirió a la situación de los ex trabajadores de las antiguas empresas públicas solicitando que se atiendan sus requerimientos.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el jueves 16 de marzo, a partir de las 8:30 a.m., en las instalaciones de la Corporación.
Escrito por Alejandra López, coordinadora del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
Haz clic AQUÍ y enteráte de lo que se debatió en el año 2015 sobre este mismo tema
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