El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 12 de junio del 2025
Hora de Inicio: 9:00 a.m.
Hora de finalización: 9:59 a.m.
En esta sesión, según lo programado, presentó informe de gestión la Oficina Jurídica del Distrito. Antes de iniciar el orden del día, se modificó por proposición del concejal Carlos Raad (Alianza Verde) para incluir en la plenaria la audiencia pública del proyecto de acuerdo 069 “Por medio del cual se define la distribución de los recursos con destinación específica del Impuesto Predial Unificado – IPU y se dictan otras disposiciones.”
Siguiendo la agenda, se dio paso a la audiencia pública. Por parte de la Administración, el secretario de hacienda, Haroldo Fortich, señaló que el proyecto define la distribución de los recursos con destinación específica del Impuesto Predial Unificado – IPU. Indicó que el 15% del valor estimado dentro del presupuesto de rentas de los recursos por concepto IPU de vigencia actual se establecerán como destinación especifica del Distrito distribuidos un 14% a Corvivienda y un 1% al Instituto Distrital de Acción Comunal de Cartagena y del Caribe, IDACCC.
Fortich señaló que anteriormente el 15% en su totalidad era destinado a Corvivienda. Agregó que los recursos de los cuales trata el presente acuerdo se destinaran para gastos de funcionamiento e inversión, para la sostenibilidad y para el fortalecimiento de cada uno de los establecimientos públicos. Indicó que, bajo proyecciones, en 2025 Corvivienda tendría $52 mil millones y el IDACCC $3.769 millones; mientras que para el 2026, serían $56 mil millones y $4 mil millones, respectivamente. Estás irían en aumento hasta el año 2034 que se hizo la proyección, cuando Corvivienda tendría $74 mil millones y el IDACCC $5 mil millones. Aclaró que en el 2025 no se realizará la distribución porque el presupuesto ya está en ejecución.
Geverson Ortiz, director del IDACCC, resaltó la necesidad de nutrir el Instituto con recursos para poder cumplir las metas del Plan de Desarrollo. Destacó que el Concejo aprobó nuevas destinaciones de recursos por concepto de rendimientos financieros de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, proyectándose para el 2026 por $4.692 millones, de los cuales, $884 millones se destinarán al programa “Organismos Comunales Técnicos y Administrativamente Eficientes”, $3 mil millones al programa “Organizaciones Sociales Sólidas e Incidentes en el Desarrollo Local” y $810 millones al programa “Participando Decidimos y Avanzamos”.
Por parte de la ciudadanía, José Ramírez García, presidente Federación de Juntas de Acción Comunal de Cartagena – FEDEJAC, agradeció a la Administración por presentar este proyecto para fortalecer las Juntas de Acción Comunal. Indicó que, si se quiere una ciudad competitiva, el desarrollo debe darse de adentro hacia afuera. Manuel Rohenes indicó que los comunales merecen el respaldo que hoy está dando la Administración con la voluntad de los concejales.
Continuando con el orden del día, se socializó el informe de gestión de la Oficina Jurídica del Distrito, primero dando lectura al Decreto 1499 de 11 de junio de 2025 en el que se encarga a José Posada como jefe de la Oficina Jurídica debido a un permiso remunerado a Milton Pereira, jefe jurídico titular del cargo.
Posada señaló que, a corte al 15 de mayo de 2025, el Distrito está vinculado a 3.269 procesos judiciales activos; siendo más comunes (70% del total) los de Reparación Directa y Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Además, hay 361 procesos de cobro coactivo y 53 policivos en curso. En lo corrido de 2025 se han admitido 230 nuevos procesos judiciales, lo que representa un aumento del 55,41% frente al mismo periodo de 2024.
En cuanto al balance de sentencias, se registraron 113 fallos en primera instancia (67% favorables) y 50 en segunda instancia (60% favorables), una tasa de éxito general del 65,9% para el Distrito. Económicamente, las sentencias favorables suman $57.800 millones frente a $6.600 millones por fallos en contra, reflejando un balance positivo. Entre enero y mayo se interpusieron 2.702 tutelas, siendo el 61,8% fallos favorables. Las entidades más tuteladas fueron la Oficina Jurídica, el DADIS y la Secretaría de Educación, con énfasis en derechos como salud, servicios públicos, petición y debido proceso.
En el ámbito extrajudicial, se recibieron 115 solicitudes de conciliación, de las cuales, 109 fueron estudiadas, con un 98% de resultados positivos. Estas solicitudes se enfocaron principalmente en nulidad, reparación directa y controversias contractuales. Entre los casos destacados se encuentran los procesos relacionados con Café del Mar, la edificación Aquarela y disputas sobre el espacio público en Chambacú y el Centro Histórico.
Seguido, se dio lectura a dos proyectos de acuerdo presentados por el concejal Javier Julio (Pacto Histórico):
- Por medio del cual se busca impulsar la participación de la economía popular a través de la plataforma tecnológica “Mi Mercado Popular” en Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural, Cartagena Compra Popular. Coordinador Córdoba y ponentes Vergara y Paria.
- Por medio del cual se crea el programa distrital de fortalecimiento a bibliotecas populares y comunitarias del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y se dictan otras disposiciones. Coordinador Caballero y ponentes Aponte y Díaz.
El concejal Julio indicó que el primer proyecto busca conectar a trabajadores de la economía popular con una plataforma que tiene el Gobierno Nacional llamada “Mi Mercado Popular” para que presten servicios al Estado. Se beneficiaría inicialmente a 500 unidades productivas. El segundo proyecto plantea crear un programa distrital de apoyo a bibliotecas populares, que sean dotadas con recursos y formar una red de bibliotecas. Agregó que espera que ambas iniciativas sean apoyadas por la Administración Distrital.
El concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) hizo saber que, según una nota de prensa local, se conoció que la licencia del macroproyecto Canal del Dique está en manos de Sacyr, empresa responsable del proyecto y sugirió retomar el debate sobre el Canal del Dique. El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) indicó que Sacyr es sujeto de control político e instó a citarlos para conocer los avances del proyecto, cuántos recursos se le ha girado, cómo van las consultas previas y la licencia ambiental.
Seguido, el secretario del Concejo hizo saber que para el día de mañana se encuentra programada la citación a debate de control político sobre la situación de salubridad en el agua potable. Se encuentran citados e invitados: DADIS, Aguas de Cartagena, Personería y Contraloría Distrital, Procuraduría Ambiental, Oficina de Servicios Públicos, administradores de edificios de Serena del Mar, representantes de Consejos Comunitarios de Punta Canoa, La Boquilla, Marlinda, Villa Gloria, Manzanillo del Mar, Cardique, empresa Aliat, desarrolladores del proyecto Serena del Mar.
Agotado el orden del día, se citó la próxima sesión para el viernes 13 de junio a las 9:00 a.m.
Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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