El Observatorio al Concejo de Cartagena y la Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 2 de julio del 2024
Hora de Inicio: 9:30 a.m.
Hora de finalización: 10:26 a.m.
Para esta sesión plenaria se tenía programada la presentación del informe de gestión del secretario de educación, Alberto Martínez, sin embargo, remitió una excusa, afirmando que, tenía una negociación con el Sindicato Único de Educadores y Trabajadores de la Educación de Bolívar (SUDEB) sobre el pago de sus honorarios. Martínez solicitó una nueva fecha de presentación. La excusa fue aceptada por los 16 concejales presentes, 3 concejales estaban ausentes (Barrios, Caballero, Estrada).
Seguido, por solicitud del concejal Edgar Mendoza (ASI), se realizó sesión informal en la que se escuchó a César Cárcamo, coordinador de la Comisión Nacional de Salud Pública, quien inició informando que fue escogido como coordinador de la Comisión de Empalme para recibir los informes de la ESE Cartagena de Indias. Además, indicó que tenía el reporte de rendición de cuentas y los informes de Jorge Suárez, exagente interventor.
El coordinador aseguró que, a partir de su seguimiento, habían rastreado que se estaba dando una falsa motivación e inconsistencia técnica, administrativa, financiera y jurídica de la Resolución 151 del 16 de mayo de 2024; ante lo cual, afirmó que iban a llevar a cabo una acción popular. Expuso que el último interventor tenía honorarios por $45 millones.
También compartió que, como auditor médico, tiene evidencias de que la ESE pasó de una situación crítica a una situación aceptable, por lo que considera que las prórrogas de intervención no debieron realizarse. Además, afirmó que se iban a abrir hospitales en: El Pozón (96% de avance) y en Canapote (92%).
Seguido, expuso que para sostener las prórrogas repitieron las consideraciones anteriores, y que el concepto técnico dado por la Superintendencia de Salud estaba errado y no era coherente con el informe de Suárez, por lo cual emprenderían una acción popular. Afirmó que la ESE es viable financieramente y que su trabajo al respecto lo respalda el alcalde.
Volviendo a sesión formal, el concejal Rafael Meza (Conservador) reafirmó la necesidad de suspender la intervención y la alta suma que devengaba el interventor. Además, preguntó al coordinador qué faltaba para dar apertura a los hospitales de El Pozón y Canapote.
Cárcamo respondió que para el hospital de El Pozón la infraestructura estaba terminada y faltaba la dotación como mueblería, insumos biomédicos y estanterías; y datos sobre los pacientes y personal médico. A raíz de esto, el compromiso con la Contraloría fue de entregarlo en 2 meses.
Seguido, los concejales William Pérez (Centro Democrático) y Luz Marina Paria (ASI), afirmaron que no podían existir prórrogas tras prórrogas, y que la Resolución 151 de 2024 era a todas luces ilegal, por lo que, reiteraron el respaldo desde el Concejo para cualquier gestión posterior que lidere Cárcamo.
La concejala Mónica Villalobos (Cartagena Mejor), afirmó que esta última prórroga era ilegal puesto que debía liquidarse o devolverse, y que hoy no había ninguna razón para continuar con la prórroga y felicitó al coordinador por la iniciativa de Acción Popular.
Posteriormente, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) cuestionó que medios locales de comunicación resalten noticias positivas de Aguas de Cartagena, a pesar de tener una deuda superior al 78% y un nivel de endeudamiento que no llega al 10%. Esto mostraría el riesgo de que si la Supersalud sanciona por más de 2.000 salarios mínimos la devolución de $105.000 millones a los usuarios, Acuacar se vería asfixiado, no siendo consistente con el premio que obtuvieron a la sostenibilidad.
También expuso que Acuacar en los últimos 10 años habría adquirido compromisos financieros por casi $780.000 millones, y pidió que desde el Concejo se envíe un oficio a Acuacar solicitándoles explicar si giran algún recurso a la entidad Andesco.
Por otro lado, se refirió al parque acuático que hoy privados pretenden realizar en los barrios de Castillogrande y Bocagrande, y que Dimar habría entregado como concesión. Expresó que no está de acuerdo por no armonizar con el POT e ir contra el medio ambiente, la tranquilidad y la sostenibilidad de la ciudad.
Finalmente, solicitó al secretario de planeación que vía oficio les dé a conocer el concepto técnico y jurídico de Secretaría para dar viabilidad al proyecto, el cuál propuso someter a debate de control político.
Agotado el orden del día, se citó nuevamente para el día 3 de julio a las 9 a.m.
Escrito por Moisés David Señas Ripoll, investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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