El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 9 de abril del 2026
Hora de Inicio: 9:00 a.m.
Hora de finalización: 1:19 p.m.
En la sesión plenaria del día de hoy se realizó el debate de control político sobre la tarifa del servicio de aseo. Se encontraban citados Gina Vélez, asesora de la oficina de servicios públicos, Jhon Montoya gerente Aguas de Cartagena, Gloria Hernández, Gerente de Afinia, Representantes legales de Veolia y Pacaribe, superintendencia de servicios públicos y ciudadanía en general.
Iniciada la sesión y el debate, el concejal citante Javier Julio (Pacto Histórico) señaló que el orden de las sesiones sería primero la ciudadanía, luego las empresas de servicios, los funcionarios y luego los concejales. Por lo anterior, tomó la palabra la ciudadanía.
- Rosa Mendivil (Barrio Las Gaviotas): Denunció un aumento desmedido en su factura de aseo, pasando de $37.000 a $117.000, e incluso hasta $250.000 en su sector. Atribuyó el alza al cobro de servicios de poda y mantenimiento de playas que no se ejecutan en su barrio. Indicó que, aunque Pacaribe le permitió separar los pagos, Aguas de Cartagena la acosa con amenazas de corte y cobros de reconexión pese a estar al día con el agua.
- Moisés Camerano Salcedo: Cuestionó la variabilidad de un «cargo fijo» que cambia cada mes y señaló que el aseo ya es más costoso que el agua en Bocagrande (pagando cerca de $263.000 de aseo frente a $123.000 de agua). Denunció que se cobra por aprovechamiento de residuos cuando la labor la hacen recicladores independientes, y que el mantenimiento de zonas verdes lo pagan privados.
- Yesid Pérez (Líder San Fernando): Exigió el cumplimiento del Artículo 146 de la Ley 142 de 1994, señalando que el precio debe basarse en la frecuencia y volumen real de recolección. Presentó recibos donde las fórmulas aritméticas no coinciden con los subsidios aprobados por el Concejo y denunció cobros de seguros no autorizados en facturas de Afinia.
- Yina Salas: Expuso que en un local de estrato 2 en Torices la tarifa saltó de $120.000 a $600.000. Criticó que la justificación de la empresa fuera una supuesta autorización de la Alcaldía para cobrar más por la tala de árboles en la ciudad, a pesar de que su negocio genera mínimos residuos.
- Stanley Montero (Barrio Las Palmeras): Denunció cobros dobles de barrido ($81.000) por tener una escalera externa en su casa, bajo la premisa de una «vía imaginaria». Informó que el recaudo por barrido en su barrio supera los $100 millones mensuales, pero persisten basureros satélites. La empresa rechazó la propuesta de la JAC de asumir el barrido local.
- Sidney Vélez (Barrio El Paraguay): Alertó sobre el incremento del cargo fijo en estrato 3, pasando de $22.850 a $41.000, cifra exorbitante frente a otros servicios públicos. Denunció un basurero satélite crónico tras las bodegas de TCC que genera graves problemas de salubridad. Pidió a los entes de control y concejales tomar medidas para evitar el abuso de posición dominante.
- Álvaro Manzanares (Parque Heredia): Calificó de pésima la recolección externa y acusó a los contratistas de tomar fotos de tramos pequeños para simular cumplimiento. Señaló que solo el conjunto Malibú paga $39 millones mensuales, exigiendo un servicio acorde a la alta facturación.
- José Campo Pizarro (Barrio El Socorro): Evidenció mediante video cómo los camiones pesados deterioran calles de 50 años de antigüedad. Denunció que las empresas usan un solo recolector por vehículo, obligando a los vecinos a dejar la basura en esquinas, lo que termina contaminando los canales pluviales. Señaló que no hay una entidad (Superintendencia) que realmente defienda a los usuarios.
- Armando Monterrosa (Periodista): Invocó el Artículo 333 constitucional sobre libre competencia y criticó que Veolia oculte sus fórmulas tarifarias bajo el argumento de «secreto comercial». Cuestionó los cobros de $30.000 de Acuacar por pago inoportuno en una ciudad con altos índices de pobreza.
- Gonzalo Poveda (JAC La Princesa): Denunció la inoperancia de la Oficina de Servicios Públicos ante fugas de agua no atendidas. Sobre el aseo, reportó un alza de $33.000 a $78.000 en un semestre y señaló que los recolectores usan carretillas de recicladores para amontonar basura en esquinas.
- José Polo Rodríguez: Expuso el caso de una tienda de barrio facturada por aforos ficticios de 240 litros, acumulando una deuda de $1.8 millones. Denunció doble cobro de cargo fijo en casas en ruinas a través de los recibos de energía y agua simultáneamente.
Antes de continuar, el secretario dio lectura a una excusa enviada por Ricardo Arango Restrepo, gerente general de Afinia, quien justificó su inasistencia por tener una reunión simultánea en la Superintendencia de Servicios Públicos en Bogotá. Dicha excusa fue rechazada por el concejal Julio, quien solicitó remitir copia a la Procuraduría, argumentando que una empresa de ese tamaño tiene la capacidad de designar a un delegado para dar la cara a la ciudadanía y cumplir con el control político.
- Aldo Lora (Portal de la Cordialidad): Alertó sobre el cierre de comercios por facturas de aseo de $200.000. Denunció que La Cordialidad es un botadero a cielo abierto y criticó que Acuacar cobre por un alcantarillado que la misma comunidad construyó con sus recursos. Solicitó la creación de una mesa de trabajo territorial con el Concejo en Barrios Unidos.
- Edwin Valdés Romero: Cuestionó los abusos en recargos de reconexión por retrasos mínimos y la política de Acuacar de promediar consumos en casas deshabitadas en lugar de realizar lecturas reales.
- Ivet Herrera Castro (Parque Heredia): Informó que su sector paga $344 millones mensuales en aseo sin ver reflejado el servicio en barrido ni poda, lo que afecta la iluminación y la seguridad del urbanismo.
- Juan David Álvarez: Afirmó que Cartagena tiene las tarifas de aseo más costosas del país y denunció que Pacaribe viola la Ley 142 al responder derechos de petición con laberintos informativos sin cifras claras en pesos.
- Cintia Amador (Barrio Nuevo): Denunció que Veolia cobra $37.000 pero no entra al barrio por el estado de las calles, obligando a los usuarios a llevar la basura a un punto crítico conocido como «La Roca».
- Marcos Tous (Comité Popular de Usuarios de Servicios Públicos): Indicó que la ciudad está acéfala ante la posición dominante de las empresas. Denunció prácticas abusivas como cobrar doble el servicio de aseo si una vivienda tiene dos puertas. Señaló que se están desviando recursos hacia las ECA (Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento) autorizadas por la Superintendencia, pero en la realidad el reciclaje lo hacen habitantes de calle que rompen las bolsas. Denunció que se hacen cobros por estimación y no por pesaje, y que se le está cobrando barrido a barrios con calles destapadas (como El Pozón), además de cuestionar que el barrido se realice de día bajo el sol inclemente, en lugar de hacerse de noche para mayor eficiencia.
- Haroldo Rodríguez (Supervisor de Siembra Más): Reconoció que se han mejorado las fugas de agua frente a administraciones pasadas. Solicitó saber dónde están las máquinas barredoras («cepillones mecánicos»). Afirmó que a Pacaribe y Veolia les conviene la existencia de escombreras satélites y denunció que no están cumpliendo con la poda arbustiva exigida en sus contratos. Pidió que regresen las interventorías para ejercer control e instó a instalar sistemas de riego automático en los parques.
- Candelaria Vanegas: Expuso cobros promediados por encima de su histórico y el cobro de aseo por 4 años en un apartamento desocupado en Villa Estrella, donde solo le descontaron intereses pero no el valor del servicio no prestado.
- Ismael Caraballo (Urbanización Simón Bolívar): Exigió garantías para pensiones de extrabajadores de empresas públicas y solicitó la salida del gerente de Acuacar ante la obsolescencia de la red de tuberías.
Continuando, La gerente de Veolia, Yolanda González, explicó que el esquema tarifario tiene 10 componentes definidos en el Decreto 1077 de 2015, bajo regulación de la CRA y vigilancia de la Superintendencia. Precisó que aplican la Resolución 720 para el área continental y la 853 para la insular. Informó que el cambio de facturación conjunta de Afinia a Aguas de Cartagena (donde mantienen 25.000 y 125.000 usuarios respectivamente) buscó reducir los costos de comercialización.
El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) solicitó conocer cómo se calcula el número de usuarios y cómo se certifica esto. En respuesta, la gerente González indicó que, de acuerdo a la ley, primero se define el área de prestación; luego, se obtiene la información mediante las bases de datos de las empresas de facturación conjunta (agua y energía). De allí se extraen los datos y, adicionalmente, se realizan censos y visitas en campo para verificar que los predios efectivamente existan, así como el tipo y uso de cada inmueble para asignar el estrato o determinar si es comercial.
Continuó, González señaló que facturan el servicio de aseo a 128.594 usuarios a través de Acuacar, y que a aquellos usuarios que no cuentan con servicios legalizados de agua o energía, se ven en la obligación de emitirles su propia factura directamente. El concejal Javier Julio (Pacto Histórico) mencionó que los componentes de la tarifa que están en la factura no son claro debido a nomenclaturas confusas. El concejal Lewis Montero (La U) se mostró inconforme con la mala prestación del servicio de aseo, indicando que la ciudad se ve sucia. Tras un cruce de palabras con la gerente, le pidió que contestara directamente las inquietudes de los ciudadanos presentes. La gerente indicó que se acogen a la resolución CRA 943, pero reconoció que será necesario ir a las comunidades y socializar nuevamente los componentes de las facturas.
Seguido a esto, la gerente explicó los componentes tarifarios:
- Costo fijo por suscriptor: Este depende de la cantidad de acciones realizadas y se cobra independientemente de si la unidad está ocupada o no. Incluye: 1.1. Costo de comercialización. 1.2. Costo de limpieza urbana por suscriptor (limpieza de playas, corte de césped, poda de árboles, mantenimiento de canecas, lavado de puentes), cuya frecuencia está estipulada en el PGIRS. 1.3. Costo de barrido y limpieza por suscriptor, el cual tiene un techo fijo de cobro.
- Costo variable: Del que se desprenden: 2.1. Costo variable no aprovechable (CVNA). 2.2. Cargo variable aprovechable. Recordó que, en el año 2013, mediante un fallo de la Corte Constitucional, se ordenó incluir a las personas que hacen labores de reciclaje. Estos tienen un reconocimiento vía tarifa; luego se hace un proceso de conciliación y se trasladan los recursos a las empresas de reciclaje debidamente registradas.
El concejal Julio, preguntó si se está cobrando o no la poda de árboles, pues en una respuesta oficial la empresa indicó que no la cobraban, pero en la presentación se afirma que sí. El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) solicitó saber cuántos kilómetros de playa cuenta Cartagena y cuántos son los que realmente se limpian. Además, pidió conocer cuál va a ser la mejoría en la prestación del servicio, dado que existen basureros satélites. La gerente respondió que desde agosto del año pasado se cobra la poda de árboles, interviniendo aproximadamente 29 mil árboles mensuales, de lo cual queda constancia en la plataforma del EPA. Sobre la limpieza de playas, aclaró que solo se realiza en la zona insular, donde barren 858 kilómetros mensuales, y que esta facturación aplica exclusivamente a dicha zona, no a la continental.
El concejal Julio indicó que actualmente no existe un control estricto a las empresas y que a los usuarios no les queda más remedio que creer lo que estas exponen. Cuestionó si el mantenimiento de los 7 mil árboles de un sector en particular se le cobra a la totalidad de usuarios de la ciudad o solo a los de ese sector. La gerente explicó que el cobro se distribuye entre todos los habitantes de la ciudad y es una tarifa compartida entre los prestadores. Señaló que, si la poda se da en áreas públicas, se carga a todos los usuarios; sin embargo, si se realiza dentro del inmueble privado de un ciudadano, se cobra una tarifa aparte. Asimismo, aclaró que la Superintendencia de Servicios Públicos sí los vigila, que ellos rinden un informe detallado sobre sus acciones y que la entidad hace la verificación de que las actividades prestadas sí se están realizando.
El concejal Julio replicó que esto no constituye una verdadera interventoría, pues nadie de la Superintendencia va a venir a verificar en terreno si efectivamente hicieron el barrido y las podas que reportan. El concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) pidió que se rectificara la cifra de los kilómetros de playa limpiados, por considerarla exagerada. La gerente aclaró que no se trata de la extensión lineal de las playas, sino de la sumatoria de los kilómetros de barrido acumulado que se realizan en la zona insular. Continuando, la gerente señaló que el año pasado se intervinieron 13.3 millones de m² de césped, se podaron 29 mil árboles, se barrieron 984 kilómetros y se recogieron 202 mil toneladas de residuos sólidos.
Sobre cómo se establecen las tarifas al usuario final, la gerente indicó que hacen un reporte a la Superintendencia de Servicios Públicos y cargan toda la información al Sistema Único de Información (SUI). Destacó que este sistema es público, por lo que los usuarios pueden acceder a él para conocer el detalle de los costos y revisar el documento técnico que establece las fórmulas de cada componente tarifario.
El concejal Johan Correa (Nuevo Liberalismo) cuestionó por qué, a pesar del gran volumen de basuras reportado como recogido por Veolia y Pacaribe, la ciudad sigue llena de basuras. Agregó que las personas están en todo su derecho de exigir una buena prestación del servicio. La gerente indicó que llegará un nuevo compactador y 3 nuevas volquetas, y que están trabajando con el Distrito para intervenir puntos críticos y ejecutar otras acciones de mejora. Señaló que también realizan limpiezas de puntos críticos junto con la comunidad, pero aclaró que hay lugares donde no pueden realizar recolección puerta a puerta debido a la infraestructura y estado de las calles.
El concejal David Caballero (Conservador) señaló que la cifra de barrido de playas no se la cree nadie por considerarla imposible, y cuestionó por qué cobran el servicio de barrido de calles en zonas donde este no se realiza debido a que no están pavimentadas. El concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) propuso que el debate se repita para ampliarlo a otros temas relacionados con el servicio de aseo, puesto que la sesión de hoy se enfrascó únicamente en el cobro de la tarifa. Reveló que, aunque Veolia y Pacaribe se suelen tratar como dos empresas distintas, ambas están estrechamente relacionadas, pues Pacaribe hace parte del grupo empresarial de Veolia, e instó a la administración a explorar la posibilidad de que ingrese una nueva empresa a la ciudad.
En respuesta, la gerente indicó que en las zonas no pavimentadas la recolección y barrido se hace de manera manual. Ante esto, el concejal Barrios contradijo a la gerente y profundizó en que a los cartageneros se les está cobrando en exceso en la facturación, aprovechándose a su vez de los subsidios, pues continúan cobrando por un barrido que no se evidencia.
Por parte de Pacaribe, el gerente negó ser filial de Veolia y sostuvo que sus costos se basan estrictamente en la Resolución CRA 720 de 2015. Tras más de cuatro horas de sesión, se intentó declarar la sesión permanente, pero la propuesta fue negada por falta de quórum, contando con solo 9 concejales en el recinto (Caballero, Meza, Raad, Barrios, Julio, Villalobos, Piña, Díaz y Córdoba). La sesión se cerró sin completar el debate y se citó para el viernes 10 de abril a las 8:30 a.m.
Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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