El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio a la Asamblea de Bolívar, 12 de marzo del 2026
Hora de Inicio: 9:38 a.m.
Hora de finalización: 10:58 a.m.
Para esta sesión plenaria de la Asamblea Departamental de Bolívar estaba programada la presentación del informe de gestión por parte de la Contraloría Departamental de Bolívar.
Iniciado el orden del día, la contralora departamental Tatiana Romero recordó que su función trasciende la revisión cuantitativa para asegurar el uso correcto de los recursos en beneficio de la población mediante procesos de auditoría, responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva, sancionatorios y participación ciudadana. Precisó que supervisan a 100 sujetos de control, incluyendo 46 entidades territoriales, 43 empresas sociales del estado (ESE) y 8 descentralizadas.
Sobre la vigencia 2025, informó la realización de 36 auditorías de cumplimiento, 3 financieras, 49 actuaciones especiales y 16 de revisión. Las auditorías de cumplimiento arrojaron 557 hallazgos administrativos, 182 disciplinarios, 2 penales y 145 fiscales por $9.365 millones, atribuidos principalmente a ineficiencias en el recaudo y transferencia de estampillas departamentales, además de irregularidades contractuales y mal manejo de recursos.
Romero, destacó que la mayoría de estos hallazgos obedecen a la ineficiencia e irregularidad en los procesos de recaudo y transferencia de las estampillas departamentales. Entre las otras causas de los hallazgos se encuentran las irregularidades contractuales, la pérdida o mal manejo de recursos, entre otros.
Producto de los procesos auditores, se determinaron beneficios de control fiscal por la suma de $8.928 millones. De estos beneficios, $8.589 millones tenían origen en procesos de responsabilidad fiscal y $339 millones se originaron en auditorias de cumplimiento. En materia de talento humano, la Contraloría cuenta con 27 integrantes entre procesos de auditoría y de atención a denuncias, Romero, hizo énfasis en que la entidad dispone de poco personal para ejecutar las labores que requiere hacerle control y seguimiento fiscal al Departamento.
En la responsabilidad fiscal hay aperturados 82 procesos, de los cuales 6 tuvieron fallos proferidos por el valor de $3.556 millones. En medio de la presentación, invitó a los diputados a realizar control político a la Universidad de Cartagena, donde su caja de previsión presenta una pérdida de de recursos desde el 2023. En cuanto a los procesos administrativos sancionatorios, están aperturados 135 procesos: 48 multas de estas 25 en cobro coactivo para un total de $297 millones.
En atención de denuncias, se recibieron 65 denuncias: 23 concluidas, 11 trasladadas a otras entidades, 51 traslado de hallazgos disciplinarios y 29 de ellas fueron trasladadas por hallazgos fiscales por el valor de $726 millones. Finalmente, reiteró la problematica en el cobro de las estampillas departamentales e hizo un llamado al fortalecimiento de la participación y veeduría ciudadana como complemento al ejercicio de la Asamblea y la Contraloría Departamental.
El diputado Zaith Adechine (Movimiento de Salvación Nacional) cuestionó el envío tardío del documento para la presentación del informe y señaló que la mayoría de los casos no logran la recuperación efectiva de recursos, sugiriendo una reestructuración administrativa de la entidad. Por su parte, el diputado Jorge Rodríguez (La U) enfatizó en la necesidad de vigilar megacolegios y las ESE departamentales, las cuales calificó como «bolsillos de las alcaldías». Invitó a que la Contraloría Departamental se dedique a enseñar como mejorar la gestión de los recursos y el debido proceso que se requiere y solamente aplicar el peso de la ley a quienes hagan caso omiso. Por último, reiteró que más allá de hacer el hallazgo, también era necesario recuperar los recursos para el Departamento.
El diputado Víctor Mendoza Saleme (Cambio Radical) citó irregularidades en las alcaldías de El Peñol y San Cristóbal, criticando que la recuperación de recursos es inferior al 1% y advirtiendo sobre la falta de personal profesional en los equipos auditores, indicando que actualmente solo se prioriza un número reducido de procesos mientras muchos quedan inconclusos. La diputada Viviana Villalobos (Cambio Radical) solicitó un informe ejecutivo detallado sobre los municipios y sectores con mayores riesgos y hallazgos identificados. Hizo un llamado a fortalecer la veeduría y participación ciudadana para apoyar los procesos de control político y fiscal en el Departamento.
En respuesta la contralora Tatiana Romero, ofreció disculpas por la entrega tardía del informe. Explicó, que los procesos auditores de la entidad cuentan actualmente con una guía de auditoría altamente técnica, en la que también participan la contralora y el subcontralor. Señaló que todos los auditores están certificados y son personal calificado, defendiendo así la calidad de los procesos de auditoría. Indicó que se busca generar más beneficios que hallazgos, ya que, cuando se abren procesos los sujetos auditados tienden a corregir situaciones para evitar sanciones
Reconoció debilidades en el recaudo y en la capacidad institucional debido al poco personal disponible, destacando que la planta cuenta con más funcionarios de nivel auxiliar y técnico que profesional, por lo que considera necesario fortalecer el número de profesionales para mejorar las auditorías. También mencionó, que se está haciendo seguimiento a las ESE y a los megacolegios, pese a las limitaciones de talento humano, se implementarán puestos de control financiero y gestión. Finalmente, señaló que la dificultad en el recaudo y la falta de personal complican el trabajo, y que muchas de las fallas financieras detectadas se deben a que numerosos funcionarios en dependencias departamentales y alcaldías no tienen suficiente conocimiento de los debidos procesos.
Sobre el caso de las alcaldías de El peñol y San Cristobal, mencionando que los procesos tienen corte desde el año 2023. Destacó del caso que una de las principales practicas que dificulta la labor de la Contraloría Departamental son los procesos de empalme entre alcaldes de turno, puesto que muchos de estos no realizan un debido proceso y dejan información faltante al salir del cargo. Finalmente, invitó a la Corporación a ejercer su función de control político frente a estas entidades y sujetos de control que realizan este tipo de irregularidades.
Para finalizar, la diputada Karen Cure (Cambio Radical), hizo una intervención para dar cumplimiento a la tutela interpuesta por el alcalde Dumek Turbay, por su intervención el 19 de enero del 2026. Mencionó que prima el derecho de los ciudadanos y por ello acata el fallo del juez. Aclaró que no existe sentencia condenatoria que respalde la intervención que hizo el dia 19 de enero contra el señor Dumek Turbay.
Agotado el orden del día, se citó la próxima sesión para el martes 17 de marzo las 9:00 a.m.
Escrito por Douglas de Jesús Craig, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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