El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 13 de marzo del 2026
Hora de Inicio: 9:00 a.m.
Hora de finalización: 1:25 p.m.
Receso: 9:54 a.m. – 10:10 a.m.
Para esta sesión plenaria del Concejo Distrital de Cartagena de Indias se encontraban programadas las audiencias públicas de los Proyectos de Acuerdo 103 sobre incorporación de recursos y traslado presupuestal y 099 sobre tarifa diferencial en Transcaribe. Iniciada la sesión, se dio apertura a las audiencias:
- Proyecto de Acuerdo 103 “Por medio del cual se efectúa una incorporación y un traslado presupuestal entre unidades ejecutoras en el presupuesto de rentas, recursos de capital, recursos de fondos especiales y establecimientos públicos, así como los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones para la vigencia fiscal del primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiséis (2026), del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y se dictan otras disposiciones”.
Seguido, el secretario de Hacienda Haroldo Fortich indicó que la incorporación corresponde a saldos no ejecutados de la vigencia 2025 por un total de $342.329 millones. Detalló que de ese monto $173.886 millones corresponden a recursos con destinación específica no ejecutados, $84.230 millones a superávit de fuentes con destinación específica y $84.213 millones a superávit de fuentes de libre destinación. Sobre los recursos a trasladar, precisó que ascienden a $42.406 millones, de los cuales $7.385 millones serían destinados al despacho del alcalde, $7 mil millones a la Secretaría General y $28.021 millones a la Secretaría de Infraestructura. El detalle de recursos a incorporar por secretarías y dependencias es el siguiente:
En el espacio de participación ciudadana, Juan Miranda, representante de los barrios Cerros de Albornoz, sector Los Girasoles, solicitó la aprobación del proyecto al considerar que los recursos contribuirían a fortalecer la seguridad en la ciudad y beneficiarían a su comunidad. Por su parte, Yackelin Caravajal señaló la necesidad de ampliar la instalación de cámaras de seguridad en distintos sectores. Seguido, Ingrid Marrugo, habitante de Cuatro Vientos sector El Líbano, manifestó reconocimiento a la gestión de Distriseguridad por la instalación de cámaras de vigilancia.
El concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) manifestó que, pese a la importancia del proyecto, el tiempo destinado para su estudio en la audiencia pública ha sido limitado. Indicó que la inseguridad constituye una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y expresó que los recursos incorporados deben contribuir a garantizar los derechos de los habitantes. El concejal Lewis Montero (La U) indicó que el Concejo realizará un análisis riguroso del proyecto, particularmente respecto a la inversión realizada en materia de seguridad y sus resultados.
El concejal Edgar Mendoza (ASI) señaló que el proyecto presenta inconsistencias en la exposición de motivos y el articulado, indicando que en la exposición se mencionan únicamente el Despacho del Alcalde y la Secretaría de Educación, mientras que el articulado incluye otras dependencias. Asimismo, indicó que no se adjunta certificado de saldos disponibles ni certificado de impacto fiscal, entre otras dudas. La concejal Luz Marina Paria (ASI) solicitó claridad sobre los criterios utilizados para la asignación de los recursos incorporados a las diferentes secretarías, señalando que estas decisiones deben alinearse con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo y revisarse en mesas técnicas. Seguido, el concejal David Caballero (Conservador) expresó que esperaba la intervención de cada secretario para explicar en qué se ejecutarán los recursos asignados, mencionando particularmente a entidades como Distriseguridad e IDER, que deberían presentar información sobre la ejecución de recursos y el cumplimiento de metas.
El concejal Javier Julio (Pacto Histórico) indicó que, conforme a la ley, el Concejo debe permitir a la Administración ejecutar los recursos no utilizados, pero señaló que también corresponde evaluar los resultados de las entidades beneficiarias. En ese sentido, manifestó que el director de Distriseguridad debería presentar informes al Concejo antes de aprobar nuevos recursos, especialmente frente a temas como garitas de playas, denuncias ciudadanas sobre contratación, instalación de cámaras de seguridad y la situación general de seguridad. Indicó además que presentará una proposición para realizar un debate de control político sobre este tema. A su turno, el concejal Laureano Curi (ASI) señaló la necesidad de ampliar el número de cámaras de seguridad y evaluar la inversión de los recursos. Como ejemplo, relató un caso de escopolamina ocurrido cerca al recinto del Concejo y señaló que la identificación de los responsables fue posible gracias a las cámaras instaladas en el sector.
Seguido se decretó un receso y, al retomarse la sesión, se dio inicio a la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo 099 “Por medio del cual se establece un subsidio al transporte público masivo para la población de adulto mayor, estudiantes de básica, secundaria y superior, con SISBÉN A y B, en el marco de una tarifa diferencial para el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros – SITM Transcaribe, en el Distrito de Cartagena de Indias y se dictan otras disposiciones”.
En la intervención ciudadana, Robbinson Villadiego, directora de la Liga de Usuarios del Transporte Masivo, indicó que la Ley 105 permite la aplicación de subsidios en las tarifas del transporte público. Señaló que en Cartagena el proyecto plantea subsidiar el 25,64% del valor del pasaje para beneficiar a población vulnerable. No obstante, manifestó preocupaciones relacionadas con el funcionamiento del sistema, señalando que el sobrecupo en buses supera el 170%, especialmente en los buses padrones, lo que genera riesgos de accidentes e inseguridad para los usuarios. También indicó que cerca del 60% de los buses presenta deficiencias en el servicio de aire acondicionado y que estaciones como Centro 1 y La Bodeguita cuentan con un solo vigilante. Propuso establecer convenios con la Policía Nacional para mejorar la seguridad en estaciones.
Seguido, Juan David Álvarez indicó que la tarifa diferencial representa un alivio para la población y dignifica a los ciudadanos que enfrentan dificultades económicas. Consideró que esta medida debió implementarse con anterioridad y señaló que su aplicación podría aumentar el flujo de pasajeros, por lo que se deben atender las fallas actuales del sistema. Por su parte, Daniel Herrera, vicepresidente del Consejo Territorial de Planeación, manifestó que la iniciativa facilitaría el acceso de estudiantes a las instituciones educativas, aunque sugirió evaluar la inclusión de estudiantes clasificados en SISBÉN C y de personas con discapacidad, además de considerar un artículo que contemple el incremento progresivo del pasaje.
Jaime González, delegado de Consejos de Juventudes, señaló que el costo del transporte constituye una barrera para el acceso y permanencia en la educación, por lo que el proyecto representa una herramienta de equidad. Sugirió ampliar el beneficio a población SISBÉN C. Esteban Álvarez, consejero local de juventudes, propuso ampliar progresivamente la cobertura a otros estudiantes que requieran el beneficio y desarrollar mecanismos ágiles y digitales para su inclusión. Seguido, Juan Pablo Martínez, presidente del Consejo de Juventudes de la Localidad 1, expresó respaldo al proyecto y señaló que podría beneficiar a cerca de 22 mil personas.
Sergio Ortega, vicepresidente de la Plataforma Distrital de Juventudes, indicó que durante la sesión no se contó con intérprete para personas con discapacidad auditiva y señaló que el proyecto no contempla explícitamente a las personas con discapacidad. Andrea Rico, consejera local de juventudes de la Localidad 1, señaló que la iniciativa surge en el contexto de las protestas realizadas el 23 de enero por el aumento del pasaje de Transcaribe y manifestó que el proyecto debe aclarar su sostenibilidad financiera, recordando que el sistema moviliza menos pasajeros desde la pandemia y que el Fondo de Estabilidad Tarifaria presenta dificultades financieras.
Hugo Horta Camargo, representante de estudiantes de la Universidad de Cartagena y consejero de paz, indicó que el aumento del pasaje se produce en un contexto donde el 41% de la población de Cartagena se encuentra en pobreza monetaria. Señaló que la tarifa diferencial representa un alivio parcial, pero manifestó que el proyecto deja por fuera a otros sectores como personas con discapacidad, madres cabeza de hogar y algunos estratos vulnerables. Rosaura Meneses solicitó que las decisiones privilegien a la población que utiliza el transporte público como única alternativa de movilidad.
Seguido, Rubén Castro Quintana, representante de pensionados de Bolívar, manifestó que la preocupación no se limita a la tarifa, sino también a la calidad del servicio y a la falta de cobertura, lo que obliga a muchos ciudadanos a utilizar medios adicionales como mototaxis para llegar a las estaciones. También sugirió que el Concejo realice seguimiento a las averías de los buses en vía pública. En la misma línea, Manuel Batista expresó inquietudes sobre la sostenibilidad financiera del sistema y preguntó sobre la posibilidad de ampliar la cobertura del subsidio teniendo en cuenta el presupuesto disponible.
Alejandro Alvarado, representante estudiantil de la Universidad de Cartagena ante el Consejo Superior, señaló que la tarifa diferencial se relaciona con el acceso a derechos fundamentales como la educación. Nora Salgado, de la Liga de Usuarios de Transcaribe, manifestó preocupaciones sobre el estado de los buses y el funcionamiento de las concesiones del sistema. Héctor Contreras, del barrio San Pedro y Libertad, señaló la necesidad de ampliar los espacios de participación ciudadana y expresó que la tarifa del sistema resulta elevada para muchos ciudadanos.
Zaith Julio, de la mesa del movimiento social de mujeres y feministas, manifestó que la iniciativa representa un avance, pero insistió en la necesidad de revisar la tarifa general y considerar las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a recursos económicos. Aldair López, miembro de un colectivo antirracista, indicó que la iniciativa surge de la movilización social y manifestó preocupaciones por la calidad del servicio. Menfre Blanco, representante del corregimiento de Bayunca, señaló que el aumento del transporte también afecta a los corregimientos, indicando que en la zona norte el pasaje pasó de $4.200 a $5.600.
María Camila Feria, consejera de juventudes de la Localidad Histórica, señaló que el debate debe abordarse desde una perspectiva más amplia que incluya la sostenibilidad del sistema y el impacto del costo del transporte en la vida de los estudiantes. Eyleen Puello manifestó su incomodidad por situaciones de perfilamiento dentro de la corporación y señaló que el transporte público condiciona el acceso a oportunidades. Por su parte, Zaida Aguirre manifestó preocupación por la falta de inclusión de personas con discapacidad en el sistema y recordó que anteriormente se habían destinado $65 mil millones de regalías para mejorar la infraestructura inclusiva del sistema.
Santiago Pombo cuestionó algunas prioridades de inversión del Distrito y Arroyo González señaló que el transporte público incide directamente en el acceso al trabajo, la educación y la movilidad urbana. Andrés Julio, consejero de juventudes, presentó cálculos sobre el ahorro que representaría la tarifa diferencial para los estudiantes y señaló la importancia de avanzar hacia un sistema de transporte digno.
Jordán Jimenes manifestó que Cartagena presenta una de las tarifas más altas del país pese a contar con recorridos más cortos que otras ciudades. Sergio Sepúlveda, consejero local de juventudes, expresó respaldo a las iniciativas que beneficien a la población joven. Janis Bolaño, consejera de juventudes de la Localidad 3, señaló que el transporte público constituye una condición necesaria para acceder a oportunidades educativas y laborales.
Itamar de Avila manifestó que el sistema presenta dificultades estructurales y señaló que el proyecto requiere mayor desarrollo técnico. Gregorio Salgado, secretario general de la Federación de Juntas de Acción Comunal de Cartagena y miembro del Consejo Territorial de Planeación, sugirió incluir también a población SISBÉN C y a miembros de juntas comunales conforme a lo establecido en la Ley 2166 del 18 de diciembre de 2021. Valentina Baracaldo señaló que muchos estudiantes de instituciones de educación superior pertenecen a hogares de estratos 1 y 2 que no se encuentran registrados en el SISBÉN, por lo que solicitó considerar su inclusión.
Por parte de la Administración Distrital, la secretaria general María Patricia Porras indicó que se tomaron notas de las intervenciones ciudadanas y que, junto con la gerente de Transcaribe y asesores de la administración, se analizarán los planteamientos en las mesas de trabajo para presentar información adicional.
Seguido, el concejal Javier Julio (Pacto Histórico) resaltó la participación ciudadana en la audiencia y señaló que el aumento del pasaje responde a problemas estructurales del sistema desde su origen, relacionados con los contratos de concesión que, según indicó, generaron compromisos financieros para el Distrito que obligan a mantener un Fondo de Estabilidad Tarifaria. Recordó también su lucha desde la puesta en funcionamiento de Transcaribe para implementar una tarifa diferencial.
Julio indicó que la tarifa diferencial representa un avance hacia una política pública que podría mantenerse en futuras administraciones. Asimismo, presentó propuestas orientadas a ampliar la población beneficiaria, incluir personas con discapacidad y estudiantes técnicos y tecnólogos, establecer la progresividad del subsidio entre el 25% y el 50%, facultar a la administración para definir mediante decreto el nivel de subsidio según estudios financieros y presentar informes anuales sobre el impacto de la medida en términos financieros y de flujo de pasajeros.
Finalmente, el concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) señaló que en futuras sesiones sería conveniente contar con una presentación de la gerente de Transcaribe. Asimismo, solicitó realizar estudios técnicos para evaluar la inclusión de personas con discapacidad dentro del esquema de tarifa diferencial, instó a Transcaribe a analizar su incorporación en el proceso de implementación del beneficio y pidió a la Secretaría de Participación identificar a la población con discapacidad en Cartagena y presentar al Concejo los resultados de los estudios técnicos correspondientes. Estas solicitudes fueron presentadas por el concejal Córdoba a través de proposición, pero al no haber quorum, serían presentadas en la próxima sesión.
Agotado el orden del día, se citó la próxima sesión para el sábado 14 de marzo las 9:00 a.m.
Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
Fotografía: Funcicar
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