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Hoy el Concejo Distrital rindió audiencia pública a los siguientes proyectos de acuerdo:
“Por el cual se expide la normativa sustantiva tributaria del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias”.
El Secretario de Hacienda, Napoleón de la Rosa, inició la presentación del proyecto contextualizándolo en el marco de la discusión de la Reforma Tributaria Nacional que actualmente adelanta el Congreso de la República, y señalando que dos de los aspectos más relevantes para el Distrito de esta reforma, es que se contará con un formulario único nacional para declarar el Impuesto de Industria y Comercio y que todas las entidades territoriales deberán adelantar el proceso de saneamiento o depuración contable, lo cual le permitirá al gobierno descargar toda la “cartera mentirosa” con que cuentan sus bases de datos.
Otro de los aspectos que destacó fue que pese a la pretensión del gobierno nacional de que el Distrito realizara una actualización catastral este año, él se opuso por considerarlo inconveniente para la economía de los hogares cartageneros, de cara a la aprobación de una reforma tributaria que supone un aumento tarifario.
Por otra parte aseguró que este año la eficacia en el recaudo del impuesto predial ascendió al 52%.
Posteriormente, De la Rosa señaló los aspectos puntuales que hacen parte de esta propuesta de actualización del Estatuto Tributario, que según indica, corresponde solo a la parte sustantiva, puesto que la parte procedimental sería presentada posterior a la aprobación de la Reforma Tributaria Nacional.
– Adjunto a la bitácora encontrará la presentanción del Secretario de Hacienda-
Luego, se le dio paso a las intervenciones de los ciudadanos y demás sectores inscritos.
En representación del Consejo Gremial de Bolívar intervino su directora ejecutiva, Alicia Bozzi, anotando que a tan solo 12 días de finalizar el año resulta insuficiente el tiempo para revisar a profundidad el contenido de un proyecto de alto interés ciudadano y empresarial.
Bozzi señala que en los antecedentes de previos intentos de actualización del Estatuto Tributario Distrital, tanto en el año 2010 como en el periodo 2014 y 2015, los textos propuestos para modificar el sistema tributario en el Distrito fueron objeto de amplia difusión y participación por parte de los grupos de interés, logrando como resultado importantes consensos, inéditos en nuestra ciudad que sería importante conservar y que hoy no se estarían considerando.
Por otro lado, destaca el hecho de que el Congreso de la República en estos momentos aun estudia una Reforma Tributaria Nacional de carácter Estructural, que entre otras cosas, hace referencia a los impuestos territoriales, tales como ICA, predial y estampillas y tiene alta incidencia en los contribuyentes y empresarios.
Para la ejecutiva, esta nueva realidad tributaria nacional, tendrá incidencia directa en los municipios del país, e impone la necesidad de que sólo teniendo claridad de los impactos de la Reforma Nacional, se pueda hacer el análisis real y efectivo de la actual propuesta distrital y tomar las decisiones más acertadas para el Distrito de Cartagena.
Propuso en nombre de los gremios que se promueva únicamente la aprobación del Art.19 en su Numeral 1, Letra A que se refiere puntualmente a las Tarifas de Predios Urbanos Edificados de Viviendas- Residencial y que se le dé a todo el resto del proyecto posteriormente la oportunidad de que sea integral en sus partes sustantiva y procedimental y actualizado conforme a las modificaciones que se están estudiando en el Congreso, y que así, pueda ser revisado nuevamente y de manera comprometida por todos los agentes sociales para quienes motiva interés.
El sector industrial y del comercio también estuvo representado en esta audiencia pública, a través de la particicación de Erica Martínez y Mónica Fadul, respectivamente.
Martinez aseguró que la actualización que se está proponiendo no ha sido socializada con los industriales, y recordó que el año pasado se lograron algunos acuerdos con el gobierno local y el Concejo, que no fueron incluidos en el proyecto presentado.
En cuanto a las estampillas, aseguró que este impuesto ha sido muy cuestionado en el país por lo poco eficiente que es para las finanzas públicas, por lo que considera impertinente que se esté contemplando su incremento.
Martínez y Fadul coincidieron en que dado que dicho proyecto de acuerdo únicamente hace referencia a la parte sustantiva del Estatuto Tributario, dejando de lado la procedimental, resulta más eficiente que se haga un estudio completo de toda la estructura tributaria del Distrito de modo que se tenga una visión integral, más aún si uno de los objetivos de la actualización del Estatuto Tributario es reducir la evasión para fortalecer los ingresos distritales para inversión. Explicaron que, la evasión está relacionada en mayor medida con la parte procedimental, lo cual se refleja en la dificultad de recaudar impuestos por los trámites complejos y esta no fue incluida en la actual propuesta de la Administración Distrital.
Otra de las intervinientes fue María Camila Salas, directora de la agencia de inversión Invest in Cartagena, quien señaló que se prevé que con la Reforma Tributaria Nacional la inversión extranjera se verá afectada, por lo que considera excesivo el número de empleos que debe generar una empresa nueva para acceder a los estimulos tributarios.
Leonardo Jiménez, director del Centro de Estudios del Trabajo de Cartagena también participó, presentando una serie de datos sobre el panorama de las finanzas públicas del Distrito y la economía de los cartageneros.
Según Jiménez, de acuerdo a una investigación de los académicos Jorge Luis Arrieta y Aarón Espinoza, en Cartagena el 20% de los hogares con mayor capacidad económica tienen unos ingresos que son 36 veces mayores al 20% de los hogares más pobres y vulnerables. De la misma forma, asegura que según calculos de Cedetrabajo, el 1% más rico en Cartagena tiene unos ingresos que son 134% mayores al 1% más pobre y vulnerable. Estos datos, para Jiménez, deben ser considerados en el estudio de la politica fiscal y el tema tributario.
En cuanto al análisis del Impuesto Predial Unificado, explicó que de acuerdo al IGAC en Cartagena existen 134 mil propietarios de la tierra urbana, de los cuales, el 0,07%(93 propietarios) están concentrando más de 1.383.086 m2, de tierras, y son estos predios los que se han valorizado más pero pagan menos impuesto predial unificado.
Otro de los aspectos señalados tuvo que ver con el desfase que existe entre el crecimiento del impuesto predial y el crecimiento de los ingresos de los cartageneros; asegura que mientras el predial crece al 19%, los ingresos lo hacen al 7%.
El investigador destacó que uno de los puntos que debe ser analizado por los concejales en el estudio de este proyecto es que, de los 339 mil predios que pagan impuesto predial unificado, el 48% son predios de uso habitacional o residencial, pero existen más de 29 mil predios que son “lotes de engorde”, los cuales tienen un indice de recaudo efectivo de tan solo el 28%. Esto le estaría generando al Distrito una perdida superior a 33 mil millones de pesos anuales.
Concluyó rechazando el incremento de la tarifa a los predios pertenecientes al estrato 2, porque considera que lo que se debería hacer es fortalecer la fiscalización para que los “lotes de engorde” paguen lo que les corresponde.
El siguiente interviniente fue el ex concejal Adolfo Raad, quien manifestó algunas consideraciones por las que no está de acuerdo con el proyecto de acuerdo: 1. El incremento de las tarifas no responde a los principios de proporcionalidad tributaria, toda vez que, mientras que para los estratos 5 y 6 el incremento del impuesto predial unificado no supera el 10%, para el 6% de los predios del estrato 1 incrementa en un 150%; lo mismo ocurre para el 17% de los predios de estrato 2. Con respecto al estrato 3, el incremento se realizaría sobre el 49% de sus predios, con un aumento de más del 20%.
2. Con relación a las tarifas de los nuevos proyectos hoteleros que entren en funcionamiento, el proyecto propone que la tarifa del 5.5x mil quede congelada por el término de 6 años, lo cual según Raad no está acorde al articulo septimo de la ley 819 de 2003, toda vez que no se establecen los costos fiscales de la propuesta ni la fuente de ingreso adicional para financiar dicho beneficio.
Luego, como vocero de la Junta de Acción Comunal del barrio San Diego intervino Rafael Morillo, quien expresó la preocupación de los habitantes de su barrio ante el vencimiento de términos que tuvo en la presente anualidad, un beneficio de exención tributaria otorgado a los raizales de este sector. Morillo le solicitó a la Administración considerar incluirlo nuevamente, dentro del proyecto que se está estudiando.
Sobre la misma linea intervino la directora del Fondo Mixto de Cultura, Marcela Nossa, para solicitar la restitución del porcentaje de la Estampilla Procultura, que les fue quitado a partir del año 2014, por vacíos juridicos argumentados por el IPCC.
Por parte de los concejales abrió las intervenciones el concejal Cesar Pión (La U) manifestando varias apreciaciones en torno al proyecto. Pión sugirió al gobierno local que en esta oportunidad solo sea estudiada la parte del Impuesto Predial Unificado, los plazos para los pagos y las Estampillas. Por otro lado expresó su respaldo al sector hotelero y de construcción, señalando los aportes de estos sectores a la economía de la ciudad. El cabildante solicitó a los secretarios de las comisiones permanentes del Concejo, agendar una mesa de trabajo con las personas que intervinieron en la audiencia, a fin de recibir propuestas concretas que les permitan sugerir modificaciones al proyecto.
Por su parte, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) manifestó algunas inquietudes en cuanto al número de predios por estrato que hacen parte de los 9 mil señalados en el proyecto de acuerdo. Barrios aseguró que en la ciudad existen zonas como Villa Rosita, alrededor de la cual se viene dando un crecimiento urbanistico con viviendas de 105 millones de pesos, que se suscriben al estrato 3, y que de acuerdo a la propuesta del gobierno local, serían gravadas con una tarifa del 5.5x mil, la cual considera muy alta para este sector. Solicitó que la Secretaría de Hacienda revise este punto porque el incremento de la tarifa es de más del 20%.
Por otro lado, habló sobre la actualización catastral, indicando que en Cartagena la tierra está sobrevalorada, por lo que considera importante que con la Secretaría de Planeación se revise muy bien esta modificación.
El tercer aspecto abordado por el cabildante tuvo que ver con los lotes no edificados, que actualmente están gravados con una tarifa de 25.5x mil y que el gobierno propone incrementar al 33 x mil. Al respecto, Barrios asegura que algunos propietarios de estos lotes le hacen “el quite a la norma”, porque “hay lotes en Cartagena que les construyen un cambuche en la zona Industrial y luego cuando Agustin Codazzi hace la inspección dice que tiene más del 15% de construcción, y pagan el 11x mil y no el 25”. Para el cabildante, se debe aumentar al 50% el porcetanje de construcción requerido para declarar estos lotes como no edificados, toda vez que el Distrito viene perdiendo el 14.5 x mil.
Por último, sugirió que debido a que el ICA no está sufriendo incremento, a los predios comerciales se les aumente la tarifa para equipararse al industrial, porque según el Concejal, hay algunos establecimientos comerciales que podrían estar generando mayores ingresos que una microempresa ubicada en Mamonal.
Para finalizar, el concejal Ronald Fortich (Cartagena Confirma) se refirió a la necesidad de contar con una secretaría de hacienda fortalecida, especialmente en su recurso humano. Para Fortich, no es pertinente que la mayoría de las personas encargadas de realizar el ejercicio de fiscalización y otras funciones vitales para la hacienda pública, se encuentren contratadas bajo la modalidad de prestación de servicios. La idoneidad fue otro de los elementos que destaca el Concejal para la selección de los funcionarios que intengran esta secretaría. Asimismo considera necesario que se mejore el sistema de información de la secretaría, para tener un mapeo claro de los sectores en donde se evaden impuestos.
Igualmente instó al gobierno local a gestionar a través de los congresistas de Bolívar, la revisión de la contraprestación portuaria, a fin de que la ciudad se beneficie mucho más de esta fuente.
Proyecto de Acuerdo No.045, por el cual se autoriza al Alcalde Mayor de Cartagena para enajenar las acciones que posee el D. T. y C., de Cartagena de Indias en la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A y CARTAGENA II S.A.
Este proyecto también contó con la participación de la subdirectora de la ANDI-Bolívar, Érica Martínez, quien explicó porqué para la ANDI, el Consejo Gremial y Fenalco, las acciones del Distrito en esta empresa deben mantenerse. Martínez señaló que debido a que esta participaciín le ha representado al Distrito un flujo de recursos importantes y estables, entre 1.100 y 2.000 millones de pesos del 2011 al 2015, cifra que a juzgar por el valor cancelado a abril de 2016, va a hacer mayor al considerar el valor cancelado en este último semestre, todo indica que los dividendos van a seguir incrementando.
Otro argumento esgrimido por la ejecutiva señala que la participación pública distrital en empresas que prestan servicios portuarios es de enorme relevancia en la medida en que las decisiones que se relacionan con este sector tienen una incidencia alta y directa en el desarrollo económico de Cartagena, en la generación de empleos productivos a nivel local y en la competitividad de la misma, e incluso del país; agrega que a través del puerto se mueven muchas actividades en materia pública y social que contribuyen con la generación de riqueza y bienestar para la población.
Por otro lado, cuestionó que conforme a lo que dice el proyecto de acuerdo, para determinar el valor a obtener por la venta debe contratarse una valoración de la empresa y de las acciones, lo que puede llegar a costar un 1% de la valoración. Este costo deberá ser asumido por el Distrito. Martínez asegura que el hecho de que haya necesidad de valorar la empresa, significa que existe un grado de incertidumbre frente al monto que representaría la venta – aunque en el documento presentado se da un valor estimado que oscilaría entre 60.000 y 80.000 millones de pesos.
Finalmente, indica que el proyecto menciona que los recursos a obtenerse de la venta de las acciones se invertirán en proyectos y programas que contribuyen a la ejecución del Plan de Desarrollo Primero la Gente, el cual ya tiene su plan plurianual de inversiones aprobado, pero que en ninguna parte del documento se menciona de manera específica en qué concretamente se van a invertir los recursos de la venta, dejando una incertidumbre en la eficiencia en el uso del recurso que se espera obtener. No es posible entonces determinar, la relación costo/beneficio de dicha operación.
En representación del gobierno local estuvo presente la Secretaria de Planeación Distrital, Luz Elena Paternina, quien explicó a los asistentes que las acciones se están contemplado vender porque solo generan unos dividendos anuales de cerca de 2 mil millones de pesos, que resultan insuficientes para invertir en megaproyectos como los que requiere la ciudad.
Paternina aseguró que en el Plan de Desarrollo Distrital quedó incluido como fuente de financiación de obras la venta de activos del Distrito, y que los recursos que se prevé recibir por la venta de estas acciones serían invertidos en el Plan de Drenajes Pluviales, la Quinta Avenida de Manga y en el Eje I- Caño Juan Angola-El Cabrero.
Al momento de las intervenciones de los Concejales, el cabildante Cesar Pión (La U) presentó una solicitud de soportes a fin de analizar qué tan conveniente es vender acciones en el puerto más importante de la costa caribe. Los soportes solicitados fueron: informes de revisión fiscal realizados por la Contraloría Distrital, la liquidación de utilidades, valoración de la empresa y las utilidades, copia de la escritura de constitución de la Sociedad, identificar el área y superficie inicial del puerto, y la destinación especifica de los recursos que se recibirían.
Para el concejal Edgar Mendoza (Conservador), el análisis de este proyecto se debe realizar desde el punto de vista legal y de conveniencia. Sobre el legal asegura que no hay dudas, porque el artículo 60 de la Constitución Política, la ley 226 del 95, la ley 1era del 91, y el Plan de Desarrollo Distrital, soportan legalmente la iniciativa.
No obstante, la conveniencia de dicho proyecto para el cabildante no está clara, por lo que considera que el gobierno local debe decir concretamente en qué se van a invertir los recursos de esta venta.
Contrario a esto, el concejal David Dáger (Liberal) manifestó que este proyecto de acuerdo no es legal. Dáger asegura que la iniciativa tal como está presentada no pasa el filtro de legalidad, porque no existe un estudio o certificado que de cuenta de las acciones que efectivamente tiene el Distrito en la Sociedad Portuaria, ni el valor de esa empresa para poder estimar el precio de las acciones con que cuenta el ente territorial. De la misma forma expresa que se debe conocer la destinación de los recursos para medir el impacto de las obras en relación a la enajenación de estos activos.
En cuanto a la conveniencia, Dáger señala que hay varios aspectos objeto de análisis, como es la relación contractual que tiene la Sociedad Portuaria como dueña de Contecar. En términos generales, para el Concejal este proyecto carece de la información suficiente para darle un trámite de legalidad y conveniencia favorable.
En el mismo sentido, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) solicitó la siguiente información: Estatutos de constitución de la Sociedad Portuaria y sus correspondientes reformas; valor intrinseco y nominal de las acciones; estudio de mercado de la Sociedad Portuaria y la valoración empresarial (Know how); ampliación de la información correspondiente a la inversión del 10% de los recursos, para saber si parte de estos se destinarán en inversiones en favor del puerto; certificación de los estados de pérdidas y ganacias; balances financieros con constancia del revisor fiscal. Para Barrios es conveniente que el representante legal de la empresa y el revisor fiscal puedan reunirse con los ponentes y las comisiones para tener mayor claridad frente a distintas inquietudes en torno a la iniciativa.
Para concluir esta audiencia, la secretaria de planeación se comprometió a allegar los documentos solicitados por la Corporación, y le aclaró al concejal Carlos Barrios que los recursos no serán destinados a proyectos para el beneficio del puerto sino para el de toda la ciudad, a través de los tres proyectos mencionados en su primera intervención.
Escrito por Alejandra López, coordinadora del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
DESCARGUE AQUÍ LOS PROYECTOS DE ACUERDO Y LA PRESENTACIÓN DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
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