El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio a la Asamblea de Bolívar, 25 de septiembre de 2025.
Hora de inicio: 9:52 am
Hora de finalización: 12:14 a.m.
En esta sesión se realizó una audiencia pública departamental con el propósito de debatir sobre el proyecto de ordenanza. “Por medio de la cual se adopta la política pública de Salud Mental en el departamento de Bolívar, 2025 – 2034”. Esta se realizó en la Universidad del Sinú, Cartagena de Indias.
En comunicaciones, se dio lectura a la excusa presentada por el diputado Javid Benavides, quien informó no haber podido asistir debido a problemas de salud que le impedían desplazarse de manera óptima.
El presidente de la duma, Alonso del Río, abrió la audiencia resaltando la salud mental como un derecho fundamental y una prioridad para el desarrollo del departamento, especialmente afectado por el desplazamiento y la violencia. Agradeció a quienes participaron en la construcción de la política pública y subrayó que su éxito dependería del compromiso de todos los actores sociales y ciudadanos en el departamento.
La diputada citante, Viviana Villalobos (Cambio Radical), contextualizó el proyecto, explicando que, aunque fue radicado por la Gobernación, es el resultado de mesas de trabajo previas en los municipios. Subrayó que, con la reciente declaratoria de la salud mental como derecho fundamental por parte del Congreso, Bolívar sería el primer departamento en alinearse con la normativa nacional.
Villalobos indicó que la política pública abarcaba los ámbitos educativo, laboral, comunitario y de salud, con prioridad en niños, jóvenes y adultos mayores. Citó cifras del Ministerio de Salud que indican que el 66,3% de los colombianos ha sufrido problemas en este campo.
Señaló que en Bolívar hay alrededor de 600 mil víctimas del conflicto armado, muchas con trastornos psicológicos. Hizo énfasis en la necesidad de generar capacidades para que padres de familias y escuelas identifiquen necesidades de atención psicológica. Destacó el trabajo de la Universidad del Sinú por sus estudios en el territorio. Concluyó que la salud mental nos concernía a todos, pero que debía comenzar por el cuidado individual, ya que cada persona podía convertirse en una fuente de apoyo para los demás.
Luego, la mesa directiva declaró una sesión abierta para darle paso al director de salud pública de la Secretaría de Salud, Antonio Sagbini, quien agradeció a la Universidad del Sinú y al gobernador Yamil Arana por impulsar la política pública de salud mental, destacando su coherencia con el plan de desarrollo y con lineamientos internacionales. Presentó las estadísticas sobre los eventos de salud mental registrados en el departamento de Bolívar durante el periodo 2024–2025 del programa de Convivencia Social y Salud Mental. De ahí, advirtió sobre el aumento de suicidios en municipios como Magangué y San Juan, y señaló la necesidad de realizar acciones concretas en el territorio, así como de generar empleo y oportunidades para la población vulnerable.
La sesión abierta se extendió para dar paso a una intervención artística realizada por estudiantes de la universidad relacionada a la salud mental
Seguido, Heidi Banquez, jefa del Área de Salud Preventiva y Comunitaria de la Universidad del Sinú, dio detalles sobre la política pública y su elaboración, destacando lo siguiente:
- La Política Pública de Salud Mental de Bolívar 2025-2034 se articula con la normativa nacional para enfrentar el aumento de trastornos mentales, consumo de SPA y secuelas del conflicto armado.
- Su objetivo es garantizar el bienestar integral mediante un sistema accesible y equitativo, basado en enfoques de derechos humanos, curso de vida y territorialidad.
- Los resultados de tamizajes en 30 municipios revelaron riesgos significativos: 25.1% de niños con alteraciones mentales, 27.5% de adolescentes con riesgo de psicosis, 45.7% con riesgo de consumo de SPA, y adultos con ansiedad (13.7%) y violencia (13.1%).
- La política se implementará mediante cinco ejes estratégicos: promoción, prevención, atención integral, rehabilitación y gestión intersectorial, con énfasis en la articulación territorial y la des estigmatización.
- La ejecución presupuestal de la política se estimó en 5 mil millones de pesos anuales, lo que representaba un total de 70 mil millones al finalizar su vigencia.
Posteriormente, inició la audiencia pública departamental con la intervención de Alfredo Sumoza, representación de Clínica La Misericordia felicitó al equipo de la Gobernación y resaltó la problemática del consumo de sustancias ilícitas y la minería ilegal como factores que generan trastornos neuropsiquiátricos. Señaló el compromiso de aportar experiencias en el tratamiento de pacientes y responsabilizó a las EPS por no acatar las ordenanzas de salud mental.
Francisco Barrio, jefe del programa de psiquiatría de la Universidad de Cartagena resaltó la importancia de atender los trastornos en la infancia y señaló que el programa avanza en la dirección correcta, aunque requiere de un seguimiento constante desde el liderazgo político y administrativo. Desde la academia, enfatizó la necesidad de diagnósticos oportunos y programas preventivos en salud mental articulados con la atención primaria, a fin de evitar secuelas y fortalecer su impacto.
Zuleima Cogollo Milanés, docente de la Universidad de Cartagena precisó que la salud mental es esencial para la salud física y que las políticas siguen siendo limitadas al centrarse más en la enfermedad que en su prevención. Resaltó que la discriminación y el estigma también afectan a quienes enfrentan estas situaciones en condiciones de pobreza, por lo que instó a un trabajo coordinado para una ejecución efectiva de la política.
Iván Alexander Blanco, presidente de la Federación de Juntas de Acción Comunal de Bolívar señaló que las juntas de acción comunal son las primeras en intervenir en los territorios y cumplen un papel clave en la ejecución del artículo 38 de la Ley 2460 de 2025 sobre salud mental, al ser actores fundamentales para el desarrollo de la política en las comunidades.
Paola Gómez, docente de la Universidad de San Buenaventura invitó a articular el trabajo de los centros de atención psicológica existentes, advirtiendo que las consultas externas de los centros y los consultorios comunitarios no cuentan con la capacidad suficiente para cubrir toda la demanda que debería atenderse.
Mario Vega Fonseca, representación de la Mesa Departamental de Víctimas señaló que las víctimas del conflicto armado y quienes sufren maltrato requieren atención preventiva para que la política pública se refleje en una mejor calidad de vida, advirtiendo que los efectos del conflicto se sienten tanto en los municipios como en las ciudades.
Lizeth Martínez, psicóloga clínica de Arjona señaló que la política pública departamental responde a las necesidades de los municipios, resaltando el trabajo hecho en los tamizajes y la importancia de un esfuerzo articulado y sostenido que permita reducir las cifras de alerta de detención temprana en el territorio.
Diana Lucia Guerrero, magísteren intervención social y comunitaria resaltó el buen desarrollo de las terapias individuales y la inclusión de la epilepsia en la política. Destacó el enfoque psicosocial, pero pidió que también se incluya a pacientes oncológicos y adultos mayores, dado que suelen recibir atención física sin contemplar su salud mental ni los determinantes sociales que afectan su bienestar.
Mary Ortiz, coordinadora de la línea de salud mental de la Cruz Roja señaló que la institución trabaja con voluntarios ofreciendo estrategias y herramientas para brindar auxilios psicológicos en las comunidades. Además, indicó que contaban con inmuebles e infraestructura que podían aportar a la ejecución de los proyectos
La diputada Viviana Villalobos (Cambio Radical) resaltó la necesidad de capacitar a los agentes responsables, exigir a las EPS el cumplimiento en la entrega de medicamentos e incluir a los pacientes oncológicos en la atención integral. Se recomendó fortalecer la promoción, la prevención y la atención primaria, que se vinculara a la Cruz Roja y atender a las comunidades ribereñas. También valoró la participación de la academia y se advirtió que, aunque existe norma nacional, aún falta claridad sobre las fuentes de financiamiento para garantizar la ejecución en Bolívar.
El diputado Jorge Rodríguez (La U) señaló que, aunque no es experto en salud mental, se está trabajando en reglamentar la política con base en la normativa nacional, considerando los diferentes contextos y determinantes sociales de los territorios. Resalta que la ordenanza busca ser vinculante para gobiernos futuros y atender las necesidades locales, incorporando en su diseño las observaciones recogidas en las audiencias públicas.
Agotado el orden del día, se citó para el lunes 29 de septiembre del 2025 a las 9:00 a. m.
Escrito por Yesid David Jiménez Puello, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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