Hora de inicio: 9:10 a.m.
Hora de finalización: 11:04 a.m.
Hoy en el Concejo distrital se llevó a cabo un debate control político propuesto por el concejal David Caballero (Conservador) y su bancada, mediante el cual se buscaba conocer las acciones que desde el gobierno distrital se adelantan para controlar la problemática generada por el exceso y mala ubicación de las redes que usan las empresas prestadoras del servicio de telefonía fija y televisión por cable, así como las posibles afectaciones a la salud que causan las antenas de telefonía celular.
El debate contó con la participación del IPCC, alcalde menor de la localidad 1, delegado de la Secretaría General del distrito, Gerente de Espacio Público y la Coordinadora de la Oficina de Gestión del Riesgo.
En su introducción al debate, el concejal proponente se refirió a la contaminación visual que genera el cableado de estas empresas en zonas turísticas del distrito lo cual, según el cabildante, afea a la ciudad. Posteriormente, cedió el uso de la palabra a los funcionarios citados, quienes realizaron las siguientes intervenciones:
- Alfonso Cabrera, director de la Unidad de Patrimonio del IPCC, explicó que las antenas de telefonía celular en el centro histórico solo se permiten en edificios contemporáneos y de grandes alturas, y no en los edificios coloniales o con valor patrimonial. Admitió que el problema de exposición de cableado en el centro histórico es una realidad que en el futuro las empresas prestadoras de estos servicios deberán resolver, modernizando las redes a través de un cableado subterráneo que no afecte la imagen del centro histórico.
Respecto a la iluminación, Cabrera dijo que existen zonas en el centro que aún no están iluminadas y que justamente el IPCC adelanta un concurso para la iluminación del Cerro San Felipe, que de alguna manera servirá como parámetro para entender cómo deber realizarse la iluminación del resto del centro histórico.
- El asesor de servicios públicos de la secretaría general del distrito, por su parte, aseguró que mediante un fallo del Juzgado octavo administrativos del circuito de Cartagena, se le suspendieron algunas funciones a esa secretaría para la regulación de los asuntos de servicios públicos. Por otra parte, indicó que el inventario de la infraestructura de las empresas de telefonía y energía eléctrica lo tiene la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios y las interventorìas, en el caso de la concesión de alumbrado público.
Sobre este último dijo que la anterior administración inició un proceso de modernización que no culminó, por lo que el actual gobierno deberá revisarlo para evaluar la viabilidad de darle continuidad.
- Leonel Guardo, delegado del EPA, intervino asegurando que la entidad no tiene competencias para contar con inventario de postes, ni evitar la contaminación visual y electromagnética de las redes y las antenas de telefonía celular, toda vez que lo más asociado al tema sobre lo cual el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones expidió el decreto 195 de enero de 2005, ordena que las autoridades ambientales evalúen y den visto buenos sobre las medidas de mitigación de impacto biológico al medio ambiente que pueda generar la instalación de algunas antenas, a fin de controlar los limites de exposición.
- La coordinadora de la oficina de gestión del riesgo, Lura Mendoza, señaló que a través del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, las empresas de servicios públicos han informado periódicamente de las intervenciones de mantenimiento que le realizan a sus redes, pero admitió que existe la preocupación especialmente en los sectores que se han ido urbanizando de manera irregular y cuya infraestructura de servicios públicos es precaria.
- La gerencia de Espacio público, en cabeza de Carolina Lenes informó que carecen de competencias sobre la materia.
Mas adelante, al darse paso a las intervenciones de los concejales, el conservadorEdgar Mendoza manifestó su discrepancia con la intervención del funcionario del EPA que aseguró que la entidad no contaba con competencias sobre la materia, toda vez que la ley 99 de 1993, manifiesta que las autoridades ambientales aplicarán el Principio de Precaución cuando exista peligro de daño grave e irreversible así no exista certeza científica sobre su ocurrencia.
Mendoza recordó que existe además un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, mediante el cual advierten de los riesgos a la salud humana que generan las antenas, e instó al EPA a que en barrios como Villa Corelca y Nelson Mandela se tomen medidas inmediatas.
En el mismo sentido, el concejal Ronald Fortich (Cartagena Confirma) se refirió a algunas zonas de alto riesgo, como lo es Villa Fanny, Villa Hermosa , Villa Corelca y Cerros de Albornoz, en donde la precariedad de las redes eléctricas han ocasionado daños mortales, como el fallecimiento de una familia por electrocución.
Fortich conminó a las autoridades competentes a aunar esfuerzos para salvaguardar la vida de los cartageneros, y preservar la imagen turística de la ciudad.
El concejal Erich Piña (Liberal) llamó la atención sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y no esperar a que ocurran las tragedias. Aseguró que en ciudades como Cali se han realizado alrededor de 50 sanciones a empresas que no acatado la norma en la instalación de antenas.
Para los concejales Cesar Piòn (La U) y Américo Mendoza (ASI) el nuevo POT es determinante en la regulación de esta problemática, por lo que invitan al gobierno distrital a no perder de vista esta situación a fin de que se logre “poner en cintura a las empresas de servicios públicos”.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el jueves 14 de julio, a partir de las 9:00 a.m., en las instalaciones de la Corporación.
Escrito por Alejandra López, coordinadora del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
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