Hora de inicio: 9:22 a.m. Hora de finalización: 1:03 p.m.
Hoy en el Concejo Distrital se llevó a cabo el tercer debate alrededor del proyecto de vigencias futuras excepcionales que busca cofinanciar Transcaribe.
Al debate asistió el Gerente de este Macro proyecto, José López Amarís; el Secretario de Hacienda, Carlos Granadillo; el Personero Distrital, William Matson, y un delegado del Ministerio de Transporte, Juan Pablo Pérez.
Dando continuidad al debate de ayer, el gerente de Transcaribe precisó las obras que se realizarían con los nuevos recursos que se están solicitando; tales como la infraestructura de los patios portales, que contará con 15 hectáreas, y cuya construcción está concesionada a Portal Calicanto SAS. Adicionalmente, se contempla la compra de dos nuevos lotes para este mismo fin.
Otro de los componentes que contiene la iniciativa, y para lo cual se requieren los recursos, es para la señalización y señaletica y para la intervención de nuevas vías, denominadas rutas pretroncales.
El Concejal Vicente Blel (Cambio Radical) solicitó al funcionario mayor detalle sobre la inversión que se hará en cada uno de los componentes mencionados, porque según sus cuentas hay aproximadamente 48 mil millones de pesos que no se sabe para qué serán utilizados.
Por su parte el Concejal Cesar Pión (La U) indicó que según el Acuerdo 004 de 2003, Artículo Tercero, Transcaribe no puede participar como operador; solicita se revise si la Junta Directiva de esta empresa, tiene las facultades para modificar un acuerdo, sin previo estudio y aprobación del Concejo Distrital.
José López Amarís, volvió a tomar la palabra para referirse a la información requerida por el Concejal Vicente Blel, y realizó la siguiente relación de obras e inversión: En predios y reasentamiento se prevé invertir la suma de $21.763 millones de pesos; rutas de precarga $39.896 millones de pesos; paraderos rutas pretroncales y de precarga $3.772 millones de pesos; señaletica $1.993 millones de pesos; señalización $2.261 millones de pesos; patios y portales $101.887 millones de pesos; interventorías $11.729 millones de pesos; estudios y diseños $ 1.506, y para costos financieros la suma de $ 18.000 millones de pesos.
AUDIENCIA PÚBLICA
Finalizada esta intervención, se dio inicio a la audiencia pública programada para el Proyecto de Acuerdo No. 144, a través del cual se busca autorización para que el Alcalde comprometa vigencias futuras excepcionales para cofinanciar Transcaribe.
La audiencia inició con las intervenciones por parte de la comunidad.
El Presidente de la Asociación de Transportadores de Cartagena, Juan Carlos Trespalacios, manifestó su preocupación por el impacto social del macro proyecto, el cual, según él, dejará en la miseria a más de dos mil familias que dependen directa e indirectamente de la actividad como transportadores.
Por su parte, el dirigente cívico, Aldo Lora, mostró imágenes del caos vehicular que hay en la ciudad, y del reparcheo constante de las losas de la malla vial; cuestionó la forma cómo se están “despilfarrando” los recursos públicos.
El señor Ever Ochoa, hizo referencia a la Sentencia T-244 de 2012, según la cual se establece la protección de personas en situación de vulnerabilidad como los vendedores o comerciantes informales, algunos parámetros sobre el espacio público y el respeto a las garantías que pueden exigir las personas en situación de vulnerabilidad y su reconocimiento como plenos sujetos de derechos. En este sentido, la Corte Constitucional establece que las autoridades no deben esperar a que las personas que van a ser impactadas negativamente por una mega obra reclamen por la efectiva realización de sus derechos, sino que en cumplimiento de su obligación constitucional, deben comprometerse en la protección de los mismos, y no ubicar el debate en términos de “usurpadores del espacio público”.
En la audiencia pública también intervino el ex gobernador de Bolívar, Jorge Mendoza Diago, quien expresó de manera categórica que el proyecto de acuerdo que hoy cursa en la Corporación edilicia es “abiertamente ilegal”. Según Mendoza Diago, la ley es clara en el uso de las vigencias futuras excepcionales, y establece que estas no pueden tener una apropiación presupuestal en el mismo año en el cual son aprobadas, es decir, los recursos de vigencias futuras que buscan comprometerse a través de éste proyecto de acuerdo, no deben empezar a apropiarse en 2015, tal como lo plantea la iniciativa, sino en 2016. Por otro lado afirmó que el monto y la oportunidad de las apropiaciones presupuestales deben coincidir con la ejecución de las obras, y que en el proyecto de acuerdo esto no concuerda. Agregó que las vigencias futuras obligan a que los recursos que se comprometen sean ejecutados en obras por hacer, y no pueden ser usados para pagar obras ya construidas.
Según el ex mandatario departamental, el Alcalde Dionisio Vélez, se ha encargado de endeudar al Distrito para pavimentar calles, en aras de mejorar su favorabilidad e imagen, sacrificando la estructuración de macro proyectos viales de la ciudad. Concluyó diciendo que está de acuerdo en que hay que buscar los recursos para concluir Transcaribe, pero que la mejor vía no es sacrificar la sanidad financiera del Distrito, y menos violando la ley.
Otro de los intervinientes en representación y defensa de los intereses de las empresas transportadoras fue el abogado Armando Venegas, quien afirmó que Transcaribe es desconsiderado socialmente, y que ha excluido totalmente a la industria transportadora local. Venegas asegura que los operadores no están obligados a contratar personal del Distrito, y que esto dejará en el limbo laboral a muchas empresas transportadoras. También afirmó que la participación de Transcaribe como operador fue una decisión totalmente improvisada, y que excede la órbita de competencias de dicho ente gestor.
Según el abogado, es absolutamente ilegal que se le haya prorrogado el tiempo para cierre financiero de los operadores, porque en el contrato está establecido que esta fecha es improrrogable. Anunció que las empresas transportadoras de la ciudad, vienen adelantando demandas en contra de Transcaribe.
El señor Cesar Hernández, cuestiona la participación de Transcaribe como operador, afirmando que no se puede ser juez y parte.
En igual sentido se pronunció el líder comunal, Mario Batista, la señora Miriam Madrid, Amaury Hernández y Rosalba Arrieta, quienes coincidieron en sus apreciaciones en contra de que se inviertan más recursos en un proyecto que ha dejado de lado la atención a los sectores sociales afectados.
El ex concejal Argemiro Bermúdez también acudió a la audiencia, e intervino en representación del Colegio Bolivarense de Economistas, realizando un recuento histórico de Transcaribe, y recordando que cuando fue concejal se opuso a la forma como se estructuró este proyecto. Afirmó que a nivel mundial, los sistemas de transporte masivo fueron concebidos de manera integral, como un proyecto multipropósito que atendería no sólo la movilidad de una sociedad, sino diferentes necesidades. Señaló que el Acuerdo 004 de 2003(Construcción de Transcaribe), no permite que el ente gestor se convierta en operador, y que cualquier modificación a ese acuerdo, debía pasar por la aprobación del Concejo Distrital.
Finalizadas las intervenciones por parte de la comunidad, se procedió a dar la palabra al delegado del Ministerio de Transporte, Juan Carlos Pérez, quien ratificó el apoyo de la Nación al macro proyecto. Pérez asegura que Transcaribe tiene un valor agregado y es que sus buses funcionarían a gas, lo cual, en una ciudad turística, tiene gran importancia.
La Concejal Duvinia Torres (La U), solicitó mayor acompañamiento de Transcaribe y la Administración a los transportadores locales. Además propuso que se cree una empresa de economía mixta, que permita que las empresas transportadoras locales operen el tramo 2, y que se replantee el porcentaje del aporte de la Nación, para que sea del 70% y no del 63%.
Agotado el orden del día, el Presidente anunció que mañana continuaría el debate, a partir de las 8:30 a.m., en las instalaciones de la Corporación.
Escrito por Alejandra López, Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
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